Respetando el resultado de apoyo masivo a Pedro Sánchez, la Consulta a la militancia del PSOE sobre las negociaciones para su investidura no ha cumplido con las reglas propias de un proceso de democracia interna.

Se ha desarrollado con ausencia de información y debates en las agrupaciones locales, sin conocimiento concreto del alcance de la negociación con otras fuerzas (excepto el acuerdo con Sumar), sin saber algo tan importante en una toma de posición como el contenido de la ley de amnistía y con las decisiones ya tomadas antes de la Consulta.

Por tanto, esta no puede ser una Consulta homologable a un proceso ejemplar de deliberación como exige la democracia interna en el PSOE. Se ha tratado de un trámite exprés de adhesión a la propuesta del líder.

La concentración de fachas ante la sede en Ferraz, la movida en el CGPJ, los pronunciamientos tremendistas de un PP con resabio franquista y el plante teatral de Puigdemont han empujado a la militancia a ir a votar SÍ como respuesta. Tiene plena lógica.

Pero sobre todo, el rechazo a la posibilidad de un Gobierno de involución PP & VOX, en caso de repetición electoral, ha sido el eje central de la movilización del voto SÍ. Esta última y poderosa razón se repite en las redes sociales como manifestación de buena parte de la militancia socialista.

Yo también quiero un Gobierno de progreso. Pero ello no me ha impedido reclamar una Consulta más transparente y expresar mis reservas a una Ley de Amnistía que presentara un relato aséptico y que no contemplara determinadas contrapartidas de aquellos secesionistas que impusieron la vía unilateral y que hoy la siguen defendiendo.

Había otra alternativa. Pero desde la noche del 23J se rechazó un plan b. Y se cometió por la dirección del PSOE, en mi opinión, el error estratégico de no comunicar, públicamente y desde el inicio de las conversaciones, cuál era nuestra base de partida de una Ley de Amnistía. Tanto del enfoque sobre el relato de los hechos de octubre17, como de las condiciones y garantías para desestimar y evitar la repetición de la vía unilateral.

Se trata de cuestiones que entiendo básicas en un Estado Democrático y de Derecho. Más aún tratándose de un debate sobre una cuestión de transcendencia, como es la aprobación de una amnistía, que no apareció en nuestro programa ni en la campaña electoral.

Este plan b hubiera permitido, en caso de fracasar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, acudir con mayor coherencia y más fuerza a una repetición electoral en enero. Lamentablemente, no ha existido un plan b tras la derrota electoral del PSOE.

Se renunció a esa opción y el Presidente en funciones se ha volcado para sacar adelante la investidura con unos apoyos contradictorios y muy inestables de cara a la gobernabilidad. La opción de una repetición electoral, también arriesgada, requería trabajar ese posible escenario para ganar a Feijóo. Es evidente que ahora sería un suicidio. De ahí el resultado de la Consulta.

Odón Elorza / Miembro del Comité Federal del PSOE

San Sebastián 5 de noviembre de 2023

Considero que la amnistía, una medida excepcional, no es realmente una necesidad imperiosa para lograr la convivencia en Cataluña. Esa convivencia ya está encaminada por la acción del Gobierno de Pedro Sánchez -en diálogo con ERC- tras la aprobación de los indultos en 2021 y otras medidas de reforma legislativa penal (sedición y malversación) que han permitido recuperar, en buena medida, la convivencia y en grado importante la normalidad política. Se comprobó con los excelentes resultados del PSC-PSOE en las últimas elecciones municipales y generales en Cataluña .

Aunque hay que seguir en esa dirección, en favor de la concordia, la amnistía se retoma por pura necesidad de sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez con los votos de Junts y ERC. Si el PSOE o Sumar hubieran obtenido siete escaños más esta compleja negociación no se hubiera producido. De ahí la trascendencia política de explicar a la ciudadanía la razón de nuestro repentino giro sobre la constitucionalidad de tal medida y -hoy- sobre el trato de “President” a Puigdemont que le otorga el PSOE.  

La verdad es que la amnistía es el precio a pagar para lograr investir a un Gobierno PSOE/Sumar que siga promoviendo políticas de progreso, actualice el Estado Autonómico y cierre el paso a la involución que pretenden PP y VOX. Pero no nos debería valer cualquier ley de amnistía para que sea constitucional y no provoque un rechazo mayoritario en la opinión pública.

Por tanto, tenemos la obligación de preguntarnos de qué amnistía hablamos. Me refiero a cuestiones políticas, como sus contenidos y alcance. Y me centro en ello por entender que la ley recogerá, eso sí, la fundamentación jurídica rigurosa que le dé cobertura constitucional. También debe recoger una justificación política que sea objetiva y razonable. No vale, por ejemplo, alegar algo tan interesado como que con ella se podría formar un gobierno. 

Mis reservas se basan solo en consideraciones personales porque desconozco los términos de la negociación y la redacción del texto de la ley que plantea Pedro Sánchez, Junts o ERC en la mesa. Pero las condiciones que señalo tienen el objetivo de aportar más credibilidad entre la ciudadana a la necesidad de acordar una amnistía para evitar un gobierno trumpista.

Es muy razonable reflexionar, en caso de que no acertemos con la redacción de la ley, sobre qué precio y durante cuánto tiempo pasaría factura al PSOE. O cómo afectaría una amnistía, que no recoja las debidas garantías democráticas para evitar la repetición del procés, a la convivencia de la sociedad en el resto de España ante la crispación y polarización ya existente y ante la ausencia de responsabilidad y diálogo en la vida política.

Una amnistía relacionada con el procés independentista adquiere pleno sentido, en el escenario de la política española, si se explica bien que lo que se busca es la reconciliación y la concordia para evitar la repetición de aquella situación de graves conflictos y decisiones ilegales de octubre de 2017.

Ahora bien, una medida política tan extraordinaria, que es discutible y está sometida a lecturas partidistas, exige gestos y cesiones claras por todas las partes. ¿En qué cede Puigdemont? ¿A qué se comprometen a cambio los secesionistas?

La amnistía no puede entenderse por la ciudadanía como el perdón y olvido de un Estado democrático hacia quienes cometieron delitos a cambio de nada. Porque quienes son sus beneficiarios han declarado hasta la saciedad que lo volverán a hacer, que volverían a promover un proceso unilateral de secesión saltándose la Constitución.

En el caso de un acuerdo sobre la amnistía con Junts, ERC y otros grupos, la ley debería reflejar que todas las partes asumen un costes y compromisos. Por ello, defiendo que la Ley recoja en su Preámbulo un relato de aquel proceso independentista contrario al Estado de Derecho, tomándose decisiones ilegales, por lo que a fin de garantizar su no repetición se impone el desistimiento y la renuncia a la utilización de la vía unilateral y que solo cabe la vía del diálogo, el mutuo acuerdo y, siempre, en el marco de la Constitución.

Me parece un error estratégico que el PSOE no haya comunicado, públicamente y desde el inicio de las conversaciones, aquellas condiciones y garantías que entiendo básicas en un sistema democrático para aprobar otra amnistía. Ello hubiera permitido, en caso de fracasar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez por este asunto, acudir con mayor coherencia y más fuerza a una repetición electoral en enero.

Lamentablemente, no ha existido un Plan B tras la derrota electoral del PSOE el 23J. Un Plan B significaba contar con una estrategia del PSOE pensada para afrontar la hipótesis de unas nuevas elecciones y ganar a Feijóo. No era un imposible. Pero se renunció a esa opción y nos hemos volcado en el Plan A para sacar adelante la investidura de Sánchez. ¿Como sea? Ahora estamos en manos de otros y toca cruzar los dedos y esperar.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.