De entrada deberíamos preguntarnos de qué amnistía hablamos. Me refiero a sus contenidos de carácter más político. Y me centro en ellos por entender que la ley recogerá la fundamentación jurídica que le dé cobertura constitucional.

1. Mi opinion contempla solo consideraciones personales porque desconozco los términos de la negociación y la redacción que plantea Pedro Sánchez. Pero las condiciones que propongo al Comité Federal tienen el objetivo de aportar más credibilidad a la necesidad de una amnistía. Sobre todo cuando los socialistas la hemos negado, lo mismo que su constitucionalidad, hasta hace poco. 

La amnistía no es tanto una necesidad para lograr la convivencia en Cataluña que ya está encaminada tras la aprobación de los indultos y otras medidas de reforma legislativa (sedición y malversación) que han permitido recuperar la normalidad. La amnistía se retoma por pura necesidad de hacer viable la investidura. Es importante explicar a la ciudadanía la razón de nuestro giro en este delicado tema. La verdad es que la amnistía es el precio a pagar para lograr investir a un Gobierno que siga promoviendo políticas de progreso y cierre el paso a la involución que proponen PP y VOX.

Pero tenemos que preguntarnos, en el caso de que no acertemos con la redacción de la ley, qué precio y durante cuanto tiempo pasaría factura al PSOE.

¿Cómo afectaría una amnistía, sin las debidas condiciones democráticas, a la convivencia de la sociedad en el resto de España ante tanta crispación y polarización y ante la ausencia de responsabilidad y consenso en la vida política? ¿Qué consecuencias traerá a la ya difícil convivencia en el Parlamento y a la gobernabilidad de España? ¿Qué huella podría dejar en el PSOE una amnistía mal construida y una gobernabilidad endiablada sometida al desgaste que alimenten algunas de las propias fuerzas que reclaman ahora la amnistía? 

2. Una amnistía relacionada con el procés independentista adquiere pleno sentido político si se explica que el objetivo buscado es la reconciliación y la concordia. Pero una medida tan discutible y sometida a lecturas partidistas exige gestos y cesiones claras por todas las partes. ¿Qué ceden ellos? ¿A qué se comprometen a cambio?

La amnistía NO puede entenderse por la ciudadanía como el perdón de un Estado democrático a quienes han declarado hasta la saciedad que lo volverán a hacer, que volverían a promover un proceso unilateral saltándose la Constitución. Dependemos hoy de Puigdemont que como político no se ha ganado el respeto porque desprecia a España y la democracia.

3. Llegado el supuesto de un acuerdo sobre la amnistia con Junts, ERC y otros grupos, debería reflejar que todas las partes asumen un coste político. Por ello, defiendo que la Ley recoja en su Preámbulo que aquel proceso independentista fue contrario al Estado de Derecho por lo que a fin de garantizar su no repetición se impone el desistimiento y la renuncia a la utilización de la vía unilateral, en favor del diálogo, el mutuo acuerdo y siempre en el marco de la Constitución.

Me parece un error estratégico que el PSOE no haya señalado, públicamente y desde el inicio de las conversaciones, aquellas garantías que entendemos básicas en un sistema democrático para apoyar otra amnistía. Esto hubiera permitido, en caso de fracasar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez por este asunto, acudir con mayor coherencia y más fuerza al Plan B que responde a una repetición electoral en enero.

4. Pero tras nuestros silencios -nos dicen que por discreción-, en contraste con los actos y declaraciones de los demás, en especial del PP y Puigdemont, acudiríamos forzados a unas nuevas elecciones y con pérdida de credibilidad tras lo acontecido en estos meses.

Considero que no ha existido un Plan B tras nuestra derrota electoral el 23J. Un Plan B significaba una estrategia del PSOE pensada para preparar la hipótesis de una repetición de las elecciones. Se renunció a esa opción y nos hemos volcado en el Plan A para sacar la investidura. Aún a riesgo de tener que pagar una peligrosa factura electoral por una estrategia errónea y por la ausencia de política de comunicación que explicara las razones de nuestro giro radical sobre la amnistía. Si finalmente se celebrarán nuevas elecciones acudiríamos en una posición de gran debilidad.

5. Hablemos de la Consulta exprés a la militancia que propone Pedro Sánchez. El PSOE dio un paso importante en el 39 Congreso fortaleciendo los principios de participación, deliberación, información, transparencia y consulta. Avanzó entonces la DEMOCRACIA INTERNA. Luego se produjo un retroceso en el 40 Congreso. Sobre esas bases deberían realizarse las Consultas.

La Consulta a la militancia socialista no debe quedarse en la ratificación del acuerdo de programa con SUMAR, cuya aplicación estaría muy condicionada por los partidos que apoyen la investidura. Ni en una Consulta ampliada a la aceptación de negociar el apoyo, en abstracto, de otros grupos. En esta coyuntura, la Consulta -sobre un programa incompleto y acuerdos desconocidos- se convierte en un trámite exprés de mera adhesión y sin debate de fondo.

6. Por ello, propongo a la CEF, en cumplimiento del art 50 de los Estatutos, 347 y 348 del Reglamento Federal, que apruebe la celebración de otra CONSULTA a la militancia sobre la Ley de Amnistía que se acuerde -en concreto- con los independentistas, por ser la amnistia una decisión de extraordinaria trascendencia política. Esta Consulta, previa información y debate, es una obligación de nuestra democracia interna.

7. Propongo también, en base al art 48 de los Estatutos, la convocatoria, en los próximos seis meses, de una CONFERENCIA extraordinaria centrada en la actualización y nueva configuración del Estado Autonómico, ante los problemas de cohesión, financiación, ejercicio de competencias, coordinación, etc, que arrastra. Una Conferencia sobre cuatro ejes de debate: - autogobierno en el siglo XXI, - gobernanza de corte federal , - eficiencia de la gestión descentralizada y - cohesión y solidaridad interterritorial.

San Sebastián 29 de octubre de 2023.

Siempre he pensado que la izquierda tiene que despertar y promover la participación de la sociedad civil en las tareas de la vida política en un sistema democrático. Porque una democracia debe ofrecer mucho más que poder votar cada cuatro años a listas cerradas.

El funcionamiento de una democracia representativa exige contar con mecanismos de participación, deliberación y consulta para fortalecer los derechos democráticos de la ciudadanía y la condición de la política como un patrimonio colectivo. Se trata de evitar el avance de su innegable privatización, consecuencia de procesos en los que la política se va convirtiendo en una actividad cada vez más limitada a unas élites de poder, centrada en el uso de la mercadotecnia electoral y con olvido de la ética pública y del interés general.

La política se va privatizando al estar mediatizada por los grupos económicos de interés y por los intereses propios de los grupos políticos. En el marco de la globalización, la politica se contamina aún más de las ideas neoliberales, mientras que las grandes corporaciones tecnológicas y los fondos de inversión toman decisiones de gran alcance político por encima de las reglas de la democracia y de la soberanía de los Estados. 

Además, el desempeño de la política, que debe atender una imprescindible función de servicio público, se desarrolla con un alto grado de sectarismo, crispación y polarización, fenómenos que provocan el alejamiento y la desafección de gran parte de la población.

Los datos y estudios evidencian que los cauces de deliberación, consulta y participación, en los diferentes ámbitos de la política, eran y son escasos y resultan poco creíbles. Lo comprobé cuando desempañaba cargos públicos y lo ratifico ahora, como un miembro más de la sociedad civi, tras la renuncia como diputado socialista que presenté en enero.

Lo cierto es que se necesitan más cauces institucionales para poder expresar opiniones, para que sean escuchadas las propuestas cívicas por los gobiernos o para participar de alguna manera en la toma de decisiones. Todo ello no solo es posible sino imprescindible. Ni en el seno de los partidos existe suficiente generosidad intelectual para promover el debate ni en las instituciones encuentras vías accesibles para hacer llegar iniciativas que, en muchas ocasiones, ni son respondidas.

Lo más lamentable es que tampoco en los Ayuntamientos, la institución más cercana a la ciudadanía, se observa voluntad de promover una gobernanza cívica basada en el diálogo y la consulta; ni con las organizaciones ciudadanas ni con la ciudadanía. Mi tristeza es mayor al comprobar que en el caso del Ayuntamiento de San Sebastián, mi ciudad, la participación, la consulta y la transparencia no existen.

La pandemia ha conllevado que las administraciones tomen más distancia en el contacto con la población y que la fría burocracia y sus trámites, apoyada en las nuevas tecnologías, se haya visto reforzada. Sin embargo, las NTIC ofrecen a los poderes públicos enormes posibilidades para abrir paso a una democracia deliberativa. Pero las instituciones no son conscientes de su trascendencia. Para más desgracia, la ocupación masiva por la derecha de las alcaldías en España, tras las elecciones municipales del 28M, va a empeorar la situación.

Vivimos un tiempo extremadamente peligroso para la credibilidad de la política y las democracias. Arrastramos fallos en el sistema de representación política y asistimos a un funcionamiento de los gobiernos en los que se da una fuerte presencia del hiperliderazgo y el presidencialismo. Todo ello sucede en un panorama en el que el diálogo, el respeto al pluralismo y el contraste de ideas se consideran accesorios.

De modo que si a los problemas sociales de desigualdad y precariedad que padecen las personas y a las incertidumbres que provocan las crisis y los nuevos desafíos globales que afectan a toda la humanidad, se añade la privatización de la política y el menosprecio de lo público, la desafección y desconexión ciudadana hacia la política y los partidos están garantizadas. Hoy, la participación, mal entendida, se limita a las manifestaciones partidarias en la calle y a la militancia de confrontación en las redes sociales.

España, como otras democracias del planeta, se enfrenta al reto de reformar e innovar su sistema democrático para adaptarlo a las exigencias de los tiempos y a las nuevas demandas ciudadanas. Ante el riesgo de atrofia de la democracia, la alternativa no puede ser el autoritarismo que representan las variantes del populismo, del trumpismo y la tecnocracia. Sin embargo, opino que falta sensibilidad democrática entre quienes se esfuerzan por convencernos de que contamos con una “democracia plena”.

Es necesario dar protagonismo a la sociedad civil y defender lo público. El Congreso ha de reformar su desfasado reglamento, después de 40 años, para lograr un Parlamento Abierto. Es imprescindible que los partidos respeten la democracia interna, modificar la Ley de Iniciativa Legislativa Popular para favorecer su utilización y la Ley de Consultas Populares para normalizar el uso habitual de consultas municipales. Sería sólo el comienzo.

Odón Elorza / Ex diputado y miembro del Comité Federal del PSOE

San Sebastián 14 de octubre de 2023 / Publicado en infolibre.es 

No hay nada peor ante las transformaciones que vivimos en nuestro planeta que una democracia atrofiada. Porque la democracia, si quiere ver reforzado su apoyo por la ciudadanía, debe dar respuestas a tiempo a la revolución tecnológica, la crisis climática, una inflación que empobrece a la inmensa mayoría, las pandemias, las migraciones o el avance de los populismos. Todas ellas representan desafíos que exigen políticas de progreso y un tratamiento regulatorio desde instancias supraestatales y de ámbito planetario.

Vivimos en un escenario global plagado de incertidumbres a causa de las transformaciones disruptivas que provocan miedo y un estado de ansiedad colectiva. La solución a estas crisis globales no está garantizada por la democracia. Pero las respuestas a los complejos desafíos sí pasan por aplicar los principios, valores humanos y la metodología de gobierno de las democracias.

La democracia, entendida como un sistema de gobierno que actúa en favor del interés general, la igualdad, la libertad y la justicia social, tiene la obligación de afrontar la necesaria regulación de aquellos efectos negativos que provocan las tecnologías en manos de las grandes plataformas privadas, en especial en el caso de la IA. La democracia ha de comprometerse con la consecución de la soberanía digital por los Estados, con una fiscalidad redistributiva de aplicación internacional y sin paraísos fiscales así como en favor de una transición energética y digital basadas en la equidad y justicia para que no provoquen más exclusión y desempleo.

Estos objetivos no serán posibles sin una democracia innovadora que haga posible la gobernanza democrática de estos nuevos fenómenos y aporte a la ciudadanía confianza y seguridad de cara al futuro.

La amenaza que suponen la extrema derecha y el ultra nacionalismo para la democracia es innegable. En España, se ha producido la deriva trumpista del PP. Esa realidad no puede impedirnos dirigir una mirada crítica y constructiva hacia las posiciones que mantiene la izquierda. En medio de tanta convulsión política, la izquierda necesita concretar un nuevo relato que explique su proyecto político de futuro ante la encrucijada en la que se encuentra la democracia.

La izquierda, consciente de la gran complejidad de los retos y del poder de las grandes corporaciones tecnológicas y los fondos de inversión, debe actuar para evitar la “privatización del futuro”. Se trata de frenar el avance de las ideas y políticas neoliberales y lograr que la transición climática y digital permita un modelo de sociedad más igualitaria, fortaleciendo las políticas públicas.

Ese relato de la izquierda ha de ser comprensible y creíble por la ciudadanía, apoyándose en las banderas históricas de la izquierda, en razones éticas y en las necesidades sociales. Es necesario explicar un proyecto político con vocación de comunidad planetaria que responda al interés general y en el que las medidas claves, que han de mantenerse a medio y largo plazo, sean objeto de un diálogo y pactos transversales; también entre el PSOE y el PP.

Paradójicamente, la derecha ofrece hoy, en apariencia, un discurso más potente, audaz y a la vez engañoso sobre los grandes conceptos de las sociedades democráticas: la libertad, pero obviando la necesidad de nuevos marcos de regulación; la igualdad, que no será tal si no se extiende a las políticas fiscales redistributivas; la solidaridad, que va unida a la resiliencia; y la separación de poderes, que ha de garantizar en un Estado de Derecho la independencia de los organismos de control a los gobiernos.

La izquierda no puede perder la iniciativa a la hora de formular sus propuestas para ganar un futuro -que se construye y decide hoy- en materias de gran trascendencia. Me refiero a las migraciones, la configuración de una España plurinacional, el fortalecimiento de los servicios públicos o la transición energética en favor de una economía sostenible.

Los partidos, reconociendo la desconfianza ciudadana sobre ellos, siguen siendo insustituibles para el buen funcionamiento del sistema democrático. Pero muestran, en ocasiones, una carencia de sensibilidad democrática. En los últimos seis años asistimos a un proceso de degradación de la vida política, lo cual es también una responsabilidad de los gobiernos progresistas, por sus contradicciones e incapacidades. No cabe ser autocomplaciente a la hora de valorar la salud de nuestra democracia que debiera afrontar importantes reformas pendientes.

La realidad es que la crispación en la vida política es máxima; bastaría con analizar las acusaciones y descalificaciones llevadas al límite con ocasión del proceso de investidura. Hay una ausencia total de diálogo transversal entre izquierda y derecha, lo que imposibilita afrontar reformas consensuadas de la Constitución, de leyes orgánicas o planes estratégicos. Son habituales los discursos de odio y la confrontación sistemática que agudiza la polarización de la sociedad, algo que adquiere una dimensión muy preocupante en algunas militancias partidistas y en los electores más hooligans. También es alarmante la pérdida de autonomía del Parlamento y crece el conflicto sobre la separación de poderes, agravado por la larga paralización de la renovación del poder judicial.

Necesitamos, por tanto, repensar la vieja democracia liberal representativa. Esto se tiene que traducir en reformas del sistema democrático que favorezcan el diálogo, el debate y la deliberación tanto en los parlamentos como en el interior de los partidos; nuevos cauces para la participación de la sociedad en la tarea legislativa y en la toma de decisiones; la garantía de comportamientos de los partidos y políticos que cumplan la ética pública; una gobernanza cooperativa a nivel estatal y planetaria; y una correcta interpretación y aplicación del significado real del Estado de Derecho.

En esencia, una democracia adaptada a los tiempos y con una visión del futuro que resulte más justa y más útil a la ciudadanía.

Odón Elorza / Ex Alcalde de San Sebastián (1991 a 2011) y ex diputado del PSOE.
19 de septiembre de 2023. Publicado en El Diario Vasco / Actualizado el 3 de octubre. 

¡Las vueltas que da la política! Puigdemont ha hablado pero la función solo acaba de empezar. Sabemos que una negociación da mucho de si y que unas exigencias inicialmente intransigentes pueden ir tomando, con el paso del tiempo, un nivel más razonable. Aunque es verdad que con Junts asistimos a una negociación atípica que conlleva más crispación para la vida política, desafíos constitucionales y riesgos electorales para el PSOE.

Junts aspira a concurrir a las próximas autonómicas en Cataluña con un relato y un bagaje que mejore lo logrado por ERC en el Congreso de España. Se juega su supervivencia como una fuerza de peso. Por eso, no retirará sus demandas de Amnistía y Referéndum, ni renunciará a la vía de secesión unilateral. Mantener un gobierno de progreso va a requerir filigranas políticas para negociar el apoyo de ERC y Junts a Pedro Sánchez en el marco de la Constitución. También precisará muchas explicaciones que aporten claridad y credibilidad a lo que se pactara.

Estoy de acuerdo con que en el PSOE tengamos un plan A: ganar la investidura mediante una negociación con Junts y ERC, entre otras fuerzas, en el marco y con los límites que explico en este artículo. Pero espero que haya también un plan B para el caso de repetición de elecciones con una estrategia pensada desde el 23J para ganarlas.

Sin embargo, una ley de amnistía o similar como condición PREVIA de Puigdemont a iniciar la negociación es inaceptable en democracia. El proceso de investidura debe evitar riesgos para la credibilidad de la política, la calidad de la democracia y la convivencia en una España diversa y plurinacional.

Más allá de la buena disposición del Gobierno a buscar cobertura legal a los posibles acuerdos, buscando “fórmulas al límite”, preocupa la interpretación distorsionada que ante la opinión pública hagan el PP y sus medios de comunicación. En ese contexto, ganar la investidura no evitaría una legislatura calamitosa, con una derecha fuera de si y con un gobierno en lucha permanente por la estabilidad. La derecha española siempre va a manipular tanto los silencios prudentes como las situaciones de confusión que el diálogo con Junts pudiera producir.

Es difícil abstraerse de los riesgos que ofrece semejante escenario político, crispado por una polarización que ha ido demasiado lejos y que podría llegar a romper las costuras del sistema democrático de convivencia. La opción de un Gobierno entre PP y V0X, con ocasión de una posible repetición electoral en enero, le da ahora a Puigdemont, enemigo declarado de España, todo el protagonismo y provoca un estado de ansiedad en la izquierda.

La política pierde su dignidad cuando los discursos de propaganda y consumo interno sustituyen a las prácticas políticas democráticas en favor del interés general, despreciando así la inteligencia ciudadana. No se trata de ingenuidad pero este complejo escenario de investidura es una oportunidad para intentar hacer política de altura, apoyada en el diálogo, el razonamiento, la ética y la aceptación del pluralismo democrático. No me cansaré de repetir que la confrontación sistemática sólo alimentará el odio.

Hay tiempo para avanzar en las conversaciones sobre la investidura de Sánchez y hacerlo con un guión presidido por la prudencia y la lealtad al Estado de Derecho. No puede ser de otra manera. Porque el diablo está en los detalles y todos los pasos deben ser coherentes y estar muy medidos.

En todo caso, confío en la responsabilidad y sentido de Estado del Presidente en funciones a lo largo de la negociación. Y si tiene que romper con Junts nadie debería descartar que esa decisión se convierta en una baza electoral a su favor de cara a enero.

Un apunte final. Llegado el momento, un acuerdo de investidura con compromisos de gran trascendencia debiera pasar por un debate transparente y una consulta en urna a la militancia socialista. Se trata de una práctica democrática elemental que garantiza un consenso interno, aporta más credibilidad al proyecto que ofrece el PSOE y favorece la calidad de la democracia en España.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.
San Sebastián 8 de septiembre de 2023 / Publicado en público.es y actualizado en este blog el 12 de septiembre.