EDITORIAL de LE MONDE .
Publicado el 17 de noviembre de 2023.

El socialista fue reinvestido el jueves como presidente del Gobierno por los diputados, al precio de una amnistía prometida a los organizadores del controvertido referéndum de independencia de 2017 en Cataluña. Al pactar con un partido que él mismo denunció como un socio poco fiable, el El primer ministro corre el riesgo de perder el crédito político que le quedaba.

Intentar permanecer en el poder sin una mayoría obvia siempre conlleva un costo político. Lo que paga el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para mantener su cargo corre el riesgo de ser exorbitante. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, justo detrás del Partido Popular (PP) de centroderecha de Alberto Núñez Feijóo, optó por negociar un acuerdo en el que los separatistas catalanes desempeñarán un papel crucial.

Este epílogo de cuatro meses de intensas negociaciones ciertamente permite a la izquierda liderar el país eliminando la amenaza de una coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero el compromiso tiene el potencial de polarizar un poco más a España, sin garantizar su estabilidad política.

En España, el pacto de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes.

A cambio del voto para la toma de posesión de Sánchez, el jueves 16 de noviembre, los separatistas del partido Junts del ex Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, obtuvieron una amnistía general que anulaba el proceso judicial contra ellos tras su fallido intento de sedición. en 2017. Puigdemont, que había huido a Bélgica para escapar de la justicia española, podrá regresar libre a su país y perseguir sus sueños de independencia para Cataluña.

Esta ley de amnistía, negociada en el mayor secreto, conmocionó aún más a la opinión pública española porque, poco antes de las elecciones legislativas, el Sr. Sánchez había prometido no participar en tal proceso. Hoy, el objetivo declarado es evitar convertir en mártires a Puigdemont y otros separatistas, mientras que un nuevo juicio y una probable condena del ex Presidente de Cataluña habrían reavivado el resentimiento.

Influencia desproporcionada en la independencia.

Si es cierto que las fracturas abiertas por la cuestión de la independencia no se resolverán sólo en los tribunales, el deseo de apaciguamiento del Sr. Sánchez difícilmente llega a la población, mucho más allá de una derecha y una extrema derecha ulceradas por lo que se considera una traición.

Lo que es criticable no es tanto el principio de la amnistía como la forma en que se negoció. El acuerdo da un lugar de honor a una reescritura descarada de la historia y a concesiones que probablemente no reconciliarán a los dos bandos. Su redacción deja pocas dudas sobre el hecho de que fueron los separatistas quienes dictaron sus grandes líneas, dando al texto una apariencia de autoamnistía difícilmente compatible con “la defensa de la convivencia de los españoles” que reivindica el líder del PSOE. .

Al hacer un pacto con un partido que siempre ha abogado por el radicalismo y que ha sido denunciado por el propio Sánchez como un socio poco confiable, el presidente del Gobierno corre el riesgo de perder el crédito político que le quedaba. La táctica elegida es tanto más dudosa cuanto que el acuerdo otorga una influencia desproporcionada a los separatistas y cada debate sobre el futuro político de Cataluña puede transformarse en cualquier momento en un voto de censura para la mayoría.

A esta inestabilidad potencial se suma un riesgo exacerbado de división del país. El partido de extrema derecha Vox, que ahora lidera cinco regiones españolas en coalición con el PP, ha construido en gran medida su éxito sobre la reacción a la tentación de la independencia catalana. Al devolver a este último al poder con el único objetivo de permanecer en el poder, Sánchez está haciendo una apuesta que contribuye a fortalecer una extrema derecha contra la que él pretende combatir. 

Pedro Sánchez es, de nuevo, Presidente. Ha conseguido, mediante una negociación poco transparente y con concesiones a los grupos independentistas, evitar un Gobierno del PP con V0X que aplique sus políticas de involución. Dicen que se trataba de eso, de cerrar el paso al trumpismo español, aunque la factura política que supone la amnistía para el PSOE será costosa y dejará huella. 

En todo caso y tras el debate bronco entre Alberto Feijóo y Pedro Sánchez, me resulta desolador para España y la Democracia que no se haya percibido en el Congreso el más mínimo atisbo de que algún consenso será posible en esta legislatura. Seguirán paralizadas reformas de calado que precisan de Pactos de Estado, lo cual es una pésima noticia. En fin, todo sea por mejorar la convivencia y el diálogo (imagino que en toda España), aunque tengo serias dudas. 

Todos los embarrados caminos que habría que recorrer para llegar a consensos, con la participación imprescindible del PSOE y el PP, han quedado bloqueados para esta legislatura. Porque las incertidumbres que afectan a la vida de la ciudadanía y los retos globales que debe afrontar España, como el resto del planeta, exigen pactos duraderos.

En un tiempo de crisis y rupturas la obligación de los líderes de las principales fuerzas del Parlamento era la de rebajar la crispación y buscar vías de entendimiento para avanzar en pactos transversales. Sin embargo, se han construido trincheras y con ellas nos han robado la esperanza en el papel que debe jugar la política democrática.

Lo que nos deja este Pleno de Investidura es la radicalización de la vida política que se traduce en una mayor polarización de la sociedad y del clima de odio. Hemos asistido a una colección de acusaciones inadmisibles, de continuas alusiones a historias del pasado y de descalificaciones personales. Por ello, mi comentario trasciende las posiciones partidistas. Y no se trata de ser equidistante sino de reflejar un estado de ánimo tras observar las formas y el fondo del debate. 

Habrá Gobierno de Progreso y, pese a los 179 votos de apoyo a Pedro Sánchez, nace en una posición de debilidad. Lo que ha sucedido en el proceso de investidura, incluidos los actos fascistas y la contaminación del PP, es la demostración de que en España falta cultura democrática y un ejercicio práctico de valores como la aceptación real del pluralismo, las deliberaciones de altura y el ejercicio de la autocrítica en el discurso político.

Odón Elorza / 16 de noviembre de 2023

He leído con detalle el texto de la Ley de Amnistía y considero que recoge una buena fundamentación jurídica sobre su constitucionalidad. La búsqueda de la convivencia (palabra que aparece muy repetida), del interés general, la utilidad social, la igualdad ante la ley y el diálogo para avanzar en la superación del conflicto son principios constitucionales que se remarcan y cuya aplicación se explica en esta Ley Orgánica que debatirá un Parlamento soberano.

La construcción de la ley en base a estos conceptos es clave para blindar la constitucionalidad de una Amnistía, ejemplo de generosidad democrática y de respeto al pluralismo. No obstante, la justificación sobre la oportunidad política de la medida me parece discutible.

Es evidente el giro que dio Pedro Sánchez tras la campaña electoral como precio a pagar para presidir un gobierno de progreso. Sin embargo, echo en falta en la exposición de motivos un reproche explícito al uso de la vía unilateral de independencia y un relato que describa la gravedad de las decisiones ilegales de Puigdemont y sus colaboradores.  

Esperaba que el PSOE incluyera en sus acuerdos con Junts y ERC -como contrapartida de estos- el desistimiento de la vía unilateral; un compromiso claro de no repetición. Pero la Ley, que realiza un canto al pactismo y a la reconciliación, se limita a señalar (pág. 5) que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Me resulta insuficiente.

Se trata de una ley singular y excepcional. Además de recurrible. Es lógico que, tras el ataque al Estado de Derecho y la conmoción que produjo la DUI de Puigdemont, una Amnistía suscite rechazo y dudas en la sociedad.

Por ello el nuevo gobierno, una vez que no valoró la necesidad de un mayor consenso, tendrá que explicarla muy bien, con humildad y prudencia. En especial, tras “el acuerdo sobre desacuerdos” firmado en Bruselas con Junts que incluyó un relato de la historia y de los hechos con concesiones indigestas para muchos socialistas.

Para quienes calificaron como Golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017, acusación que no compartieron los jueces en sus sentencias, cualquier medida del Gobierno les parecerá que rompe España y una cesión a los secesionistas. Pero la derecha no propone soluciones; insiste en resucitar a ETA, alimenta la crispación en la calle acusando a Sánchez de dictador y de poner fin a la democracia y niega la legitimidad al próximo gobierno de izquierda.

En España, la democracia resiste condicionada por dos nacionalismos opuestos y excluyentes (el de Junts/ERC y el de PP & V0X) que se retroalimentan, como se ha visto en la investidura. En un escenario de confrontación era preciso defender el modelo federal como marco político y económico para la convivencia, la cooperación y una gobernanza compartida en la España plural. No ha sido así y me duele.

Apoyo con reservas la Amnistía, tras exponer en el Comité Federal mi crítica a los errores de estrategia y a los ejes de negociación del PSOE en el proceso de investidura. Un apoyo en respuesta al discurso catastrofista del PP, al acoso contra el PSOE y a la amenaza de involución social.¡Que la razón nos asista!

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.
San Sebastián, 15 de noviembre de 2023 / Publicado en La Voz de Galicia.