La alarma ante los peligros que amenazan la democracia ya sonaba cuando Pedro Sánchez ha dirigido su carta personal a la ciudadanía. ¿Cuántas veces hemos rechazado el clima de confrontación, incluso entre instituciones, la crispación extrema y las descalificaciones de todo tipo que se han instalado en el Parlamento?

En las últimas sesiones de control al Gobierno, celebradas en el Congreso y en el Senado, se había llegado al límite con las acusaciones respectivas de corrupción como elemento central de la vida parlamentaria. Y aunque todas las partes han contribuido con el uso generalizado de la estrategia de echarse basura unos a otros (el “y tú más”), ha sido la derecha quien ha utilizado la desinformación y la propagación de bulos y calumnias, convirtiendo el Parlamento en lo peor de una red social. Claro que, como consecuencia, entre los políticos y también entre su entorno ha habido damnificados. Ahí está el injustificable acoso a Begoña Gómez.

Pero no podemos dejar de preguntarnos sobre los efectos de semejante bronca parlamentaria en la convivencia ciudadana, entre la gente de la calle. Más aún en un tiempo en el que la polarización y el sectarismo han alcanzado sus límites. Considero que es urgente recuperar el Parlamento como un espacio de respeto entre las personas, de escucha y debate constructivo: necesitamos un escenario que apueste por el diálogo.

Solo así se podrá contribuir a fortalecer entre la ciudadanía los valores de la democracia. En España arrastramos un déficit de democracia aunque nos digan repetidamente que vivimos en una democracia plena. No es cierto. Hay déficit democrático en el funcionamiento del poder judicial y en el comportamiento de un sector de los jueces, en la prensa que desinforma, en los usos parlamentarios que fomentan el odio y la confrontación y en la práctica de una política en la que todo vale.

El Congreso es la institución más representativa de la democracia y el centro de la actividad política. Por tanto, es quien más puede hacer para revitalizar y profundizar la cultura de la democracia en España. Para lograrlo, los líderes políticos del gobierno y la oposición así como los grupos parlamentarios tienen que seguir comportamientos éticos. De lo contrario, el Parlamento y la función de la política pierden credibilidad y contribuyen a incrementar una sensación de fatiga social ante el mundo de la política y el hastío creciente hacia los políticos.

En este sentido, la creación a la vez de dos comisiones de investigación, enfrentadas y sobre el mismo tema (casos de corrupción en la contratación de mascarillas) aunque con diferente enfoque, es inaceptable en una democracia madura. Su puesta en marcha viene precedida de pronunciamientos previos partidistas y da la impresión de que asistimos a un intento de contraprogramación por lo que sus trabajos podrían resultar inútiles y sus conclusiones carentes de credibilidad.

Llama la atención que nadie haya planteado la creación de una comisión de investigación conjunta entre Congreso y Senado para investigar un asunto de tanta relevancia. Garantizar el rigor, la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de los trabajos de investigación son claves que parecen olvidadas.

El problema que vivimos en España no se va a resolver con la carta ni con la decisión que adopte el lunes el Presidente Pedro Sánchez. Esa carta no provocará una catarsis. Se requieren compromisos de reformas y un plan de actuaciones concreto en favor de un trabajo permanente por fortalecer la democracia frente a quienes insisten en debilitarla mediante estrategias trumpistas. Por eso Sánchez, entre otras razones, no debe dimitir; si lo hiciera, les dejaría el camino libre.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE

28 de abril de 2024 / Publicado en La Voz de Galicia. 

A día de hoy, estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión ante la creación, en paralelo, de dos comisiones de investigación en el Congreso y Senado sobre casos de contrataciones irregulares de material sanitario durante la pandemia. La absurda situación puede llevar a la ciudadanía a pensar que se pretenden utilizar de una forma partidista.

El PSOE ha promovido y aprobado en el Congreso una comisión de investigación para analizar los casos de irregularidades y posibles delitos de corrupción que se pudieron producir en el conjunto de administraciones públicas con ocasión de los contratos excepcionales realizados en la situación de emergencia que sobrevino con la pandemia de la COVID. Bien, pero cabe apuntar que se pudo hacer antes.

Por cierto, a cambio del apoyo de los grupos nacionalistas catalanes para lograr la mayoría en la Mesa del Congreso, el PSOE se comprometió a crear otras tres comisiones de investigación (!) sobre la “Operación Catalunya” atribuida al Gobierno de Rajoy, el espionaje de Pegasus y los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

Por su parte, el PP ha puesto en marcha en el Senado otra comisión que se centra únicamente en las adjudicaciones de contratos que realizaran, con implicación de la trama del caso Koldo, algunos ministerios y gobiernos autonómicos en manos del PSOE. Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el PSOE y el PP llevado al terreno de la crispación política y la confrontación institucional, en este caso entre las dos Cámaras del Parlamento. Una estrategia iniciada tiempo atrás por el PP y que ha llegado al límite ante la tramitación de la Ley de Amnistía.

Considero que no deberían desarrollarse a la vez dos comisiones de investigación sobre el mismo tema aunque con distinto foco. Nos encontramos en un escenario que dice poco de nuestra cultura democrática. Su creación viene precedida de pronunciamientos previos partidistas y da la impresión de que asistimos a estrategias de contraprogramación por lo que sus trabajos podrían resultar inútiles y sus conclusiones carentes de credibilidad.

De momento, el balance sobre los trabajos de la mayoría de las comisiones de investigación es insatisfactorio al no obtener un resultado razonablemente ágil, efectivo y riguroso. Por tanto, es lógico que se extienda una sensación de pesimismo y escepticismo ante la falta de condiciones y de voluntad política por parte de los grupos en favor de perfeccionar el funcionamiento de esas comisiones.

De ahí la conveniencia de no retrasar por más tiempo las reformas normativas sobre el procedimiento a seguir en las comisiones de investigación en lo que se refiere a la solicitud de creación, acuerdo de puesta en marcha, comparecencias, criterios de dirección y funcionamiento, aprobación de conclusiones, etc.

Llama la atención que ni siquiera se haya planteado la creación de una comisión de investigación CONJUNTA entre Congreso y Senado para investigar un asunto de tanta relevancia como el de las mascarillas. Su regulación exige la reforma de los respectivos Reglamentos de ambas Cámaras para forzar a que las Mesas del Congreso y Senado se tengan que poner de acuerdo a la hora de investigar un mismo asunto. Puede parecer un ejercicio voluntarista pero la democracia no puede permitirse el descrédito de dichas comisiones y del Parlamento.

Es indiscutible que el Parlamento ha de garantizar un mejor funcionamiento de esas comisiones para la determinación, en su caso, de responsabilidades políticas tras un trabajo de investigación riguroso que permita la sanción política. También para corregir y prevenir comportamientos políticos que posibiliten irregularidades o delitos.

La experiencia que viví como diputado me lleva a insistir en que son claves la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de los trabajos de investigación. De lo contrario, esas comisiones, necesarias en democracia, no podrán obtener conclusiones rigurosas que sean válidas y ayuden a fortalecer el papel del Parlamento. Porque si resultan fallidas solo servirán para que crezca la desafección ciudadana hacia la política y los políticos.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.
San Sebastián 20 de abril de 2024 / Publicado en InfoLibre .

Que Otxandiano, candidato a Lehendakari por EH Bildu en las Elecciones Vascas del próximo 21 de abril, sea incapaz de reconocer que ETA fue un grupo terrorista obedece a la justificación que todavía hace el mundo abertzale de ETA. La realidad es que ETA fue una organización terrorista y HB desempeñó un papel de apoyo y complicidad.

Este tema es aún un lastre que arrastran los dirigentes de Bildu que se benefician de la desmemoria sobre el inmediato pasado que avanza entre la población vasca, especialmente en la juventud. Y no reconocer lo que significó ETA es querer situarse al margen de los principios y valores de la Democracia. Ya es hora de que, en vez de jugar con la confusión y la desmemoria, hablen con claridad.

Es verdad que, tras la derrota de ETA en 2011, mucho han cambiado las cosas en Euskadi y que los comportamientos y estrategia de EH Bildu se acomodan a las exigencias del Estado de Derecho. Sobre ello y sobre una hipótesis electoral me extiendo en un artículo publicado la pasada semana en este mismo blog. ( https://odonelorza.com/blog/item/1621-la-hipótesis-de-un-gobierno-de-bildu-en-euskadi.html )

Considero que la mejor respuesta a la actitud de Otxandiano y EH Bildu la dio Josu Elespe, el pasado 14 de abril en El País. El hijo de Froilán Elespe, quien fuera Teniente Alcalde en el Ayuntamiento de Lasarte por el PSE-PSOE y asesinado por ETA en 2001, publica un acertado y descriptivo artículo sobre el clima que se respira en Euskadi y en el que evidencia como víctima su perfil humano y democrático.

Donostia / San Sebastián, 15 de abril de 2024.