Nuestro Parlamento reinicia su marcha y, pese a un tímido intento hace un año, aún carece de un Código Ético consensuado. Algo que ha sido reclamado por el Consejo de Europa para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) realizó al legislativo español en 2013. 

Un buen Código debiera proponer un conjunto de principios políticos y reglas morales de conducta asumidas voluntariamente y con compromiso de cumplimiento por sus señorías para prevenir la corrupción, evitar conflictos de intereses, actuar con honestidad y respeto a la Ley, educar en los comportamientos democráticos y aportar mayor legitimidad a la institución. Su texto ha de incorporarse, como anexo, al viejo Reglamento del Congreso, necesitado de reformas.

El código de conducta ha de promover los comportamientos y buenas prácticas parlamentarias que deben realizarse en el desempeño del cargo. Entre esas prácticas de excelencia se incluye la obligación de hacer públicas, en el Portal de Transparencia de las Cámaras, las agendas diarias de trabajo institucional - incluida la celebración de encuentros con la ciudadanía y con todo tipo de organizaciones y empresas-, una conducta respetuosa hacia los demás parlamentarios, una actitud rigurosa en las reuniones e intervenciones en las Cámaras y una dedicación intensa y exclusiva a sus funciones.

En un escenario político con amenazas a la democracia, el Código debe favorecer una gobernanza que se apoye en una democracia participativa. Me refiero a posibilitar la participación de la sociedad en los trabajos e iniciativas de los parlamentarios de un modo inclusivo así como la accesibilidad física y tecnológica a los parlamentarios por parte del electorado. En este caso mediante una vía de interacción disponible en el blog del parlamentario.

El Código ha de motivar el desarrollo de procesos participativos incluyentes en cada tramitación legislativa, incorporando en el tratamiento de cada proyecto o proposición de ley una metodología de consulta y deliberación con organizaciones ciudadanas y entidades de la sociedad interesadas en la temática. De esa manera, se valorarán sus opiniones y propuestas de cambios antes de aprobar una ley.

La transparencia ha de presidir la Declaración de bienes de cara al control efectivo de posibles conflictos de intereses. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, a exponer en la web de cada Cámara, todos sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos concertados, trabajos desempeñados anteriormente, participación en sociedades y posesión concreta de acciones.

Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores o bien una Oficina de Conflicto de Intereses serían competentes para verificar la exactitud de las declaraciones y, en su caso, iniciar la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades y todo tipo de rentas, elevando sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras

Por otra parte, el Código Ético, en aplicación del principio de transparencia, entrará a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que tendrían que inscribirse los grupos de intereses y presión o lobbys para hacer públicos todos sus movimientos y someterlos a control. No olvidemos que el Código tiene que ayudar a prevenir la corrupción y a defender la integridad institucional. 

Un Código se elabora mediante un proceso participativo de los parlamentarios para que sea el resultado de la autorregulación y del consenso, de modo que las partes que lo firman se comprometen a actuar con lealtad en su aplicación. Incluirá una vía institucional de formación y asesoramiento para los casos de duda, lo mismo que una vía para las denuncias ciudadanas. El contenido del Código será accesible al público y fijará la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos y la información detallada de los gastos.

En definitiva, el Código formará parte de un nuevo modelo Parlamentario que refuerce el sistema democrático, con un comportamiento íntegro de los hombres y mujeres que trabajamos en instituciones que representan la soberanía popular. Quizás así podamos incrementar la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia y generar más confianza en las instituciones.

La aplicación del Código, con el apoyo de un sistema de supervisión, control y depuración interna de responsabilidades, ayudará a desarrollar en sus señorías la conciencia sobre un comportamiento de ética pública. De una cultura política donde la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable al servicio del interés general sean valores extendidos en el trabajo parlamentario.

Es posible que algunas de las cuestiones aquí expuestas pudieran recogerse en el marco de la reforma del propio Reglamento del Congreso y Senado para darles fuerza normativa. Pero esa reforma ni se ha iniciado.

Odón Elorza / Diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional.

San Sebastián 13 de febrero de 2020. Actualización del artículo publicado el día 10 en InfoLibre. 

El acuerdo del PSOE con ERC para la investidura dará paso a un histórico gobierno de izquierdas entre PSOE y UP en España y a un proceso negociador que trate de desbloquear el conflicto en Cataluña. Ni quienes practican el golpismo político sin pistolas, ni la presión de las castas en la administración general ni la intoxicación de los poderes económicos ni las crónicas incendiarias de la brunete mediática lo han impedido.

Reconociendo la dificultad de conciliar posiciones muy diferentes y pese a las enormes presiones y descalificaciones, tanto desde Madrid como desde la Generalitat, el diálogo ha conducido a un pacto abierto y de equilibrios que fractura el bloque secesionista. Además, nos salva, de momento, de una crisis de Estado y de una involución en el modelo social y territorial como pretenden PP, VOX y Cs.

El apoyo de ERC a la investidura conllevará un refuerzo del autogobierno de Cataluña y podría asegurar la gobernabilidad a la próxima Generalitat. Pero también debería ser un factor de estabilidad para el Gobierno de España si el acuerdo conlleva el apoyo de ERC a los Presupuestos del Estado para 2020. El objetivo es lograr una mejora de los derechos básicos de la ciudadanía en todo el país, acometer los retos pendientes y las transiciones de la globalización.

Habrá que superar el vértigo que provoca hacer depender la investidura de ERC y explicar este acuerdo y su posterior desarrollo para responder a la incomprensión de una parte del electorado del PSOE. Se pretende afrontar los viejos problemas identitarios con nuevas soluciones, racionalidad y sentido de responsabilidad de Estado. Porque la alternativa de pactar medidas legales y “aparcar” las reclamaciones de máximos de una parte de Cataluña, esto es, la autodeterminación y la secesión unilateral, permitirá aliviar la situación de confrontación y parálisis política y mejorar el clima de convivencia ciudadana.

Necesitábamos remansar el conflicto político, superar el laberinto judicial para abrir una puerta política a la esperanza e intentar encauzarlo, desde el diálogo, dentro de las potencialidades que ofrecen las leyes, un sistema autonómico asimétrico y una determinada lectura de la Constitución, aún sin reformarla inicialmente. Y porque la defendemos queremos una reforma constitucional, que será necesaria pero que hoy es imposible en un escenario de crispación.

Debemos ganar tiempo para el ejercicio de la política democrática y aparcar de común acuerdo, por lo menos durante ocho años, el fondo de un conflicto que no desaparecerá por arte de magia ni por el 155 ni a base de judicializar la política. Un tiempo en el que pueden cambiar muchas cosas en diferentes direcciones, un tiempo para tratar de encauzar el fondo del problema por vías legales de inclusión. Está por ver en qué se traducen las conversaciones en la Mesa bilateral y la consulta a la ciudadanía catalana. Pero sabemos dónde están los límites para el PSOE. 

Quienes han contribuido, desde ambos extremos, a agravar el problema durante años siguen despreciando el diálogo y alimentando la confrontación. Me refiero a la derecha española que apuesta por el 155 y una gran coalición en España, con exclusión de Pedro Sánchez, y a los secesionistas de Torra y Puigdemont que insisten en su exigencia ilegal de autodeterminación y secesión unilateral

Todos son conscientes de que así se pudrirá el conflicto y se favorecerá el odio. Por otra parte, la opción de una gran coalición del PSOE con el PP, además de injustificable, habría provocado una total inestabilidad para la gobernanza de un Estado social y plurinacional así como el debilitamiento de la democracia. Frente a la compleja gestión del acuerdo con ERC, solo quedaba la opción suicida que buscaba la derecha de unas terceras elecciones.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa
San Sebastián, 3 de enero de 2020.