A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Odón Elorza González, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la designación por el Congreso de los cinco vocales en la Junta Electoral Central, para su debate en la COMISIÓN DE CALIDAD DEMOCRÁTICA.    
                                                   
En el Palacio del Congreso, a 1 de marzo de 2020.

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ                                                        

               
                                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:           

La pasada semana se debatió en el Pleno del Congreso una Moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la que se defendía la despolitización, neutralidad y ausencia de afinidad política de sus miembros, para el caso de los Órganos Constitucionales y organismos supervisores de la Administración General.

Pues bien, el mismo día se tuvo conocimiento de que precisamente Ciudadanos había estado retribuyendo mensualmente como asesor a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) designado por el Congreso.

Es el caso, no desmentido por las partes concernidas, del Sr. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, que ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, tras su comparecencia en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja y a propuesta del partido Ciudadanos.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados seleccionadas por sorteo por el Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General no prevé incompatibilidades para aquellos vocales de la JEC que, además de sus funciones docentes como catedráticos, tengan una relación laboral o vínculo directo con una formación política. Dicho sin tener en cuenta lo establecido en la ley que regula el Régimen Jurídico del Sector Público.

Su artículo 23 explica con claridad las razones por las que este vocal de la Junta Electoral Central (JEC), a sueldo de Ciudadanos, debería haberse abstenido en todas y cada una de las cuestiones que afectaban o tenía un interés directo el partido que le pagaba. Según la ley, es motivo de abstención "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada”. Nos podemos encontrar en el caso del Sr. Andrés Betancor ante una flagrante irregularidad, una incompatibilidad ética o un conflicto de intereses.

Los trece miembros de la Junta Electoral Central tienen que renovarse después de los comicios, en concreto durante los 90 días siguientes al de la constitución de las Cortes Generales, según regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Así, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ya designó, por sorteo, a los ocho magistrados del Supremo que integrarán la JEC.

Por su parte, el Congreso no ha procedido todavía a renovar a los cinco vocales que tiene que designar. La LOREG señala que si en el plazo citado no se completa la renovación, la Mesa del Congreso, oídos los grupos políticos presentes en la Cámara, procede a su designación "en consideración a la representación existente en la misma”. Por tanto, aún estamos a tiempo de revisar a fondo el procedimiento seguido hasta el momento.

En base a las anteriores consideraciones, velando por el principio de transparencia y en defensa de la regeneración democrática, y con el fin de evitar irregularidades, conflictos de intereses y velar por la independencia de la JEC, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,  
                                   
                                         PROPOSICIÓN NO DE LEY:  

                           "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Actuar en el marco de sus competencias y en defensa de la calidad de la democracia, para velar por la independencia de los órganos constitucionales y organismos supervisores, impidiendo que cualquiera de sus miembros incurra en situaciones que pudieran calificarse de irregulares, éticamente reprobables o de conflicto de intereses. -

2. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o la normativa que corresponda, para evitar casos de conflicto de intereses en el desempeño del cargo en órganos constitucionales y organismos supervisores, estableciendo una incompatibilidad temporal - a determinar - para quienes hayan mantenido un vínculo laboral con un partido político o actuado en su representación. 

3. Mostrar su interés, lo mismo que el Congreso de los Diputados, para que se perfeccione el proceso de selección y designación de toda candidatura que aspire a ocupar un puesto de los que elige la Cámara Baja en los órganos constitucionales y organismos supervisores, con la finalidad de garantizar la independencia de todos sus componentes en el desempeño de sus funciones.

No quieren reconocer que planteamos la eutanasia como un derecho individual sometido a regulación y con todo tipo de garantías, como más abajo explicaré. Pero los mismos que rechazaron el divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc, son ahora quienes retoman una campaña de intoxicación a la opinión pública sobre el significado real del derecho a la eutanasia. 

El PP ha acusado al PSOE, de modo miserable, de querer regular la eutanasia para ‘ahorrar’ en pensiones y en gastos sanitarios o de dependencia. ¡Sin comentarios!

VOX va más allá y dice que la eutanasia hace del Estado una máquina de matar y acusa al Gobierno de querer convertir el sistema "en totalitario" y de iniciar una "pendiente resbaladiza del suicidio asistido" como "respuesta al sistema de pensiones. Por su parte, los Obispos insisten en que “no existe una demanda social y que la eutanasia no se plantea como una cuestión médica, sino ideológica".

La verdad es que la eutanasia será un derecho regulado con rigor por la ley para casos muy concretos y sometido a garantías éticas, jurídicas y médicas que aseguren que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo.

Seguirá un procedimiento detallado para la prestación de la ayuda para una muerte digna, bajo la supervisión de una Comisión de Control y Evaluación que se constituirá en cada Comunidad Autónoma. Será quien apruebe y evalúe todo el proceso, de forma previa y a posterior a la muerte.

En el PSOE consideramos que desde hace años se dan en España las condiciones (demanda de la sociedad con un apoyo de más del 70%, amplia mayoría política y respaldo constitucional y jurídico) para legislar sobre el derecho a la eutanasia. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que comienza su debate y tramitación en el Congreso tras su toma en consideración el pasado 11 de febrero por el Pleno.

Ahora, nos corresponde informar de su contenido, participar en el debate social escuchando a los sectores interesados e implicados y argumentando de modo pedagógico. Debemos diferenciar entre la eutanasia y los cuidados paliativos. Importantes ambos derechos para garantizar una muerte digna en supuestos diferentes.

De ahí que también volveremos a presentar otra Ley de Muerte Digna - ya lo hicimos en 2015 y 2017 cuando fueron rechazadas por el PP - que regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia en el final de sus vidas, respetando su autonomía y voluntad para morir en condiciones dignas, con cuidados paliativos integrales, acompañamiento, intimidad, etc.

Estas dos leyes constituyen la materialización de un compromiso del PSOE en favor del avance social y de la ampliación de los derechos civiles. Y guardan coherencia con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

En el caso de la Ley de la Eutanasia, se recoge el derecho individual de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica e invalidante o grave e incurable. Situaciones que produzcan un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable.

En estos supuestos, deciden solicitar la prestación de ayuda de la sanidad pública para morir anticipadamente con dignidad. También da seguridad jurídica a los profesionales que participan y les reconoce la objeción de conciencia.

La regulación de la eutanasia debe hacerse a través de Ley Orgánica porque implica modificar el Código Penal para despenalizar la eutanasia. Supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las personas que residan en España, con mayoría de edad y capacidad de obrar, etc.

Esa decisión no podrá ser debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales, o familiares para afrontar la situación. Voluntad que ha de ser fruto de un adecuado proceso de información y deliberación con su médico personal, con dos solicitudes firmadas en un plazo de tiempo y validado por otros profesionales.

Defendemos que la eutanasia es un derecho de la persona, no una obligación, para poner fin al sufrimiento insoportable con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarle a vivir en condiciones insufribles por inhumanas. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona gravemente la integridad física o moral.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa y Portavoz en la Comisión Constitucional.

Palacio del Congreso. 15 de febrero de 2020. Publicado en La Hora Digital. 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que ahora comienza su debate y tramitación en el Congreso tras su toma en consideración el día 11 por el Pleno.

Así mismo, estamos preparando otra Ley de Muerte Digna que regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, respetando su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas, con cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento, etc.

Estas dos leyes constituyen la materialización de un compromiso del PSOE en favor del avance social y de la ampliación de los derechos civiles. Y guardan relación con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

En el caso de la Ley de la Eutanasia, se recoge el derecho individual subjetivo de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce un sufrimiento insoportable. Por esas razones y en supuestos definidos, deciden solicitar y recibir la ayuda de la sanidad pública para morir anticipadamente con dignidad. También da seguridad jurídica a los profesionales que participan y les reconoce la objeción de conciencia.

La regulación de la eutanasia, que debe hacerse a través de Ley Orgánica porque implica modificar el Código Penal, supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las personas que residan en España, con mayoría de edad y capacidad de obrar, etc.

Lo hacemos con una ley que contempla todas las garantías éticas, sanitarias y de seguridad jurídica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia, sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo.

Esa decisión no podrá ser debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o a intereses familiares para afrontar la situación. La voluntad de la persona que solicita el derecho a la eutanasia  que ha de ser fruto de un adecuado proceso de información y deliberación con su médico personal, y validado por otros profesionales.

Defendemos que es un derecho de las personas poner fin a un sufrimiento creciente e indefinido con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en condiciones insoportables por inhumanas. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre.

La Eutanasia será un derecho regulado y sometido a condiciones concretas que seguirá un procedimiento final riguroso de autorización y control por parte de una Comisión de Control y Evaluación que se constituirá en cada Comunidad Autónoma para seguir todo el proceso de forma previa y posterior a la muerte.

Desde el PSOE consideramos que desde hace tiempo se dan las condiciones (demanda de la sociedad española con un apoyo de más del 70%, mayoría política y respaldo constitucional y jurídico) para legislar en España sobre el derecho a la eutanasia.

A nivel político, sólo la derecha se opone a su regulación, como lo ha hecho siempre cada vez que hemos propuesto ampliar los derechos y libertades civiles. En este caso, el PP nos ha acusado de modo miserable de “querer regular la eutanasia para ‘ahorrar’ en pensiones y en gastos sanitarios o de dependencia”. ¡Sin comentarios!

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa y Portavoz en la Comisión Constitucional.
Palacio del Congreso. 12 de febrero de 2020.