A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA AL GOBIERNO, en relación con “el coste global estimado de la inversión del Estado en el sistema ferroviario de la Y vasca para trenes de alta velocidad”, para que le sea contestada por escrito.

                                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

Han pasado muchos años desde que se inició, por el Gobierno de España, el expediente administrativo de actuaciones en todo tipo de tareas para hacer posible la puesta en servicio de un nuevo sistema ferroviario en Euskadi, conocido como la Y vasca para trenes de alta velocidad.

De hecho, el tiempo transcurrido ha contribuido a crear una lógica confusión en la ciudadanía vasca sobre el papel que corresponde al Estado en este proyecto y la cuantía total estimada de las inversiones realizadas y pendientes de realizar. Inversiones que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado.

Conviene recordar los acontecimientos y problemas que han provocado desconocimiento y confusión. Así, por ejemplo: los problemas de seguridad y los retrasos surgidos en el inicio de actuaciones por culpa de las amenazas y atentados de ETA, la compleja realización de estudios previos diversos, la rescisión de contratos a empresas por bajas temerarias u otras razones, la crisis de 2008 que provocó las paralizaciones o los sucesivos acuerdos de Encomienda de gestión por parte del Ministerio de Transportes (antes Fomento) al Gobierno Vasco - Euskal Trenbide Sarea - para la licitación de obras en determinados tramos y para otras actuaciones que forman parte del sistema de la Y vasca.

Por ello, es de gran interés conocer, con total transparencia, el esfuerzo inversor del Estado en este proyecto concreto en Euskadi. Esto es, la cuantía prevista en inversiones en favor de un proyecto estratégico que unirá Madrid y Barcelona con los territorios del País Vasco y que se prolongará hasta París cómo parte del Corredor Europeo del Atlántico.

Un gasto total que incluye múltiples apartados. A señalar entre ellos: estudios diversos, expropiaciones de terrenos, gastos en seguridad, redacción de proyectos, inversiones en obras de infraestructuras y de superestructuras en los tramos de los tres Territorios, accesos y penetración subterránea a Bilbao y Vitoria, estaciones en San Sebastián (remodelación), nuevas estaciones en Vitoria, Bilbao, Irún y Ezkio, variante ferroviaria entre Astigarraga y Lezo destinada al tráfico de mercancías y de aquellos posibles trenes AVE de larga distancia Madrid-Paris que no pasen por San Sebastián, obras de mejora e incorporación del tercer hilo o raíl en el actual trazado convencional entre Astigarraga, San Sebastián e Irún, etc.

Conocer el volumen de la inversión, aunque sea una estimación, es de gran importancia para que la ciudadanía vasca pueda evaluar el esfuerzo que está desarrollando el Estado en el País Vasco con el objetivo de modernizar la infraestructura de servicios ferroviarios.

Por todo ello, formulo la siguiente PREGUNTA:

¿ Cuál es la estimación de la inversión total prevista por el Gobierno para el conjunto de obras y actuaciones que representa la ejecución del sistema ferroviario conocido como la Y vasca para la puesta en servicio de trenes de alta velocidad en Euskadi ?

¿ Cuál sería el desglose en diferentes capítulos, para una mejor comprensión ciudadana, del esfuerzo inversor global estimado que realizará el Estado para la ejecución y puesta en servicio del proyecto ferroviario Y vasca ?

En el Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2020. 

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35/TMAG/2/bgf

                           A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre un Plan de Rendición de Cuentas que recoja los compromisos incluidos en el Programa del Gobierno de Coalición, para su debate en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática.

Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

                                            EXPOSICION DE MOTIVOS:

El ejercicio de rendición de cuentas, de manera periódica, sobre el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en el Programa del Gobierno de coalición aprovechando los recursos tecnológicos, es un objetivo de Gobernanza que no se ha producido hasta el momento por parte de ningún gobierno central en España.

La existencia de un Plan de Rendición de Cuentas constituye un reto democrático exigible e innovador que ayudaría a mejorar la calidad de nuestra democracia. Permitiría enriquecer la democracia representativa y superar la desconfianza de parte de la sociedad española hacia los políticos y las instituciones.

Esta acción de transparencia informativa, junto a otras medidas de regeneración democrática, resultará ejemplar y permitirá fortalecer la credibilidad del Gobierno y hacer frente a las amenazas del populismo autoritario hacia la democracia.

Los beneficios de la rendición de cuentas se extienden no solo a la transparencia de los procesos de decisión sino también a la eficiencia de las políticas públicas que se llevan a cabo que, al haber sido sometidas a procesos de información e interactuación con la ciudadanía, tendrán en cuenta  cuáles son las prioridades de acción política para la sociedad.

Tradicionalmente, la rendición de cuentas en el ámbito de la administración pública ha estado reservada casi exclusivamente a la puesta a disposición de la ciudadanía de información en materias de presupuestos y situación financiera. En la actualidad, el enfoque se ha ampliado, respondiendo al derecho de la ciudadanía a ser informada no sólo de los resultados de las cuentas públicas sino también de la marcha de los objetivos estratégicos, actuaciones legislativas y proyectos contemplados en un Programa de Gobierno.

El uso de internet para dar a conocer, en un sitio de la web oficial lamoncloa.gob.es y en el Portal de transparencia.gob.es , su programa, el desarrollo de la gestión así cómo el grado de cumplimiento de sus compromisos, guarda relación con el nuevo concepto de Gobernanza. 

Además, se deben establecer los mecanismos precisos en un sitio de la web del Gobierno para comunicar y deliberar con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad sobre los posibles ajustes o cambios del Programa, tanto en lo que se refiere a la adopción de nuevas iniciativas como a posibles modificaciones de lo previsto.

Un Plan de Rendición de Cuentas tiene varias dimensiones: desde hacerlo accesible mediante una aplicación abierta en internet, a su ejercicio político habitual en el Parlamento para hacer posible el control de la oposición, las comparecencias ante los medios de comunicación para responder del cumplimiento del Programa, hasta la creación de un Foro Social representativo, como espacio de diálogo y deliberación con la sociedad, en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024.

Por estas razones, es imprescindible que un Gobierno de izquierdas lleve a una realización efectiva su compromiso democrático con el electorado y la sociedad en general en favor de avanzar en la construcción de una democracia participativa. Una democracia basada en los principios de diálogo con la sociedad civil, transparencia de las políticas, participación ciudadana y control sobre el Gobierno mediante la rendición de cuentas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                     PROPOSICIÓN NO DE LEY.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Promover un Plan de Rendición de Cuentas sobre los compromisos incluidos en el programa de Gobierno como una herramienta de la democracia participativa que mejore la calidad del sistema democrático favoreciendo el conocimiento, participación, seguimiento y control del programa de Gobierno por parte de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad y el conjunto del Parlamento.

2- Presentar al Congreso un Plan de Rendición de Cuentas que, gracias a las herramientas de las TIC, deberá ofrecer, en la web oficial lamoncloa.gob.es y en el Portal de transparencia.gob.es , el programa estructurado de Gobierno por áreas de actuación, dividido en ejes estratégicos y actuaciones cuantificadas, junto a un cronograma de ejecución con calendario de las nuevas leyes y un sistema de evaluación con indicadores sobre el grado de cumplimiento.

3- Realizar el máximo esfuerzo en el diseño y tratamiento del espacio público en internet para que el contenido del Plan resulte accesible y fácil de comprender para el gran público, de contenido transparente y riguroso, que sea reutilizable, permita la interacción y cuente con una actualización y evaluación de datos constante”.

                           A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Dª Mercè Perea Conillas, diputada por Barcelona, Dª Esther Peña Camarero, diputada por Burgos, D. Guillemo A. Meijón Couselo, diputado por A Coruña y Dª María Guijarro Ceballos, diputada por Vizcaya y Coordinadora de la CCAA del País Vasco; D. Patxi López Álvarez, diputado por Vizcaya; D. Odón Elorza González, diputado por Guipúzcoa y, D. Daniel Senderos Oraá, diputado por Álava, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente PREGUNTA para que le sea contestada por escrito.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco:

- ¿Cuántos ERTES se han presentado desde que se decretó el Estado de Alarma?

- ¿Cuántos se han concedido? Especificar por territorios.

- ¿A cuántos trabajadores afecta los ERTES solicitados? ¿Y los concedidos? Especificar por territorios, tramos de edad y sexo. 

¿A qué sectores afectan principalmente los ERTES concedidos? Especificar por territorios.

Los ERTES que se han denegado: ¿A qué sectores afectan fundamentalmente? Especificar por territorios.

¿Cuántos trabajadores fijos discontinuos se han visto afectados por un ERTE? Especificar por territorios, sectores productivos y distribución por sexos.

¿Cuántas empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor tendrán una exoneración completa del pago de cuotas a la Seguridad Social?

¿Cuántas empresas tendrán esa exoneración del 75%? Especificar por territorios.

En el Congreso de los Diputados a 1 de junio de 2020

*Nota: Esta es una Pregunta parlamentaria “en batería”, presentada colectivamente en cada Comunidad Autónoma. 

                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la creación de un órgano o comisionado del Gobierno que promueva y coordine las políticas recogidas en el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta”, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2020.

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

                                           EXPOSICION DE MOTIVOS:

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obliga a replantearse la política de movilidad urbana, ante una previsible reducción del número de desplazamientos en el transporte colectivo por la obligación de respetar el distanciamiento social​ para evitar el contagio. Esto ayudaría a dar un espaldarazo al nuevo modelo de movilidad sostenible en las ciudades, no solo para los próximos meses sino también de cara a un nuevo tiempo que viene marcado por los desafíos de la emergencia climática.

La recuperación de la crisis sanitaria de la COVID-19 viene acompañada de una importante crisis económica y social. En este escenario, ​favorecer la movilidad en bicicleta​ permitirá un retorno progresivo y saludable a la actividad económica, cumpliendo con los criterios de protección sanitaria.

La COVID-19,​ pandemia global que afecta especialmente al sistema respiratorio,​ está incidiendo con una mayor gravedad en los espacios urbanos que padecen un aire más contaminado por culpa de los vehículos motorizados, hecho que corroboran ya diversos estudios científicos y de universidades de todo el mundo. Por tanto, habrá que evitar que el vehículo privado motorizado vuelva a ocupar la práctica totalidad de los viales en muchas de nuestras ciudades. Es el momento de tomar decisiones desde las diferentes instancias de gobierno, apostando por facilitar la movilidad segura en bicicleta. Y más teniendo en cuenta que, según el último Barómetro de la Bicicleta, el 72% de los hogares españoles dispone de por lo menos una bici.

El primer Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB) que contó con la participación y aportaciones de diferentes organizaciones sociales y entidades vinculadas a la bici, nació en 2019 con el propósito de iniciar un proceso de trabajo propositivo que tiene por misión la de definir las políticas sobre la bicicleta que debieran aplicar los gobiernos y el conjunto de las administraciones públicas competentes.

La Estrategia ha sido elaborada por la DGT, con el apoyo de la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Mesa Española de la Bicicleta, Conbici y los ministerios para la Transición Ecológica; Fomento; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad y Consumo, así como el organismo Agenda 2030 del Gobierno de España.

Por cierto, la bicicleta puede hacer una contribución relevante al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente en su Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".

El eje central del PEEB consiste en promover el uso de la bicicleta como alternativa habitual de transporte en los municipios con garantías de seguridad, con una oferta de conexiones amplias y como parte de una política de transporte integral y sostenible. Este Plan Estrategico requiere un marco estable de diálogo y coordinación entre todas las partes implicadas, para la concreción en un horizonte temporal determinado de objetivos precisos, programas de actuación, asignación de recursos económicos, fijación de plazos, sistemas de cooperación entre las administraciones, planes con empresas del sector y agentes implicados, mecanismos de evaluación, etc.

Las prioridades de la Estrategia Estatal por la Bicicleta incluyen alcanzar una mayor cuota de uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios por las ciudades y poblaciones en general, mejorar la salud de las personas gracias al uso cotidiano de la bicicleta, facilitar las actividades de ocio y deporte en bicicleta, consolidar e impulsar una oferta nacional de turismo en bicicleta y, sobre todo, articular la gobernanza y la colaboración de instituciones públicas y privadas.

Para ello, la Estrategia articula una estructura de 6 ejes de actuación, 13 áreas estratégicas y 30 instrumentos cuya ejecución se asigna a diferentes instituciones participantes. Para ellas se plantea un esquema de financiación que aprovecha al máximo los programas de ayuda e instrumentos financieros de ámbito nacional y europeo.

La complejidad y la extensión del ámbito del Plan Estratégico para la Bicicleta, hace necesario contar con mecanismos de gobernanza que gestionen las relaciones entre las diferentes partes interesadas, impulsen y coordinen su actuación, aseguren la coherencia de sus proyectos con la Estrategia y se encarguen de la revisión del Plan. En tal sentido, el Plan Estratégico plantea la creación de una Oficina General de la Bicicleta, una red interadministrativa de responsables de asuntos relacionados con la bicicleta, un Comité Director de la Bicicleta y un Comité Consultivo de carácter participativo.

La creación de un sistema de gobernanza para la bicicleta va dirigido a facilitar una acción institucional cohesionada, integral y efectiva, por parte de las administraciones públicas cuyas competencias sean relevantes para el impulso de la bicicleta.

Este sistema participativo ofrecería a las administraciones y a otros actores interesados en la bicicleta, una estructura y un canal de relación e interacción, de modo que cada uno pueda hacer su mejor contribución al impulso de la bicicleta y pueda defender legítimamente sus derechos e intereses. Se trata de que la bicicleta sea tenida en cuenta como parte de la solución en la configuración de un sistema de movilidad urbana sostenible, planificando y desarrollando redes de infraestructuras exclusivas para el uso de la bicicleta.

En lo que se refiere a los sectores privados, en la actualidad existen algunos programas de colaboración público-privada y de apoyo a empresas del sector de la bicicleta. También hay empresas privadas y públicas que están promoviendo programas de movilidad en bicicleta entre sus empleados. No obstante, sería necesaria una mayor coordinación y apertura de las administraciones tanto al sector empresarial de la bicicleta como a la participación ciudadana, enfocada en la promoción y desarrollo de la bicicleta, y amparada por un sistema de gobernanza institucional que garantice la unidad de visión y de objetivos señalados en el Plan Estratégico.

Por tanto, como primer paso para poder llevar a cabo las estrategias y objetivos recogidos en el PEEB, el Gobierno de España debe contar con un organismo de referencia, una oficina específica o una figura política responsable para que estén coordinadas,​ a nivel interadministrativo, todas las acciones que requiere la promoción de la bicicleta. Además, a corto plazo, aguarda la tarea urgente de impulsar el uso de la bici en los municipios ante los problemas surgidos en el transporte colectivo como consecuencia de la COVID-19 y las medidas de distanciamiento para la protección personal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

                                                PROPOSICIÓN NO DE LEY.

“El Congreso insta al Gobierno a crear y poner en marcha, a la mayor brevedad, el órgano estatal o figura comisionada dedicada a la BICICLETA para que actúe como una instancia de gestión transversal interministerial e interinstitucional, y de referencia en el mundo de la bicicleta, con la función de coordinar actuaciones e impulsar la aplicación y el seguimiento de las medidas contenidas en el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, para promover el uso de la bici en España como una alternativa de transporte y movilidad habitual, segura, saludable y sostenible”.