La crispación y la bronca de ultras y cayetanos en el Congreso no han impedido ni los numerosos acuerdos contra los efectos de la COVID-19 alcanzados por el gobierno en ejercicio del diálogo con otros partidos, durante estos duros meses de pandemia, ni los procesos participativos de deliberación y consulta que se vienen desarrollando en la vida política.

En una sociedad compleja y en medio de una crisis también política, aumentar la confianza ciudadana en el Parlamento requiere no solo eficacia legislativa sino que esa productividad venga acompañada de prácticas parlamentarias que mejoren y complementen la democracia representativa para avanzar hacia una democracia de participación.

Este objetivo conlleva volver a situar el Parlamento como espacio abierto, incluyente y centro de referencia de la democracia en España. Un Parlamento que se vuelca en una estrategia que promueve la información, control, deliberación y participación de la sociedad en la vida política. Un proyecto de regeneración que propiciará el acercamiento y un mayor diálogo entre representantes y representados.

Con esa idea, la Comisión para la Reconstrucción incorporó una fase de comparecencia de entidades y expertos ante los cuatro grupos de trabajo, con deliberaciones y notables aportaciones sobre los objetivos de la recuperación. También abrió un buzón electrónico para recoger propuestas. Esta dinámica es continuidad de la política de gobernanza compartida expresada por el Gobierno de coalición en las múltiples Conferencias de Presidentes y las conferencias sectoriales de los Ministerios, en especial el de Sanidad, con las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas.

Se ha constatado que, con voluntad política, existen fórmulas para plasmar la participación como un derecho fundamental que contemplan los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución. Otros ejemplos recientes los tenemos en el proceso de consulta pública que ha abierto la Ministra Carmen Calvo para recoger, hasta el once de julio, aportaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática; en la fase de información pública y en las reuniones que mantuvo la Ministra Teresa Ribera antes de trasladar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley sobre Cambio Climatico y Transición Energética; o en el diálogo social del Gobierno con empresarios y sindicatos para consensuar medidas por la reactivación económica.

Por otra parte, el Gobierno ha facilitado el papel imprescindible de control del Parlamento durante el estado de alarma provocado por la COVID-19. Me refiero a las sesiones de control al Presidente y al Gobierno, en general, así como al Ministro Salvador Illa por la gestión de la crisis sanitaria. El Parlamento nunca se cerró y continuó con su función legislativa y de control. 

La participación se extiende en el Congreso al ámbito de los procesos legislativos, acordando la comparecencia ante una Comisión o Ponencia, en un periodo acotado y antes de iniciarse el plazo de enmiendas, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley.

Esto ha de producirse durante la tramitación de las leyes antes citadas. Lo mismo que con el proyecto de ley sobre la eutanasia o el relativo a la protección integral a la infancia. Las comparecencias permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones que serán enriquecedoras para que los Grupos Parlamentarios se formen un mejor criterio.

Además, el Congreso invierte en perfeccionar sus recursos tecnológicos y, en concreto, su página web. Las TIC ofrecen la posibilidad de hacer más accesible su actividad y la función legislativa a la sociedad, aumentar el nivel de transparencia y de control público así como despertar el interés y la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ofreciendo una vía de participación online.

Odón Elorza / Diputado y Secretario de Participación y Transparencia en la CEF del PSOE.
San Sebastián 6 de julio de 2020 / Publicado en La Hora Digital.

El Rey Felipe VI renunciaría, según la nota oficial del pasado domingo de la Casa Real, a la parte opaca de la herencia de su padre Juan Carlos I, la que supuestamente estaría oculta en paraísos fiscales según medios de comunicación de muy diferente color. Además, Felipe VI le retira la asignación de 194.000 euros que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa Real, que son dineros de todos.

Llama la atención en la nota, dejando a un lado su alarmante contenido y las graves conclusiones que se pueden deducir, que se haya emitido la misma noche en la que toda España permanecía expectante ante la evolución de la tragedia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, con los poderes económicos pendientes también del hundimiento del Ibex 35.

Cabe preguntarse si estamos ante otro cortafuegos urgente frente a la proliferación de informaciones cada vez más comprometedoras. Porque ... ¿Y si fuera verdad que el Jefe del Estado cobró comisiones e incurrió en un delito de corrupción? Supondría un escándalo político que desacreditaría a la institución de la monarquía y a quienes siempre justificaron todo, siendo el Tribunal Supremo el competente, en su caso, para juzgar.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, el Tribunal Supremo podrán profundizar en investigaciones que alcanzan a las personas de Juan Carlos I, Corinna Larsen y el ex comisario Villarejo. Y conocer la trazabilidad de cuentas en paraísos fiscales y de los movimientos de Fundaciones al parecer vinculadas al rey emérito. Cuestiones sobre las que el Rey Felipe VI manifiesta su desconocimiento, tanto de lo realizado por su padre como de su designación como beneficiario de dos polémicas Fundaciones.

La inviolabilidad del Rey -cuando ejerce unas funciones que vienen refrendadas por titulares de Ministerios- no debiera confundirse con IMPUNIDAD para el supuesto de que hubiera cometido delitos, como el cobro de comisiones y fraude fiscal. La regeneración democrática tendrá que corregir esta “regulación” constitucional confusa e impropia de un Estado de Derecho en el siglo XXI.

En todo caso, la transparencia y ejemplaridad que aduce el Rey Felipe VI exigen, en coherencia, que los miembros de la Casa Real cumplan con la transparencia fiscal y hagan declaración pública anual de todos sus bienes. Como cualquier cargo institucional. Como una alcaldesa, el presidente del país o una diputada.

Cuando se formalizó la abdicación del Rey Juan Carlos I en favor de su hijo, el 11 de junio de 2014 en el Congreso, no vote a favor y fui sancionado. Me abstuve con dolor, al romper la disciplina del Grupo Socialista, tras intentar sin éxito que se permitiera votar en conciencia aportando razones.  

En mi blog del 6 de junio 2014, https://odonelorza.com/blog/item/331-que-se-esconde-tras-la-cortina-de-la-ley-de-abdicacion.html , argumentaba esas razones. Y lo hacía en estos términos: “No comparto que con ocasión del debate sobre la ley orgánica (la de abdicación) haya que evitar, por razones de responsabilidad de Estado y del consenso de 1978, una valoración de la labor del Rey ya que no rinde cuentas. No podemos los socialistas situarnos en la posición de aplauso a toda una serie de alabanzas y frases huecas sobre su reinado. Esa es la estrategia del PP que protege el continuismo del sistema y congela una Constitución devaluada por su culpa y unas reglas del juego democrático que precisan una profunda revisión. Pero no debería ser la actitud del PSOE”.

Al final, expresaba: “Cabe preguntarse qué ha hecho y dicho el Rey para tratar de evitarlo (los recortes durante la crisis y el sufrimiento de millones de familias) ; por ejemplo, si ha llamado la atención -en privado siquiera- a un gobierno que acuerda recortes y elimina derechos. O si ha tenido la Casa Real un comportamiento ejemplar, diferente al de partidos e instituciones, a la hora de aplicar la transparencia a sus actividades, a sus gastos y a su patrimonio. Por cierto: ¿Llegó a denunciar el Rey a los patriotas que se llevan el dinero a paraísos fiscales? Dejo a un lado el caso de Urdangarín y la Infanta”.

No comparto la oportunidad de una Comisión de Investigación política en estos momentos en el Congreso. Prefiero que se investiguen conforme a la ley y con rigor, las cuentas opacas y las finanzas del rey emérito y familia. Porque sé muy bien que, además del informe contrario de los letrados del Congreso, unas comparecencias estilo show que incluyan a Villarejo - las personas claves no acudirían - no servirían hoy para investigar con rigor y de modo operativo.

Tras las informaciones y la propia nota de Zarzuela, lo exigible por cualquier demócrata es que se investiguen los hechos para delimitar las responsabilidades que correspondan. Para ello, confío en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que tiene, no solo en Suiza, indicios para tirar del hilo. No se entenderían más cortafuegos para tapar, como mínimo, actos inmorales.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián (confinado en casa) 16 de marzo de 2020 / Publicado en Infolibre el 18 / 03 / 2020.