Debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. 

Núm. 111 / 15 de junio de 2021 Pág. 22

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza González.

Presidente, señorías, de entrada es cierto algo que se ha citado aquí, pero el Grupo Socialista y también el Gobierno quieren dejarlo patente: existe un conjunto importante de recomendaciones —las últimas son de los años 2018, 2019 e incluso 2020―, tanto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y sentencias del Tribunal Constitucional... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señor Elorza. Ruego silencio, por favor. Continúe.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ..., lo decía por aportar datos objetivos. Son recomendaciones de acreditados organismos internacionales que invitan a España, en este caso a su Gobierno y a la Cámara legislativa, a revisar el Código Penal, a analizar aquellos aspectos del Código Penal relacionados con la libertad de opinión y la libertad de expresión, que han quedado desfasados, que están tipificados de forma no acorde con los tiempos porque la realidad social ha cambiado. Y ha cambiado el sentimiento, la valoración de la opinión pública sobre determinadas conductas, infracciones y delitos de expresión.

Por tanto, hay requerimientos que debemos atender. No es una cuestión de antojo; no es cuestión de analizar una revisión del Código Penal desde una posición tremendista o inmovilista, ni tampoco olvidando que hablamos de cuestiones que requieren una especial sensibilidad, que precisan mucha prudencia y hacer caso a la doctrina jurídica. Pero, especialmente, requieren ampliar el consenso en esta Cámara.

Sería una barbaridad —y hoy lo estamos demostrando a la vista de las duras intervenciones anteriores —, afrontar una reforma del Código Penal desde posiciones exclusivamente tremendistas, frívolas o partidistas. Y esto es lo que aquí se está escuchando cuando de lo que se trata es de acomodar el Código Penal a una realidad que ha cambiado, porque es cierto que en el Código Penal hay conceptos ambiguos y desfasados que no se corresponden con los tiempos. Hay penas de privación de libertad que no deberían existir como sanción para delitos de opinión o de expresión; hay otras penas de cárcel que parecen excesivas.

Pero es verdad, también, que el Grupo Parlamentario Socialista no estaría ―y no lo está de hecho— de acuerdo con algunas de las propuestas de derogación y con modificaciones de artículos del Código Penal, muy sustanciales, que plantea el grupo Unidas Podemos, en esta proposición de ley orgánica.

Las cuestiones objeto de debate son: el discurso del odio, el enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas del terrorismo, injurias a la Corona y otras instituciones, escarnio a confesiones religiosas o ultraje a España y a sus símbolos. Por tanto, se requiere una sensibilidad política elemental, un sentido de la prudencia política y un conocimiento de la opinión de la doctrina jurídica. Todas ellas son cuestiones a tener en cuenta. -

¿Y para qué tenemos que abordar una revisión del Código Penal? Pues porque la Constitución misma nos lo pide. En su preámbulo hay un párrafo muy acertado que nos recuerda que la voluntad de la Constitución es la de “establecer una sociedad democrática avanzada.” Y si estamos avanzando en derechos y queremos avanzar también en libertades, una de esas libertades, la libertad de opinión y de expresión, debe avanzar con nuevas formulaciones.

Evidentemente, nos adelantamos a decir que no se trata de desproteger a nadie, que no se trata de conceder impunidad hacia nada, que las instituciones, las personas, el honor de las personas, los símbolos, tienen ya su marco general de defensa y, por tanto, no va a haber indefensión ni va a haber desprotección.

Lo que se va a dar, y ya lo anunciaba de hecho el Gobierno hace unos meses cuando comunicó su voluntad de abordar una reforma del Código Penal, es una tipificación de los delitos con sentido de la proporcionalidad, teniendo en cuenta el riesgo real que determinados delitos de expresión puedan significar en lo que se refiere al enaltecimiento o a la promoción de actos de violencia, en lo que puedan significar esas expresiones de alentar ataques a la seguridad del Estado, al orden público o a la libre convivencia.

Por tanto, se trata de medir si una determinada expresión conlleva esos riesgos reales para que las penas —muchas de ellas tendrían que ser penas civiles, administrativas, de multa, no de cárcel en algunos casos— tengan un carácter de proporcionalidad y consigan alcanzar un equilibrio entre la libertad y la seguridad del conjunto de la sociedad.

El Grupo Parlamentario Socialista está abierto a la revisión del Código Penal, lo mismo que el Gobierno, y por eso va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de Unidas Podemos haciendo aportaciones, bien desde el grupo, bien, en su caso —ojalá llegue a tiempo―, mediante una propuesta de conjunto por parte del Gobierno para, fundamentalmente, afrontar el debate de una reforma del Código Penal desde tres premisas.

1. En primer lugar, buscar el consenso. Tenemos que intentar - hoy se lo pido al Partido Popular y a su portavoz Edurne Uriarte - debatir con otro talante, más constructivo y participar en este debate en el Congreso para conseguir acuerdos, consensos para hacer la reforma del Código Penal. Es muy importante que lidere la izquierda —somos una parte de la izquierda—, que lideren las fuerzas progresistas la reforma del Código Penal, pero lo es más aún que ese Código Penal concite un gran consenso entre los partidos democráticos de esta Cámara.

2. En segundo lugar, que haya un diálogo con la sociedad. La modificación de un Código Penal que afecte a diez o doce artículos, como se pretende, de gran entidad y en las materias señaladas, requiere un diálogo con la sociedad, escuchar y hacer mucha pedagogía del debate y del resultado final parlamentario cuando se produzca.

3. Y, en tercer lugar, como ya he dicho repetidamente, atender la jurisprudencia, la doctrina jurídica y las recomendaciones de los organismos internacionales.

Esa es la disposición al diálogo y al consenso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, que en parte también representamos. Esa es nuestra voluntad para reforzar la democracia española y hacer que avance en derechos —ejemplos hay sobrados en esta Cámara de nuevos derechos aprobados aquí recientemente con nuevas leyes— y en libertades, como es la libertad de opinión y la libertad de expresión, que todos sabemos que necesitan urgentemente una revisión del Código Penal. A ello les invita a los demás grupos, con su mejor talante, este Grupo Parlamentario Socialista.

Una de las mayores amenazas contra la dignidad de la persona y el principio de no discriminación así como contra el derecho a la vida y a la integridad física y moral, derechos todos ellos recogidos y protegidos en artículos 10, 14 y 15 de la Constitución, es el llamado “discurso de odio” que practican algunas fuerzas políticas.

El discurso de odio es un modo de ejercer la política contraria a los principios y valores de una democracia avanzada. Supone un ataque sistemático al diferente, una manifestación continua de intolerancia e incompatible con los elementos que vertebran la convivencia constitucional. En definitiva, asistimos a un ataque frontal al sistema de derechos y libertades contemplado en nuestra Constitución.

Las conductas y los discursos de odio están orientadas a fomentar la violencia, la discriminación y el desprecio a un determinado colectivo de la sociedad, a un grupo político o a sus integrantes por diferentes razones. Por ello, el discurso de odio no puede encontrar el más mínimo resquicio en nuestra sociedad si creemos en el Estado de Derecho.

Los denominados “delitos de odio” están recogidos en el art. 510 del Código Penal, que sanciona a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

El Código Penal no sanciona las meras ideas u opiniones, sino aquellas manifestaciones de odio que muestran un desprecio grave hacia otro ser humano por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está hoy amparado por la libertad de expresión, que debe ser ponderado con el respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la no discriminación.

Lo rechazamos no solamente porque atenta contra la legislación propia y contra Declaraciones y Convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, sino porque pone en peligro la dignidad de las personas y el derecho a vivir en igualdad, tanto material como formal.

Tampoco podemos olvidar que en la vida institucional, hay fuerzas políticas cuyas intervenciones parlamentarias, campañas electorales y declaraciones diarias a los medios están enfocadas a una confrontación sistemática y destructiva del adversario político. Esa estrategia, con la ayuda de voceros mediáticos y de las redes sociales, van alimentando el discurso de odio en la calle y la polarización extrema de la sociedad.

Estas prácticas y discursos populistas, autoritarios, ultra nacionalistas, ni son gratuitos ni pasan desapercibidos a la sociedad. Al contrario, se proyectan hacia la sociedad, degradan los valores democráticos, extienden la intolerancia y el miedo, atacan el pluralismo y la diversidad y van calando peligrosamente de manera continuada en sectores de la ciudadanía.

Hasta que un día la situación estalle, en España, Hungría, Italia o Francia —ejemplos hay sobrados en la historia reciente- y sus consecuencias pueden ser demoledoras para el sistema de convivencia democrática; esto es, para las libertades, la cohesión e integración propias de una sociedad plural y diversa que busca desesperadamente una vida digna y próspera.

En medio de una pandemia y del ingente esfuerzo que habría que desarrollar unidos, en favor de la recuperación social y económica, en medio de una etapa histórica plagada de incertidumbres y retos globales, en medio del descontento y desánimo social, los políticos tenemos la enorme responsabilidad de poner final a la estrategia creciente del odio y practicar la acción política desde los valores democráticos y con medidas concretas de progreso. Nunca hizo tanta falta una actitud constructiva y de compartir objetivos por parte de todas las fuerzas democráticas del Parlamento.

Sin embargo, la política en España se ve dominada por una exaltación de posiciones extremas, de estrategias de división y polarización de la sociedad española que, gota a gota, cultivan el odio y la confrontación, perturbando un clima de pacífica convivencia, dificultando los avances sociales y los consensos legislativos.

Por estas razones, los Socialistas planteamos al Congreso, en una Proposición debatida en la Comisión Constitucional, “condenar las amenazas de muerte que han recibido diferentes cargos públicos, así como los discursos de odio que promueven la violencia, el racismo, la xenofobia, el desprecio y la intolerancia. Y, también, reafirmar la defensa de los valores y preceptos constitucionales que hacen posible la convivencia democrática y el respeto a la dignidad de las personas”. Lamento que PP y VOX no la hayan apoyado, aunque era previsible.

Odón Elorza / Diputado del PSOE y Portavoz en la Comisión Constitucional.

Palacio del Congreso, 16 de junio de 2021 / Publicado en ethic.es