DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 161/002533) Núm. 432 / 16 de junio de 2021. Pág. 2
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la condena a los discursos del odio y en defensa de la convivencia democrática que garantiza la Constitución. Para defender esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Elorza González.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, presentamos esta proposición no de ley con la mejor intención —de hecho, no hay nada más que ver el texto— para que ningún grupo democrático se pueda sentir excluido. De hecho, el tono de mi intervención va en esa dirección, en la dirección de respeto que ha establecido el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto.
Una de las mayores amenazas contra la dignidad de la persona y el principio de no discriminación y contra el derecho a la vida y a la integridad física y moral, derechos todos ellos recogidos y protegidos en artículos de la Constitución, es el llamado discurso de odio, que practican algunas fuerzas políticas. El discurso de odio es un modo de ejercer la política contraria a los principios y valores de una democracia avanzada y supone un ataque sistemático al diferente, una manifestación continua de intolerancia e incompatible con los elementos que vertebran la convivencia constitucional.
En definitiva, asistimos a un ataque frontal al sistema de derechos y de libertades contemplados en nuestra Constitución. El discurso y las conductas de odio están orientadas a fomentar la violencia, la discriminación y el desprecio a un determinado colectivo de la sociedad, también, incluso, a un grupo político o a sus integrantes por diferentes razones. Por ello, el discurso de odio no puede encontrar el más mínimo resquicio en nuestra sociedad si creemos realmente en el Estado de derecho.
Rechazamos este discurso de odio no solamente porque atenta contra la legislación propia española y contra declaraciones y convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, sino porque pone en peligro la dignidad de las personas y el derecho a vivir en igualdad tanto material como formal. No podemos olvidar que en la vida institucional hay fuerzas políticas cuyas intervenciones parlamentarias, sus campañas electorales o declaraciones diarias a los medios de comunicación están enfocadas a una confrontación sistemática y destructiva del adversario.
Esta estrategia, con la ayuda de algunos voceros mediáticos, va alimentando el discurso de odio y la polarización extrema de la sociedad. Estas prácticas y discursos populistas, autoritarios, ultranacionalistas ni son gratuitos ni pasan desapercibidos a la sociedad; al contrario, se proyectan hacia la sociedad, degradan los valores democráticos, extienden la intolerancia y el miedo, atacan el pluralismo y la diversidad y van calando peligrosamente, de manera continuada, en sectores de la ciudadanía hasta que un día la situación pueda estallar —ejemplos hay sobrados en la historia reciente— y sus consecuencias pueden ser demoledoras para el sistema de convivencia democrática; esto es, para la cohesión e integración de una sociedad que aspira a la igualdad.
En medio de una pandemia y del ingente esfuerzo que habría que desarrollar todos unidos y unidas en favor de la recuperación social y económica, en medio de una etapa histórica plagada de incertidumbres y de retos, en medio del descontento social, la política responsable y la defensa de valores y acciones concretas de progreso, debiera ser una actitud compartida, taxativa e incondicional por parte de todas las fuerzas democráticas del Parlamento.
Sin embargo, sufrimos una exaltación de posiciones extremistas, de estrategias de división, de polarización —como hemos dicho— de la sociedad que fomentan el odio y la confrontación, que atacan el clima de convivencia y que dificultan los avances sociales en derechos y libertades de nuestra democracia.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista solicita hoy aquí en esta Comisión Constitucional del Congreso que se condenen, de un lado, las condenas de muerte a diferentes cargos públicos, así como los discursos de odio que promueven esa violencia, el racismo, la xenofobia, el desprecio y la intolerancia. Y también aprovechamos para, sin duda porque es realmente importante, reafirmar en la proposición la defensa de los valores y preceptos constitucionales que hacen posible la convivencia democrática y el respeto a la dignidad de las personas.
Por último, no aceptaremos la enmienda que ha presentado el Grupo Popular porque consideramos que no aporta realmente nada a la declaración, no aporta más que algunas cuestiones que me parecen, más que nada, simbólicas porque precisamente el último párrafo de la Proposición Socialista plantea reforzar la defensa de los valores y preceptos constitucionales.Ya lo dice todo, por encima de otras diatribas u otras cuestiones sobre banderas, símbolos, etc, que son objeto de esa pelea continua que tenemos en el Parlamento. De modo que le rogaríamos al Partido Popular que se avenga a apoyar esta resolución planteada con la mejor de las intenciones en búsqueda de un consenso amplio.
