Odón Elorza

Odón Elorza

Debate en el Congreso sobre RTVE, TELEMADRID y el modelo de rtv pública.

Pleno de la Diputación Permanente del Congreso, 21 de julio de 2021.
Debate sobre RTVE. Intervención de Odón Elorza, Portavoz en la Comisión Constitucional. 

Presidenta, Señorías :

La solicitud del PP de una comparecencia del Gobierno en la Comisión Constitucional para fechas de agosto, a raíz de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL de 22 de junio de 2018 del Gobierno de Coalición para elegir con urgencia el Consejo de Administración de RTVE que fue refrendado por el Congreso, es incoherente con la actuación de Ayuso sobre TELEMADRID y obedece al intento permanente del PP de sacar las cosas de quicio.

No tiene ningún efecto práctico esta Sentencia formalista sobre dos aspectos concretos - pues rechazó la mayor parte del recurso del PP- ni cabe pedir responsabilidades políticas. Estamos ante otra Sentencia de un Tribunal Constitucional que funciona como la Selección Española de Fútbol; va de desempate en desempate y resolviendo en tiempo de descuento.

El Decreto Ley objeto de Sentencia, declarado en parte inconstitucional por no explicitar debidamente el Gobierno las razones de la urgente necesidad de la regulación sobre los expertos y el papel del Senado sustituido por el Congreso, si no elegía a tiempo a sus representantes en el CRTVE, obedecía a una situación de parálisis, de vacío en la dirección de RTVE, a lo que sumaban bloqueos y recursos en el concurso para la elección del Consejo y de la Presidencia del ente público.

El Gobierno intentó una elección urgente y provisional del CRTVE y de su Presidencia y, además, estableció el nombramiento de un Administrador Único y Provisional para el caso de no avanzar los nombramientos provisionales del Parlamento. Cosa que así ocurrió y se tuvo que nombrar a Rosa María Mateo. Dejo claro que la Sentencia no declara inconstitucional nada referido al nombramiento de quien ejerció como administradora en un tiempo complicado por la herencia que dejó el PP en RTVE.

A posterior, el proceso del concurso para la selección de los miembros del CRTVE y elección del Presidente, con participación de un comité de expertos, se desarrolló y culminó en 2021 por encima de problemas y polémicas. Y aquello se consensuó y votó en Las Cortes, hasta la elección del nuevo Presidente, el periodista Perez Tornero, por una mayoría de 2/3. 

El Grupo Parlamentario Socialista esperaba hoy la retirada de esta absurda petición a la vista de las decisiones lamentables de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra Diaz Ayuso. Ella ha promovido la reforma de la Ley de TELEMADRID, sin diálogo con la oposición y por un procedimiento de urgencia, buscando asaltar la televisión pública de Madrid y el descabezamiento total de los profesionales de la dirección.

Una persona conocida por su historial en TVE y Telemadrid, Jose Antonio Sanchez, contrario a la tele pública que ni valora ni defiende, ha sido nombrado por Diaz Ayuso como Administrador único Provisional al servicio de Ayuso por 97.000 euros de sueldo anual.

El administrador de TeleAyuso, para su tarea de propaganda, empieza cortando cabezas antes de ser ratificado por la Asamblea de la Comunidad. Está dotado de poderes casi absolutos, es el autor de las listas negras en una etapa anterior en RTVE y un censor al servicio de un partido que involuciona hacia el franquismo más rancio. No tiene el PP talante democrático y por tanto no puede dar lecciones de democracia a nadie.

Ante las intervenciones aquí expresadas de muy diferentes grupos, quejándose del funcionamiento de RTVE, el Grupo Parlamentario Socialista pide voluntad de colaboración a todos para defender RTVE como un servicio público esencial y una herramienta cultural y de cohesión social.

Por otra parte, el Consejo de RTVE elegido por el Parlamento toma sus decisiones y su Presidente deberá explicarlas ante la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Congreso. En el Consejo ni está el PSOE ni otros partidos representados por vocales propios. Se supone que los designados por el Congreso actúan allí con un criterio propio, profesional e independiente. Hay que romper con el esquema de la representación por cuotas de partidos. Da igual que hablemos de RTVE que del CGPJ o del Tribunal Constitucional. La democracia exige utilizar para su elección otros criterios de representación.

La TV pública debe respetar un marco jurídico que asegure su independencia del Gobierno de turno, la neutralidad, la objetividad informativa y la participación y control del Parlamento. Por tanto, la TV pública debe ser reflejo del pluralismo, la diversidad de la sociedad y los valores democráticos.

No se puede admitir una TV pública sometida a manipulación por intereses sectarios ni bajo un control partidista con remisión de argumentarios a los responsables de los Informativos. Es inadmisible la censura al pluralismo y la aplicación de listas negras que suponen la negación de la libertad de expresión.

Es de destacar el contenido del artículo 20. 3 de la Constitución: “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.”

Por tanto, tenga bien claro la ciudadanía que el PSOE defenderá este modelo de TV pública, para la TV estatal y las autonómicas. Ténganlo claro, señorías de la extrema derecha, de la derecha extrema y del nacionalismo excluyente.

En nuestra opinión, un modelo de RTV pública debe :

- Ser una herramienta formativa, educativa y de entretenimiento de los espectadores.

- Garantizar el acceso a la cultura.

- Ofrecer una información general rigurosa, veraz, imparcial y pluralista.

- Promover contenidos de calidad vinculados a los valores democráticos y los derechos humanos.

No será tarea fácil para el Presidente del CRTVE y es imprescindible la colaboración responsable de todos los componentes del Consejo de Administración. Hay problemas pendientes en materia de definición del modelo, de financiación -bendita publicidad- y contrato programa. Lo iremos viendo con el mejor talante. 

* Nota: Esta intervención prevista tuve que resumirla en los cinco minutos disponibles. 

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El caso Mikel Zabalza en un Estado de Derecho. (publicado en El País el 20-7-2021)

Según la versión oficial, tras permanecer detenido cuatro horas en el Cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, Mikel Zabalza, conductor de autobuses municipales, fue trasladado a las 06,30 esposado y acompañado por tres miembros de la Guardia Civil al interior del túnel de Endarlaza (Navarra), junto al río Bidasoa y próximo a otro Cuartel, para que localizara un supuesto zulo de ETA que nunca se descubrió.

Allí, dio una patada en los testículos al teniente que le llevaba del brazo y escapó tirándose por un hueco existente en la pared del túnel, apareciendo a las tres semanas, el 15 de diciembre de 1985, esposado y flotando muerto en las aguas del río, en una zona donde la Cruz Roja había realizado una intensa e infructuosa búsqueda.

Un análisis objetivo de esos datos hacía difícilmente creíble aquella versión en medio de declaraciones contradictorias y confusas por parte de las autoridades. En aquel tiempo convulso debido a los continuos atentados terroristas de ETA y a episodios criminales de “guerra sucia”, fue cogiendo peso la versión de que Mikel Zabalza había muerto por torturas en Intxaurrondo la misma madrugada de la detención. Aunque, de entrada, las autoridades dijeran lo contrario, no consta que Zabalza colaborase con ETA.

Existe un sumario judicial reabierto dos veces ante la presentación que hicieron los abogados de la familia de nuevas evidencias y testimonios, hasta su archivo provisional por Auto de la Audiencia de Gipuzkoa de 23 de julio de 2010.

Este Auto analiza las distintas hipótesis sobre las causas de la muerte de Mikel Zabalza para lograr aclarar los hechos y delimitar, en su caso, los responsables de su muerte. La resolución judicial de 2010 retoma el estudio del informe médico forense confeccionado de modo exhaustivo, en julio del año 1996, por Carmen Baigorri y Luis Miguel Querejeta. Y con relación a la posible causa de la muerte de Mikel Zabalza por inmersión en el río Bidasoa -hipótesis oficial- concluye diciendo que “no es posible afirmar el fallecimiento como consecuencia de una sumersión vital en medio líquido de las características del descrito en el río Bidasoa.”

Sin embargo, el Tribunal no excluyó en su resolución esa hipótesis causal, descrita en el primer informe forense que sirvió de referente a las decisiones judiciales para motivar los Autos de archivo del Juez Instructor y de la Audiencia Provincial en el año 1988. También considera el Tribunal que no han sido validados los hechos que aparecen en una transcripción de una supuesta conversación telefónica, muy comprometedora, entre el exCoronel Jefe del CESID, Juan Alberto Perote, y el Capitán Gómez Nieto, informante del CESID, en la que se comenta que Zabalza murió al ser torturado. En 2010 no se conocía la existencia del audio de una grabación con aquella conversación y, por tanto, no se pudo valorar por el Tribunal.

Así mismo, el Auto se refiere a declaraciones testificales y a llamativas informaciones periodísticas publicadas, aportadas por la Acusación particular y popular, que hablan de un delito de torturas con resultado de muerte. Ante ello, el Tribunal señala que los imputados concernidos niegan las versiones y acusaciones, que no ha sido posibles contrastar las informaciones periodísticas y que no se ha podido acudir a la fuente directa de la información.

Por tanto, en 2010 para el Tribunal “siguen vigentes las tres hipótesis causales que explicarían la muerte de Mikel Zabalza (sumersión en el río Bidasoa, sumersión en un medio líquido distinto o asfixia violenta) y procede el sobreseimiento provisional de la causa penal.”

Lo cierto es que en este caso concurren circunstancias inexplicables y no aclaradas sobre la causa de la muerte así como acontecimientos extraños ocurridos en los 36 años transcurridos que afectan a personas relacionadas con los hechos. Todo ello en el marco de una investigación judicial con escasos avances que da como resultado un expediente judicial no resuelto. Un caso que se encuentra en un auténtico limbo jurídico.

En coherencia con los principios democráticos, el Estado de Derecho debe controlar siempre el uso de la violencia para que esta sea legítima y no puede renunciar a investigar la verdad con total  transparencia. Más aún en este tipo de casos, por encima de las duras circunstancias vividas en aquellos “años de plomo” del terrorismo de ETA. Lo mismo que nadie puede aferrarse a justificaciones aduciendo el contexto de aquella época.

De ahí la necesidad de que los poderes públicos competentes reabran el sumario y se proceda por el gobierno -cuestión clave- a desclasificar los documentos secretos existentes en los archivos del CESID referidos al caso para poder conocer toda la verdad en torno a las causas que provocaron la muerte del ciudadano Mikel Zabalza. Él y su familia tienen derecho a la dignidad, la verdad, la justicia y a un reconocimiento como víctima si se confirmara que murió por la violencia de abusos policiales.

 

Odón Elorza

Diputado del PSOE por Gipuzkoa y exAlcalde de San Sebastián (1991-2011)

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Agenda del Diputado. Semana del 19 al 24 de julio de 2021.

Reuniones y tareas principales.

 

Lunes 19

Lectura de la Sentencia del TC, actas y documentos sobre la política del Gobierno para RTVE y de Ayuso con Telemadrid.
Preparación de mi intervención del martes en el Congreso.

 

Martes 20

Viaje a Madrid en coche

 

Encuentro con la ONG Médicos Sin Fronteras sobre Ley de Cooperación. 

 

Miércoles 21

09 h. Pleno extraordinario del Congreso.
Debate y aprobación de Reales Decretos Ley.

 

16 h. Diputación Permanente del Congreso. 

Intervención en el punto 10 sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Decreto Ley del Gobierno para la renovación por concurso del CRTVE y de la Administradora Única Provisional.

 

Jueves 22

Viaje de vuelta a San Sebastián

 

Viernes 23

Estudio del Documento sobre la calidad de la Democracia en España 2020 (de la Fundaciön Alternativas) y de otros relacionados con la gobernanza de la globalización.

Redacción de conclusiones de cara a iniciativas.

 

Sábado 24

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Moción al Congreso sobre las Medidas a adoptar para regenerar la política y mejorar la calidad de la democracia. (Presentada el 6 de noviembre de 2012)

                  A la Mesa del Congreso de los Diputados. ( 6 de noviembre de 2012)

 

El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 148.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente relativa a “las Medidas a adoptar para regenerar la política y mejorar la calidad de la democracia”.

 

                                            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

 

Al día de hoy el Gobierno del Presidente Rajoy y la oposición parlamentaria no podemos ignorar la existencia de un elevado descontento de la ciudadanía hacia la política, unido a un descrédito de los políticos, partidos e instituciones. La sociedad española desconfía del sistema institucional por los vicios acumulados y por la forma en la que los representantes políticos, en diferentes ámbitos de responsabilidad y competencias, desempeñamos el papel que los electores nos han encomendado. Desconfianza, en suma, con el papel que está haciendo la política frente a la crisis económica e indignación ciudadana por la falta total de equidad en el reparto de sacrificios a la hora de afrontar la crisis económica y financiera.

Todo ello se produce en el marco de una democracia que ha perdido calidad y de unos poderes públicos mediatizados en sus decisiones por las condiciones que marca la Troika y las presiones de los mercados especulativos. Una situación que empuja a la ciudadanía a la calle y que expresa el fracaso de la política y del Parlamento como depositario de la soberanía popular.

Las manifestaciones de rechazo, iniciadas por el 15-M en la última etapa del gobierno socialista, han aumentado en el mandato del gobierno del Presidente Rajoy tras el triunfo el 20-N del Partido Popular. Y son consecuencia de la intensificación de las políticas de ajuste presupuestario y de los recortes sustanciales de derechos sociales y laborales que están en la base de esa irritación ciudadana. La respuesta se viene reflejando en importantes protestas que se han desarrollado en los últimos meses en distintas ciudades españolas y especialmente en Madrid.

Sin embargo, el Gobierno no propone medidas al Congreso, de acuerdo con la oposición, para regenerar la vida política con el objetivo de afrontar la crisis en mejores condiciones e impulsar una democracia más avanzada y de más calidad, acercando así el Parlamento a la ciudadanía. Y no lo hace porque es responsable de un rápido proceso de degradación de la democracia por los impedimentos que pone el PP, aprovechando su mayoría absoluta, a los mecanismos de control del Parlamento sobre el ejecutivo. Esto se traduce en la falta de transparencia y de rendición de cuentas por el gobierno y en las escasas oportunidades de participación para la ciudadanía.

La realidad es que se impiden comparecencias del Gobierno en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, explicar decisiones de trascendencia o debatir sobre las condiciones de los rescates; se suprime el debate sobre el estado de la nación; se dio apoyo inexplicable al juez Dívar; rechazan la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de Bankia y el sistema financiero recapitalizado con dinero público; proponen la disolución del Tribunal Constitucional porque no les gusta la sentencia sobre Sortu; cambian el modelo de pluralismo, profesional e independiente de RTVE; se rechaza el diálogo con los Mineros incumpliendo sus compromisos electorales; aceptaron sólo tres enmiendas y sin contenido económico sobre las más de 3.000 presentadas por la oposición en el pasado debate del Presupuesto 2012; se incumplen buen número de compromisos electorales subiendo impuestos y recortando derechos sociales básicos; se actúa con prepotencia abusando de la tramitación de Decretos-Leyes como la Reforma Laboral; etc, etc.

Estas decisiones están vaciando peligrosamente de contenido a un Parlamento que, en estos momentos de convulsión, debería ser más que nunca el centro de la vida política. Por otra parte, los nombramientos para los diferentes organismos del Estado se siguen realizando con criterios y cuotas partidistas que no garantizan la imparcialidad en las labores que tienen encomendadas. El último ejemplo es precisamente el criterio aplicado en el nombramiento de la presidencia de la CNMV.

La Cámara del Congreso debe reflexionar sobre si las situaciones descritas no son un caldo de cultivo para los discursos populistas que persiguen deslegitimar la política, algo que el Gobierno no puede alimentar. Las mismas que han generado un amplio movimiento político ciudadano del que han surgido plataformas sociales que reclaman una democracia más real y representativa, cercana, avanzada y participativa.

Hemos de ser conscientes de que el déficit y las carencias democráticas vienen de atrás, que a lo largo de los años el sistema institucional ha venido acumulando desviaciones y errores y que la evolución de la sociedad y sus requerimientos no se han traducido en transformaciones del funcionamiento de nuestra democracia. Lo cierto es que resulta innegable el deterioro de la democracia como consecuencia de la corrupción, del distanciamiento de la política de la ciudadanía, de la incapacidad del Gobierno y del Parlamento de tomar decisiones con total libertad ante la crisis económica, del peso de la partitocracia y de la falta de nuevos cauces de control y participación de la ciudadanía en las decisiones. Y corremos el riesgo de que el hueco que van dejando las ideas democráticas se vea ocupado por ideas populistas y autoritarias.

Por eso, el PSOE entiende que es urgente devolver, con medidas concretas y desde el consenso, la dignidad a la política, abordando la revisión de normas y comportamientos, recuperando el principio de que la política ha de estar al servicio de la ciudadanía como una tarea cargada de ética y honestidad.

Regenerar la política significa actuar sobre el sistema institucional y el mundo de la política, proponiendo aquellas reformas legales que permitan conectar de nuevo a los políticos con la ciudadanía innovando los sistemas de elección, participación y representación, garantizando los procesos de seguimiento y control de las políticas del gobierno desarrolladas a lo largo de la legislatura, combatiendo con eficacia la corrupción, favoreciendo el funcionamiento independiente y eficiente de organismos reguladores y de control del ejecutivo, democratizando más el funcionamiento de los partidos y haciendo realidad la máxima transparencia de las administraciones públicas.

Por tanto, se impone una necesaria reflexión sobre nuestro modelo de democracia, surgida hace más de 30 años con todos los condicionantes y limitaciones del periodo de transición de la dictadura a la democracia en España. La tarea hoy es adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin olvidar que los partidos políticos, acusados de estar anquilosados, han de ser actores fundamentales en el fortalecimiento de la democracia.

Por ello, tenemos que revitalizar su democracia interna, su forma de elegir sus candidatos, dotándonos de mecanismos que hagan de los Partidos organizaciones humanas más transparentes, abiertas a la sociedad, que sean percibidas por la ciudadanía como un instrumento eficiente para la organización de la convivencia y que ayuden a devolver la credibilidad a la política.

La crisis económica y política que padecemos representa una oportunidad para abordar cambios normativos, transformaciones de comportamientos y nuevas reglas políticas que refuercen la democracia. Hoy, más que nunca, necesitamos más y mejor democracia; esa es también la alternativa para combatir la crisis desde una gobernanza abierta que cuente con la implicación y complicidad de toda una sociedad que busca desesperadamente agarrarse a una esperanza de futuro. Y para ello debemos estar dispuestos a defender, incluso, la reforma de la Constitución.

Las razones expuestas llevan al Grupo Parlamentario Socialista a instar al gobierno la presentación de un Plan de Medidas sobre la regeneración democrática. Este proceso de debate en el Congreso entre los Grupos, deberá estar acompañado de la apertura de una metodología que garantice también el debate público y la participación de los movimientos sociales.

Por todo ello, como consecuencia de la Interpelación presentada anteriormente por este Grupo Parlamentario, se formula la siguiente MOCIÓN

 

A. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :

1. Presentar a la Cámara un Plan para la regeneración de la política y la mejora de la calidad de la democracia en España que contenga, entre otras, medidas dirigidas a:

- reforzar la democracia interna en el funcionamiento de la vida de los partidos, estableciendo el modelo de primarias para la designación de candidatos, haciendo obligatoria la publicación en la web de las vías de financiación, los estados financieros y cuentas generales de los partidos y sus fundaciones, los informes del Tribunal de Cuentas, la declaración de bienes, retribuciones y actividades de los cargos públicos, así como una memoria anual dando cuenta del grado de cumplimiento de las promesas electorales;

- establecer un sistema de elección no partidista para la designación de los miembros de los diferentes organismos del Estado, como el Tribunal de Constitucional, Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Fiscal General del Estado, etc., de modo que se prime la capacidad y méritos en la elección y quede garantizada la independencia en la gestión de todos los organismos;

- impulsar una mayor participación directa de la ciudadanía en la política con el reforzamiento del papel de la Iniciativa Legislativa Popular, agilizando la tramitación de sus iniciativas y añadiendo mecanismos oportunos de intervención de la Comisión Promotora en las diferentes fases de la tramitación parlamentaria; incorporado, además la iniciativa popular para convocar los referendos ciudadanos como nueva herramienta de participación democrática;

- eliminar deficiencias en el sistema para garantizar una “administración de cristal” en la que la prevención, control y denuncia de los casos de corrupción y la eliminación de cualquier práctica corrupta, resulten efectivas. Para ello, se debe acertar al fijar los criterios de transparencia a seguir por las administraciones en la contratación y concesión de ayudas y favorecer el ejercicio pleno de todas sus facultades y de las actuaciones por parte de las instancias de control administrativo, como los Tribunales de Cuentas, asesoría jurídica e intervención, así como la tutela judicial sobre las administraciones.

 

2. Establecer, mediante un pacto con los Grupos Parlamentarios, los contenidos de la reforma de la administración local, tanto en lo que se refiere a las competencias, financiación y estructura política de los Ayuntamientos y al papel de las Diputaciones, como en la parte que garantice el pluralismo político y el funcionamiento de una democracia local más participativa.

3. Abordar una reforma electoral partiendo del informe del Consejo de Estado, que sustituya el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas que permita mayor libertad de elección a los votantes y un aumento de legitimidad de los representantes, que permita la elección directa del alcalde por los ciudadanos, que mejore la proporcionalidad del sistema electoral sin causar un perjuicio grave a la gobernabilidad y que establezca una limitación de mandatos en el desempeño de cargos públicos e impida su acumulación.

4. Conseguir el mayor consenso posible con los Grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria para que el “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” se convierta en un instrumento clave para combatir la corrupción desarrollando sus efectos disuasorios y preventivos, así como para facilitar a la ciudadanía el acceso a las decisiones.

5. Aprobar un Código de Buen Gobierno, destinado a los propios miembros del gobierno así como a los integrantes de órganos de colaboración y altos cargos para el mejor desempeño de sus funciones, conforme a los principios éticos y de conducta, que incluya la publicación de la declaración de los bienes y actividades de los cargos públicos en un formato que favorezca la reutilización de los datos por parte de la sociedad civil.

6. Encargar a un Observatorio o entidad independiente la redacción de un informe público anual sobre la calidad de la democracia en España y los incumplimientos de sus obligaciones por parte de las diferentes administraciones y partidos, en especial en materia de transparencia y actuaciones sobre la corrupción, que incluya un "mapa de la corrupción". El informe será presentado ante el Congreso de los Diputados.

7. Adoptar medidas que fomenten una nueva forma de relación entre la Administración y la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado “Gobierno Abierto", garantizando el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana como mecanismos de impulso de la democracia representativa, aprovechando las nuevas tecnologías para que todas las Administraciones Públicas den a conocer sus iniciativas y acciones a través de formatos de datos abiertos y reutilizables, permitan el acceso ciudadano a la información y reciban las valoraciones y propuestas ciudadanas como expresión de su participación en la formulación de las políticas.

8. Promover un gran Pacto nacional contra la corrupción entre gobierno, partidos, agentes sociales, instituciones y medios de comunicación para garantizar la aplicación efectiva de todas las medidas disponibles en la lucha por erradicar ese cáncer de la política.

 

B. El Congreso de los Diputados, así mismo: 

9. Considera que el llamamiento recogido en la “Declaración sobre la transparencia parlamentaria” aprobada en septiembre de 2012 por más de 70 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo es una plataforma de trabajo muy valiosa para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario y se compromete a estudiar con atención sus propuestas.

10. Acuerda impulsar dentro de la Comisión de Reglamento, por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Ponencia que elabore un informe sobre posibles reformas del Reglamento del Congreso con el fin de que el parlamento recupere un papel mas activo, propicie el acercamiento entre representantes y representados, refuerce su función legislativa y de control del ejecutivo, abra cauces a la participación de la sociedad civil con ocasión de los procesos legislativos y amplíe la autonomía de los Diputados.

 

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa del PSE/PSOE

En el Palacio del Congreso, Madrid a 6 de noviembre de 2012.

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