“Las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas de origen mundial. Los problemas y sufrimientos de sus habitantes tienen raíces planetarias y quienes les representan suelen enfrentarse a una empresa imposible: la de encontrar soluciones locales a problemas que requieren soluciones globales” ( Zigmun Bauman )

> En las Ciudades se hacen patentes las consecuencias de las crisis y los nuevos fenómenos de un siglo XXI que avanzan a gran velocidad y con muchos cambios en una sociedad que llamamos líquida. En ese contexto, las Ciudades se enfrentan a problemas locales comunes y a incertidumbres y conflictos de escala planetaria de la mano de la globalización.

Vivimos tiempos de una crisis profunda que surge por la degradación del viejo sistema capitalista, con las secuelas de desigualdades, pobreza y debilitamiento de la democracia que provocan las políticas neoliberales, los populismos y el comportamiento de los mercados financieros; crisis por la desafección ciudadana hacia la política y crisis de convivencia ante el resurgimiento de los nacionalismos excluyentes, de los populismos y de la extrema derecha; crisis de la supervivencia del planeta ante la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático; y crisis por la pérdida de valores humanos en nuestra sociedad y en particular en las Ciudades.

Las Ciudades tampoco pueden ser ajenas a la defensa de la democracia en el nuevo escenario político que se empieza a dibujar en España tras el acuerdo entre los tres partidos de la derecha para que PP y C’s se hagan con el Gobierno de Andalucía. Pero sus pretensiones van más allá y se dirigen a que ese ensayo de Frente Nacional, que incluye a la extrema derecha de VOX, sume lo necesario para lograr primero el Gobierno de España y, luego, las Alcaldías y Gobiernos Autonómicos.

Su propuesta programática significa una involución, una regresión en las conquistas sociales, libertades y autonomía obtenidas en los pasados 40 años de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Así, lo que nos jugamos en las elecciones del 28 de abril y en las del 26 de mayo, se puede resumir en una doble opción: Socialdemocracia, como expresión de progreso, o involución; esto es, democracia avanzada o desestabilización del Estado democrático.

Los Ayuntamientos siempre han sido para la izquierda instituciones de proximidad a la ciudadanía, capaces de despertar un horizonte de esperanza para la población si actúan en base a un modelo de Ciudad que defienda la ampliación de la democracia mediante la participación ciudadana en la toma de decisiones, la convivencia entre diferentes, los valores democráticos, la cohesión social y territorial.

En esta coyuntura, corresponde a los Gobiernos Locales liderar los procesos innovadores de participación democrática e impulsar una nueva conciencia de participación, incluso para abordar los desafíos de la transición energética obligada por el Cambio Climático y de un desarrollo económico sostenible y de transformación digital que, en buena medida, se decidirán en el territorio de las Ciudades. Lo cierto es que, aunque los partidos inmovilistas y conservadores no quieran verlo, ha pasado el tiempo de la política de gobernar de espaldas a la gente, del ordeno y mando, y las decisiones unilaterales.

Para transformar ese viejo escenario, apunto, desde mi experiencia, un conjunto de propuestas y reflexiones:

1. Nos enfrentamos al reto de desarrollar con iniciativas y metodologías innovadoras la dimensión de una democracia participativa. De ahí la urgencia en abrir cauces a una democracia avanzada, comprometiéndonos con un modelo de Gobiernos Locales abiertos, relacionales e incluyentes que han de promover la creación de mecanismos y herramientas que permitan la participación de los agentes ciudadanos en la toma de decisiones. Constituye para ello un documento de referencia el “Código de Buenas Prácticas para la participación de las ONG’s en el proceso de toma de decisiones, así como la participación de la sociedad civil en la política pública”; recogido en el acuerdo aprobado por el Consejo de Europa en 2009.

2. De entrada, nuestros candidatos y candidatas a las Alcaldías inician su precampaña mostrando en cada localidad su apuesta por la participación ciudadana. Como parte del proceso participativo, las candidaturas del PSOE tienen la oportunidad de organizar un calendario de encuentros para escuchar y deliberar con representantes de asociaciones y colectivos sectoriales, líderes locales de opinión y expertos en diferentes cuestiones relacionadas con problemáticas específicas de la localidad. La finalidad es la de recoger sus aportaciones de cara a la redacción con la militancia del Programa Electoral Municipal.

3. Se propone formalizar un "contrato social de legislatura con la ciudadanía que contemple las prioridades del mandato.” Esto significa abrir, tras la formación del gobierno local, un proceso de 2-3 meses de duración con debates y consultas deliberativas, entre el Gobierno Local y las entidades y agentes ciudadanos, para determinar de modo consensuado cuál o cuáles deben ser las áreas temáticas que han de exigir una atención prioritaria del Ayuntamiento (entre servicios sociales, empleo y desarrollo económico, vivienda, seguridad, cultura, transportes y movilidad, barrios, educación, etc .. ) en los 4 años de gestión.

4. Del mismo modo, se plantea acordar con los agentes ciudadanos aquellos objetivos/proyectos de inversión plurianuales más importantes, a incluir en el Programa de Gobierno para su incorporación a los presupuestos municipales. Todo ello puede conformar el Plan de Acción Municipal (PAM) a cuatro años.

5. Se debe someter a una información comprensible y a debate público, cada año, las propuestas en materia de Ordenanzas Fiscales (ingresos) y el borrador del Presupuesto, reservando en él partidas concretas cuya aplicación sería el resultado de un proceso de participación ciudadana.

6. Las estructuras estables de participación, como el Consejo Social de Ciudad o los consejos sectoriales y territoriales, han de ser representativos, autónomos y no burocratizados. Servirán para analizar las problemática y políticas cotidianas, realizar el seguimiento y un control cívico de los compromisos del contrato con la ciudadanía (PAM); esto es, controlar la aplicación de las prioridades del Programa de Gobierno y de los Presupuestos Municipales.

7. Los sistemas de participación incluyen diferentes modelos de encuentros o reuniones deliberativas del Gobierno Local con los consejos, las asociaciones, los colectivos y la ciudadanía a nivel individual. Pueden adquirir la forma de audiencias públicas, foros, consultas municipales regladas (sin las actuales tutelas de la ley y que puedan llegar a ser vinculantes en función del tema consultado y de si se obtiene un alto nivel de participación) y asambleas territoriales o sectoriales. Todo ello para informar de actuaciones, debatir propuestas ciudadanas o para la rendición de cuentas de manera periódica.

8. Una observación necesaria: el espíritu de una mayor participación y transparencia ha de ampliarse también al funcionamiento interno del Ayuntamiento. En concreto, a las relaciones entre gobierno y oposición para garantizar la calidad de la democracia local y el control sobre la gestión del gobierno.
En esta línea surgen otras posibles medidas a estudiar para su posible aplicación. Medidas como la consecución de un pacto sobre el Reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento o la opción de estudiar que la presidencia y dirección de un Pleno, con un enfoque más parlamentario, la ostente una persona de consenso, diferente al alcalde o alcaldesa pero sin que por ello la Alcaldía pierda la competencia en la fijación del orden del día del Pleno. También cabe ofrecer la presidencia de la Comisión de Contratación a un miembro de la oposición. Además, si solo dependiera de la voluntad política del gobierno, habría que acordar la presencia de la oposición en los organismos y sociedades municipales.

9. Creer en la participación supone pasar de la idea de un Gobierno Local como único protagonista en la toma de decisiones, a una Gobernanza democrática y cívica, compartida a modo de red social viva. Hablamos de un esquema del poder decisorio más propio del siglo XXI donde la legitimidad de las actuaciones públicas descanse en la calidad de los procesos de deliberación y decisión; esto es, en la interacción tanto entre diferentes niveles de gobierno como entre estos y las organizaciones de la sociedad, sean estas cívicas, sectoriales, empresariales o de otro tipo. Y donde un campo de decisiones privadas con repercusión económica para la Ciudad cuenten, también, con la participación de los Gobiernos Locales.

10. Pero no es posible hacer avanzar en la participación sin desarrollar políticas de Transparencia en base a una información municipal tratada, objetiva y accesible, utilizando desde los formatos más clásicos hasta las aplicaciones más audaces en internet. Mediante programas y herramientas digitales en la web del Ayuntamiento se ha de facilitar la presentación de peticiones, preguntas, quejas e iniciativas ciudadanas para la obtención garantizada de respuestas, así como para la realización de encuestas y la interacción de la ciudadanía con la Alcaldía.

11. Es verdad que no hay un modelo único de participación ciudadana para aplicar en Ayuntamiento diferentes, aunque sí existen modelos válidos de referencia en algunas ciudades y un reglamento tipo de la FEMP. En todo caso, resulta imprescindible la voluntad política de la Alcaldía, objetivos definidos en participación y un buen gobierno que cuente con un Departamento Municipal y una Concejalía de Participación entusiastas y que preparen metodologías coherentes y adecuadas a las características de la Ciudad y a su vida asociativa. Con tiempo, planificación y generosidad política, cada localidad ha de ir construyendo su propia alternativa de modelo de participación.

12. Hay otras problemáticas que precisan activar procesos innovadores de participación y concienciación de la ciudadanía en el marco de una sociedad que quiere responsabilizarse del futuro de la humanidad. Desde las Ciudades y con la accion de sus Gobiernos, apoyándose en agentes urbanos y en fondos del Estado, se ha de promover una toma de conciencia de ciudadanía global, que la motive a participar en una transición energética justa hacia un nuevo modelo energético y de movilidad en la ciudad con criterios de sostenibilidad.

> Desde la participación se busca promover hábitos de consumo más ecológicos, prácticas de vida sostenibles y un compromiso de solidaridad planetaria con el objetivo de frenar la desestabilización eco-social y el avance del Cambio Climático para defender nuestra casa común que es el planeta. Porque el agua, los ríos, los océanos, la Antártida y el Ártico, el aire que respiramos y la capa de ozono son comunes a toda la humanidad. Y las islas de plásticos en los mares, el uso de los vehículos y las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción desmedida de residuos, los consumos insostenibles de agua y energía o la reducción de la mancha verde en nuestros suelos, son el producto de malas prácticas urbanas colectivas a corregir.

> Necesitamos, también, crear una nueva diplomacia de las Ciudades que, ante la ambigüedad de líderes y naciones como Trump, Rusia o Arabia Saudí, impulse la movilización y articule en una alianza de Ciudades las voluntades políticas de participación de los Gobiernos Locales. Unos Gobiernos comprometidos con el cumplimiento sin dilaciones del acuerdo de París contra el avance del Cambio Climático, para que la temperatura no suba más de 1,5 grados sobre los niveles pre-industriales. Esa diplomacia local tiene que estar promovida desde las Alcaldías, construyendo alianzas de ciudades y redes internacionales junto a un amplio ecosistema participativo de actores sociales como ONGs, universidades, empresas de responsabilidad compartida, colectivos ciudadanos, etc.

> Estos son algunos de los compromisos, en defensa de la democracia, los derechos sociales y la dignidad de las personas que los socialistas tenemos que liderar en los nuevos Ayuntamientos. Una cultura política de valores democráticos que cierre el paso a las propuestas de involución y autoritarismo que plantean las derechas y que representan una vuelta al pasado, un retroceso en derechos y libertades.

Debemos dejar claro que una extrema derecha, nostálgica del franquismo, no puede decidir el gobierno de las instituciones o lo que es lo mismo el futuro de España y de la democracia. La alternativa que ofrecemos se llama “democracia social avanzada” frente a involución; en suma, el nuevo proyecto de la Socialdemocracia que propone el PSOE y que lidera Pedro Sánchez en Europa.

Odón Elorza Secretario de Democracia Participativa y Transparencia de la CEF del PSOE

San Sebastián 28 de febrero de 2019 / Publicado en la Revista TEMAS.

La regeneración democrática en España es un desafío constante, tras sufrir nuestra democracia un proceso de deterioro progresivo con pérdida de vitalidad de sus principios en el ejercicio del buen gobierno por los casos de corrupción, ineficacia en la gestión, prácticas clientelares y reparto de cuotas partidarias en organismos, así como por la existencia de zonas de opacidad y abusos de poder en el funcionamiento de las instituciones.

La aprobación en mayo de la Moción de Censura a Rajoy por los casos de corrupción, dio inicio a un tiempo de oportunidades para promover una democracia avanzada que prestigie las instituciones, sirva al objetivo de recuperar el Estado de Bienestar combatiendo las desigualdades y afronte la crisis territorial conjugando legalidad, cohesión, convivencia y autogobierno.

Vivimos una etapa histórica y estamos ante unas elecciones trascendentales para el progreso de España en las que el PSOE quiere priorizar las actuaciones que hagan posible la regeneración democrática. Precisamente ahora, ante la amenaza de involución que representa el frente nacional de las derechas.

> La respuesta del PSOE va a consistir en más democracia :

- practicando el diálogo político y social en la búsqueda de acuerdos y pactos en temas de Estado con las demás fuerzas políticas, como por ejemplo el Cambio Climático y la transición energética, la transición digital, la reforma de la Constitución, CGPJ, migraciones, pensiones o educación;

- mediante la interlocución con la sociedad y sus organizaciones desarrollando las buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa en los procesos de toma de decisiones;

- respetando el pluralismo y una información veraz desde unos medios públicos de comunicación independientes;

- desde la transparencia que signifique el acceso a la información y a las decisiones de un gobierno abierto en aplicación de un código ético y de buen gobierno, aprovechando las potencialidades de las NTIC;

- buscando la eficacia e integridad en el funcionamiento del Estado, aplicando los principios federales de cooperación, lealtad y colaboración en la relación entre las administraciones;

- con la reforma del Congreso para adaptarlo a las necesidades de una sociedad con cambios vertiginosos y que quiere participar en una Gobernanza cívica;

- garantizando la independencia de los organismos constitucionales y reguladores; velando por una separación de poderes efectiva;

- y ofreciendo la rendición pública de cuentas y el sometimiento del Gobierno al control del Parlamento.

> Desde estas ideas y principios, el PSOE se compromete, tras las elecciones del 28 de abril, a gobernar España dando continuidad a las acciones del Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sánchez en los objetivos de reforzar la democracia, recuperar el prestigio de la política y devolver la confianza a la ciudadanía en los políticos, partidos e instituciones.

Ello exige desarrollar una nueva cultura de valores democráticos, tarea imprescindible a la vista de la incidencia de los fenómenos del populismo y nacionalismos excluyentes que se extienden por este mundo globalizado, de la intoxicación de las redes sociales o ante las presiones y amenazas que realizan los grandes poderes económicos para condicionar las decisiones de los gobiernos.

Para el PSOE, como partido de la izquierda, regenerar la política y las instituciones es un objetivo que exige ir más allá de combatir la corrupción. Supone poner en marcha procesos democráticos innovadores de cara a posibilitar Gobiernos y Parlamentos abiertos. Y una de las claves de esa apertura reside en empoderar a la ciudadanía, a las entidades y colectivos como interlocutores representativos de la sociedad civil. Una concepción de la democracia que los socialistas denominamos gobernanza relacional y compartida, como nuevo paradigma en el ejercicio del poder.

Por su parte, la transparencia aporta mayor legitimidad a un Gobierno Abierto y significa un instrumento clave para la prevención de la corrupción y para la rendición de cuentas, haciendo posible el control democrático del poder, tanto por parte de la ciudadanía como del Parlamento.

En coherencia, el PSOE se compromete a que un Gobierno del Presidente Pedro Sánchez afronte las tareas pendientes de regeneración democrática, fortaleciendo la democracia participativa, aprobando medidas para combatir y prevenir la corrupción y recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones, en particular en el Parlamento.

Para ello, el Gobierno aprobará un Plan Integral para garantizar la regeneración democrática que incluirá medidas legislativas, de autorregulación y el impulso a otras actuaciones, desarrollando los siguientes cuatro capítulos : 

1- Lucha contra la corrupción y Pacto de Estado.

- Promover un Pacto de Estado que incluya una ley integral sobre la lucha contra la corrupción que incluya la protección del denunciante y que sea fruto del consenso unánime. No obstante, se requieren además otras medidas preventivas en defensa de la integridad institucional que serán también objeto de estudio y formalización.

- Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a través del portal de transparencia respectivo y de la web personal, en cumplimiento de la ley y los códigos éticos para dar a conocer: sus ingresos y declaraciones de renta, bienes, patrimonio e intereses, la agenda pública, viajes realizados con dinero público y su cometido, gestión realizada, iniciativas impulsadas y propuestas presentadas o participadas.

- Regular de manera más efectiva los conflictos de intereses ante el fenómeno de las puertas giratorias, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para la personas interesadas y estableciendo en la ley un periodo de cesantía que pasaría de dos a cinco años para quienes soliciten incorporarse a empresas del sector de actividad privada sobre el que hayan tenido responsabilidades directa de regulación o gestión como alto cargo. La Oficina de Conflicto de Intereses debe actuar verificando las solicitudes con margen de apreciación y actuando como autoridad independiente en la emisión de sus dictámenes. Estos serán públicos en cumplimiento del principio de transparencia, lo mismo que la solicitud del cargo interesado que se someterá a un plazo de exposición al público.

- Por otra parte, deben establecerse las pautas y principios a seguir sobre conductas éticas de los altos cargos mediante normas de autorregulación - lo mismo que para altos funcionarios- , recuperando el Código Ético y de Buen Gobierno que aprobó el Presidente Rodriguez Zapatero, para dotar de una marco de integridad a la AGE.

- Elección consensuada de la Presidencia vacante del Consejo de Transparencia -como autoridad independiente - reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobación de su Reglamento. Acordar vías de colaboración entre el Gobierno y sus Ministerios con el Consejo para garantizar la correcta aplicación de las normas.

- Limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las CCAA supriman los aforamientos en los Estatutos de Autonomía.

2- Un Gobierno Abierto.

Impulsar la estrategia de Gobierno Abierto, que será transversal para todos los ministerios, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos, la participación de la ciudadanía, agentes sociales y organizaciones en una Gobernanza ética, relacional y de colaboración y cooperación entre el conjunto de administraciones en los ámbitos ejecutivo y legislativo.

- Apostar con convicción por el diálogo político y social, tanto con los agentes sociales como en el ámbito parlamentario, en línea con una permanente búsqueda de acuerdos y pactos en los temas de Estado. Perfeccionar la página web de cada Ministerio y el Portal de Transparencia del Gobierno, desarrollando todas sus potencialidades, para que se identifiquen con la estrategia de un Gobierno Abierto.

- Estas herramientas tecnológicas para la comunicación e interacción han de ser espacios abiertos y de referencia, con formatos accesibles a la inmensa mayoría ciudadana y con una información tratada para hacerla comprensible y reutilizable por el gran público. Deberán promover la comunicación directa e interacción entre la ciudadanía y la Administración Pública, a modo de un Portal de Participación Ciudadana en el que las preguntas, propuestas, etc, al Gobierno sean respondidas en un plazo máximo. También servirá para efectuar consultas del Gobierno a la ciudadanía.

- Primar la publicidad activa, publicando toda la información disponible por el Gobierno sin necesidad de que nadie solicite dicha información, siguiendo el principio de que toda información pública debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se vulneren derechos fundamentales.

- Para desarrollar y coordinar las políticas de información, participación y transparencia, así como para garantizar la aplicación y el seguimiento del Plan Integral del Gobierno por la Regeneración Democrática, se creará un órgano dependiente de la Presidencia.

- Aprobación de un Código Ético de conducta a seguir por el Gobierno y un Estatuto de altos cargos, así como establecer desde la autorregulación normas de Integridad institucional para los funcionarios de la AGE.

3- Una democracia reforzada con la participación y la transparencia.

- Para la profundización de la democracia y avanzar en su dimensión participativa, deliberativa y digital, se aprobará por el Gobierno un Código de Buenas Prácticas como guía para la participación de las ONG’s y la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones en la política pública, tanto a nivel del Gobierno de España como en los Gobiernos de Comunidades Autónomas y Locales, sirviendo de referencia el acuerdo del Consejo de Europa en 2009.

- Impulsar una cultura de la participación desde edades tempranas a través de la asignatura de educación para la ciudadanía, así como fomentar el voluntariado y la acción civil. Este voluntariado social y acción civil nunca serán sustitutivos de las tareas y responsabilidades que el Estado debe asumir y garantizar, sino que serán un complemento a las misma.

- Promover y favorecer las actividades de voluntariado en el Tercer Sector Social como una forma de participación en la construcción de un modelo de sociedad más incluyente y solidaria. Se trata de acciones sociales muy necesarias en nuestra sociedad, debiendo garantizar el Estado la independencia, sostenibilidad y viabilidad de su tarea.

- Por otra parte, las administraciones públicas necesitan reinventarse y contemplar nuevas formas de conectar con la sociedad civil, De ahí la necesidad de su relación con las organizaciones sin ánimo de lucro del Tercer Sector Social, que debe llevar a crear los cauces para que sean consultadas y colaboren en el diagnóstico de cara a la toma de decisiones respecto a las políticas sociales públicas; esto es, a participar en el debate social abierto sobre el modelo de sociedad.

- Reformar el sistema de voto ciudadano residente fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del actual sistema de voto rogado.

- De cara a una implementación del articulo 13.2 de la Constitución y aumentar las acciones de integración de la población inmigrante, trabajaremos para aumentar el número de países con los que firmar convenios de reciprocidad para facilitar el voto de la ciudadanía de origen extranjero.

- Elección por el Parlamento - en la parte que le corresponda - de los miembros de los órganos constitucionales y de otros organismos de supervisión y regulación, con criterios no partidistas, en base a los principios de mérito, capacidad, prestigio y consenso amplio para garantizar su independencia, rechazando un sistema de reparto de cuotas entre partidos.

- La transparencia no es compatible con una actitud pasiva de la ciudadanía por lo que hay que incorporarla como materia a la asignatura de educación para la ciudadanía, con el objetivo de construir una democracia madura. Vincularla también a la era digital ante las potencialidades que ofrecen para ello internet y las redes sociales.

- Frente a la opacidad o a las restricciones a la democracia, el PSOE se compromete con una transparencia activa de las instituciones públicas dando cuenta, con rigor, de los actos y decisiones del Gobierno. Y ello es mucho más que una información o publicidad activa de los acuerdos. Se deben justificar las razones de por qué se adoptan o de por qué no, cómo se gestionan las decisiones, con quien se han consultado y cómo se utilizan los recursos presupuestarios.

- Se propondrá una reforma de la Ley General Tributaria para ensanchar la transparencia fiscal, en especial sobre la tributación de grandes empresas, incluidas las plataformas digitales de comercio online, las bonificaciones que reciben, etc.

4- La Reforma del Congreso.

Proponemos la reforma de los Reglamentos del Congreso y del Senado con el objeto de recuperar su prestigio y la plena confianza de la ciudadanía, hacerlos más abiertos y adaptados a las posibilidades que sobre transparencia e información que ofrecen las TIC, corregir las rigideces y desfases del actual parlamentarismo español, dotando de mayor agilidad a su funcionamiento y activando los procesos legislativos.

Se deberá potenciar el papel del parlamentario y facilitar su actividad en la circunscripción electoral para que intensifique la relación con la ciudadanía y las organizaciones del territorio, así como sus funciones de control e impulso sobre el Gobierno de turno.

Los Reglamentos incorporarán nuevos cauces para la consulta y participación de la sociedad y sus entidades de modo que puedan acudir a comparecencias y audiencias en relación con las tareas deliberativas y, en especial, con la función legislativa del Congreso, incorporando también en su web la “huella legislativa” para poder acceder a la tramitación completa de una ley y comprender la justificación de las decisiones y las posiciones de los Grupos.

Promoveremos que la Comisión del Reglamento del Congreso estudie durante cuatro meses, con comparecencias de expertos y la obtención de conclusiones abiertas, los contenidos de una reforma consensuada del Reglamento para superar sus desfases, adaptarlo a las demandas de más democracia de la sociedad y mejorar su funcionamiento.

Deberá incluir las recomendaciones de GRECO; por ejemplo sobre los conflictos de intereses y la regulación de los grupos de presión o lobbys.

Impulsaremos un Código Ético de autorregulación parlamentaria sobre la conducta y buenas prácticas a seguir por los Diputados, como anexo a un nuevo Reglamento del Congreso, que incorpore el principio de integridad institucional.

- Crearemos la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados – Diputado y Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con la Cámara. Un espacio físico y digital desde donde se pueda potenciar la iniciativa legislativa popular, reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación y reconociendo el derecho a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas. Una Oficina donde solicitar, además, información, gestionar peticiones y entrevistas con representantes políticos.

Odón Elorza / Secretario de la CEF de Democracia Participativa y Transparencia.

San Sebastián, 18 de marzo de 2019.