Tras la venta sucesiva de dos paquetes de acciones de ENDESA por los Gobiernos de Felipe González, el Estado aún mantenía en 1988 el 67% de la propiedad y el control público sobre la empresa eléctrica. Sin embargo, fueron Aznar y Rato quienes durante su mandato, iniciado en 1996, procedieron a vender la participación accionarial del Estado en ENDESA. La fiebre privatizadora del PP no tuvo límites.

Después, Aznar fichó en 2011 como asesor externo por la eléctrica Endesa, la empresa que él dejó privatizada en 1998. Aunque también Felipe González utilizó las puertas giratorias para asesorar a otra empresa del sector. Lo mismo que destacados políticos que pasaron a puestos bien retribuidos en empresas privadas de sectores estratégicos. Sin comentarios.

En plena polémica por la descomunal subida de la factura de la electricidad, IBERDROLA se disfraza de empresa verde, con mucho aparato de propaganda y marketing en los medios sobre su actividad. Mientras, vacía algunos embalses que tiene en concesión para hacer caja con la subida generalizada del precio de los suministros de energía.

Además, el Presidente de Iberdrola hace declaraciones contra el Gobierno desde la prepotencia, acusándole de beneficiarse con los impuestos que incluye la factura de la luz que está haciendo el agosto del sector a costa de muchos hogares y negocios. Impuestos que ya fueron rebajados de modo importante por el Gobierno de Pedro Sánchez. Iberdrola, que ya contrató los servicios del comisario Villarejo para otros asuntos, se ha convertido en una entidad con malas prácticas empresariales.

Con la entrada de Aznar al Gobierno comenzó también una política energética del PP contraria a la transición energética y a la sostenibilidad. Supuso siete años perdidos para impulsar las fuentes de generación de energías renovables y depender menos del carbón y del gas.

No puede ser que estando en expansión las fuentes de electricidad provenientes de energías renovables, en especial la solar y la eólica, exista tanta dependencia del gas que exportamos de Rusia y Argelia.

Hemos llegado a una situación inadmisible en la que el Gobierno de izquierdas se ve imposibilitado para negociar cambios en un mecanismo que resulta especulativo y que está acordado por la Unión Europea. Se trata del sistema marginalista de regulación del precio de la oferta de energía en el mercado mayorista. Esta fórmula tiene que explicarse con claridad y transparencia a una ciudadanía confusa. 

Es manifiesta la debilidad del Estado en España. Carece hoy de instrumentos públicos para intervenir en el sector de la energía de cara a la determinación del precio diario en la subasta de la oferta de las diferentes fuentes. Pero si puede estudiar las diferentes propuestas planteadas, analizar su viabilidad y el grado de incidencia en el control del precio del suministro.  

Por tanto, deben aprobarse por el Gobierno y el Parlamento medidas de fondo en relación con el modelo energético español. Se trata de intentar buscar soluciones a una situación injusta, abusiva e inmoral provocada por las empresas del sector eléctrico y en la que los consumidores sufren las consecuencias.

El Estado recuperará hasta 2031 más de 30 centrales hidroeléctricas, algunas explotadas hoy por IBERDROLA. No sería lógico que salieran de nuevo a Concurso, sino que pasaran a ser gestionadas por una empresa pública.

Hay razones para un apoyo total a la creación de una empresa PÚBLICA dedicada a la producción de energía que permita incidir en el precio final de la luz. La transición energética en España, para cumplir con el objetivo de que sea justa, debe llevar al Parlamento a aprobar el cambio de modelo del mercado.

Es innegable que las decisiones de la derecha, en el pasado reciente, frenaron las políticas de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Se frenó el despliegue de la producción de las energías renovables y se desarmó al Estado frente a los intereses de las eléctricas. Conviene no olvidarlo porque las decisiones que no persiguen el interés general acaban pasando factura.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.

San Sebastián, 21 de agosto de 2021. Publicado en elobrero.es

La vacuna de Pfizer/BioNTech cuesta unas siete veces más que la de Oxford/AstraZeneca según informaciones contrastadas. Son 20 euros frente a los menos de 3 euros de la vacuna repudiada por los países ricos. Hasta el punto de que las dosis de AstraZeneca sobrantes o rechazadas en Europa y USA son donadas al fondo solidario Covax de la OMS para los países de renta baja. Un gesto de caridad insuficiente.

¿Cómo se explica esta enorme diferencia de precio? ¿Es acaso la vacuna de AstraZeneca menos eficaz? ¿Además de los casos de trombosis causados por la dosis de AstraZeneca (también de Janssen) con menos de 1 caso por cada 200.000 personas vacunadas con ella, da menor protección o resiste peor las variantes agresivas del COVID-19? Lo que resulta evidente es que, además de la rusa, china y cubana, puede ser la única vacuna accesible por su precio, entre las producidas por las grandes farmacéuticas, a los países más vulnerables.

La actitud de opacidad que sigue la Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, es tan desesperante que no prestigia a la democracia y sí ayuda a las posiciones de los sectores que promueven la antipolítica. Esto se ha confirmado con ocasión del reciente megacontrato que ha firmado con el laboratorio alemán BioNTech, en consorcio con la farmacéutica estadounidense Pfizer, para la compra de otras 1.800 millones de vacunas.

Llueve sobre mojado porque en 2020 la Comisión firmó contratos con diferentes farmacéuticas sin darles transparencia ni rendir cuentas, desoyendo las reclamaciones del Parlamento Europeo. Estoy convencido de que este contrato tampoco añade cláusulas de cooperación global obligada para Pfizer, como la concesión de licencias voluntarias no restrictivas en favor de terceras empresas. Ni se aclaran las condiciones de la adjudicación directa en materia de indemnizaciones en caso de efectos secundarios.

Pfizer pasará una factura de 36.000 millones de euros a la Comisión Europea por el nuevo contrato. ¿Somos ingenuos al pedir control y transparencia? A casi nadie parece interesarle poner fin a la opacidad, como corresponde a la UE y a los Estados democráticos cuando se trata de una operación de tanta coste para el presupuesto público. Por cierto, una duda con mucha miga: ¿donde pagará Pfizer/BioNTech los impuestos de estas operaciones, en qué cuantía y cuándo lo hará?

Para colmo de la inmoralidad han dejado que Pfizer suba el precio de sus vacunas un 20%, aprovechando las necesidades extras de países ricos y el régimen de monopolio que disfruta en el mercado. Recordemos que AstraZeneca quedó descartada para la UE a causa de sus incumplimientos en los plazos de entrega a inicios del presente año.

Mientras en algunos Estados se habla de poner una tercera vacuna de refuerzo (con el empuje de Pfizer, por supuesto), las farmacéuticas no permiten aumentar la producción para hacer llegar la vacuna a los países que aún no recibieron ni la primera dosis. Esto se ha visto en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros no han podido consensuar una suspensión temporal de las patentes con obligación para las farmacéuticas de transferir los conocimientos claves y las tecnologías para producir las vacunas en laboratorios preparados y establecidos en los llamados países del sur.

Por otra parte, ni USA ni la UE harán caso a la petición de la OMS de retrasar la tercera dosis. Y aunque falten datos e informes de la OMS y de la EMA sobre su necesidad, lo que cuenta es la próxima celebración de elecciones en Francia y Alemania.

Lo cierto es que la pandemia está sacando a la luz las flaquezas del sistema democrático ante la insuficiente solidaridad de los Estados en las reuniones de la OMC para garantizar que las vacunas lleguen a todo el planeta. También ha puesto de manifiesto el poder de las grandes farmacéuticas para hacer su negocio y la debilidad de los líderes políticos.

La opinión pública debiera movilizarse ante la demostración de que la pandemia nos sitúa en un estado de emergencia planetaria de larga duración, con 4,2 millones de muertos y 202 millones de infectados. Porque nos supone la vida conseguir que lleguen ya las vacunas de esas miserables farmacéuticas a todos los rincones del planeta. De lo contrario, como se está viendo, el virus seguirá extendiéndose con variantes cada vez más agresivas.

Si la pandemia y la emergencia climática que afectan a toda la población del planeta no nos enseñan a ser una ciudadanía solidaria, y a que los gobiernos establezcan estrategias éticas de cooperación global en los organismos internacionales, es que no tenemos remedio.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 17 de agosto de 2021 / Publicado en infolibre.es

Vivimos en un endiablado escenario global, conectados por igual a incertidumbres, amenazas y desafíos. Salvando las distancias y con la concurrencia de los fenómenos de esta era tecnológica, la comunicación digital, las nuevas élites financieras que abusan de su poder y la emergencia climática, la historia del avance del autoritarismo se repite en España y en toda la humanidad. 

Esta maldita pandemia y las consecuencias del cambio climático nos deberían enseñan a ser más solidarios con los demás habitantes de un planeta compartido y a entender que no tienen sentido las identidades nacionalistas excluyentes y de confrontación frente a los valores democráticos y los derechos humanos.

Las catástrofes que sufrimos cada año con más intensidad son consecuencia del calentamiento global. Me refiero a las grandes inundaciones, olas de calor y sequías, hambrunas y enfermedades, incendios y aceleración del deshielo de glaciares. No hay tiempo que perder para poner remedio a tanto sufrimiento, pobreza y desigualdad. Evitarlo requiere decisiones de los Estados y de los organismos supra estatales -que necesitan ser reformados- para hacer posible una gobernanza democrática de la globalización, con medidas valientes, sostenibles y justas para lograr la supervivencia del planeta.

Sin embargo, observo actitudes en gobiernos, importantes organismos internacionales, medios y redes sociales que no tienen claro que sin cooperación real y solidaridad global este planeta camina sin remedio hacia el caos. Así, mientras en la UE se habla de una tercera vacuna de refuerzo (con el empuje y la inmoral subida de precio de Pfizer, por supuesto), las farmacéuticas no se esfuerzan en aumentar la producción para los países pobres que aún no recibieron ni la primera vacuna.

Por otra parte, sufrimos por doquier una exaltación del extremismo, de estrategias de polarización de la sociedad que cultivan el odio y atacan la convivencia y la paz social, dificultando las transformaciones sociales y los consensos parlamentarios. Buscan extender el miedo.

En España no podemos cerrar los ojos ante el surgimiento del neofranquismo de la mano de Casado & VOX. Los ejes de su estrategia son el desprecio a la democracia y al Estado de Derecho, la difusión de una posverdad sobre el golpe de estado de los fascistas, la creación del enemigo imaginario de España, una idea de la patria excluyente y para la confrontación, un conservadurismo rancio apoyado en la iglesia y la familia tradicional y un discurso del odio para disparar las emociones y agudizar la polarización política.

Junto a la acción de partidos populistas autoritarios y de extrema derecha así como de los movimientos negacionistas y conspiranoicos, hay una corriente de fondo que remueve las bases de las sociedades democráticas. Podría tratarse de un gesto de hartazgo y rebeldía en sectores ciudadanos fruto de la corrupción, el escepticismo ante el futuro y la antipolítica que promueven los populismos.

Quizás asistamos al declinar de la democracia. Impedirlo exige afrontar el reto de democratizar la globalización, actuando desde la cooperación transnacional y la movilización de la sociedad civil contra los nuevos tiranos del siglo XXI. Esos que aprovechan la pandemia, las crisis y el temor a las migraciones para que la ciudadanía renuncie a su libertad a cambio de una falsa seguridad bajo secuestro. Cabe, por el contrario, organizar la resistencia democrática para vencer a los autócratas y a una vida precaria.

Ambas alternativas son posibles.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Publicado en eldiario.es el 2 de agosto de 2021

1. Las amenazas a la democracia y su pérdida de calidad se producen en todo el planeta, lo cual complica el análisis, las soluciones y la búsqueda de liderazgos democráticos para cambiar la tendencia. Bastaría con recordar que China, India y Rusia (y por poco USA, que se salvó en un match ball de la continuidad de Trump, ejemplo del populismo extremista) son grandes potencias mundiales con regímenes dictatoriales o con democracias iliberales y autoritarias. 

Las amenazas a la democracia se extienden por países de todos los continentes, por supuesto también en Europa, y van de la mano del populismo autoritario, el ultra nacionalismo excluyente y la extrema derecha. De ahí que observemos, en estos últimos años, cómo aumenta en las encuestas de organismos internacionales el número de personas que se suman al escepticismo antipolítico y no consideran imprescindible vivir en sus países bajo la cobertura social, de derechos y libertades, de un sistema democrático.

En un tiempo en el que las bases de la democracia se ven también atacadas por el fenómeno de la globalización, es obligado repensar la vieja democracia representativa en el siglo XXI y adaptarla a las demandas ciudadanas de más participación y a los desafíos de la era digital y la emergencia climática. Se trata de avanzar en el objetivo de poner en marcha procesos que permitan democratizar una globalización especulativa y descontrolada.

La democracia ha de ser resiliente y solidaria ante unas incertidumbres que son producto de una globalización que nos plantea una lista de enormes desafíos. Entre ellos, las migraciones, los mercados financieros especulativos y desregulados, la concentración e incremento de la riqueza en unos pocos que va en paralelo al aumento de las desigualdades, la precariedad y la hambruna, la necesidad de prever y planificar la lucha contra las pandemias y otras catástrofes naturales asociadas al calentamiento global, el fanatismo terrorista, la corrupción a todos los niveles, los ataques informáticos que afectan a la economía y la seguridad nacional de los Estados así como la revolución digital con sus efectos en el mercado de trabajo y en los modelos de producción.

Vivimos en un mundo en el que la democracia representativa liberal que respiramos se ve contaminada y despreciada por las nuevas estructuras globales que ni funcionan ni atienden a valores democráticos. La democracia soporta las amenazas de una élite financiera surgida de un capitalismo insaciable y globalizador -con sus fondos de inversión-, las estrategias de las grandes corporaciones multinacionales y las poderosas plataformas digitales. 

Estas instancias de auténtico poder presionan a los Estados y condicionan sus políticas. Juegan a influir en la opinión pública y mediatizar el voto, tutelan el modelo económico, fomentan un mercado especulativo en favor de obtener más beneficios y toman decisiones contrarias al interés general de la población y de las economías nacionales.

Su incidencia en la calidad de la democracia y en la reducción de la soberanía nacional resulta evidente por la prevalencia de los grandes intereses privados y la utilización -con fines de manipulación y del control de las emociones- de las tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial, el uso de los algoritmos y de unas redes sociales que son intoxicadas con la desinformación, la posverdad y las fake news.

2. Para completar el escenario, la democracia arrastra un desgaste crónico provocado por vicios de la política y de los partidos. Entre ellos, la corrupción, los impedimentos a la separación de poderes, los déficits en transparencia y una polarización extrema de la sociedad que se ha convertido en pandemia e impide el diálogo y la convivencia cívica. A lo anterior se suman las repetidas crisis económicas que provocan el desánimo y la desafección ciudadana hacia los políticos e instituciones, favoreciendo en conjunto el discurso populista y la antipolítica.

Hay países en los que la ciudadanía renuncia, por miedo, a libertades y derechos a cambio de “seguridad”. Esos discursos retrógrados y cargados de odio incluso gobiernan bendecidos por las urnas. ¿Asistimos al ocaso de la democracia como antesala de las autocracias, las democracias autoritarias y el resurgimiento de los tiranos?

Es muy preocupante que clases trabajadoras vayan perdiendo peso en esta sociedad posindustrial e interés en participar. Han pasado de ser las principales aliadas de la democracia e interesadas en su permanencia a marginadas de la política y perjudicadas en sus condiciones de vida. Ya hay sectores entre los trabajadores y los excluidos que apoyan alternativas populistas ultras. 

Las incertidumbres y amenazas señaladas exigen la apertura de un debate con generación de ideas y reforzamiento de las políticas de cooperación y solidaridad internacional, tanto para fortalecer las democracias parlamentarias como para construir procesos democratizadores de una gobernanza de la globalización que permita adoptar medidas justas.

3. Antes, el sistema democrático tenía al Estado-Nación como marco de referencia. Ahora, muchas decisiones nacen deslegitimadas al imponerse desde instancias supra estatales alejadas de los Parlamentos, de las reglas democráticas, de la transparencia y del electorado. De ese modo disminuye el control democrático y la participación ciudadana y acentúa la desconfianza popular hacia centros de poder inaccesibles. De ahí que las actuaciones en favor de aportar mayor legitimidad y justicia social a las decisiones de la gobernanza de un planeta dominado por la ideología neoliberal, han de formar parte de una estrategia política global de los Estados con gobiernos democráticos que permita transformar los actuales organismos internacionales.

Es urgente asumir el reto, o mejor la utopía necesaria, de definir un modelo de gobernanza supraestatal para democratizar la globalización económico-financiera. Esta gobernanza requiere la reforma del funcionamiento de organismos como la ONU, el G7, el FMI, el Banco Mundial, la OMC o la OMS, entre otros. Una reforma que resulte eficaz para lograr un orden planetario más igualitario e inclusivo, basado en el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la cooperación transnacional en la toma de decisiones por parte de los organismos políticos y económicos supra estatales.

Recientemente, el G20 y la OCDE, en un escenario en el que todavía se mantiene la elusión fiscal practicada por los poderosos y las multinacionales así como los paraísos fiscales, han aprobado la tramitación por los Estados de un impuesto mínimo para las grandes empresas multinacionales del 15% sobre los beneficios obtenidos en cada país. Aunque se partía de una propuesta del 21%, será el paso inicial de un largo camino que hay que recorrer sin demora para gobernar la globalización de una forma más justa y democrática.

4. Mientras, la izquierda no debería retroceder en la defensa de la igualdad y en la redistribución de la riqueza y del poder como principal estrategia democrática. Solo así impedirán el avance de los populismos autoritarios de diverso corte, los gobiernos de tecnócratas que devalúan el papel de los partidos y las élites financieras del planeta que condicionan absolutamente la economía y se convierten en interlocutores privilegiados de gobiernos débiles. En este contexto, los partidos progresistas no pueden suicidarse desnaturalizando su programa o perdiendo la identidad de sus principios.

La historia se repite. Resistir y transformar este estado de cosas obliga a proponer soluciones de fondo y a movilizar sin complejos a la ciudadanía y a las organizaciones democráticas. Lo que no deben hacer las fuerzas de progreso es apoyarse en la tecnocracia política mediante el uso constante de técnicas de encuesta y mercadotecnia para averiguar qué es lo que la gente quiere escuchar y ofrecerlo en una pseudodemocracia. En esta ingente tarea es imprescindible buscar la alianza y el protagonismo de la sociedad civil organizada en el conjunto del planeta, con sus organizaciones sociales, foros y ONGs que deben jugar un papel de presión, concienciación y movilización en defensa de la democracia.

Es vergonzoso que las vacunas contra una pandemia global no lleguen aún a todos los rincones del planeta por el rechazo de las grandes farmacéuticas y la posición de la Comisión Europea y la OMC a aumentar la producción suspendiendo las patentes. Asistimos a un claro ejemplo de las graves carencias del orden mundial en valores democráticos. Esto pone de manifiesto la trascendencia de que organizaciones civiles de solidaridad, justicia fiscal y derechos humanos presionen con la reclamación de vacunas eficaces para toda la población del planeta y denuncien los intereses económicos de las farmacéuticas y la complicidad de gobiernos.

Son constatables las catástrofes consecuencia del calentamiento global causado por la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de la biodiversidad. Observamos, de manera sorprendente, grandes inundaciones y también grandes sequías, hambrunas y enfermedades, incendios y mayor deshielo de glaciares.

No hay tiempo que perder. Se requieren decisiones planificadas, valientes, solidarias y justas para salvar la vida del planeta y la humanidad. Y ya sabemos que las políticas ecologistas de los Estados solo serán eficientes si forman parte de compromisos ciertos de cooperación en el marco de una gobernanza global compartida. Pero para avanzar en esa dirección necesitamos liderazgos democráticos, personales y colectivos, que movilicen a la ciudadanía democrática.  

Odón Elorza

Diputado por Gipuzkoa y Secretario de Democracia Participativa y Transparencia en la CEF del PSOE.
Publicado en ethic.es , el 28 de julio de 2021.