> El bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales significa un desprecio a las reglas de la democracia por razones de estrategia electoral en su acoso al Gobierno. Y supone una grave paralización de las garantías del sistema institucional consensuado en la Constitución. Con este comportamiento, la derecha se muestra insumisa a las reglas democráticas y aplica una forma sutil de golpismo. La cuestión es cómo romper su juego.

¿Es posible un plan B para romper el bloqueo impuesto por el PP a la renovación de las instituciones? Considero que sí. Habría que recorrer una tramitación contemplada en las normas reguladoras pero aplicando al proceso un talante democrático innovador. Aunque reconozco que no ofrece garantía total de resolver un conflicto de Estado, lo cierto es que las decisiones sobre estos nombramientos no se pueden cocinar al margen del Parlamento (caso Cosidó).

De entrada, quiero subrayar el enorme daño que el bloqueo está produciendo a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas, así como el desgaste que supone para la política y el Parlamento ante la ciudadanía.

La democracia no puede soportar por más tiempo -en el caso del CGPJ son tres años de retraso- que el PP desestabilice la vida pública y lleve a un callejón sin salida la renovación de los órganos constitucionales exigida por la Constitución y por las leyes que los regulan. Hablamos del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Todos son órganos decisivos en la arquitectura de nuestra democracia constitucional que exigen acuerdos transversales.

> La clave del plan B consiste en cambiar el eje de la negociación y el escenario que se ha mantenido hasta ahora, centrados en negociaciones entre los dos grandes partidos, algo más propio de la etapa del bipartidismo. Vivimos un tiempo político en el que hay que trasladar el proceso sobre las designaciones al eje institucional multipartidista del Parlamento, más abierto a la participación de los grupos y más transparente hacia la sociedad.

Se trata de cumplir con el mandato de la ley y lograr que el Parlamento asuma su papel y el protagonismo que le corresponde en una regeneración de la democracia. El artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. ¿Se han tomado medidas? ¿Deben esperar a que PSOE y PP cierren un acuerdo para iniciar el procedimiento? No.

Hace tres años que los órganos de gobierno del Congreso y Senado recibieron del Presidente del CGPJ la lista de los 50 jueces y magistrados que decidieron ser candidat@s para someterse a la designación de los doce vocales del turno de jueces del CGPJ por parte de los Plenos del Congreso y Senado. Para la elección de los cargos en aquellos organismos, el Parlamento debe seguir una metodología que se inicia con la recepción de las candidaturas de los grupos parlamentarios. Además, habría que efectuar, cuando correspondan, las comprobaciones y entrevistas a los candidatos en la Comisión Consultiva de nombramientos, órgano asesor que sirve para deliberar y alcanzar acuerdos que garanticen el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

> En el caso del Congreso, sus instancias de gobierno, Presidencia de la Cámara y Mesa, son responsables de poner en marcha los procesos de cara a la designación de todos los vocales. Una vez que las cúpulas del PSOE y el PP o, si se prefiere, el Presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no han conseguido un acuerdo sobre los términos de las renovaciones pendientes, deben tomar la iniciativa conscientes de que será necesario mucha deliberación, rigor y transparencia.

Todo el Parlamento sabe que las mujeres y los hombres de las candidaturas deben cumplir con los principios de mérito, capacidad e igualdad, de modo que se garantice su competencia, independencia e imparcialidad en el ejercicio del cargo. ¿Es posible un compromiso político que permita el cumplimiento de estos requisitos para una elección que respete el principio del pluralismo y que sea paritaria, con cintura política y superando un reparto por cuotas de partido que ya no puede ser el criterio central de la negociación?

Como Presidenta del Congreso, Meritxell Batet es la segunda autoridad política del Estado y cuenta con facultad negociadora. Tiene, además, la competencia de dictar resoluciones para ordenar con detalle el proceso y suplir las lagunas que ofrecen las leyes y el Reglamento del Congreso. Resolución que ya efectuó quien fuera Presidenta en el año 2000, Luisa Fernanda Rudi. -

Lo cierto es que los Reglamentos del Congreso y Senado no establecen plazos sobre aspectos vitales del procedimiento: plazos para la presentación de candidaturas parlamentarias, para ordenar los trabajos de la Comisión Consultiva y para las votación en los Plenos.

> De todo ello habla Luis Lopez Guerra, Jurista y Catedrático de Derecho Constitucional, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex vicepresidente del CGPJ, en su documento para la Revista de Las Cortes Generales en 2020. Señala que como consecuencia de las carencias de esos reglamentos, “las fases del procedimiento no se ponen en marcha hasta que los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo (usualmente tardío) en virtud del comentado sistema de cuotas. Lo que, como se indicó, viene a convertir a la renovación de órganos constitucionales en una forma de servir a intereses partidistas, mediante retrasos y dilaciones, distinta del objetivo constitucional de mantener, mediante renovaciones periódicas, la legitimidad democrática de esos órganos”. El propio Luis Lopez Guerra propone con rigor argumental un procedimiento de desbloqueo que traduzco como un plan B.

> Por tanto, una Resolución de la Presidenta del Congreso conforme al artículo 32,2 de su Reglamento, aprobada por la Mesa y la Junta de Portavoces, serviría para iniciar y ordenar el proceso de comprobación, deliberación y negociación, fijar el tiempo y los mecanismos de las reuniones de la Comisión Consultiva que examine y debata las candidaturas y poner plazos para la proclamación de candidaturas al Pleno. Propuestas que pueden ir acompañadas de una valoración de la Comisión sobre la idoneidad de las personas candidatas. Todo ello reduciría la capacidad de bloqueo al objetivar los méritos y transparentar las posiciones.

Si el PP decidiera su autoexclusión, negándose a presentar candidaturas, quedaría retratada su falta de cultura democrática y su voluntad manifiesta de actuar a mala fe. Se comportaría como un partido insumiso a la Constitución y a las leyes que ellos mismos aprobaron e impusieron a los demás en 2013 y que ahora - ¡qué desvergüenza! - dicen querer cambiar por puro tacticismo en su acoso al Gobierno. Los demócratas debemos intentarlo.

*NOTA. Documento ya entregado y enviado al Gobierno, a los órganos de dirección del PSOE y a la Presidenta del Congreso.

Odón Elorza

Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa / San Sebastián 1 de octubre de 2021.

                                   A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY con motivo del X Aniversario del final de ETA, para su debate en el Pleno o, en su caso, en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El cumplimiento del X aniversario del anuncio del cese de la actividad terrorista por parte de la organización terrorista ETA, mediante un comunicado el 20 de octubre de 2011 como paso previo a su disolución y desarme, es una oportunidad para que el Congreso reflexione con perspectiva sobre su significado, recuerde a las víctimas y extraiga conclusiones rigurosas sobre lo sucedido.

El final de ETA no contó con una valoración del Parlamento ni se solemnizó como lo que fue: un acontecimiento largamente esperado por la ciudadanía en toda España, uno de los acontecimientos más importantes en la reciente Historia de España, al representar la victoria de la democracia frente al terrorismo de ETA.

Fueron largos años de dolor y sufrimiento, con atentados terribles que provocaron muertos, heridos, damnificados, desestabilización de la vida política española, tensas controversias entre partidos y fractura social en Euskadi.  

El Congreso mandató al Gobierno de Rodríguez Zapatero a desarrollar un proceso dialogado del final del terrorismo sin ofrecer contrapartidas políticas. Un objetivo que se consiguió, permitiendo a la sociedad española, y particularmente a la sociedad vasca, iniciar una nueva etapa de convivencia en libertad.

Por respeto hacia los que lucharon contra la violencia, las instituciones de nuestro país deberíamos aprovechar este X aniversario para poner en valor una de las victorias democráticas y colectivas más importantes de nuestra historia. La del fin de ETA. Una victoria que nos pertenece a todos y todas, victoria que pertenece a nuestra democracia.

En este sentido, el Congreso de los Diputados, órgano de representación democrática por excelencia, y en su nombre la Comisión Constitucional, debe liderar y dejar expresión de este reconocimiento.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Declaración a modo de,

                                         PROPOSICIÓN NO DE LEY.

“El Congreso de los Diputados :

1. Declara que el anuncio del final de la actividad terrorista de la organización ETA, acaecido el 20 de octubre de 2011, supuso una victoria de la democracia y la resolución del reto más grave y complejo que quedaba pendiente desde la Transición a la democracia española, como era la pervivencia del terrorismo que, con su criminal práctica, pretendía condicionar permanentemente la vida política.

2. Conmemora este décimo aniversario del cese de la actividad terrorista desde el respeto, el recuerdo y el reconocimiento responsables a todas las víctimas y sus familias, cuyo dolor y sacrificio nunca podrá caer en el olvido.

3. Revalida el compromiso de todas las instituciones del Estado para lograr el esclarecimiento de los cerca de 300 casos de asesinatos de ETA, cuyos crímenes todavía permanecen sin resolver.

4 Expresa su agradecimiento a las personas y organizaciones que se volcaron en la lucha contra ETA e hicieron posible su derrota. Agradecimiento extensivo a los resistentes que rechazaban el terrorismo, a las FFCCSE, a las instituciones y colectivos ciudadanos, a todas las personas que, en conjunto, defendieron las libertades, la convivencia y los derechos humanos frente a una organización terrorista que quería imponer su ideología y prácticas totalitarias. 

5. Manifiesta que, diez años después, el final de ETA ni tuvo un precio político ni ETA consiguió ninguno de sus objetivos y que la democracia y el Estado de Derecho salieron fortalecidos como culminación de un final dialogado de la violencia que buscaba la desaparición de la actividad terrorista.

6. Reconoce el papel que desempeñaron en el final de ETA, en medio de la incomprensión y acusaciones por parte de sectores de la sociedad española, el ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ex Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el socialista vasco Jesús Eguiguren, entre otros. 

7. Considera que solo un relato de memoria democrática sobre el periodo terrorista garantizará una convivencia en paz que respete las reglas de la democracia e impida que la historia se repita ante la pervivencia en el País Vasco y Navarra de reductos anclados en la cultura de la violencia.

* Pendiente de ser registrada al día de hoy. Finalmente no fue admitida por la dirección del Grupo ni obtuve respuesta sobre las razones de su negativa. 

                                  A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta al Gobierno sobre la compra de 3,4 millones de dosis de vacunas a Pfizer, para que le sea contestada por escrito.

                                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció con ocasión de la Conferencia de Presidentes de las CCAA, celebrada el 30 de julio pasado, la firma de una compra de 3,4 millones de vacunas, que permitirían cumplir con el objetivo del 70% de la población española vacunada durante el mes de agosto de 2021.

En materia de vacunas, tanto a la hora de adquirirlas como de donarlas, la opinión pública española agradece una información clara y transparente sobre las decisiones tomadas y los compromisos existentes.

En base a estas consideraciones, se plantea la siguiente Pregunta para su respuesta por escrito:

¿Cuál es el precio y las condiciones del contrato suscrito por el Gobierno, al parecer, el 29 de julio de 2021 con Pfizer para poder disponer de 3,4 millones de dosis complementarias a las que España recibe por la vía de la distribución que desarrolla la Unión Europea?

En el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2021

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ