Sra Presidenta, Señorías.

Sr Enrique Arnaldo: siendo sincero, he analizado su currículum coma candidato presentado por el PP y por lo que cuenta en él, y por lo que no nos cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar, a la sociedad democrática, la independencia e imparcialidad necesarias en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional.

Para el PSOE y los Socialistas no se trata de vetar a quien tenga una ideología o exhiba un pensamiento político. En expresión de Tomàs y Valiente, “el difícil equilibrio entre las convicciones propias y el razonamiento jurídico es el quid de la jurisdicción constitucional”.

No cuestionamos, Sr Arnaldo, que cumpla las requisitos por sus méritos profesionales de años, su gran capacidad profesional y sus publicaciones. Pero lo que hoy está en juego con los próximos nombramientos es también la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la institución del Tribunal Constitucional.

Hablamos de percepciones importantes sobre su candidatura, dudas aparentes sobre su cumplimiento de los exigibles comportamientos éticos y de buenas practicas por parte de un alto funcionario. Hablamos de sospechas de un claro partidismo político que deben ser objetivadas y, en su caso, aclaradas hoy aquí por usted.

Mi objetivo y el del Grupo Parlamentario Socialista es que usted ofrezca una expectativa razonable sobre la inexistencia de perturbaciones y condicionantes, personales o externos, para hacer bien su labor en el TC con honestidad.

Mis Preguntas buscan aclarar si reúne condiciones para confiar en que será IMPARCIAL a la hora de establecer sus criterios jurídicos, para un ejercicio independiente de su responsabilidad como magistrado del TC.

Sabemos que una politización partidista de los Órganos Constitucionales, a la que dice haber renunciado el Sr. Casado en sus candidaturas -yo no me lo creo- causa un daño irreparable a unos órganos claves al servicio de la Democracia en España.

Por todo ello, le formulo16 Preguntas :

1.Sr Arnaldo, es usted letrado del Congreso. ¿Cuándo obtiene la plaza y cuándo la empieza a simultanear con el trabajo en su despacho particular?

2. ¿Cuándo obtuvo la compatibilidad para trabajar en el ámbito privado desde su cargo en la empresa “Estudios Jurídicos y Procesales” y durante qué periodo?

3. ¿Los trabajos desempeñados desde su empresa para otras administraciones públicas, eran compatibles con el Estatuto del Personal del Congreso, en concreto con el art 60.C? ¿Podemos saber el número de contratos que obtuvo desde 2003 a 2021?

4. ¿Ha respetado en su trayectoria el régimen legal de incompatibilidades?

5.¿Ha obtenido alguna vez la excedencia del Congreso? ¿Cuándo y con qué extensión?

6. ¿Durante cuántos años y hasta cuándo ha realizado actividades privadas gestionando contratos públicos, no compatibles con su plaza de letrado? 

7. ¿Cuándo cesó en el despacho “Estudios Jurídicos y Procesales” de la que era socio administrador?

8. Usted apunta en su curriculum que fue en mayo del año 2017, pero en el BO del Registro Mercantil aparece su cese como administrador solidario de la empresa con fecha de 26 noviembre de 2020. ¿Es esto cierto, o se ratifica en que dejó esa empresa en 2017?

9. ¿Siguió compatibilizando su función como letrado con su trabajo particular entre 2017 y 2020?

10. ¿Sr. Arnaldo, obtuvo o no, un CONTRATO DE SERVICIOS para defensa jurídica, por adjudicación a su empresa desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas (del PP) con fecha 29 noviembre de 2020 por importe de 133.000 €/año y cinco años de duración? ¿Y cómo es posible que usted figure adscrito expresamente al contrato si cesó en su empresa tres días antes según el,Registro?

11. Mantiene Sr. Arnaldo la opinión de que la Ley Orgánica del TC es anticonstitucional y ofrece contradicciones frontales con la Constitución, según analizó en un artículo titulado “ORACIÓN POR EL TC”, publicado el 27 de enero de 2011. ¿En qué basa esa afirmación?

12. No cita Sr. Arnaldo en su carta de presentación sus colaboraciones en el Periódico EL IMPARCIAL del Sr. Ansón, desde 2007. Son 331 artículos de opinión política muy ideológicos y partidistas. He leído este puente unos cuantos y como las recientes tres entrevistas que hace, son “beligerantes contra el Gobierno”; en especial la referida a los estados de alarma. ¿No cree usted que más allá del libre ejercicio de opinión, los 331 artículos pueden llevar a cuestionar su imparcialidad o ser causa de abstención o recusación?

13. Tras constatar su larga y profunda implicación e identificación con la Fundación FAES del PP -de 2004 a 2020-, con elaboración de estudios y documentos, coordinación de cursos y ponencias, no se plantea que le fuera de aplicación como magistrado del TC la Doctrina Pérez Tremps, en el tratamiento y resolución de un buen número de litigios? ¿Estaría dispuesto a abstenerse para evitar posibles recusaciones? ¿Cree usted que su expresada beligerancia le permitirá ser imparcial en el posicionamiento ante ciertos recursos?

14. ¿Es usted militante del PP? ¿Es consciente del caso que aconteció a quien fuera Pdte del TC, Pérez de los Cobos?

15. En las Cuentas de pérdidas y ganancias de su empresa, me refiero a la Memoria del ejercicio de 2019, sigue usted figurando como administrador solidario. Explíquenos esta contradicción con lo que ha declarado.

16. Es partidario de que los jueces elijan a los vocales jueces del CGPJ. ¿Confirma usted el dato que refleja en una entrevista en EL IMPARCIAL, el 24 de octubre de 2020, de que los autodenominados jueces progresista solo representan el 14% del total?

Una pregunto final .. ¿Sr. Arnaldo, es usted un activista del equipo jurídico del PP, a la vista de su destacado papel en la FAES y sus partidistas y continuados artículos en el periódico EL IMPARCIAL contra todo lo que se refiera al PSOE, a la izquierda y ahora al Gobierno de coalición?

Queda la percepción de que, con estos antecedentes y con todo lo publicado, le puede resultar difícil ser, de entrada, un magistrado independiente y ejercer con imparcialidad, que es el alma de la justicia, su función en el TC para conocer de una serie de recursos.

Convénzame, convénzanos de lo contrario respondiendo a todas las preguntas que le he realizado.

La cooperante española María Hernandez, madrileña de 35 años, miembro de la ONGD Medicos Sin Fronteras, estaba trabajando en la región de Tigray (Etiopía) cuando fue asesinada el pasado 25 de junio junto a dos colaboradores locales, Yohannes y Tedros.

María Hernández era una de las coordinadoras de emergencia de Médicos Sin Fronteras en zona de guerra en Tigray (Etiopía), Yohannes Halefom Reda era asistente de coordinación y Tedros Gebremariam Gebremichael trabajaba como conductor. La ONGD perdió contacto con ellos y el coche en el que viajaban la víspera por la tarde y en la mañana del día 25 de junio el vehículo ha sido hallado vacío y, a unos metros de distancia, sus cuerpos sin vida.

El caso de María Hernandez está siendo investigado por la Audiencia Nacional para conocer los hechos y establecer quiénes fueron los autores de su asesinato. Sin embargo, pudiera darse la situación paradójica e injusta de que su familia no tenga derecho a recibir una indemnización del Estado por tratarse de una víctima en un conflicto bélico y no como consecuencia de la acción de un grupo terrorista.

Hoy por hoy, lo cierto es que en la amplia normativa española que puede servir de referencia para las situaciones de riesgo que sufren las personas cooperantes en el desarrollo de su labor humanitaria, como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, o el Real Decreto 519/2006 por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes, no contemplan la situación en la que ha perdido la vida la cooperante María Hernandez en Tigray.

En efecto, aquellas que mueran o sufran heridas de cualquier tipo en el marco de una guerra no dispondrán del derecho a recibir ayudas, prestaciones e indemnizaciones del Estado.

Concretamente, y pese a que el ya mencionado Real Decreto Ley 8/2004 establece un sistema de indemnizaciones cuando se produzca la muerte o daños físicos o psíquicos de la ciudadanía española con motivo de su participación en una operación de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria, él mismo únicamente refiere su aplicación a las y los militares españoles, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al personal al servicio de las Administraciones públicas, no reconociendo el derecho de las y los cooperantes de nacionalidad española que contribuyen con su esfuerzo al efectivo cumplimiento de los derechos humanos en terceros países.

De ahí la necesidad urgente de prever situaciones que se dan en el trabajo generoso y arriesgado de las mujeres y hombres cooperantes, resolviendo una laguna existente en la legislación española mediante la ampliación, tanto de la aplicación del Real Decreto como en la reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del concepto “deber de cuidado” por parte del Estado, traducido en un derecho de protección reconocido para los casos de riesgo hacia las personas cooperantes que resultaran víctimas en una guerra o conflicto armado.

Precisamente, el 29 de diciembre de 2020 el Pleno del Congreso acordó crear, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Subcomisión para estudiar las bases de un nuevo marco normativo que contribuya a actualizar la Ley de Cooperación mediante la aprobación de un informe, lo que aconteció el pasado 29 de junio.

Siguiendo el espíritu ratificado en el mismo, urge proceder a la modificación correspondiente de la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo para que, con efecto retroactivo limitado a 10 años, la situación en la que se encuentran las y los cooperantes que desarrollen su actividad en el extranjero en zonas de conflictos bélicos, se asimile a la de los soldados a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones y deber de cuidado por parte de la Administración del Estado.

En base a las anteriores consideraciones, el Congreso acuerda la siguiente

           
                                                   Proposición No de Ley:

1. Condenar el ataque que ha costado la vida a María Hernandez, cooperante española de la ONG Medicos Sin Fronteras en Tigray (Etiopía) el pasado 25 de junio de 2021, y a sus dos compañeros Yohannes y Tedros, así como transmitir su pesar profundo, la solidaridad y condolencias a sus familias y seres queridos.

2. Instar al Gobierno a que, en tanto no se contemple de forma expresa en la Ley de Cooperación, y dando así cumplimiento al deber de cuidado, las personas cooperantes de nacionalidad española inscritos en el correspondiente Consulado y que sean víctimas en el desarrollo de su actividad como consecuencia de conflictos bélicos, serán asimilados a las condiciones contempladas para los militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal al Servicio de las Administraciones públicas fallecidos en dichas circunstancias, a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones.

3. Instar al Gobierno a que, en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, se incluya el deber de cuidado para con las personas cooperantes de nacionalidad española inscritas como tal en los Consulados, cuyo desarrollo normativo se incorporará en el futuro Estatuto del y de la Cooperante.

Odón Elorza / Diputado del PSOE

San Sebastián 6 de julio de 2021 - ( Borrador de PNL trabajado con Belén Fernández y Magdi Martinez de AECID. Registrada con algún cambio en octubre 2021 )

El 40 Congreso Federal del PSOE revalida un proyecto Socialdemócrata innovador para el siglo XXI. Un modelo político para la izquierda que fue debatido y aprobado en el anterior Congreso tras la grave crisis de identidad del PSOE que se resolvió democráticamente con las primarias y que hoy aparece como un partido unido, sumando a Felipe González y a Antonio Hernando. 

La cumbre del PSOE ha servido, además, para profundizar la idea de una Socialdemocracia más verde, afinar las estrategias sobre la transición ecológica y la transformación digital y apostar por una recuperación justa de la economía y el empleo tras la pandemia. Un objetivo que tiene que ir unido a la formulación de propuestas concretas del Gobierno de España ante los organismos supraestatales responsables de gobernar la globalización, para afrontar la regulación de un Mercado especulativo al servicio de la más rancia doctrina neoliberal.

Además, el Congreso es un encuentro federal que debe servir para reflexionar y deliberar sobre la estrategia a seguir y las medidas imprescindibles -especialmente reformas estructurales de dimensión económica, social y fiscal- para superar los retos globales y defender una democracia avanzada, social y participativa. Un compromiso obligado frente a la amenaza que representa el crecimiento de la extrema derecha y de los viejos populismos nacionalistas. Una amenaza real aquí en España, en Europa y en el conjunto de la Tierra.

Por ello adelanté, por si fuera de utilidad, mi aportación sobre cómo responder a las amenazas contra la democracia. https://odonelorza.com/documentos/ver-documentos/item/1394-ante-el-40-congreso-federal-del-psoe-cómo-defender-la-democracia.html

El Congreso era consciente de que los avances legislativos logrados por el Gobierno de coalición pueden sufrir una marcha atrás y ser reversibles todas las conquistas si ganara las elecciones generales el PP con el apoyo de VOX.

Por tanto, ha sobrevolado durante el fin de semana en la Feria de Valencia la convicción de que la reducción de las desigualdades, el reforzamiento de las políticas públicas y una gestión eficaz y transparente de los fondos europeos que se empiece a percibir en 2023 supondrían la victoria electoral de las izquierdas.

De acuerdo con la tradición socialista de sus Congresos nada hay tan decisivo, para afianzar la complicidad con la ciudadanía progresista, como el libre debate de ideas. Lejos de cualquier tentación de autocomplacencia por lo conseguido hasta el momento desde el Gobierno de coalición  -que es muy importante en medio de una pandemia- se requería un Congreso abierto a los grandes debates que reafirmen nuestra identidad y soluciones en un escenario mundial dramático, con más paro, pobreza, grandes incertidumbres, desigualdades y autoritarismos.

Quiero pensar que la búsqueda de la escenificación de la unidad no ha sido priorizada al imprescindible debate y la reflexión abierta de opiniones. 

Para la izquierda, la política no funciona con análisis realizados desde una burbuja ajena a la realidad social. Los y las Socialistas no olvidamos que la ciudadanía necesita creer en la política. Confiar en una política que garantice, desde los principios y valores democráticos, una vida para las personas con dignidad y libertad así como la supervivencia del Planeta.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.