A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Constitucional.
Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2021.
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
EXPOSICION DE MOTIVOS :
El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 de la CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El principio democrático, esto es, la premisa de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.
La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar a los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del CGPJ (art 567 y ss) le atribuye la designación de los vocales togados.
Además, para que dichos nombramientos de designación parlamentaria reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como estas leyes establecen la duración del mandato y las distintas mayorías reforzadas para proceder a designar a los miembros del CGPJ. El objetivo es que las personas candidatas nombradas lo sean de consenso, promoviendo así el necesario acuerdo plural entre partidos del gobierno y de la oposición.
Por tanto, una vez finalizado su mandato, Las Cortes Generales tienen la obligación constitucional de proveer, mediante los procedimientos establecidos, la renovación de la composición del CGPJ. Sin embargo, por una actitud persistente de bloqueo, se está impidiendo la renovación de un CGPJ que está en funciones desde hace más de tres años.
La fortaleza de una sociedad democrática requiere, como premisa, que la ciudadanía valore y confíe en sus instituciones. Se trata de un intangible sin el cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir las funciones que las normas disponen.
Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y afrontar sin más dilación la renovación de un órgano constitucional, como el CGPJ, en los plazos constitucional y legalmente establecidos. Y hacerlo con pleno respeto a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad judicial, como elementos esenciales de un Estado de Derecho.
El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, hace más de tres años, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una selección de los doce vocales que corresponde al turno de jueces. Esta manera de configurar las candidaturas demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación en el proceso selectivo de las personas que forman parte de la carrera judicial.
En cambio, para la elección de los ocho vocales del turno de juristas como miembros del CGPJ, el Parlamento debe seguir una metodología diferente que se inicia con la recepción, aún pendiente, de las candidaturas de juristas que han de presentar los grupos parlamentarios.
Sin embargo, ni se ha activado la tramitación contemplada en el título XXII del Reglamento del Congreso sobre las propuestas de nombramientos ni se ha aplicado lo previsto en los artículos 567 y 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ambas normas son el punto de partida para poner en marcha el procedimiento, por parte de los órganos de dirección de Las Cortes, y adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en el plazo debido. Al contrario, se ha dejado nuevamente la iniciativa a la vía negociadora entre los grandes partidos.
En todo caso y como requisito de partida, los 20 vocales del CGPJ a elegir deben reunir las condiciones referidas a sus méritos, capacidad e independencia y, por tanto, contar con garantías de imparcialidad en el ejercicio del cargo. De ahí que los procesos de selección exijan, por un lado, que la Mesa de cada Cámara efectúe la comprobación de que se dan los requisitos constitucionales para formar parte de los doce vocales del turno de jueces. Por otra parte, corresponde a la Comisión Consultiva de Nombramientos efectuar los exámenes de idoneidad de los candidatos y candidatas que presentaran los grupos para el turno de los ocho vocales juristas, mediante entrevistas rigurosas de control.
La Comisión de Nombramientos es el órgano que ya intervino en el análisis de idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional. Ese escenario sirve para deliberar y propiciar acuerdos que superen un mero reparto por cuotas partidistas; acuerdos que debieran ser promovidos por los buenos oficios de la Presidencia del Congreso y Senado, dirigidos a lograr el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.
Las Presidencias de ambas Cámaras, conforme al artículo 32,2 del Reglamento, tienen facultades para suplir las lagunas del Reglamento y dictar Resoluciones de Presidencia, como la aplicada en el año 2000 y aprobada por la Mesa del Congreso. Resoluciones que sirvan para establecer los plazos de presentación de las candidaturas, ordenar las comparecencias en las reuniones de la Comisión Consultiva que examina la idoneidad de cada candidato, favorecer mecanismos de deliberación y negociación y poner plazos para la proclamación de los diferentes vocales del CGPJ por parte del Pleno respectivo.
Esta es la metodología a seguir, sobre todo cuando se constata que la negociación externa al Parlamento no culmina a tiempo con éxito. Porque no es admisible que se proponga inaplicar la ley sobre la elección del CGPJ que el propio Gobierno del PP aprobó con su mayoría absoluta en 2013 y que ahora dice querer cambiar en favor de un sistema corporativista para la elección de los doce vocales jueces y magistrados por los propios jueces.
El bloqueo que ha sufrido la renovación de otros órganos constitucionales hasta hace bien poco y casos como los de Cosidó y Arnaldo, han producido un daño a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas, así como un desgaste de la política ante la ciudadanía. Supone, además, un incumplimiento de lo establecido por la Constitución.
El Parlamento, en defensa de la democracia, no puede soportar por más tiempo la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ. Por ello, considera que la elección de los 20 nuevos vocales del poder judicial tiene que seguir, sin más dilación, el procedimiento contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hablamos de órganos decisivos en la arquitectura de una democracia constitucional que necesitan de acuerdos transversales.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
“El Congreso acuerda solicitar la puesta en marcha del procedimiento recogido en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos y en los artículos 567 y 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
Con esta vía se debe poner fin al largo bloqueo contrario a la Constitución e iniciar un proceso protagonizado por el Parlamento, desde la máxima sensibilidad democrática, que vele por el cumplimiento de los requisitos de competencia, experiencia, integridad e independencia, de cara a garantizar la imparcialidad en el ejercicio del cargo por parte de las personas elegidas para el CGPJ”.
