A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre el acceso al ejercicio de los derechos y al disfrute de los servicios públicos en el ámbito digital, para su debate en la Comisión Constitucional.
Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
PNLC-CONSTITUCIONAL-35-29-ELORZA-DERECHOS CONSTITUCIONALES MAYORES-BGF-1222
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Del artículo 14 de la Constitución Española, en concordancia con los artículos 50 y 51 de la CE, se desprende que el ejercicio de los derechos ciudadanos y el acceso a los servicios públicos debe extenderse al conjunto de la ciudadanía, sin que resulte admisible, en dicho ejercicio y acceso, discriminación alguna por razón de edad, sexo, nivel educativo, ocupación o lugar de residencia. Por tanto, hay que actuar para corregir situaciones que perjudiquen a las personas mayores sin cultura digital y a los colectivos vulnerables, respecto a las cuales los poderes públicos tienen el mandato constitucional de promover la igualdad y su bienestar.
Sin embargo, es un hecho que los avances en el proceso de digitalización de determinados servicios básicos, como la banca online o los propios de la administración electrónica, siendo imprescindibles para contribuir al crecimiento, competencia de las personas y modernización del país, han creado una brecha digital con situaciones de exclusión.
El uso de internet mediante gestiones online y otros recursos telemáticos que a muchos ha servido para resolver buen número de gestiones en un mundo de restricciones por la COVID-19, para otros ha resultado un problema. Lo aseguran representantes de organizaciones de personas mayores, como la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).
Estos cambios tecnológicos, acelerados con ocasión de la pandemia, y aplicados en servicios como los bancarios y en las Administraciones para realizar trámites y gestiones, está acarreando consecuencias negativas, principalmente para las personas más mayores sin herramientas tecnológicas ni formación digital, siendo la problemática aún más preocupante si viven solas, residen en zonas rurales o en áreas en declive demográfico. Hablamos de hombres y mujeres que no han aprendido a usar las nuevas tecnologías y a quienes se les está privando de alternativas viables para poder ejercer determinados derechos y acceder a determinados servicios.
Esto viene ocurriendo, por ejemplo, en el sector bancario con la restricción de horarios, el cierre de sucursales y de cajeros, a lo que se une una importante eliminación de la atención personal presencial. Se trata de un fenómeno que ejemplifica una nueva dimensión de la desigualdad y la exclusión: la brecha digital, que el Gobierno ya trata de atajar de raíz con distintos planes y proyectos. Como el Plan Nacional de Competencias Digitales, utilizando para combatir la situación los Fondos Europeos para la recuperación, con 3.593 millones de euros. Este Plan (España Digital 2025) tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía en general y de los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.
De manera complementaria, el proyecto e-Iris, promovido por distintas universidades, organismos y agentes privados, es una iniciativa de la sociedad civil para que nadie se quede atrás en la transición digital. Los “Espacios de Ciudadanía Digital” del proyecto e-Iris surgen como espacios de aprendizaje permanente en las bibliotecas públicas o en otros equipamientos culturales, para dar respuesta a las desigualdades tecnológicas, visualizadas de manera más clara en España durante la pandemia del coronavirus. De esta forma, el sector público y privado y las instituciones educativas se alían para dar respuesta a las necesidades digitales de la ciudadanía, construyendo una alianza estratégica al abrigo del ODS 17.
Es evidente que vamos a un mundo cada vez más digitalizado, en el que está cambiando la forma en la que se ejercen los derechos y se accede a los servicios que nos garantiza la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es un proceso imparable y necesario, que afecta de manera transversal tanto a la Administración Pública como a los servicios que se ofrecen desde el sector privado.
Pero en un momento de transición como el actual, los poderes públicos deben hacer un esfuerzo adicional para asegurar que toda la ciudadanía, esté o no alfabetizada digitalmente, tengan acceso universal al ejercicio de los derechos y al disfrute de los servicios, sin ninguna cortapisa ni discriminación.
La Carta de Derechos Digitales, aprobada recientemente por el Gobierno de España, es consciente de esta realidad y asume este compromiso, al que hace referencia en diversos artículos. Así, el Artículo IX, en su apartado 2, señala: “Los poderes públicos (…) garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones…”.
Y el Artículo XII, apartado 2, establece: “Se promoverán políticas públicas específicas dirigidas a abordar las brechas de acceso atendiendo a posibles sesgos discriminatorios basados en las diferencias existentes por franja de edad, nivel de autonomía, grado de capacitación digital o cualquier otra circunstancia personal o social para garantizar la plena ciudadanía digital y participación en los asuntos públicos de todos los colectivos en mayor riesgo de exclusión social, en particular las personas mayores…”.
También el Artículo XVIII, apartado 4, señala, respecto de las Administraciones Públicas: “Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales y no resulten obligadas a ello, en las mismas condiciones de igualdad”.
Aunque toma como base los avances legislativos realizados en España, principalmente plasmados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Carta no tiene carácter normativo, aunque marca objetivos claros y sugiere políticas específicas para alcanzarlos.
En este sentido, apuesta porque la lucha contra la brecha digital se base en la intensificación de la capacitación y formación en habilidades digitales. Y señala expresamente que, en todo caso, se deben ofrecer alternativas en el mundo presencial para garantizar que en ningún caso se pueda incurrir en discriminación.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, a través de las medidas contempladas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, que toda la ciudadanía, y especialmente las personas más mayores sin competencias digitales básicas y otros sectores de población vulnerable, tengan acceso a un proceso de capacitación y formación digital en espacios cívicos de proximidad y gratuitos que les permita ejercer sus derechos y acceder a los servicios básicos, en igualdad de condiciones y sin sufrir, en ningún caso, discriminación.
2. Promover, para combatir la brecha digital, que aquellos ciudadanos y ciudadanas que por diferentes razones todavía no han podido acceder a competencias digitales o a los medios técnicos para usarlas, y que se encuentran en riesgo de exclusión de la sociedad digital, cuenten con ayudas de asistencia y medios presenciales alternativos, para poder ejercer, en plena igualdad, sus derechos y acceder a los servicios públicos digitales.”
