Odón Elorza

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Nuevas leyes para oxigenar la democracia en España.

El panorama global que observamos nos muestra una fatiga de la democracia. Los discursos autoritarios y las propuestas neoliberales que acrecientan las desigualdades, contribuyen a debilitar el significado de una democracia justa. Por tanto, se impone la defensa y revitalización de nuestro sistema democrático.

La mejor respuesta a las amenazas es más democracia, con la aprobación por el Parlamento de un conjunto de leyes y medidas comprometidas por el PSOE y UP para este mandato de gobierno. De entrada, el papel del Congreso es decisivo para mejorar la calidad de la democracia. Y mejorar su funcionamiento pasa necesariamente por reformar un Reglamento del Congreso que está desfasado y no es un instrumento eficaz para hacer frente a los retos del parlamentarismo democrático.

El Congreso ganará en credibilidad si practica los valores de la democracia y aproxima la política y los políticos a la calle. Tiene que actualizar sus reglas para comunicar mejor la deliberación y producción legislativa, perfeccionar los mecanismos de control al gobierno, promover la función de reflexión del Parlamento, innovar las vías de participación ciudadana así como su modelo de información y transparencia, apoyándose en las tecnologías y su página web. Sin olvidarse de garantizar la integridad y el respeto entre parlamentarios, incorporando un capítulo de sanciones públicas, hoy inexistente, a quienes incumplen el Código de Conducta parlamentaria.

También ha de reforzar su papel político. Así, en relación con el bloqueo a la renovación del CGPJ, si la negociación entre el Gobierno y el PP no avanza, el Congreso debe poner en marcha los mecanismos existentes para tratar de resolver el conflicto.

Dispone del procedimiento para efectuar los nombramientos de Autoridades del Estado, recogido en el Título XXII del Reglamento del Congreso, y la vía de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. 

Por su parte, el Gobierno puede retomar la iniciativa política para movilizar la opinión de la ciudadanía en favor de nuevas leyes que den respuesta a los desafíos de la democracia, evitando que sus enemigos y el clima de crispación consigan degradarla. Son actuaciones legislativas pendientes que forman parte de un plan integral de regeneración de la democracia y en lucha contra la corrupción. Veamos algunas:

> Sobre el aforamiento. Reforma de los artículos 71,3 y 102,1 de la Constitución para reducir el alcance del aforamiento que tienen los parlamentarios y miembros del Gobierno, solo para actos que pudieran cometer en el ejercicio directo de sus funciones y durante el periodo de su mandato.

> Lobbies. Es preciso culminar la vía iniciada para registrar y regular la actividad de los lobbies o grupos de presión ante la Administración General del Estado y Las Cortes. Voto rogado. Modificar la ley electoral para la eliminación del voto rogado para españoles residentes en el extranjero de cara a facilitar el ejercicio del derecho básico a la participación electoral. 

> Ley de Gobierno Abierto. Para garantizar el desarrollo y la continuidad por parte del Gobierno de los procesos iniciados sobre la creación de cauces de participación ciudadana en los asuntos públicos, colaboración en gobernanza interinstitucional, relación entre la administración y la sociedad, rendición anual de cuentas, transparencia, integridad y prácticas de buen gobierno. 

> Ley de la Gobernanza. Su objetivo es desarrollar el modelo institucional de Gobernanza democrática para la toma de decisiones públicas compartidas en la España autonómica, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Se trata de poner en valor, como órganos de cooperación, la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales.

> LOREG. Cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incorporar la regulación de debates electorales obligatorios en la radio televisión pública con ocasión de elecciones generales y europeas. 

> Sobre Corrupción. Ley urgente para la protección de denunciantes y alertadores con el fin de prevenir y perseguir los casos de corrupción, de acuerdo con la directiva europea.

> Nueva ley sobre Secretos Oficiales. Para adaptarla a la actual sensibilidad de una sociedad democrática madura que pone en valor el principio de transparencia y quiere conocer papeles y documentos del pasado aún hoy inaccesibles. 

> La Corona. Presentación de una ley orgánica para garantizar un funcionamiento más democrático, que incluya límites a la actual inviolabilidad absoluta del rey así como la aplicación de la Ley de Transparencia a la Familia Real, de manera que sus miembros tengan que hacer declaración pública de bienes y patrimonio.

Pero para avanzar con éxito en la tramitación de estas medidas, todas ellas de gran complejidad y trascendencia, se requiere un diálogo previo y transversal con otras fuerzas políticas. En su caso, también con organizaciones de la sociedad civil directamente interesadas.

Promover la deliberación será fundamental en la búsqueda de amplios consensos para lograr una tramitación exitosa. La etapa que atravesamos de falta de diálogo, confrontación extrema y polarización no debe desanimar al Gobierno de izquierdas a la hora de intentar llevar a cabo, con voluntad de consensuar, un plan integral de fortalecimiento de la democracia. Dejarlo para otra coyuntura política podría ser un grave error.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 6 de enero de 2022 / Publicado en InfoLibre.es

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Caso Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional: mi intervención en la Comisión de Nombramientos del Congreso (2 de noviembre de 2021).

Sra Presidenta, Señorías.

Sr Enrique Arnaldo: siendo sincero, he analizado su currículum coma candidato presentado por el PP y por lo que cuenta en él, y por lo que no nos cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar, a la sociedad democrática, la independencia e imparcialidad necesarias en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional.

Para el PSOE y los Socialistas no se trata de vetar a quien tenga una ideología o exhiba un pensamiento político. En expresión de Tomàs y Valiente, “el difícil equilibrio entre las convicciones propias y el razonamiento jurídico es el quid de la jurisdicción constitucional”.

No cuestionamos, Sr Arnaldo, que cumpla las requisitos por sus méritos profesionales de años, su gran capacidad profesional y sus publicaciones. Pero lo que hoy está en juego con los próximos nombramientos es también la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la institución del Tribunal Constitucional.

Hablamos de percepciones importantes sobre su candidatura, dudas aparentes sobre su cumplimiento de los exigibles comportamientos éticos y de buenas practicas por parte de un alto funcionario (es letrado del Congreso). Hablamos de sospechas de un claro partidismo político que deben ser objetivadas y, en su caso, aclaradas hoy aquí por usted.


Mi objetivo y el del Grupo Parlamentario Socialista es que usted ofrezca una expectativa razonable sobre la inexistencia de perturbaciones y condicionantes, personales o externos, para hacer bien su labor en el TC con honestidad.

Mis Preguntas buscan aclarar si reúne condiciones para confiar en que será IMPARCIAL a la hora de establecer sus criterios jurídicos, para un ejercicio independiente de su responsabilidad como magistrado del TC.

Sabemos que una politización partidista de los Órganos Constitucionales, a la que dice haber renunciado el Sr. Casado en sus candidaturas -yo no me lo creo- causa un daño irreparable a unos órganos claves al servicio de la Democracia en España.

Por todo ello, le formulo16 Preguntas :

1.Sr Arnaldo, es usted letrado del Congreso. ¿Cuándo obtiene la plaza y cuándo la empieza a simultanear con el trabajo en su despacho particular?

2. ¿Cuándo obtuvo la compatibilidad para trabajar en el ámbito privado desde su cargo en la empresa “Estudios Jurídicos y Procesales” y durante qué periodo?

3. ¿Los trabajos desempeñados desde su empresa para otras administraciones públicas, eran compatibles con el Estatuto del Personal del Congreso, en concreto con el art 60.C? ¿Podemos saber el número de contratos que obtuvo desde 2003 a 2021?

4. ¿Ha respetado en su trayectoria el régimen legal de incompatibilidades?

5.¿Ha obtenido alguna vez la excedencia del Congreso? ¿Cuándo y con qué extensión?

6. ¿Durante cuántos años y hasta cuándo ha realizado actividades privadas gestionando contratos públicos, no compatibles con su plaza de letrado?

7. ¿Cuándo cesó en el despacho “Estudios Jurídicos y Procesales” de la que era socio administrador?

8. Usted apunta en su curriculum que fue en mayo del año 2017, pero en el BO del Registro Mercantil aparece su cese como administrador solidario de la empresa con fecha de 26 noviembre de 2020. ¿Es esto cierto, o se ratifica en que dejó esa empresa en 2017?

9. ¿Siguió compatibilizando su función como letrado con su trabajo particular entre 2017 y 2020?

10. ¿Sr. Arnaldo, obtuvo o no, un CONTRATO DE SERVICIOS para defensa jurídica, por adjudicación a su empresa desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas (del PP) con fecha 29 noviembre de 2020 por importe de 133.000 €/año y cinco años de duración? ¿Y cómo es posible que usted figure adscrito expresamente al contrato si cesó en su empresa tres días antes según el Registro?

11. Mantiene Sr. Arnaldo la opinión de que la Ley Orgánica del TC es anticonstitucional y ofrece contradicciones frontales con la Constitución, según analizó en un artículo titulado “ORACIÓN POR EL TC”, publicado el 27 de enero de 2011. ¿En qué basa esa afirmación?

12. No cita Sr. Arnaldo en su carta de presentación sus colaboraciones en el Periódico EL IMPARCIAL del Sr. Ansón, desde 2007. Son 331 artículos de opinión política muy ideológicos y partidistas. He leído este puente unos cuantos y como las recientes tres entrevistas que hace, son “beligerantes contra el Gobierno”; en especial la referida a los estados de alarma. ¿No cree usted que más allá del libre ejercicio de opinión, los 331 artículos pueden llevar a cuestionar su imparcialidad o ser causa de abstención o recusación?

13. Tras constatar su larga y profunda implicación e identificación con la Fundación FAES del PP -de 2004 a 2020-, con elaboración de estudios y documentos, coordinación de cursos y ponencias, no se plantea que le fuera de aplicación como magistrado del TC la Doctrina Pérez Tremps, en el tratamiento y resolución de un buen número de litigios? ¿Estaría dispuesto a abstenerse para evitar posibles recusaciones? ¿Cree usted que su expresada beligerancia le permitirá ser imparcial en el posicionamiento ante ciertos recursos?

14. ¿Es usted militante del PP? ¿Es consciente del caso que aconteció a quien fuera Pdte del TC, Pérez de los Cobos?

15. En las Cuentas de pérdidas y ganancias de su empresa, me refiero a la Memoria del ejercicio de 2019, sigue usted figurando como administrador solidario. Explíquenos esta contradicción con lo que ha declarado.

16. Es partidario de que los jueces elijan a los vocales jueces del CGPJ. ¿Confirma usted el dato que refleja en una entrevista en EL IMPARCIAL, el 24 de octubre de 2020, de que los autodenominados jueces progresista solo representan el 14% del total?

Una pregunto final .. ¿Sr. Arnaldo, es usted un activista del equipo jurídico del PP, a la vista de su destacado papel en la FAES y sus partidistas y continuados artículos en el periódico EL IMPARCIAL contra todo lo que se refiera al PSOE, a la izquierda y ahora al Gobierno de coalición?

Queda la percepción de que, con estos antecedentes y con todo lo publicado, le puede resultar difícil ser, de entrada, un magistrado independiente y ejercer con imparcialidad, que es el alma de la justicia, su función en el TC para conocer de una serie de recursos.

Convénzame, convénzanos de lo contrario respondiendo a todas las preguntas que le he realizado.

 

* NOTA: mi intervención estaba limitada a 5 minutos y no tenía derecho a repreguntar. 

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Ante las amenazas a la democracia, los derechos sociales y las libertades, no caben los silencios.

A las amenazas a la democracia provenientes de fuerzas políticas carentes de convicciones democráticas, y me refiero a los populismos trumpistas, a las fuerzas ultras y a los nacionalismos excluyentes, se suman los efectos negativos que provocan el aumento de la desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida y en el empleo de millones de personas.

Además, los procesos de transición energética en respuesta a la emergencia climática, la necesidad de la descarbonización y la imparable transformación digital pueden conllevar, de inicio, ajustes de empleo en algunos sectores ante lo que habrá que adoptar medidas concertadas con antelación, mediante políticas y nuevos proyectos sostenibles de futuro que garanticen una transición justa sin dejar gente atrás. 

No olvidemos que esta situación se produce en el escenario de una globalización desregulada y especulativa que ha agravado las desigualdades, devaluado el papel de las instituciones estatales y eliminado la capacidad de control y participación de la ciudadanía en las grandes decisiones. 

Salvar la democracia requerirá de los gobiernos de progreso la máxima sensibilidad en favor de una democracia justa, avanzada en lo social y en la concepción de unas prácticas políticas de participación y transparencia como corresponde a un Estado de Derecho. Además, necesitaremos espacios articulados y abiertos a la sociedad civil en donde surjan ideas, iniciativas y propuestas de acción transversal que movilicen a los demócratas para defender el sistema democrático.

Las amenazas a la democracia provienen del avance de ese magma configurado por los populismos, los nacionalismos de confrontación y excluyentes y la extrema derecha. Lo que pretenden es recortar la dimensión del sistema democrático para propiciar un Estado débil incapaz de sostener políticas públicas.

La situación descrita se produce en una coyuntura plagada de incertidumbres vitales y de inseguridades. Un escenario ideal para el avance de los populismos más extremistas. Si a lo anterior se une el incremento de las desigualdades, las corruptelas y los abusos de poder y la desinformación, lo previsible es que aumente el descontento y la desconfianza en las instituciones de la democracia por parte de sectores crecientes de una población que sufre, además, la fatiga de una larga pandemia y la preocupación ante los nuevos retos y transiciones del siglo XXI.

En España hay muchos patriotas exaltados, seguidores de Trump, Orbán, Le Pen, Salvini, Putin o Bolsonaro que ya han salido del armario y que actúan tanto en la calle como en las instituciones. Los abanderados de la democracia iliberal o autoritaria los tenemos en las instituciones (Ayuso es otro ejemplo) y están incrustados en los más importantes aparatos del Estado y en sus cloacas.

La cuestión es cómo responder a esa amenaza real y cómo hacerlo también desde la sociedad organizada. Porque no es suficiente trabajar solo desde las instituciones y los partidos. De ahí la necesidad de crear una Red de ideas para la Democracia, a modo de movimiento cívico, abierto y transversal. Hablo de una herramienta apartidista que hoy no tenemos y que deviene imprescindible para fomentar la movilización y el activismo cívico de los demócratas.

El objetivo es que las fuerzas e intelectuales progresistas, junto a los movimientos democráticos de la ciudadanía, se movilicen para lograr mejoras sustanciales en el funcionamiento de la democracia y una gestión de gobierno que sea justa, eficiente y transparente.

Desde la vigencia de sus principios, hay que superar un enfoque reduccionista de la democracia formal representativa y atender las demandas de más democracia por parte de una sociedad crítica con el sistema. La democracia del siglo XXI tiene que ser la herramienta imprescindible para perfeccionar la toma de decisiones aplicando principios de justicia social, participación, transparencia, integridad y rendición de cuentas.

Es preciso, en definitiva, garantizar la separación de poderes mediante la elección, en base a criterios de independencia e imparcialidad, de los miembros de los órganos constitucionales y supervisores. A la vez, se deben aprobar mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción y medidas que permitan avanzar en una fiscalidad realmente progresiva. Igualmente, hay una compleja tarea pendiente referida a la regulación de la globalización económico-financiera creando mecanismos para una gobernanza supraestatal democrática y de control sobre las grandes empresas e influyentes plataformas tecnológicas.

Una democracia que no actúe para combatir las desigualdades o plegada a los interesas del poder, político o económico, no resolverá sus limitaciones. La involución, como alternativa a un modelo de democracia justa y avanzada, significará, por contra, un regimen político autoritario sometido a los líderes autócratas y unas sociedades con niveles insoportables de injusticia social.

Aún estamos a tiempo, los demócratas, de reaccionar y evitar nuevos episodios del asalto al Capitolio.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 12 de mayo de 2022. 

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La crispación y el discurso catastrofista como estrategia de acoso al Gobierno.

La estrategia del todo va mal por culpa de “un Gobierno social-comunista que pacta con terroristas”, se apoya en la crispación política y en los discursos de odio. Además, fuerzan un relato catastrofista de la situación aderezado con denuncias populistas falsas e incluso antisistema. Esto lo hacen quienes proponen como alternativa las recetas neoliberales más rancias de Trump y un nacionalismo español ultra y excluyente. ¡Otro más! 

Nada es improvisado. Quieren hacer caer a la población en el fatalismo aprovechando el bajo estado de ánimo de la ciudadanía y, en especial, de quienes lo están pasando mal en tiempos de incertidumbre y tristeza. Tiempos de confusión.

Pero el escenario que tratan de recrear no debería ocultar un horizonte cierto de esperanza colectiva para 2022. Me refiero a que los Presupuestos del Estado, los plazos para cumplir con los refuerzos de vacunas, la reforma laboral consensuada con los agentes sociales y los Fondos Europeos para una recuperación económica justa, son cuatro herramientas decisivas que, bien gestionadas y explicadas, desarrollando los mecanismos de control en el Parlamento, supondrán para la ciudadanía “inyecciones de optimismo” y de transformación social y económica.

Por estas razones, los demócratas progresistas no podemos caer en el derrotismo. El Gobierno de izquierdas tiene ante sí una gran oportunidad para recuperar apoyos y confianza si trasciende del ruido y actúa con la máxima empatía, sensibilidad democrática y humildad. Ya lo hizo con ocasión de la primera etapa de la COVID-19, con las oleadas más duras, poniendo en marcha el escudo social y aprobando un paquete de medidas socio-económicas que nunca hubieran acordado las fuerzas de la involución.

Veamos cómo se traduce la crispación en relación con la pandemia. Se acaban de aprobar por el Gobierno, tras debatir y consultar con la Conferencia de Presidentes, algunas medidas importantes para frenar la nueva ola de contagios que provoca la variante Ómicron. En especial, se han acordado compromisos fundamentales para la vacunación infantil, la aplicación de la tercera vacuna y los refuerzos de personal sanitario.

Sin embargo, lo que ha quedado es la bronca sobre una cuestión menor y opinable: la polémica sobre el uso de las mascarillas en el exterior. ¿Cuál es la razón de tanto ruido mediático! Sucede que PP & VOX y Cs están instalados en la bronca por la bronca, haga lo que haga el Gobierno y alejando el debate de las cuestiones importantes. El estado de ansiedad y creciente hastío de la población no puede ser agravado por controversias políticas interesadas.

Mientras, arrecian los disparates de la Presidenta de Madrid, Sra. Ayuso, una alumna aventajada de Trump. Ante sus diarias provocaciones, hay que expresar todo el apoyo y el aplauso para el personal de la Sanidad Pública, necesitada de refuerzos de plantilla, especialmente en la asistencia primaria y en urgencias. Un servicio público básico que, lo mismo que las variadas restricciones que pueden adoptar para frenar los contagios, es competencia de unas CCAA a quienes el Gobierno de izquierdas viene aportando una ayuda de miles de millones. Otra cosa es a qué los destina la Presidenta del populismo.

Pero lo fácil es despistar las responsabilidades tras una polémica torpe sobre las mascarillas que, por cierto, el Gobierno no midió bien. Lo más importante para materializar una recuperación justa va a llegar. No perdamos, por tanto, la capacidad colectiva de soñar y luchar, sabiendo distinguir que lo que nos jugamos son avances históricos en favor de reformas estructurales del país y de una democracia más justa, igualitaria y transparente.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 24 de diciembre de 2021

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