A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la defensa de la cultura del diálogo, para su debate en la Comisión Constitucional.
Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2022.
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
EXPOSICION DE MOTIVOS :
La Constitución de 1978 es la norma clave que hizo posible la restauración de la democracia en España. Su aprobación fue posible por la capacidad de diálogo y negociación de aquellos lideres, por las renuncias de los constituyentes defensores de la democracia y por la voluntad de consenso y concordia mostrada por la gran mayoría de los partidos políticos ante una sociedad ilusionada.
Aquel espíritu constitucional permitió crear un clima de consenso político y social que pasó a convertirse en un modelo a seguir para afrontar los grandes retos y los conflictos de Estado.
En la actualidad, España se encuentra en otra encrucijada. Vivimos un tiempo de crisis de la política, de retos colectivos e incertidumbres que provocan inseguridad. La sociedad experimenta profundos cambios y una creciente desigualdad en el marco de la globalización; necesitamos transformar nuestro modelo productivo promoviendo la transición energética y la digitalización; y somos conscientes de las dificultades que comporta una gobernanza compartida en un Estado plural que precisa de mayor cohesión.
Acertar en las soluciones democráticas exige actuar con lealtad al interés general de la población y un esfuerzo colectivo en favor del diálogo, el entendimiento y la generosidad intelectual. De lo contrario, España quedará descolgada de los países de vanguardia en Europa.
Es preciso consensuar las respuestas a los graves efectos provocados por la pandemia de la COVID-19 en la vida de millones de personas y en las empresas; respuestas a la oportunidad histórica de gestionar con acierto, eficacia y transparencia las ayudas solidarias y extraordinarias de los Fondos Europeos destinados a una recuperación económica justa, lo que demanda acuerdos con un elevado grado de unidad institucional; a la compleja tarea de gestionar procesos de transición ecológica y energética para responder a la emergencia climática; a la gestión de la descarbonización en favor de un desarrollo sostenible sin que empobrezca o perjudique a los territorios que han dependido del uso del carbón; así como a los procesos de transformación de la economía productiva provocados por la digitalización de la sociedad.
Pero, además de estos trascendentales retos, existen otras cuestiones pendientes, como la reforma de la Constitución y la reforma del Reglamento del Congreso. Sin olvidar el desbloqueo de la renovación del CGPJ. Asuntos diferentes pero que requieren un amplio consenso transversal y a los que los actores políticos, todavía hoy, no encuentran una salida. Es más, casi nadie se atreve a dar un primer paso porque no se aprecian condiciones para avanzar ni se da el clima apropiado para el diálogo.
Se trata de un conjunto de situaciones que presentan enormes dificultades e intereses enfrentados y que exigen altura de miras por parte de las fuerzas políticas, sentido de la responsabilidad de Estado y formas de acción política que sean coherentes con los valores de la democracia. Todo ello será necesario para extender el consenso social.
Las reformas profundas, que tenemos que debatir y aprobar en el Parlamento, han de concitar el apoyo de amplias mayorías sociales y parlamentarias para garantizar la permanencia de las reformas y de las leyes en las que se sustenten. Solo si se construyen desde la lealtad, el diálogo y el consenso podremos dar estabilidad a las reformas.
Las respuestas políticas precisas y la mejor defensa de los intereses generales de España y de la ciudadanía precisan, en este escenario, una predisposición al diálogo, a la búsqueda del consenso y a los pactos por parte de la pluralidad de fuerzas políticas democráticas, de gobierno y de oposición. Una apuesta explícita por el pacto, realizada con voluntad de pedagogía pública, ya que también han de contribuir las fuerzas económicas, sociales, los intelectuales y los medios de comunicación.
No olvidemos que se trata de problemas que tendrán continuidad y de actuaciones políticas públicas que deberán prolongarse en el tiempo. Por tanto, las leyes que se acuerden han de nacer con el mayor consenso y la mayor legitimidad posible como garantías de su permanencia más allá de las alternancias de gobierno.
Precisamente, la aproximación a parte de esos valores democráticos han permitido alcanzar, recientemente, acuerdos de gran significación que marcan el camino a seguir y ayudan a reforzar la confianza en la política. Es el caso del pacto social y político alcanzado entre los agentes sociales sobre la Reforma Laboral, las medidas iniciales aprobadas por el Congreso en relación con la declaración del Estados de Alarma para luchar contra la pandemia y sus efectos en la vida de las personas y en la economía del país o el acuerdo del Pacto de Toledo para garantizar la actualización y sostenibilidad de las Pensiones. Sin embargo, el consenso no fue posible.
La realidad es que esta crisis política, acompañada de actitudes de bloqueo permanente, sectarismo así como de discursos de odio, está afectando a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y dificulta las respuestas a los problemas señalados.
La confrontación institucional más radical, la desinformación, la crispación alimentada artificialmente desde los foros políticos se traslada a la sociedad y a las calles, generando una absoluta polarización social, mediática y digital. Esa situación no favorece la defensa eficaz del interés general de España ni la recuperación del prestigio de las instituciones democráticas.
En definitiva, el dialogo es un valor ético de la política y el método para alcanzar consensos ante los conflictos; por tanto, es consustancial a la democracia. Por esa vía tenemos que avanzar en el logro de pactos de convivencia y progreso para efectuar grandes reformas estructurales que favorezcan el desarrollo del Estado del Bienestar y el fortalecimiento del Estado social y democrático de Derecho, elementos básicos de nuestra arquitectura constitucional.
De ello debe deliberar esta Cámara: sobre la importancia decisiva de la cultura de diálogo para propiciar otro escenario político y evitar que la democracia se vea desbordada por la pérdida de cultura cívica y la práctica de la antipolítica.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY.
“El Congreso insta al conjunto de fuerzas políticas democráticas a perseverar en la defensa de la cultura del diálogo, negociación y pacto entre diferentes, así como del buen gobierno apoyado en la aplicación de valores democráticos como la lealtad al interés general del país y su ciudadanía, la voluntad de entendimiento y consenso social, la búsqueda de la convivencia cívica, la honestidad y la transparencia. De modo que, en la encrucijada histórica que atraviesa España, la cultura política de diálogo sea la mejor herramienta de los actores políticos para despejar incertidumbres, avanzar en una democracia integradora y afrontar, con sentido de la justicia social y permanencia, los nuevos desafíos, las grandes reformas y las transiciones que plantea a España este siglo XXI.”
