Se ha producido una inesperada declaración del Presidente de Gobierno, Pedro Sanchez, que significa un giro de su posición y la del PSOE sobre el largo conflicto del Sáhara Occidental.

Esta decisión se ha conocido después de que el Palacio Real de Marruecos haya difundido, en parte, la carta en la que Pedro Sánchez afirmaba que el proyecto de autonomía ofrecida por Marruecos como solución para el Sáhara Occidental es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”.

Seguramente, ante un cambio de tanta envergadura, era imprescindible cuidar las formas del anuncio y partir de un diálogo con todas las partes del conflicto y con los principales partidos en España para evitar que el Presidente se quedara sin apoyos. Más aún estando el rey marroquí de por medio, quien no tuvo a bien votar la resolución de la ONU que condenaba la invasión de Ucrania por Rusia.

El Sáhara Occidental estuvo sometido a una administración colonial por parte de España - hasta 1975 - y después por Marruecos tras la ofensiva de una “Marcha Verde” de ocupación ilegal del territorio. Por ello, la ONU le viene reconociendo al Pueblo Saharaui su derecho a un referéndum de autodeterminación. Algo que, desde el principio, Marruecos no aceptó y que luego se dedicó a impedir proponiendo para una consulta un censo de población fabricado a su entera conveniencia.

Se aducen razones de Estado y el contexto de la guerra en Ucrania para explicar este giro. Razones de seguridad para proteger las fronteras españolas, de un control real de la migración por parte de Marruecos hacia España/Europa, de mejorar las inestables relaciones entre España y Marruecos, y de cuidar las actividades económicas y comerciales entre ambos países. Aunque no se conoce, todavía, si tendrá repercusiones negativas en la relación con Argelia.

Trump fue primero, Biden lo hizo después. Luego Francia y Alemania apoyaron el plan marroquí consistente en conceder una autonomía que, además de difusa, no garantiza nada a poco que se conozca el desapego del rey marroquí por la democracia y los derechos humanos. Pero eso no importa.

Es un cambio de actitud de España, por boca de su Presidente, de gran calado político. Porque han sido años de progresivo alejamiento de una posición de cierta complicidad inicial con el Pueblo Saharaui, posición ratificada en todos los programas electorales y congresos del PSOE.

Es sabido que la razón de Estado no repara en sentimientos, emociones o lealtades. Es triste pero cierto. Se trata -dicen- en un contexto de guerra en Europa dominado por la inseguridad y las incertidumbres, de apostar por el pragmatismo la prevalencia de la geoestrategia.

Siempre pensé que los Socialistas podíamos abrazar causas justas como la del Pueblo Saharaui, una pieza diminuta en el tablero mundial. Por eso a algunos Socialistas nos costará cambiar el paso y aceptar de modo sumiso esta cesión a las pretensiones de Marruecos tras su conocida presión y su juego sucio durante años.

El PSOE no es un ejercito de silencios ni una confesión religiosa movida por la fe. Es una organización plural de izquierdas en la que siempre se ha considerado como una necesidad el debate de las discrepancias y de los cambios relevantes, sin zaherir a nadie ni contravenir resoluciones de sus congresos.

Sé que a los estadistas les parecerá ridículo, en un planeta acelerado y sometido a crisis sucesivas en el que no hay espacio para los sentimentalismos, ponerse a defender una causa solo porque sea justa. ¿Qué valor alcanzan en el mercado político los principios o los ideales a la hora de defender a un Pueblo que solo puede disponer de arena al no poder acceder a la pesca o a otras riquezas existentes en su territorio ocupado?

En mi opinión, es más importante mantener la coherencia personal en la vida política que plegarse a cambios de posición, sin ningún debate, que tratan de justificar en base a las conveniencias de supuestas razones de Estado.  

A cada generación le dejan huella, en su proceso de formación política, experiencias personales. En mi caso la de practicar la solidaridad y la complicidad con la causa de un Sahara Libre. Por eso, al pasar los años te resistes a cambiar el paso a toque de silbato y aguantas desprecios por actuar como defensor de causas imposibles -para ellos- frente al pragmatismo imperante y la primacía de la geoestrategia.

Me duele el abandono de una justa causa, como la del Sáhara. Y no renuncio a ella porque los estadistas ilustrados la consideren inútil al verla como una causa perdida o irresoluble. No se puede desconocer que la militancia en un partido de izquierdas, sobre todo cuando se piensa en voz alta y se razona en escritos públicos, exige un ejercicio de permanente reflexión, espíritu crítico y coherencia. Aunque, en ocasiones, exija hacer equilibrios para continuar.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Publicado en infolibre.es / 21-3-22

La izquierda con sus políticas de progreso se la juega en un tiempo de retroceso de la democracia en el planeta y de avance de postulados y gobiernos neoliberales y autócratas. Estos persiguen acabar con el Estado Social de Derecho e imponer modelos viciados de “democracia autoritaria”.

En el contexto de las diferentes crisis, una pandemia que casi paralizó el planeta y, ahora, una guerra en Ucrania cuyos efectos son una inflación alarmante, la subida de precio de los combustibles y de la cesta de la compra, entre otras consecuencias, favorecen en la ciudadana la sensación de inseguridad y el desánimo.

Asistimos a una mezcla de fatiga y desconcierto entre una población, irritada por las malas noticias y la crispación política. También se constata una mayor desconfianza de la sociedad hacia los poderes, políticos y económicos, ante la complejidad de retos como la emergencia climática, la transición energética, la transformación digital y las incertidumbres que pueden condicionar los proyectos de vida y felicidad de las personas. Con este panorama se impone que la izquierda reflexione sobre qué hacer para recuperar la confianza de la mayoría social.

En el escenario español se sitúan, además, las consecuencias del disparatado proceso independentista en Cataluña que provocó, en el conjunto de España, la explosión del nacionalismo español de VOX y arrastró al PP. Sufrimos la manipulación constante que hace una derecha desleal de la indudable derrota del terrorismo de ETA en 2011 y sin que lograra ninguna ventaja política. Aún arrastramos una pandemia que, en defensa de la salud, conllevó restricciones lógicas a la libre movilidad y provocó una increíble sentencia del Tribunal Constitucional.

Por si fuera poco, debemos hacer frente a las consecuencias de una guerra provocada por Putin en Ucrania que, además del sufrimiento humano -que nos es muy próximo-, ha vuelto a poner en crisis la economía mundial.

Se dan otras circunstancias como la distorsión informativa de los medios que practican el acoso al Gobierno, la confrontación y el desprecio a los intereses generales que practican las derechas y que se proyectan en un Congreso que se queda sin espacio para alcanzar consensos, las movilizaciones sectoriales contra el Gobierno y, de nuevo, más casos de corrupción del PP cuya investigación siempre avanza con lentitud.

En este endiablado escenario, el Presidente Pedro Sánchez ha tenido que buscar el apoyo de grupos como ERC y Bildu para sacar adelante presupuestos, leyes sociales y medidas progresistas. Esto ha servido para que PP y VOX acusen a Sánchez de falta de legitimidad de su gobierno y para que, incluso, algunos votantes socialistas vean con recelo esos apoyos. Pero no había otra opción y el Gobierno de izquierdas ha actuado correctamente.

Asistimos a una tormenta perfecta que es alimentada por las propuestas económicas neoliberales y trumpistas, la actitud populista irresponsable del PP ante la UE poniendo en riesgo la obtención de los Fondos Europeos para la recuperación y los discursos de odio enmarcados en la posverdad de VOX.

Las propuestas de Feijóo tienen como bandera central la exigencia de bajar los impuestos y debilitar el Estado protector. Toda una estrategia que se apoya en la manipulación de los datos económicos y de empleo para desestabilizar el Estado de Derecho y hacer caer al Gobierno. Mientras, el PP - ayer fue Casado y hoy Feijóo - practica un blanqueo descarado de la ultraderecha. Lo confirma la entrada de VOX en el Gobierno de Castilla y León.

Estos acontecimientos marcan un periodo político en el que el Gobierno de izquierdas ve dificultada la capacidad de comunicación sobre su gestión. Así no resulta fácil poner en valor los esfuerzos continuados del Gobierno para destinar más recursos a crear una red de cobertura social para los sectores más desprotegidos frente a los efectos de la pandemia y la guerra. Tampoco es fácil un conocimiento amplio de las numerosas leyes progresistas acordadas en el Congreso. Y cuesta fijar un relato con el que mantener el liderazgo democrático de la regeneración institucional, basado (me atrevo a resumirlo) en la defensa de una democracia justa.

En este planeta convulso en el que se da la paradoja de que los enemigos de la democracia esgrimen la bandera de la libertad (será para tomar cañas), la izquierda ha de reforzar la batalla cultural que es la batalla de los principios y las ideas. Hablo de educar y hacer pedagogía sobre los valores democráticos.

Valores como la solidaridad, la igualdad y la cooperación que solo se pueden traducir en medidas sociales concretas mediante políticas fiscales claramente progresivas. Se trata de lograr una redistribución de esfuerzos y beneficios en favor de la mayoría social y para reducir las desigualdades y la precariedad. Los impuestos, digámoslo sin complejos,  son la garantía de la oferta de buenos servicios públicos en educación, sanidad, pensiones públicas y vivienda.

Seamos conscientes de que en un mundo interdependiente solo la gobernanza democrática hará posible regular los mercados de una globalización descontrolada mediante organismos supraestatales representativos. Y frente al autoritarismo y los tiranos es imprescindible fortalecer el papel de los Parlamentos nacionales con un modelo de funcionamiento abierto, eficaz, participativo y transparente.

Los partidos de ultraderecha, con la complicidad del PP, son ya una amenaza real de involución y de retroceso constitucional.

El neofascismo del siglo XXI, escondido bajo un discurso ultra nacionalista español, populista y anti europeo, disfrazado en ocasiones de antisistema, está hoy más normalizado que nunca. En especial en el Congreso cuando rechazan lo público y leyes de derechos básicos, ignoran la violencia machista, sostienen una lectura inaceptable la dictadura franquista, desprecian la memoria democrática y practican discursos de odio contra determinados colectivos y contra la izquierda.

Hoy, la penetración de las ideas neoconservadoras han llegado a trabajadores no cualificados y a los jóvenes. Esto ya pasó en Francia, Italia o Alemania, infectando cada vez a más capas de una sociedad de gran complejidad con intereses nada coincidentes con la extrema derecha y que no se posicionan en el tradicional esquema izquierda-derecha. En el debate de los valores y las ideas no se puede permitir que se imponga el discurso de la derecha más reaccionaria.

De ahí la prioridad de que la sociedad civil progresista, sus intelectuales y organizaciones, promuevan una movilización cultural en todos los ámbitos que frene los discursos involucionistas, marque la agenda temática y ponga en valor los ideales de la democracia. Al PSOE y UP les toca eliminar sus desavenencias públicas que distorsionan la gestión de gobierno y tomar decisiones con celeridad para cumplir su programa.

Los partidos de ultraderecha son ya una amenaza real de involución y de retroceso constitucional, tanto para la democracia formal como para el bienestar de la gran mayoría social que aspira a una democracia más avanzada. ¡De eso habla la Constitución!

La izquierda con vocación de gobierno, lejos de la autocomplacencia porque la rebeldía alimenta sus convicciones, sabe que la respuesta no está en campañas de propaganda ni en el marketing de laboratorio. La respuesta consiste en cumplir el programa comprometido, aplicar las ayudas de los Fondos Europeos para la recuperación económica y social, combatir prácticas políticas contrarias a la ética y reforzar la comunicación mediática y el activismo en las redes en favor de un modelo de país basado en la aspiración de una democracia justa.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 19 de abril de 2022 / Publicado en infolibre.es

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania mediante la reducción del precio de la energía y las ayudas a diferentes sectores afectados. El Presidente, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para dar cuenta de las medidas.

El Gobierno ha explicado los ocho objetivos que persiguen las medidas: Bajar el precio del gas, electricidad y carburantes, apoyar a los sectores más afectados (en especial a pymes y autónomos), estabilizar los precios, garantizar los suministros, proteger la estabilidad financiera, agilizar el despliegue del plan de recuperación, impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

El paquete de medidas durará, de entrada, hasta el 30 de junio. Este plan de choque destinará un total de 6.000 millones a ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones a créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis.

El plan esta basado en cinco ejes principales: Ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. Se prohíben los despidos relacionados con la crisis energética.

La pregunta es pertinente. La polémica desatada sobre la carta del Presidente Pedro Sanchez al rey marroquí no clarifica el estado real de la cuestión. Pero para evitar confusiones sobre las propuestas y aclarar el proceso político a seguir con el fin de resolver el conflicto enquistado del Sáhara Occidental, es necesario cumplir la totalidad de la reciente resolución de la ONU sobre el problema.

Me refiero a la número 2602, de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. En ella, la ONU “se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta resolución tomó nota de la discutida propuesta autonómica marroquí, presentada a la ONU en 2007, y acoge “con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. También toma nota de la propuesta presentada al Secretario General de Naciones Unidas por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007.

A partir de ahí, se anima a las partes a que “sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso”.

La ONU destaca la importancia de que las partes continúen el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Se reconoce que “el status quo no es aceptable”, y se destaca que “los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del Pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos”.

Lo cierto es que desde la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos con aquella Marcha Verde - luego utilizada a otra escala en los episodios de Ceuta y Melilla - han transcurrido 47 largos años sin avances en la solución política del conflicto. Además, es urgente una respuesta humanitaria ante la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

El diálogo es urgente y ha de versar sobre propuestas creíbles que busquen la resolución del conflicto. El Presidente Sánchez ha tomado partido por una solución autonómica. Pero es difícil creer en la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental y en una amnistía general, cuando Marruecos no ha ofrecido garantías políticas de cumplimiento. Me explicaré: la inacción autonomista de Marruecos en 15 años demuestra que el papel lo aguanta todo. Tampoco se han producido avances en el supuesto deseo de regionalización ni en la democratización del reino alauí ni en el respeto a los derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

En todo caso, la propuesta marroquí de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como cualquier otra opción que se pudiera plantear, debe debatirse y acordarse entre las partes, contar con garantías reales de cumplimiento y someterse, al final del proceso, a una consulta democrática por ambos Pueblos.

En consecuencia, España, como país comprometido con los intereses del Pueblo Saharaui, tiene que colaborar activamente con la ONU para crear las condiciones políticas que faciliten la reanudación de los contactos entre Marruecos y el Polisario. Algo que resultará muy difícil pero que sería un paso previo que preparase un proceso de negociaciones con fin de alcanzar una solución justa y SIEMPRE aceptada por las dos partes para que se traduzca en una paz duradera.

Este proceso negociador ha de hacerse en el marco de las resoluciones -bien leídas- de la ONU en 2021, quien ha de garantizar esta vía bajo el impulso y la tutela del Sr. Staffan de Mistura -enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental-, el “apoyo” que le presten USA, Francia, Alemania y España, el desarrollo de las funciones encomendadas al contingente de la MINURSO (que deberá prorrogarse su presencia) y el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por último, para blindar el inicio del diálogo es imprescindible conseguir la garantía del respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en los territorios afectados. Es la baza que debería jugar el rey de Marruecos si quiere que su propuesta sea creíble y prospere. Por ello, es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO, para el cumplimiento las resoluciones de la ONU y velar por la paz.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022 / Publicado en eldiario.es el 1 de abril de 2022.