Odón Elorza

Odón Elorza

PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la Guerra, la Amenaza Nuclear de Putin y los Derechos Humanos.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la Guerra, la Amenaza Nuclear y los Derechos Humanos para su debate en la Comisión Constitucional.


Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

             
                                                          EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

El derecho a la vida sigue siendo, obviamente, el principal de los derechos humanos. Se contempla en diferentes Tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su Artículo 3, proclama que “todo individuo tiene derecho a la vida”. Nuestra Constitución recoge este elemental derecho en su artículo 15.

Esta Carta Universal fue elaborada pocos años después de que una nueva amenaza, inédita hasta entonces, se cerniera sobre el conjunto de la humanidad. Se trataba de la aparición de las armas nucleares, capaces de desatar un holocausto nuclear y acabar con la vida de todas las personas que habitan el planeta.

Pues bien, el pasado 27 de febrero, el Presidente ruso, Vladimir Putin, acompañado de altos cargos de Defensa, ordenó poner las fuerzas de disuasión del país, que incluyen las armas nucleares estratégicas, en régimen de alerta máxima, en servicio de combate. De esa forma, a la guerra provocada por Rusia con su invasión de Ucrania, una decisión totalitaria, injustificable y de efectos terroríficos, añadía la amenaza de utilizar armas nucleares contra Ucrania u otros Estados de Europa por vez primera desde el final de la II guerra mundial en 1945.

Con la orden de elevar el nivel de alerta de los dispositivos nucleares, Putin intensificaba su guerra premeditada contra Ucrania. Con esa alerta, a la muerte de miles de personas, a los crímenes de guerra, a los millones de huidos y refugiados, a los bombardeos indiscriminados sobre población civil, a la destrucción y al sufrimiento, añadía la posibilidad de desencadenar, de manera voluntaria o involuntaria, una escalada de la guerra que puede desembocar en una guerra nuclear.

El Presidente de Rusia echaba por tierra los trabajosos avances logrados en materia de control internacional para la reducción de riesgos y limitación de la proliferación de armas nucleares, y alejaba el sueño de un desarme nuclear. Porque la actitud de Rusia con la invasión de Ucrania podría conllevar un parón, para muchos años, de aquellas iniciativas dirigidas a frenar y desescalar la carrera de los arsenales nucleares.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, subrayaba el pasado 6 de agosto de 2021, en un mensaje dirigido al Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, con ocasión del aniversario del bombardeo atómico de aquella ciudad, su compromiso con la consecución de un mundo libre de armas nucleares. Así mismo instaba a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para avanzar en el desarme nuclear bajo control internacional. “La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación”, señaló António Guterres.

La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima por parte de los Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a miles de personas con el bombardeo y a otras muchas en los años siguientes. En total, los bombardeos atómicos produjeron 166.000 víctimas en Hiroshima y 88.000 en Nagasaki.

Desde el inicio de la era nuclear, en 1945, los arsenales atómicos se han convertido en uno de los grandes riesgos de la seguridad internacional, pero todas las grandes potencias que los han desarrollado miran con total desconfianza lo que hacen los otros antes de renunciar a su arsenal.

Durante las décadas de la Guerra Fría, la humanidad fue muy consciente de esta apocalípsis que estuvo cerca de materializarse en la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. La concienciación contra la existencia de armamento nuclear dio paso, sin embargo, con la desaparición del bloque soviético en los años noventa, a otra época en la que, contra toda evidencia, ese peligro latente se comenzó a percibir con menor intensidad. Pero las armas nucleares seguían ahí.

Sin embargo, a lo largo de los años se han producido avances en forma de tratados internacionales para evitar la proliferación del armamento nuclear. Entre ellos, el más importante es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, que otorga a la Organización Internacional de la Energía Atómica la responsabilidad de verificar su cumplimiento. Este Tratado ha sido ratificado por 191 Estados. Pero, reconociendo su importancia, afecta principalmente al esfuerzo por impedir que nuevos países adquieran armas nucleares, sin comprometer a los que ya la poseen. Cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares.

Por otra parte, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares es de 1996 y ha cumplido 25 años a la búsqueda de un mundo libre de armas atómicas. Y pese a contar 185 firmas, el Tratado aún no ha entrado en vigor ya que todavía requiere la ratificación de ocho países: Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte. La ONU sostiene que no se puede aspirar a un mundo libre de armas nucleares sin una prohibición de estos ensayos y el cumplimiento de dicha prohibición.

El 22 de enero de 2021 entró en vigor ese Tratado Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares, que es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares. Con la ratificación del tratado, cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares, a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible. También contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares, obligando a los Estados a proporcionar asistencia tanto a víctimas como a los Estados firmantes del tratado que se vieran afectados por su uso y a la restauración del medio ambiente.

Este Tratado fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas por 122 votos a favor y firmado por 84 países. Los Estados que disponen de armas atómicas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia (que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto) y los países de la OTAN, incluida España, no asistieron a la votación de esta asamblea, no han firmado el tratado y se oponen al mismo.

No obstante, aunque el acuerdo es vinculante, solo 59 de 197 Estados lo han ratificado y ha entrado en vigor formando parte de la legislación internacional. En su mayoría, estos países se encuentran en Latinoamérica, África y el Pacífico, aunque hay alguna excepción en Europa, como Irlanda o Austria. Los países que han ratificado este Tratado se comprometen a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible.

El Tratado es una victoria de la sociedad civil organizada. Ha sido fruto de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), de la que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), entre otras muchas organizaciones, forma parte, y cuya labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2017

El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, según sus defensores, constituirá un «compromiso político inequívoco» para lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, según el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a diferencia de una «convención general sobre armas nucleares», no contiene todas las medidas legales y técnicas necesarias para alcanzar el punto de eliminación.  

También se han hecho esfuerzos en la reducción del número de ojivas nucleares. Son destacables en este sentido los Tratados Salt y Start firmados entre EEUU y la Federación Rusa. El último de los cuales fue el día 4 de febrero de 2021 y alcanzaron un acuerdo sobre la prórroga del Tratado START III para reducir el número de misiles nucleares de ambas superpotencias. Pese a que en los últimos años se han seguido desmantelando ojivas o cabezas nucleares, a inicios de 2021 nueve países todavía poseían aproximadamente 13.080 armas nucleares, de las cuales 3.825 estaban desplegadas con fuerzas operativas y unas 2.000 de ellas se mantenían en estado de alerta operativa alta.

El mundo solo será seguro cuando todos los países hayan renunciado a esas armas y se produzca su total desaparición. Pero se está lejos de conseguir dicho objetivo; más bien parece lo contrario. Se detecta, en los últimos años, una carrera entre diversos países por intentar conseguir este tipo de armamento nuclear, cada vez más sofisticado, y un desinterés manifiesto de los que ya lo tienen de renunciar a él.

Lo cierto es que no se controlan debidamente las ojivas nucleares existentes. Incluso se sigue investigando para crear nuevas armas nucleares, más sofisticadas y mortales. Llevamos una década estancados en el necesario camino hacia la desaparición de este peligro cierto para la supervivencia del planeta. Todo ello no solo hace de nuestro mundo un lugar mucho más inseguro; lo hace también menos comprometido con los derechos humanos y aleja el objetivo de la Paz.

Frente a ello, en línea con la lucha de diferentes ONG’s y colectivos de autoridades locales, es necesario reforzar toda alianza que cree sinergias internacionales para cambiar esta tendencia. Todas las instituciones, como el Congreso de los Diputados, deben ser conscientes de lo que se juega la humanidad y manifestar la firme voluntad de rechazar las amenazas de guerra nuclear y caminar hacia la abolición total del armamento nuclear.

Es verdad que el camino hacia su eliminación presenta muchos desafíos de todo tipo, incluida una ONU devaluada. Desafíos políticos, jurídicos, pero también desafíos técnicos. Sin embargo, es la única vía que, a largo plazo, puede garantizar la seguridad del planeta. Por eso, tenemos que lograr la abolición con la máxima urgencia.

En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania y la amenaza nuclear lanzada por Putin nos ha devuelto la pesadilla de una guerra nuclear. De nuevo, se percibe que mientras exista armamento nuclear, cada vez más tecnológico, más potente y mortífero, el derecho humano más preciado, el derecho a la vida de todos y todas, queda en manos de la voluntad arbitraria de un tirano o de un autócrata. Y para nada se descarta la posibilidad de que, en un acto de desesperación o de error de cálculo, puedan utilizar estas armas desatando una guerra de consecuencias devastadoras para la supervivencia de nuestro Planeta, ya sometido a los graves riesgos del cambio climático.

Somos muy conscientes de que la humanidad se enfrenta a graves problemas, pero solo dos tienen el potencial para acabar con nuestra especie, dependiendo asimismo de nuestra propia voluntad de evitarlos: una catástrofe climática y la guerra nuclear.

Sobre este segundo desafío, es preciso exigir a los Estados democráticos la máxima implicación en la causa del desarme nuclear. Y a sus respectivos Parlamentos corresponde prevenir una guerra nuclear, defender la paz y los derechos humanos y promover una profunda reflexión para que la sociedad tome plena conciencia del significado y consecuencias inmediatas de un conflicto nuclear.

 

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno la siguiente,

 

                                                     PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proclamar que la defensa de la paz, los derechos humanos y la supervivencia del Planeta, ante la reciente amenaza de utilización de armas nucleares por parte de Vladimir Putin, es un objetivo prioritario de la acción política para España y el conjunto de la Comunidad Internacional. Por ello, denuncia y condena, de entrada, la guerra provocada por Rusia contra Ucrania tras la invasión del pasado 24 de febrero, que supone una violacion flagrante del derecho internacional.

2. Condenar la amenaza de una guerra nuclear formulada por Putin que nos sitúa ante el riesgo real de que “se apriete el botón rojo nuclear”, a la vista de las declaraciones provocadoras e irresponsables del Presidente de Rusia.

3. Reafirmar, en este contexto, su pleno compromiso con el sistema democrático en el marco de la Unión Europea frente a las amenazas contra la convivencia democrática y la paz en el mundo por parte de los regímenes totalitarios y los líderes autócratas que alientan guerras, siembran el odio y practican o justifican el terror.

4. Solicitar a todos los Estados que poseen armas nucleares que apoyen la Agenda para el Desarme Nuclear de la ONU y favorezcan los avances de las conversaciones y la negociación de los Tratados sobre su no uso, la reducción de arsenales y la desaparición de cualquier amenaza nuclear”.

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Muchos hoteles y poca vivienda protegida. / Sobre el grave problema de la vivienda en San Sebastián.

Tras el final del terrorismo han aparecido en Donosti hoteles y pisos turísticos como setas. Era previsible. Sin embargo, se ha paralizado por el Ayuntamiento, de modo inexplicable, la ejecución de una operación de vivienda totalmente aprobada, en enero de 2011, por el gobierno local del que éramos parte.

Las siguientes Alcaldías han renunciado durante once años a promover el desarrollo inicial de más de 3.000 viviendas a situar en Auditz-Akular (Altza) y la operación ha estado olvidada ante el silencio general. Este ambicioso objetivo social nos obligó, durante años, a realizar una inversión de diez millones en compras de suelo.

El planeamiento urbanístico estaba aprobado así como los derechos para la promoción municipal -en colaboración con el Gobierno Vasco- de las 2.354 viviendas protegidas, la mayoría en alquiler, con pisos a precio tasado y varios cientos de apartamentos sociales para jóvenes y mayores. También se contemplan 705 pisos de precio libre.

Paralizar un barrio con identidad propia de 800.000 m2 nos parece un grave error político. La ciudadanía donostiarra debe saber que no hay, ni podrá haber, otro desarrollo urbanístico que posibilite ni siquiera la mitad de las viviendas protegidas previstas en él.

Hablamos de un urbanismo de calidad y no especulativo, de un barrio sostenible y de eficiencia energética, superador de modelos como el nuevo Intxaurrondo o el ensanche de Amara. Además, en 2009 conseguimos que el Topo de EuskoTren se prolongara hasta Altza y el territorio de Auditz-Akular para funcionar como una línea de Metro y se crearán nuevos accesos viarios para no saturar la red existente.

Se pretende lograr que la población del actual Altza disfrute de mejoras claras; también en el paisaje urbano buscando en los espacios de borde la perfecta integración de los nuevos tejidos residenciales con los ya existentes. El Plan Urbanístico de 2011 ya preveía complementar el polideportivo recién reconstruido con otras instalaciones y campos deportivos al aire libre. También, el actual Altza se aprovecharía de otros servicios, de nuevos accesos a la A-8 y a la tijera de Garbera y de un gran Parque con espacios naturales y valores medioambientales a proteger con existencia de masas arbóreas.

En estos días, algunos han planteado, otra vez, renunciar a las 3.000 viviendas tras la aparición de vertidos incontrolados de amianto en un espacio cerca del Instituto de Altza. Y propone destinar todo el territorio a parque. Esa posición desconoce que las 584 VPO y el nuevo colegio en Morlans las levantamos sobre el terreno de la antigua Fábrica de Gas, cuyos suelos se descontaminaron con control, dirección y participación económica de IHOBE, el órgano de gestión medioambiental del Gobierno Vasco.

Sorprende que haya quienes ignoren que los estándares de calidad del suelo son aún más exigentes cuando se trata de hacer un parque donde juegan niños que cuando se edifican viviendas. Por tanto, la presencia del amianto en una zona del ámbito se afrontará con mucho rigor y recursos de las administraciones.

Tras la espera y con el proyecto paralizado mientras crecían las operaciones del urbanismo turístico, es lógico que algunos criterios del planeamiento aprobado en 2011 deban ser actualizados y se aprueben fases de actuación para Audizt-Akular. Quienes promovimos más de 30 modificaciones de planeamiento para posibilitar los desarrollos de Atocha, Benta Berri, Riberas de Loiola, Pagola, Txomin, Morlans o San Bartolomé sabemos que se puede hacer.

San Sebastián necesita una actuación urgente en vivienda protegida y de precio medio para ir ofertando durante años. Se precisa voluntad política, ideas y una gestión ágil pensando en que la mayor parte de la ciudadanía donostiarra demanda vivienda de precio accesible ante su escasez y carestía.

Por ello, solicitamos encarecidamente al Ayuntamiento que decida promover, sin más demora, el proyecto estratégico del nuevo Altza en Auditz-Akular, con edificios de una altura media de 5-6 plantas que puede subir para financiar mayores costes de una urbanización compleja que requiere efectuar rellenos.

 

Odón Elorza, ex-alcalde de Donostia-San Sebastián (1991-2011)

Jorge Letamendia, ex-concejal de urbanismo (1999 - 2011)

 

Publicado en El Diario Vasco el 4 de mayo de 2022.

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PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con el conflicto del SAHARA OCCIDENTAL.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con el conflicto del SAHARA OCCIDENTAL para su debate en Pleno.

 

Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                      EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

Desde hace 47 años, ante la inexistencia de avances en la solución política del conflicto que atraviesa el Sáhara Occidental, y considerando la urgencia de una solución humanitaria en lo que se refiere a la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, la contribución más efectiva y realista que puede realizar el Gobierno Español es su compromiso y su total disposición a colaborar con la ONU para impulsar que las partes reanuden las negociaciones con miras a lograr una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, en el marco de un proceso de contactos y diálogo constructivo. Un diálogo que ha de versar sobre iniciativas serias y creíbles para tratar de resolver dicho conflicto.

En este sentido, la resolución más reciente de la ONU sobre la cuestión es la número 2602 de 29 de octubre de 2021. En ella, y entre otras consideraciones y manifestaciones, se dice lo siguiente:

“... Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto.

Reiterando su exhortación a Marruecos, al Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania para que cooperen más plenamente entre sí, incluso mediante el fomento de una mayor confianza, y con las Naciones Unidas, así como para que intensifiquen su implicación en el proceso político y avancen hacia una solución política.

Reconociendo que el logro de una solución política a esta prolongada controversia y la mejora de la cooperación entre los estados miembros de la Unión del Magreb Árabe contribuirían a la estabilidad y la seguridad, lo que a su vez generaría puestos de trabajo, crecimiento y oportunidades para todos los pueblos de la región del Sahel.

Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al Secretario General el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al Secretario General por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007.

Alentando a las partes, en ese contexto, a que sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, y alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso político.

Recordando sus resoluciones 1325 (2000) y 2250 (2015) y las resoluciones conexas, destacando la importancia de que las partes se comprometan a continuar el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, y alentando la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres y la participación activa y significativa de la juventud en esas conversaciones.

Reconociendo que el statu quo no es aceptable, y observando además que los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos ...”

Dicha resolución de la ONU pone de manifiesto la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia.

Señala la profunda preocupación por la ruptura del alto el fuego entre las partes. Además de insistir en las penurias que siguen padeciendo los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia humanitaria externa, que sumados a los efectos de la pandemia de la COVID-19, ha dado lugar a una insuficiencia de los fondos destinados a quienes viven en estos campamentos.

También destaca la importancia de adaptar el enfoque estratégico de las fuerzas de la MINURSO y orientar los recursos de la Misión para garantizar el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona.

A la vista de lo anteriormente expresado, el Grupo Parlamentario Socialista eleva al Pleno del Congreso la siguiente,  

 

                                                             PROPOSICIÓN NO DE LEY:

 

“El Congreso insta al Gobierno a:

 

1. Impulsar las conversaciones entre las partes, facilitando las negociaciones bajo sus auspicios, con el fin de alcanzar tras 47 años de conflicto, una solución política que sea justa, realista, viable, duradera, aceptable y mutuamente acordada, al conflicto del Sáhara Occidental.

2. En su caso, la propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara Occidental remitida por Marruecos a la ONU, como cualquier otra opción que se pudiera plantear para debatirse y acordarse por las partes, ha de permitir alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

3. De entrada, para crear el clima adecuado, deberá garantizarse el respeto al ejercicio de las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Tinduf. Es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO.

4. Para que este proceso negociador avance y sea creíble, ha de hacerse en el marco de las resoluciones de la ONU quien ha de promoverlo bajo la tutela del Sr. Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, mediante el desarrollo de las funciones encomendadas a la MINURSO y el respaldo del Consejo de Seguridad.

5. España se compromete a incrementar su contribución voluntaria para financiar los programas de alimentos y atenciones sanitarias con miras a garantizar que se atiendan de manera adecuada las necesidades humanitarias básicas de los refugiados saharauis.

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El tirano Putin nos devuelve la pesadilla de una guerra nuclear.

De repente, estamos en guerra con Rusia; lo peor que nos podía suceder tras una pandemia global. España, sin mediar declaración expresa, participa en una guerra política contra el tirano Putin junto a aquellos países que defienden el derecho internacional, la soberanía de Ucrania, la democracia y los derechos humanos.

Vivimos bajo los efectos de una compleja guerra económica que nos genera contradicciones con los suministros energéticos rusos y pone en riesgo la unidad de acción de la UE; y sufrimos de cerca, en Europa, una guerra militar despiadada y criminal, alineados con la OTAN y EEUU.

Por si fuera poco, el pasado 27 de febrero, el Presidente ruso, Vladimir Putin, rodeado de Generales de Defensa, ordenó poner las fuerzas de disuasión del país, que incluyen las armas nucleares estratégicas, en régimen de alerta máxima. De esa forma, a la maldita guerra provocada por Rusia con su invasión de Ucrania -una decisión totalitaria, injustificable y de efectos terroríficos- se sumaba la amenaza de Putin de utilizar los dispositivos nucleares contra Ucrania u otros Estados de Europa por vez primera desde el final de la II guerra mundial en 1945.

A la muerte de miles de personas, a los imperdonables crímenes de guerra, a los millones de huidos y refugiados, a los bombardeos indiscriminados sobre población civil, a la destrucción de infraestructuras y al sufrimiento, Putin añadía la posibilidad de desencadenar una escalada en el terror de la guerra que podría desembocar en una guerra nuclear. Por ello, se impone la condena de una amenaza provocadora e irresponsable.

El Presidente de Rusia echaba así por tierra los trabajosos avances logrados en materia de reducción de riesgos nucleares y limitación de la proliferación de armas bajo control internacional, alejando el sueño de un desarme nuclear. Porque la actitud de Rusia podría conllevar un parón, durante muchos años, de las iniciativas dirigidas a frenar y desescalar la carrera de los arsenales nucleares.

El derecho a la vida sigue siendo, obviamente, el principal de los derechos humanos. Se contempla en diferentes Tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su Artículo 3, proclama que “todo individuo tiene derecho a la vida”. Nuestra Constitución recoge este elemental derecho en su artículo 15. Esta Carta Universal fue elaborada pocos años después de que una nueva amenaza, inédita hasta entonces, se cerniera sobre el conjunto de la humanidad. Se trataba de la aparición de las armas nucleares, capaces de desatar un holocausto nuclear y acabar con la vida de todas las personas que habitan el planeta.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 6 de agosto de 2021, en un mensaje dirigido al Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, con ocasión del aniversario del bombardeo atómico de aquella ciudad, pedía a los gobiernos redoblar sus esfuerzos para avanzar en el desarme nuclear. “La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación”.

La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima por parte de los Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a miles de personas con el bombardeo y a otras muchas en los años siguientes. En total, los bombardeos atómicos produjeron 166.000 víctimas en Hiroshima y 88.000 en Nagasaki.

oDesde el inicio de la era nuclear, en 1945, los arsenales atómicos se han convertido en uno de los grandes riesgos de la seguridad internacional. Durante la Guerra Fría, la humanidad fue muy consciente de esta Apocalipsis que estuvo cerca de materializarse en la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. La concienciación contra la existencia de armamento nuclear dio paso, con la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético en los años noventa, a otra época en la que ese peligro latente se empezó a percibir con menos intensidad.

Es cierto que, a lo largo de los años, se han producido avances en forma de Tratados. Entre ellos, el más importante es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, que otorga a la Organización Internacional de la Energía Atómica la responsabilidad de verificar su cumplimiento. Este Tratado ha sido ratificado por 191 Estados. Pero, reconociendo su importancia, afecta principalmente al esfuerzo por impedir que nuevos países adquieran armas nucleares, sin comprometer a los que ya la poseen. Cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares.

Por su parte, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares es de 1996 y ha cumplido 25 años. Pese a contar 185 firmas, el Tratado aún no ha entrado en vigor ya que todavía requiere la ratificación de ocho países: Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte. La ONU sostiene que no se puede aspirar a un mundo libre de armas nucleares sin una prohibición de estos ensayos.

El 22 de enero de 2021 entró en vigor el Tratado Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares, que es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares. Con su ratificación cada Estado se compromete a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible. También contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares, obligando a los Estados a proporcionar asistencia tanto a víctimas como a los Estados firmantes del tratado que se vieran afectados por su uso y a la restauración del medio ambiente.

Este Tratado fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas por 122 votos a favor y firmado por 84 países, aunque solo 59 de 197 Estados lo han ratificado. Los Estados que disponen de armas atómicas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia (que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto), India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, así como los países de la OTAN, incluida España, no asistieron a la votación de esta Asamblea, no han firmado el Tratado y se oponen al mismo.

Los países que lo han ratificado se comprometen a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas y a destruirlas de manera irreversible. (Gracias a la torpeza de Trump, Irán se halla ahora más cerca de obtener el material nuclear necesario para contar con la bomba atómica).

También se han hecho esfuerzos en la reducción del número de ojivas nucleares. Son destacables los Tratados Salt y Start, firmados entre EEUU y Rusia. El último de los cuales fue el día 4 de febrero de 2021 y alcanzaron un acuerdo sobre la prórroga del Tratado START III para reducir el número de misiles nucleares de ambas superpotencias. Pese a que en los últimos años se han seguido desmantelando ojivas o cabezas nucleares, a inicios de 2021 nueve países todavía poseían aproximadamente 13.080 armas nucleares, de las cuales 3.825 estaban desplegadas con fuerzas operativas.

Por eso hay que seguir trabajando activamente en apoyo a la Agenda de la ONU para el Desarme Nuclear, que persigue la reducción efectiva de arsenales y la no proliferación de armas nucleares. Igualmente, hay que lograr, por parte de los países que aún no lo han hecho, la ratificación del Tratado Internacional para la Prohibición -global y jurídicamente vinculante- de las armas nucleares, antes de que estas hagan desaparecer al genero humano y a otros miles de millones de seres vivos.

El mundo solo será seguro cuando todos los países hayan renunciado a esas armas. Pero estamos lejos de conseguir ese objetivo; más bien parece lo contrario. Se detecta, en los últimos años, una carrera entre diversos países por intentar conseguir este tipo de armamento nuclear, cada vez más sofisticado, y un desinterés manifiesto de los que ya lo tienen de renunciar a él.

Lo cierto es que no se controlan debidamente las ojivas nucleares existentes. Incluso se sigue investigando para crear nuevo armamento nuclear, más sofisticado y mortal. Llevamos una década estancados en el necesario camino hacia la desaparición de este peligro que hace de nuestro planeta un lugar absolutamente inseguro; lo hace también menos comprometido con los derechos humanos y aleja el objetivo de la paz . Es cierto que el camino hacia su eliminación presenta muchos desafíos de todo tipo: políticos, jurídicos, pero también desafíos técnicos. Además de reforzar el papel de la ONU.

La invasión rusa de Ucrania y la amenaza nuclear lanzada por Putin nos ha devuelto la pesadilla de una guerra nuclear. Volvemos a recordar que mientras exista armamento nuclear, el derecho humano más preciado, el derecho a la vida de todos y todas queda en manos de la voluntad arbitraria de un tirano o de un autócrata. Para nada se descarta la posibilidad de que, en un acto de fanatismo o de error de cálculo, puedan utilizar estas armas desatando una guerra de consecuencias devastadoras para la supervivencia de nuestro Planeta, ya sometido a los graves riesgos del cambio climático.

Somos conscientes de que la humanidad se enfrenta a graves problemas, pero solo dos tienen potencial para acabar con nuestra especie, dependiendo de nuestra propia voluntad de atajarlos: la aceleración de la emergencia climática y la guerra nuclear. Sobre este segundo desafío es preciso reclamar a los Estados que poseen armas nucleares que favorezcan los avances de las conversaciones y la negociación de los Tratados sobre su no uso, la reducción de arsenales y la desaparición de cualquier amenaza nuclear.

Frente a este estado de cosas, los Parlamentos democráticos deben proclamar que la defensa de los derechos humanos y la supervivencia del planeta son objetivos prioritarios para el conjunto de la Comunidad Internacional. Y que la guerra declarada por Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, supone una violacion flagrante del derecho internacional.

En este contexto, es obligado reafirmar el pleno compromiso parlamentario con los valores del sistema democrático en el marco de la Unión Europea. Debemos hacerlo frente a las amenazas contra la convivencia democrática y la paz por parte de los regímenes totalitarios y los autócratas que alientan guerras, siembran el odio y practican o justifican el terror.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 7 de abril de 2022 / Publicado en ethic.es

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