Una democracia en retroceso o plegada a los intereses del poder político o económico no nos sirve para superar guerras, pandemias o la emergencia climática. La democracia, con sus principios y valores, ha de ser el mejor instrumento para afrontar la incertidumbre y la inseguridad que provocan unos fenómenos que son aprovechados por los populismos reaccionarios y los nacionalismos ultras para crecer.

La involución que significan las políticas neoliberales, por su favorecimiento de las desigualdades y la autocracia, se presenta como la alternativa a un modelo de democracia justa. El objetivo de populistas y neoliberales es implantar un régimen político autoritario y sociedades con niveles insoportables de injusticia social. Para ello, pretenden recortar la dimensión de la democracia y propiciar un Estado de mínimos e incapaz de sostener las políticas públicas de bienestar.

La debilidad y limitaciones de la democracia global está conllevando su pérdida de credibilidad entre la ciudadanía de muy diferentes países del planeta. El esfuerzo por fortalecerla debe ser mayor cuando nos enfrentamos a una guerra en Ucrania de alcance imprevisible que, además de la insoportable tragedia humana, desata el miedo, provoca graves efectos económicos en la ciudadanía de Europa y otra hambruna en Africa. Por no hablar de las contradicciones en que incurren las variadas democracias europeas con la permisibilidad al gas y, en parte, al petróleo ruso o con la dependencia del petróleo de los regímenes árabes no democráticos.

La guerra provocada por el tirano Putin refleja -además de la legítima lucha por la libertad y la soberanía del Pueblo de Ucrania- una lucha geoestratégica y de intereses económicos entre las grandes potencias. Sin olvidar los propios intereses de los Estados y de las grandes empresas y plataformas. Entre ellas las energéticas, tecnológicas, alimentarias y armamentistas. Además, en este conflicto se manifiesta la incapacidad de la ONU, la impotencia de las ONG’s que trabajan por la paz y los derechos humanos y la desatención a quienes plantean negociaciones diplomáticas para evitar una escalada nuclear e intentar poner fin a la guerra.

Por si fuera poco, los procesos de transición energética y la descarbonización, junto a la imparable transformación de la economía digital, conllevan ajustes de empleo en algunos sectores. De ahí la necesidad de medidas políticas concertadas y el desarrollo de nuevos proyectos sostenibles, con inversiones privadas y ayudas de fondos europeos. Sin una transición justa la salud de la democracia se vería también afectada.  

Esta compleja situación se produce en el escenario convulso de una globalización especulativa que ignora las reglas de la democracia devaluando el papel de las instituciones estatales, elimina el control y participación de la ciudadanía en la vida política y agudiza las desigualdades.  

Por tanto, es preciso repensar el modelo de democracia ante la globalización económico-financiera, las amenazas a la supervivencia del planeta por el cambio climático, el poder desregulado de las grandes plataformas y el avance de las ideas neoconservadoras. La regulación de la globalización exige empoderar a los mecanismos supraestatales de control y decisión para posibilitar una gobernanza democrática global.

Ante este panorama, la democracia representativa en el siglo XXI nada podrá hacer sin líderes políticos íntegros, alejados de tentaciones autocráticas y comprometidos con los valores del multilateralismo, la cooperación, la solidaridad, los derechos humanos, la deliberación con la sociedad y la gobernanza. Además, la democracia, si aspira a ser justa, necesita políticas públicas, con visión local y global, que defiendan los intereses generales de la gran mayoría social.

En el caso de España, avanzar hacia una democracia justa pasa por respetar la separación de poderes, ensanchar la participación ciudadana, una fiscalidad más progresiva, combatir las desigualdades y la precariedad, la elección -en base a criterios que garanticen su independencia e imparcialidad- de los miembros de los órganos constitucionales, proseguir con la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción.

Hoy no hay nada más necesario que innovar la democracia.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 7 de junio de 2022 / Publicado en infolibre.es 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), con sus potencialidades, sirven para innovar y perfeccionar un modelo parlamentario. El siglo XXI ha traído retos y amenazas a la democracia que nos exigen actuar con decisión.

Los cambios no pueden esperar. Van desde redefinir la función de la web del Congreso para facilitar el acceso público a toda la información, el uso de aplicaciones y programas para crear vías de participación de organizaciones y ciudadanía en los procesos legislativos y mejoras en el sistema de control al gobierno de turno, hasta la regulación para que sus señorías voten de modo telemático en situaciones especiales y celebren reuniones on line, pasando por ayudar a la transparencia e integridad o favorecer la interacción entre representantes y representados para alimentar la relación de la política con la sociedad.

Lo anterior es solo una pequeña muestra de cómo las TIC permiten mejorar el funcionamiento de la vida parlamentaria y dar respuestas a la crisis institucional y a la desafección ciudadana. El objetivo central es garantizar el principio de separación de poderes y reforzar los mecanismos de una democracia debilitada; en España y a nivel global.

Con imaginación, considero que habría sido de gran interés disponer de un sistema VAR en las sesiones porque hubiera permitido a la Presidencia, Mesa y Portavoces del Congreso revisar algunas actitudes, discursos y decisiones. Bien para rectificar en favor de reforzar los grandes acuerdos de país en un caso o bien para imponer sanciones ante discursos de odio y ataques al código ético de comportamiento. Se da la circunstancia de que no existe un capítulo de sanciones en el Reglamento del Congreso. Y así nos va.

Es cierto que el VAR tiene sus detractores en el mundo del fútbol. Pero a caballo entre la realidad y la ficción, tras ver repetida con calma una jugada parlamentaria polémica, algunas rectificaciones hubieran corregido errores de trascendencia que han atacado el interés general y la calidad de la democracia.

Esta reflexión va unida a la necesidad de una reforma en profundidad del Reglamento del Congreso que data de 1982. Una asignatura pendiente entre las medidas de regeneración institucional que sirva para adecuar el funcionamiento de la Cámara a los requerimientos de un Parlamento adaptado a las necesidades que plantea el siglo XXI.

Necesitamos un Congreso que sea innovador y conectado a un proceso de transformación de sus reglas organizativas para mejorar sus funciones: deliberativa, legislativa, de control e informativa. Un Congreso abierto a una democracia de participación que fortalezca su legitimidad.

No planteo nada parecido a una reforma de la Constitución, algo muy necesario pero que hoy no resulta posible en un escenario de crispación, enorme confrontación y cerrado a un consenso transversal para reformar la Carta Magna. En cambio, si veo posible afrontar la reforma de las reglas de juego parlamentario en España. Debemos intentarlo frente al resurgir de tendencias autoritarias.

El Congreso es quien más puede hacer por transitar la vía hacia una sociedad democrática avanzada, como señala la Constitución. Por tanto, es obligación de quienes nos sentamos en sus escaños promover los trabajos parlamentarios que permitan alcanzar un amplio consenso en torno a las reformas que precisa el Reglamento del Congreso.

La reforma del Reglamento conllevaría cambios de gran interés en capítulos y disposiciones. De modo indicativo señalo las siguientes: sobre el funcionamiento de la Cámara y los Grupos, los trámites de la función legislativa, la mejora de los mecanismos de control al gobierno, las reglas éticas y de integridad parlamentaria, las herramientas y aplicaciones tecnológicas para la participación y transparencia.

A la vista de las lagunas detectadas, las carencias observadas con ocasión de la pandemia y en contraste con los cambios en otros Parlamentos, la reforma del Reglamento es una urgente necesidad. Sin duda, contribuirá a la existencia de un Parlamento Abierto y a la cohabitación entre democracia representativa y democracia participativa.

Esta tarea se verá impulsada por las aportaciones de los letrados y letradas de la Cámara en un documento de bases, abierto y riguroso, dirigido a la Presidencia del Congreso, a la Comisión de Reglamento y a la Ponencia que se constituya para deliberar y consensuar la dimensión y contenidos de la reforma. El proceso de trabajo ha de contar con la comparecencia en dicha Comisión de organizaciones y expertos que enriquezcan la deliberación para avanzar en la democracia parlamentaria.  

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa / Miembro de la Comisión de Reglamento.
San Sebastián, 22 de mayo de 2022 / Publicado el 1 de junio en diariovasco.com  

Debemos tratar de poner fin a la situación de bloqueo que ha provocado el PP durante casi cuatro años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para ello, se dispone de un proceso de negociación no utilizado y centrado en el Parlamento. Es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial pero que hasta ahora no se ha empleado para resolver esta burla a la democracia y a la Constitución.

Las Cortes tienen la obligación legal de proceder a tiempo para renovar el CGPJ. Los fundamentos y el procedimiento a seguir se recogen en el articulo 122 de la CE, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos.

El artículo 567 de la Ley Orgánica, aprobada en 2013 por una imposición del PP, que sin embargo ahora quiere incumplir, dice que “cada una de las Cámaras (Congreso y Senado) elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.

Por su parte, el 568 señala que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La habitual negociación entre el PSOE y el PP para lograr algo parecido a un reparto de cuotas en la elección de los 20 miembros del poder judicial ha fracasado. Hablamos de una solución que suele considerarse poco transparente y vista  por la sociedad con desconfianza, lo que contribuye a aumentar la desafección ciudadana hacia los partidos.

La clave estaría en actuar con sensibilidad democrática con el objetivo de aportar plena legitimidad a las decisiones sobre una cuestión tan polémica como los nombramientos de los órganos constitucionales. En su elección se deben cumplir los requisitos de mérito, competencia y garantía de independencia.

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, en diciembre de 2018, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas como candidatos y candidatas, para someterse a una designación por el Parlamento de los doce vocales correspondientes al turno de jueces. Esto demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación de los profesionales que forman parte de la carrera judicial.

El conflicto institucional debe acabar y el Parlamento ha de tomar la iniciativa. La nueva vía será compleja pero debe ensayarse una metodología basada en el diálogo y la búsqueda del consenso transversal. Una metodología a impulsar por las Presidencias y Mesas del Congreso y Senado, a lo que habrá que sumar la participación e implicación de los Portavoces de todos los Grupos.

Las candidaturas a presentar en el Parlamento serían públicas y estarían sujetas a la valoradas de la prensa y la opinión pública. Pero se debería mejorar el trámite parlamentario que sirvió para la polémica elección de Enrique Arnaldo, entre otras personas, como miembro del Tribunal Constitucional. Se trata de perfeccionar los mecanismos de deliberación y negociación entre los Portavoces y que se cumpla la función de control y evaluación real de las candidaturas por parte de la Comisión Consultiva de Nombramientos.

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría aún más en evidencia ante la UE que no juega limpio. Lo mismo sucedería a quienes hicieran propuestas a favor de personas no independientes que no garantizasen su imparcialidad en la toma de decisiones del organismo judicial.

Ya sabemos que la interlocución y el consenso con el PP son casi imposibles. Pero la puesta en marcha de la vía de negociación parlamentaria no puede esperar cuando ya se ha constatado que una negociación entre el Gobierno y el PP, ajena al Parlamento, no culmina con éxito. Además, actuar por la vía parlamentaria ayudaría a avanzar en la regeneración democrática y en la necesaria separación de poderes.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 29 de mayo de 2022 / Publicado en La Hora Digital