Es una tarea urgente avanzar hacia un cambio de escenario para acabar con esta guerra europea. Ese debe ser, en mi opinión, el objetivo central. De momento, se imponen los discursos oficiales belicistas y la entrega creciente de armas cada vez más potentes a Ucrania para responder al superior potencial ruso. Me alarman las proclamas que defienden la intensificación de la guerra hasta lograr la derrota de Rusia porque pasan por alto el equilibrio de fuerzas existente entre bloques, el armamento nuclear ruso y los escasos cambios que se registran en la línea del frente de guerra.

Mientras, asistimos a la amenaza creciente de una larga guerra cronificada y de desgaste que aumente el número de muertos, el sufrimiento y la devastación de Ucrania. Además, no podemos olvidar el riesgo permanente de una escalada nuclear, los efectos sobre la economía global y su contribución al empobrecimiento de las condiciones de vida de gran parte de la población del planeta, la práctica paralización del proceso de transición energética o el clima de tensión extrema, de inestabilidad e incertidumbre que provocan las grandes potencias con sus jugadas de ajedrez en el tablero de la geopolítica.

El apoyo decidido de la Unión Europea a Ucrania, bajo la dirección de Estados Unidos, frente a una invasión ilegítima y criminal de Rusia está plenamente justificada y ha servido para frenar el sueño imperialista del dictador Putin. Un año después, es tiempo de preguntarse: ¿ahora qué?. Y empiezan a aparecer, muy tímidamente, informaciones sobre recientes planes de paz. Uno promovido por Zelenski -el pasado noviembre- o el último de China y conocido hoy. 

Por tanto, hay razones sobradas para intensificar los trabajos en favor de generar dinámicas que hagan posible la paz. Hay que hacerlo por encima de adhesiones inquebrantables y de los intereses lucrativos de las industrias energéticas y de armamento que aprovechan la guerra y el crecimiento de los presupuestos de los Estados en materia de defensa. Es preciso alentar y promover desde los foros de expertos, analistas y organismos internacionales las tentativas de conversaciones que permitan ir creando las condiciones para un alto el fuego y un posterior inicio de negociaciones. El objetivo no puede ser otro que poner fin a esta guerra.

Afortunadamente, se están abriendo, aunque con dificultad, espacios para aquellas voces que plantean dudas, análisis independientes sobre el conflicto y preguntas sobre la estrategia del bloque OTAN-EEUU-UE y el alcance del compromiso político, militar y financiero que estamos dispuestos a mantener con conocimiento de la ciudadanía.

En democracia no se debería estigmatizar todas las posiciones críticas ni se pueden descalificar como posiciones equidistantes que favorecen a Putin. Precisamente, y con ocasión de algo tan grave como una guerra, es en los países democráticos donde solo resulta posible y conveniente expresar, con libertad, dudas y discrepancias de carácter ideológico o moral.

El apoyo a la soberanía de Ucrania no ha de impedir un razonable debate público sobre la estrategia a seguir y el sentido que adquieren la flexibilidad y las concesiones mutuas en una negociación para avanzar hacia una paz digna. Debate, también, sobre el significado de cuestiones claves como la referida a la recuperación de la integridad territorial para Ucrania.

Por encima de Europa, Estados Unidos tiene la llave para posibilitar un cambio en la evolución del conflicto. No es tarea fácil y requiere aclarar, pensando en otro escenario, sus planes sobre el apoyo a la recuperación de Ucrania, asumir compromisos para garantizar su seguridad tras la guerra, examinar la opción de la neutralidad del país, establecer condiciones para el alivio de algunas sanciones a Rusia y buscar un acuerdo con China sobre la seguridad global.

Si se supera la ofensiva rusa y de los indeseables mercenarios Wagner, anunciada para este invierno, es previsible que España, con la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE en manos de Pedro Sánchez durante el segundo semestre del año, tenga la oportunidad de liderar una posición europea en favor de la celebración de una Conferencia internacional que apruebe las bases de una paz justa y duradera. ¡Ojalá España haga ese papel! Mientras, se deben reforzar las gestiones de la alta diplomacia para profundizar en los tímidos planes de paz.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE por Gipuzkoa y licenciado en Derecho.
San Sebastián 24 de febrero de 2023 / Publicada una versión inicial en La Hora Digital 

Nuestro sistema democrático tiene fallos que ignoramos o minusvaloramos y que debilitan cada día más la credibilidad de la política y de las instituciones.

En este sentido, la ciudadanía desconoce que para que se pueda registrar en el Congreso una simple pregunta de un diputado socialista al Gobierno, para obtener una respuesta escrita, hay que seguir un largo procedimiento, como un previo ‘control caprichoso’ de cara la autorización interna del grupo parlamentario. Es un examen que requiere obtener tres firmas.

La iniciativa parlamentaria de un diputado necesita para ser tramitada, las autorizaciones del asesor de área, la del portavoz del grupo en la Comisión concernida y la de la dirección del grupo. Esas firmas representan el poder absoluto del grupo. En su caso, se exige, además, el plácet del gobierno. Solo así pueden avanzar en el Congreso iniciativas básicas y necesarias para que un diputado pueda desarrollar con más motivación y rigor las funciones parlamentarias. ¡El funcionamiento actual me parece inadmisible!

De este modo, se están usurpando derechos y facultades elementales a los diputados. Y eso también afecta a la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, los artículos del Reglamento del Congreso (7, 180 y 185) ya recogen, aunque de forma imprecisa, las facultades hipotéticas de los diputados. Pero no se están aplicando correctamente. Se imponen los filtros internos que garantizan el mandato imperativo de los grupos.

La solución consiste en que el viejo Reglamento tiene que reformarse para garantizar a cada diputad@ un turno específico para intervenir en las Comisiones en caso de debatirse una materia que sea de interés directo para su circunscripción electoral. Reconocerle competencia real para registrar iniciativas como interpelaciones, preguntas escritas o petición de datos y documentos al Gobierno o a la Mesa del Congreso, sin que lo pueda impedir la tutela del grupo.

Este espacio de autonomía ha de permitirle, también, la presentación efectiva -lo que supone su entrada en el registro- de proposiciones no de ley en el marco de las Comisiones de las que forme parte, así como de enmiendas a los presupuestos. Se trataría de equilibrar y hacer compatible en el Reglamento un ámbito de acción libre para el diputado individual con el inevitable y necesario protagonismo de los grupos del Congreso en las grandes decisiones y en la actividad del Pleno.

El Parlamento es el escenario esencial de un sistema democrático. En él sus miembros se están convirtiendo en una parte del ‘atrezzo’. Se priman los discursos de argumentario, se repiten las consignas, se practican los aplausos forzados y es una constante la votación disciplinada con escaso debate previo. De ahí la necesidad de dar a conocer la trastienda de su funcionamiento para provocar un cambio.

Sobre esta situación resulta muy ilustrativa la Sentencia 57/2011 del Tribunal Constitucional que consideró “vulnerado el derecho a la participación política en condiciones de igualdad (artículo 23.2 de la CE) ante la inadmisión, por la Mesa del Congreso, de una solicitud de información presentada por un Diputado socialista por no estar acompañada de la firma del portavoz del grupo”.

Una democracia que quiera ser avanzada ha de reconocer y garantizar un ámbito de autonomía/libertad al diputado en su actividad. Sería la manera de evitar la suplantación absoluta de los representantes de la soberanía popular por los intereses de los grupos parlamentarios que actúan al dictado de los órganos directores de los partidos. Aún es más grave cuando desde el propio gobierno se marcan todos los criterios a los grupos de la mayoría parlamentaria.

En resumen, los mandatos imperativos de los grupos parlamentarios de los partidos (artículo 18 de los Estatutos del Grupo Socialista del Congreso) se imponen al mandato representativo y a las facultades que disponen, en teoría, los diputados para realizar bien y con eficacia sus funciones. Además, estos se resignan ante la fuerza de la disciplina de voto y actúan con docilidad para evitar su marginación.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 20 de febrero de 2023 / Publicado en elobrero.es

La admisión a trámite de una simple Pregunta que hace un diputado al Gobierno, para su respuesta escrita, está sometida a una autorización previa del Grupo y requiere tres firmas. 

El Parlamento es el escenario esencial de un sistema democrático. En él sus miembros pueden convertirse en una parte de su atrezzo, limitándose a permanecer largas horas en su escaño, trabajando y aplaudiendo según el guión de cada grupo y apretando el botón de las votaciones de manera disciplinada. Pero es deseable que ejerzan la representación de la ciudadanía haciendo uso de una autonomía básica para realizar con más eficacia y libertad sus funciones.

Es en el Congreso donde toma pleno sentido la expresión del pluralismo, la deliberación enriquecedora y una producción legislativa de rigor. Junto a lo anterior, la búsqueda de acuerdos parlamentarios, los procesos de control de la oposición sobre el gobierno y los cauces de participación ciudadana constituyen los pilares de su funcionamiento.

¿Pero qué decir de la capacidad de acción de quienes componen el Congreso?Los diputados, además de cumplir con sus obligaciones parlamentarias y éticas, deben disponer de mecanismos para el mejor desempeño de sus tareas. Esta defensa del parlamentarismo -aunque existen otras muchas razones- requiere reformar el viejo Reglamento del Congreso, un reto pendiente que la actual Presidencia y Mesa, con mayoría de izquierda, no son capaces de afrontar. ¡Qué oportunidad perdida!

Una democracia que quiera ser avanzada tiene que reconocer y garantizar un campo de autonomía/libertad del diputado en su actividad. Sería la manera de evitar la suplantación absoluta de los representantes de la soberanía popular por los intereses de los grupos parlamentarios que actúan al dictado de los órganos directores de los partidos. Aún es más grave cuando desde el propio gobierno se marcan todos los criterios a los grupos de la mayoría parlamentaria.

Los artículos del Reglamento que recogen de forma imprecisa las facultades hipotéticas de los diputados, no se están aplicando correctamente. Veamos:

- Artículo 7: “Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”.

- Artículo 180: “Los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán formular interpelaciones al Gobierno y a cada uno de sus miembros”.

- Artículo 185 :”Los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a cada uno de sus miembros. Las preguntas habrán de presentarse por escrito ante la Mesa del Congreso”.

En realidad, el Reglamento del Congreso se convierte en papel mojado y el control previo de los grupos con las firmas restringe la relevancia del diputado en el desempeño de las funciones constitucionales de la Cámara.

Por ejemplo, el registro de una simple pregunta al Gobierno, para obtener una respuesta escrita, está sometido a un procedimiento previo de autorización interna y requiere tres firmas (!!). La del asesor de área, la del portavoz del grupo en la Comisión concernida y la de la dirección del grupo; además del plácet del gobierno, en su caso. Solo así pueden avanzar en el Congreso iniciativas básicas y necesarias para desarrollar la función parlamentaria. Queda claro que si no se obtienen las tres autorizaciones, la pregunta no se registra, se usurpan derechos a los diputados y su gestión se empobrece.

Sobre esta situación resulta muy ilustrativa la Sentencia 57/2011 del Tribunal Constitucional que estima el Recurso de amparo promovido un diputado socialista, Francisco Garrido Peña, frente al acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados que inadmitió a trámite su iniciativa parlamentaria. El Tribunal reconoció que “se ha lesionado el artículo 23.2 CE, en su dimensión de derecho al ejercicio del cargo público. Se ha vulnerado el derecho a la participación política en condiciones de igualdad ante la inadmisión de una solicitud de información presentada por un Diputado por no estar acompañada de la firma del portavoz de su grupo parlamentario”.

En concreto, el Reglamento debería garantizar al diputado, como representante más directo de la ciudadanía, un turno específico para intervenir en las Comisiones en caso de debatirse una materia que sea de interés directo para su circunscripción electoral. Reconocerle competencia real para registrar iniciativas como interpelaciones, preguntas escritas o petición de datos y documentos al Gobierno o a la Mesa del Congreso, sin que lo pueda impedir la tutela del grupo. Esta autonomía ha de permitirle también la presentación efectiva -lo que supone su entrada en el registro- de proposiciones no de ley en el marco de las Comisiones de las que forme parte, así como enmiendas a los presupuestos.

Por último, citaré mi propia experiencia. El 80% de las iniciativas que he presentado a mi grupo en estos tres años (consultar en odonelorza.com) no fueron autorizadas, sin explicación, por la dirección del grupo y Moncloa. En consecuencia, no fueron tramitadas en el Congreso y entran a formar parte de lo que denomino “un limbo parlamentario”; no aparecen publicadas en el boletín del Congreso ni constan en su web. Acaban censuradas, no existen y esta anomalía parece no interesar a nadie.

En resumen, los mandatos imperativos y abusivos de los grupos parlamentarios de partidos se imponen al mandato representativo y a las facultades que disponen los diputados para realizar sus funciones. Además, estos se inclinan ante la fuerza de la disciplina de voto y actúan con docilidad para evitar su marginación. Se trataría de equilibrar y hacer compatible en el Reglamento un ámbito de acción libre para el diputado individual con el inevitable y necesario protagonismo de los grupos del Congreso en el Pleno.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 18 de febrero de 2023 / Publicado en InfoLibre.es