Atendiendo la "invitación pública" del nuevo Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en un momento especialmente delicado para los socialista tras las recientes elecciones en Euskadi y Galicia, doy traslado a la dirección y a la militancia socialista de este Documento con aportaciones al proceso de reflexión sobre "nuestra crisis" que sirva para la redefinición del proyecto socialista en España y la revitalización de la democracia. Es una aportación más de las miles con las que la militancia desea enriquecer con plena lealtad un debate que ha de ser profundo y ordenado, abierto también a la ciudadanía.
Por mi parte, reitero una preocupación que vengo expresando desde noviembre 2011 sobre la imperiosa necesidad de abordar, con auténtica voluntad política y capacidad de iniciativa, la regeneración del sistema político y la mejora de la calidad de la democracia en España.
Al día de hoy, ni Gobierno del Presidente Rajoy ni la oposición parlamentaria podemos ignorar la existencia de un elevado descontento de la ciudadanía hacia la política, unido a un descrédito de los políticos, partidos e instituciones. Desconfianza hacia el sistema y con la forma en la que los representantes políticos, en diferentes ámbitos de responsabilidad y competencias, desempeñamos el papel que los electores nos han encomendado. Desconfianza, en suma, con la acción de la política frente a la crisis económica e indignación ciudadana por la falta total de equidad en el reparto de sacrificios a la hora de afrontar la crisis.
Todo ello viene provocando un creciente desapego de gran parte de la sociedad hacia el sistema democrático porque lo ven mediatizado por las condiciones que marca la Troika de la UE y las presiones de los mercados especulativos. Y porque consideran que el sistema democrático es incapaz de hacer frente, con libertad de medidas, a la crisis económica. Una situación que empuja a la ciudadanía a la calle y que expresa el fracaso de la política y del Parlamento como depositario de la soberanía nacional.
Las manifestaciones de rechazo, iniciadas por el 15-M en la última etapa del gobierno socialista, han aumentado en el mandato de Rajoy tras el triunfo el 20-N del Partido Popular. Son consecuencia de la intensificación de las políticas de ajuste presupuestario y de los recortes de derechos sociales y laborales que están en la base de esa irritación ciudadana. La respuesta se viene reflejando en importantes protestas que se han desarrollado en los últimos meses en distintas ciudades españolas y especialmente en Madrid.
Sin embargo, el Gobierno del PP no propone medidas al Congreso, de acuerdo con la oposición, para regenerar la vida política con el objetivo de afrontar la crisis en mejores condiciones e impulsar una democracia más justa y de más calidad, así como para acercar el Parlamento a la ciudadanía. Y no lo hace porque es responsable de un proceso de degradación de la democracia por los impedimentos que pone el PP, aprovechando su mayoría absoluta, a los mecanismos de control del Parlamento sobre el ejecutivo. Esto se traduce en la falta de transparencia y de rendición de cuentas por el Gobierno del Presidente Rajoy y en las escasas oportunidades de participación para la ciudadanía.
La realidad es que se impiden las comparecencias del Gobierno en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, explicar decisiones de trascendencia o debatir sobre las condiciones de los rescates; se suprime el debate sobre el estado de la nación; se dio apoyo inexplicable al juez Dívar; rechazan la creación de una Comisión de Investigación para Bankia y el sistema financiero recapitalizado con dinero público; proponen la disolución del Tribunal Constitucional porque no les gusta la sentencia sobre Sortu; cambian el modelo de pluralismo, profesional e independiente de RTVE; se rechaza el diálogo con los Mineros incumpliendo sus compromisos electorales; aceptaron sólo tres enmiendas y sin contenido económico sobre las más de 3.000 presentadas por la oposición en el pasado debate del Presupuesto 2012; se incumplen buen número de compromisos electorales subiendo impuestos y recortando derechos sociales básicos; se actúa con prepotencia abusando de la tramitación de Decretos-Leyes como el de la Reforma Laboral; etc, etc.
Estas decisiones están vaciando peligrosamente de contenido a un Parlamento que, en estos momentos de convulsión, debería ser más que nunca el centro de la vida política. Por otra parte, los nombramientos para los diferentes organismos del Estado se siguen realizando con criterios y cuotas partidistas que no garantizan la imparcialidad en las labores que tienen encomendadas. El último ejemplo es precisamente el criterio aplicado en el nombramiento de la presidencia de la CNMV.
Las situaciones que vivimos, sin olvidar la crisis de valores, son un caldo de cultivo para los discursos populistas que persiguen deslegitimar la política, algo que el Gobierno no debiera alimentar. Las mismas situaciones que han generado un amplio movimiento político ciudadano del que han surgido plataformas sociales que reclaman una democracia más real y representativa, cercana, avanzada y participativa. Los socialistas hemos de ser conscientes de que el déficit y las carencias democráticas vienen de atrás, que a lo largo de los años el sistema institucional ha venido acumulando vicios y errores y que la evolución de la sociedad y sus requerimientos no se han traducido en cambios y avances en el funcionamiento de nuestra democracia.
Lo cierto es que resulta innegable el deterioro de la democracia como consecuencia de la corrupción, del distanciamiento de los políticos de la ciudadanía, de la incapacidad del Gobierno y del Parlamento de tomar decisiones con total libertad ante la crisis económica, de una cierta partitocracia y de la falta de nuevos cauces de control y participación de la ciudadanía en las decisiones. De manera que corremos el riesgo de que el hueco que van dejando las ideas democráticas se vea ocupado por ideas populistas y autoritarias.
Por eso, los socialistas, si queremos recuperar credibilidad como parte de la izquierda, debemos devolver con propuestas de medidas concretas y desde el consenso la dignidad a la política, transformando normas y comportamientos, recuperando el principio de que la política ha de estar al servicio de la ciudadanía como una tarea cargada de ética y honestidad.
Regenerar la política significa actuar sobre el sistema institucional, proponiendo aquellas reformas legales que permitan conectar de nuevo a los políticos con la ciudadanía para innovar los sistemas de elección, participación y representación, garantizar los procesos de seguimiento y control de las políticas del gobierno desarrolladas a lo largo de la legislatura, combatir con eficacia la corrupción, favorecer el funcionamiento independiente y eficiente de organismos reguladores y de control del ejecutivo, democratizar más el funcionamiento de los partidos y apostar por la máxima transparencia de las administraciones públicas.
Por tanto, se impone una necesaria reflexión sobre nuestro modelo de democracia, surgida hace más de 30 años con todos sus condicionantes y limitaciones del periodo de transición de la dictadura a la democracia en España.
La tarea hoy es adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin olvidar que los partidos políticos, acusados de estar anquilosados, han de ser actores fundamentales en el fortalecimiento de la democracia. Por ello, tenemos que revitalizar su democracia interna, su forma de elegir sus candidatos, dotándonos de mecanismos que hagan de los partidos organizaciones humanas más transparentes, abiertas a la sociedad, que sean percibidas por la ciudadanía como un instrumento eficiente para la organización de la convivencia en una sociedad más justa e igualitaria y que ayuden a devolver la credibilidad a la política.
La crisis económica y política que padecemos representa una oportunidad para abordar cambios normativos, transformaciones de comportamientos y nuevas reglas políticas que refuercen la democracia. Hoy, más que nunca, necesitamos más y mejor democracia; esa es también la alternativa para combatir la crisis desde la implicación y complicidad de toda una sociedad que busca desesperadamente agarrarse a una esperanza de futuro. Y para ello debemos estar dispuestos a defender, incluso, la reforma de la Constitución.
Las razones expuestas me llevan a proponer a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y a la C.E. del PSOE un listado de compromisos y propuestas sobre la regeneración democrática que haga posible un papel de liderazgo de los socialistas en la búsqueda de un consenso con las demás fuerzas políticas sobre su contenido y para el encauzamiento normativo de lo acordado. Todo ello en el marco de un proceso que deberá estar acompañado de la apertura de una metodología que garantice el debate público y la participación de los movimientos sociales.
COMPROMISOS que planteo en favor de la regeneración de la política y la mejora de la calidad de la democracia en España:
1- Abordar el estudio de la Reforma de la Ley Electoral para sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas que permita mayor libertad de elección a los votantes y un aumento de legitimidad de los representantes, así como para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral partiendo del informe del Consejo de Estado.
2- Incorporar a la Ley Electoral una regulación que establezca la limitación de mandatos en el desempeño de cargos públicos e impida también su acumulación. Actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de intereses de los Diputados.
3- Establecer un nuevo sistema para la elección y designación de los miembros de los diferentes organismos del Estado como el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, Fiscal General del Estado, etc. De modo que frente a criterios partidistas se prime la capacidad, los méritos y un reconocido prestigio en su elección, quedando así garantizada la independencia en la gestión.
4- Proponer medidas para lograr una mayor participación directa de la ciudadanía en la política facilitando, por ejemplo, el ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular como vía de participación democrática a la ciudadanía y colectivos, agilizando la tramitación de sus iniciativas y añadiendo mecanismos de intervención de la Comisión Promotora de las ILP a lo largo de todo el proceso en el Congreso, a modo del Diputado 351. También se deberá incorporar a la legalidad y como nueva herramienta participativa, la Iniciativa Popular para solicitar la convocatoria de consultas ciudadanas.
5- Propuesta de cambio legislativo para incorporar mecanismos de obligado cumplimiento que refuercen la democracia interna en el funcionamiento de la vida de los partidos, como el modelo de primarias para la designación de candidatos, la publicación en la web de la información sobre las vías de financiación, estados financieros y cuentas generales de los partidos y sus fundaciones, el informe anual del Tribunal de Cuentas, la declaración de los bienes, retribuciones y actividades de los cargos públicos, así como una memoria anual dando rendición de cuentas sobre el grado de cumplimiento de las promesas electorales.
6- Reiterar la exigencia de creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para que se depuren responsabilidades sobre los casos de mala gestión en Bankia y en aquellas entidades que hayan participado del proceso de recapitalización con fondos públicos.
7- Consensuar, durante su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de modo que concite el acuerdo de los Grupos Parlamentarios sobre sus contenidos y se convierta en un instrumento clave para combatir la corrupción, desarrollando sus efectos disuasorios y preventivos, así como para facilitar a la ciudadanía el acceso a las decisiones.
8- Petición al Gobierno de Rajoy de un Código de Buen Gobierno de aplicación a sus miembros y altos cargos de la Administración General del Estado que permita el mejor desempeño de sus funciones, conforme a los principios ėticos y de conducta y que incluya la publicación de los bienes y actividades de los cargos públicos.
9- Compromiso de alcanzar un Pacto con los Grupos Parlamentarios sobre la Reforma de la Administración Local tanto en lo que se refiere a las competencias, financiación y estructura política de los Ayuntamientos y al papel de las Diputaciones, como en la parte que garantice el pluralismo político y el funcionamiento de una democracia local más participativa.
10- Reforma legal para la elección directa del Alcalde-Alcaldesa por la ciudadanía, con la incorporación, sólo para este nivel, de mecanismos que garanticen mayorías en el actual sistema electoral proporcional, junto al reforzamiento de las competencias del Pleno.
11- Impulsar la Reforma del Reglamento del Congreso para que desempeñe un papel más activo, propicie el acercamiento entre representantes y representados y refuerce su función legislativa y de control sobre el ejecutivo. Es necesario que el Congreso extienda su calendario de sesiones de Plenos y amplíe la autonomía de los Diputados. Así mismo, se debería abrir el Congreso a la participación de la sociedad civil, facilitando la comparecencia de representantes de los sectores afectados en las Comisiones con ocasión de los procesos legislativos, a fin de qué a fin los diputados escuchen sus criterios y propuestas antes de constituir las ponencias redactoras. Además se deben ampliar las competencias de la Comisión de Peticiones del Congreso.
12- Presentar una iniciativa en el Congreso para disponer de un Código Ético referido a buenas practicas parlamentarias, comportamientos y cumplimiento de las obligaciones de los Diputados con la incorporación de sanciones.
13- Proponer una regulación para el establecimiento del denominado Gobierno Abierto que fomente una nueva forma de relación entre la Administración y la ciudadanía basada en la transparencia, la participación y colaboración. Se trata de aprovechar las nuevas tecnologías para que todas las Administraciones Públicas establezcan en las webs oficiales y redes digitales cauces para dar a conocer sus iniciativas, rendir cuentas, permitir el acceso ciudadano a la información y recibir las valoraciones y propuestas ciudadanas como expresión de su participación en la formulación de las políticas.
14- Promover un gran Pacto nacional contra la corrupción entre gobiernos, partidos, empresarios, agentes sociales y medios de comunicación para hacer efectiva la aplicación de todas las medidas disponibles en la lucha contra ese cáncer de la política.
15- Propuestas para eliminar las deficiencias en el sistema institucional a fin de garantizar una administración de cristal en la que la prevención, control y denuncia sobre casos de corrupción así como la eliminación de cualquier practica corrupta, resulten efectivas. Para ello es preciso fijar en la Ley de Transparencia los criterios a seguir por las administraciones en materia de contratación y concesión de ayudas, así como favorecer el ejercicio pleno de todas las actuaciones por parte de las instancias de control administrativo, como los Tribunales de Cuentas, asesoría jurídica e intervención, así como la tutela judicial sobre las administraciones. Los cargos públicos imputados deberán cesar en sus cargos y los procesados quedar apartados de las listas electorales.
16- Proponer que se encargue a un Observatorio o entidad independiente la redacción de un informe público anual sobre la calidad de la democracia en España, los incumplimientos de sus obligaciones por parte de las diferentes administraciones y partidos en materia de transparencia y que incluya un "mapa de la corrupción" que señale el nivel de aplicación de las medidas previstas en la legislación para cada caso. El informe será presentado ante el Congreso de los Diputados.
ODÓN ELORZA, DIPUTADO SOCIALISTA POR GIPUZKOA
Madrid, Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2012
* Nota: Tras localizarlos ahora en mi archivo, por su interés y en recuerdo a Alfredo, subo al blog estos documentos de 2012.
