"Corren malos vientos en Europa que dificultan aplicar con tenacidad políticas de inclusión y cohesión social dirigidas a la inmigración para avanzar en la igualdad y la prevención de conflictos"

Los efectos de la crisis sobre el empleo y en la reducción de recursos educativos y asistenciales se suman a los discursos nacionalistas populistas y xenófobos que alientan la desconfianza y rechazo hacia el mundo musulmán, sin distinciones, actitud también alimentada por la propia amenaza de la Yihad islámica a las sociedades occidentales.

Esos factores ayudan a configurar un "caldo de cultivo" que lleva a jóvenes islamistas con raíz migrante de segunda y tercera generación, como habitantes de ghettos de exclusión social y motivados -además- por los conflictos internacionales, a enrolarse vía internet en las filas de Al Qaeda y el Estado Islámico.

De ahí la importancia de tener las ideas claras para desarrollar en las ciudades europeas una estrategia común en materia de migración que permita extender la condición real de ciudadanía a esos millones de personas. Las claves de esta estrategia, aprobada hace años en relación con el tratamiento de la diversidad y la construcción de la convivencia, se llaman: inclusión intercultural, interacción y diálogo entre comunidades y cohesión social. No serán un agua milagrosa pero pueden rebajar la intensidad del incendio del fanatismo religioso.

La realidad es que los recientes atentados de islamistas extremistas en París, los sufridos en ciudades como Londres o New York y la memoria viva de los 192 asesinados y 1858 heridos del 11-M en aquel Madrid trágico de 2004 en el que Aznar y Rajoy intentaron engañarnos, han obligado a los Estados a redefinir las garantías de la seguridad nacional.

Un ejemplo lo tenemos en la reciente firma del Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, algunos de cuyos contenidos -más allá del rechazo a la modalidad de cadena perpetua- provocan reservas porque pudieran dañar a las libertades individuales y al sistema de garantías propias de un Estado de Derecho. Sobre todo si quien tiene que hacer uso del Código Penal es un gobierno del PP.

Son interesantes las críticas y comentarios realizados por la Fundación Alternativas quien el pasado febrero aportó una interesante visión multidisciplinar de cómo combatir el terrorismo yihadista. Parte de la tesis de que "es necesario atacar a largo plazo una de las causas profundas de la radicalización, como es la marginación social, cultural y económica de buena parte de los jóvenes musulmanes que viven en las sociedades europeas, mediante un esfuerzo de integración y mejora de sus condiciones de vida, así como un esfuerzo educativo para contrarrestar la propaganda radical ..."

En todo caso, el Pacto de Estado tuvo su precedente en un plan secreto antiyihadista del Presidente Zapatero, aprobado en junio de 2010. Con él buscaba reconocer a la comunidad musulmana y apoyar planes locales contra la exclusión, combatir la captación de terroristas, neutralizar técnicamente las páginas web yihadistas, actuar contra redes de apoyo y financiación, reforzar la seguridad en espacios públicos de gran afluencia y mejorar el control de fronteras.

Con otra filosofía, en 2011 un pequeño grupo de Alcaldes pusimos en marcha en España la Red de Ciudades Interculturales de la mano del Consejo de Europa, con distintas finalidades: sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la diversidad haciendo realidad el diálogo intercultural e inclusivo para evitar divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales; la interacción entre los migrantes y las sociedades receptoras para fomentar el sentido de pertenencia y valores compartidos; la lucha contra el racismo y la xenofobia así como la prevención de la incitación al odio; defender la cohesión social y eliminar territorios de exclusión; salvaguardar los derechos humanos y los principios democráticos; y garantizar el acceso general a los servicios educativos y sociales de modo que se posibilite la inclusión de las personas inmigrantes en las sociedades locales.

Lo cierto es que no podemos ser ingenuos ante la complejidad del fenómeno yihadista. Por eso la gran mayoría de los españoles, según las encuestas, comparten la necesidad de adoptar nuevas medidas militares, policiales y reformas penales -en el marco de una unidad de acción internacional- que resulten eficaces para detectar y prevenir acciones terroristas que ataquen nuestras libertades.

Pero, a la vez, creo firmemente en la trascendencia de la política migratoria que una red de ciudades europeas viene aplicando con el objetivo de favorecer la convivencia de la diversidad, la interacción cultural y la equidad, la educación inclusiva para autóctonos, inmigrantes nacionalizados de diferentes generaciones y extranjeros y una puesta en valor de vínculos y de sentimientos de pertenencia que nos acerquen a todos a una misma condición de ciudadanía.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy aún no ha establecido un compromiso de cooperación entre el Estado, las administraciones autonómicas y locales para avanzar en los objetivos señalados por el Plan Estratégico "Ciudadanía e Integración", aprobado en septiembre de 2011 -de nuevo- por el anterior Gobierno del PSOE. Tampoco se ha hecho eco de las Recomendaciones del Consejo de Europa adoptadas como acuerdo por el Comité de Ministros de 21 de enero de 2015.

El citado Plan estatal recogía políticas de integración para la población inmigrante en un marco de convivencia intercultural, así como actuaciones sobre los servicios públicos y de participación para hacerlos accesibles a los inmigrantes en condiciones de igualdad y sin merma en la calidad.

Quienes somos conscientes de la dificultad de la tarea, reconocemos que, sin una fuerte apuesta de las instituciones, todo esto se quedará en pura retórica y alimentará a los extremistas.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Publicado en publicoscopia.es el 16 de marzo de 2015

"Susana Díaz destroza al PP y desmoraliza a Podemos"

Susana Díaz gana e incluso mejora las expectativas de las encuestas triunfando en unas difíciles elecciones andaluzas. Ni la influencia de los casos de corrupción, ni el desarrollo de los debates, ni el final del bipartidismo han perjudicado la ambición de la Presidenta de la Junta, primera mujer elegida por las urnas para gestionar Andalucía y dar esperanza a su ciudadanía en la lucha contra la crisis desde el bello Palacio sevillano de San Telmo.

Ella ha llevado el peso de una campaña muy personal y con un gran esfuerzo. Aun bajando 4 puntos el voto socialista (del 39 al 35%) en una jornada con un 3% de mayor participación (64%), eso no disminuye el valor del apoyo obtenido por Diaz en una batalla en solitario contra todos.

Su decisión de adelantar las elecciones, aduciendo razones de pérdida de estabilidad de su Gobierno, adquiere un valor estratégico al aportar aire y esperanza al PSOE en España y al romper una inercia muy negativa para Ferraz.

Le ha sacado al PP 9 puntos de diferencia (35% frente al 26%) y 14 parlamentarios (47 a 33) en una Comunidad tan decisiva o más, de cara a unas Elecciones Generales, que la de Madrid. Los resultados suponen un desastre mayúsculo para el PP y un castigo directo al gran ausente de hoy, Rajoy, que se ha escondido de nuevo sin querer dar la cara.

Mal presagio para un PP que ha visto como se le encendían todas las luces rojas de alarma; entre otras razones por la fuerte irrupción de Ciudadanos, un competidor en la derecha libre de herencias. Es muy destacable el resultado de Ciudadanos con 9 escaños "robados" al PP por méritos propios.

No es una provocación a nadie decir que Podemos ha sacado un resultado muy por debajo de sus propias expectativas porque salían a ganar y porque al inicio del recuento oficial no se conformaba con 22 escaños cuando al final obtiene solo 15. Su ambición de ser la alternativa al PP, apoyada en encuestas que le ha llegado a dar como primera o segunda fuerza en intención de voto para las Generales, ha pinchado y deberá aprender que no se debe menospreciar el voto socialista. En estos comicios, el PSOE le ha sacado 20 puntos y 32 escaños (47 por 15).

Me ha parecido injusto el resultado de Maillo tras la labor de IU en el Gobierno, bajando de 12 a 5 escaños. La llegada de Alberto Garzón al puesto de mando de la coalición, actuando como auténtico Caballo de Troya podemista, ha servido para introducir la confusión sobre la identidad de IU y ha puesto en valor el voto útil a Podemos.

Por su parte el desastre es mayúsculo en el caso de UPyD al no obtener representación mientras su líder, Rosa Díez, atraviesa horas muy bajas tras sucesivos errores estratégicos.

Por último, es obligado hablar de pactos. Descartado desde el primer día cualquier pacto con el PP, la verdad es que no lo tiene fácil Susana Díaz porque con IU nos suma y resultaría imposible un acuerdo con Podemos y Ciudadanos que quieren concurrir limpios y sin pecado original a las elecciones municipales.

Por eso es inteligente y práctico, a la vista de los resultados, plantear por la Presidenta la formación de un Gobierno en solitario -con la incorporación de una imprescindible estrategia de regeneración política basada en la apuesta por la apertura al diálogo y en una cultura de pacto- hasta ver los resultados de las eleciones de mayo o quizás hasta pasadas las Generales. Aunque todo indica que tras las eleciones locales y autonómicas los partidos tendrán que mojarse y mostrar sus preferencias sobre coaliciones para formar gobiernos.

La inestabilidad que acompaña a este nuevo ciclo de la política en España sólo podrá ser superada con la generosidad del pensamiento democrático; buscando los puntos de encuentro entre diferentes y pactando.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Para Publicoscopia / 22 de marzo de 2015

Borrador de Proposición al Pleno del Congreso sobre políticas dirigidas a la población inmigrante basadas en la inclusión social y el enfoque intercultural de la diversidad, en complemento al Pacto de Estado antiyihadista.

Esta es una experiencia de participación ciudadana desde las redes en la elaboración de una Proposición al Congreso de los Diputados. Si estás interesado entra en mi web www.odonelorza.com /Oficina del diputado en el Menú/ Participación,Contacto / Rellenar formulario de contacto. O bien enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando tu aportación, corrección, comentario o crítica. Responderé a tu correo y te daré cuenta del texto final.

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Corren malos vientos en Europa que dificultan aplicar, con tenacidad, políticas de inclusión, cohesión social e interculturalidad dirigidas a toda la ciudadanía, de modo especial a las personas de origen inmigrante. El objetivo es lograr avances en la igualdad, conseguir una convivencia pacífica y la prevención tanto de fracturas entre comunidades como de conflictos violentos.

Los recientes atentados de islamistas extremistas en París, los sufridos en ciudades como Londres o Madrid -en este caso con 192 asesinados y 1858 heridos en aquel 11-M trágico de 2004- lo mismo que en otros continentes, han obligado a los Estados a redefinir con nuevas medidas legislativas las garantías de la seguridad nacional desde el recuerdo solidario a las víctimas y sus familias.

Esta realidad no debería hacernos olvidar que hay que combatir, además, los discursos xenófobos e islamófobos que azuzan el miedo a la inmigración y buscan relacionar la presencia de inmigrantes con la amenaza terrorista. Así, recordamos el atentado en Utoya-Noruega con más de 100 víctimas en 2011, que fue obra de la extrema derecha.

El Parlamento de España ha aprobado una ley orgánica, en desarrollo de un Pacto de Estado, que introduce modificaciones en el Código Penal para mejorar la prevención, aumentar la eficacia policial y la de los servicios de inteligencia en respuesta a la amenaza del terror, en especial de la Yihad islámica, y sancionar adecuadamente a los terroristas. El objetivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía sin dañar los márgenes de libertad que protege un Estado de Derecho.

En todo caso, este nuevo Pacto de Estado tenía su precedente en un plan antiyihadista que elaboró el Gobierno del anterior Presidente, Rodriguez Zapatero, aprobado en junio de 2010. Con él se quería reconocer a la comunidad musulmana y apoyar planes locales contra la exclusión, combatir la captación de terroristas, neutralizar técnicamente las páginas web yihadistas, actuar contra redes de apoyo y financiación, reforzar la seguridad en espacios públicos de gran afluencia y mejorar el control de fronteras.

Lo cierto es que no cabe la ingenuidad ante la complejidad del fenómeno yihadista. Por eso la gran mayoría de los españoles, según las encuestas, comparten la necesidad de adoptar nuevas medidas policiales y reformas penales -en el marco de una unidad de acción internacional- que resulten eficaces para detectar y prevenir acciones terroristas que atacan nuestras libertades.

Sin embargo, las ciudades deben seguir siendo laboratorios de innovación política, socialización cultural y democratización de sus instituciones, por lo que pueden realizar una contribución decisiva a la cohesión social, la lucha contra la exclusión y a la promoción de valores culturales democráticos compartidos en torno a una idea de ciudadanía común.

Todo ello ha de llevar a las instituciones y a este Parlamento a contemplar otras estrategias que complementen las de tipo policial y represivo, las de la alta diplomacia internacional y la necesaria cooperación migratoria con los países de origen. Porque los efectos de la crisis económica sobre el empleo y en la reducción de recursos educativos y asistenciales en las administraciones, vienen bien a los discursos nacionalistas populistas y xenófobos que alientan la desconfianza y rechazo hacia el mundo musulmán, sin distinciones. Y en ello juega un papel determinante la propia amenaza de la Yihad islámica hacia las sociedades occidentales.

Es preciso tener en cuenta la existencia de una realidad europea en la que abundan la discriminación y las actitudes de exclusión. Porque ayudan a crear un "caldo de cultivo" que puede arrastrar a jóvenes islamistas con raíz migrante de segunda y tercera generación -habitantes de ghettos de exclusión social y alentados por los conflictos internacionales- a enrolarse vía internet en las filas de Al Qaeda y el Estado Islámico.Contra esa realidad hay que actuar.

Las ciudades europeas, en particular las de la Unión Europea, han de desarrollar una estrategia común en materia de migración que permita extender la condición de ciudadanía a esos millones de personas mediante su acceso real a la educación, los servicios públicos, el mercado laboral y la vida cultural. Las claves de esta estrategia se encuentran recogidas en las recomendaciones del Consejo de Europa y en los principios de la Red "Intercultural Cities" nacida en 2008.

La Red parte de la tesis de que es necesario afrontar las situaciones que influyen en casos de radicalización, como es la marginación social, cultural y económica de buena parte de los jóvenes musulmanes que viven en nuestras ciudades. De ahí la urgencia de adoptar medidas de integración y mejora de sus condiciones de vida, así como un esfuerzo de los recursos educativos para contrarrestar la propaganda radical. Así mismo, la Red entiende que las políticas interculturales constituyen una tercera vía entre la asimilación y el multiculturalismo.

Con esta filosofía, desde enero de 2011, opera en España una pequeña Red de Ciudades Interculturales (RECI) de la mano del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Y desde "La ciudad intercultural paso a paso" (guía práctica del Consejo de Europa) se persiguen las siguientes finalidades:

- sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la diversidad haciendo realidad el diálogo en un modelo de ciudad inclusivo e intercultural para evitar divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales, exclusiones y conflictos;

- la interacción entre los migrantes, instituciones locales y los diferentes agentes de las sociedades receptoras para fomentar valores compartidos y un sentido de identidad y pertenencia común a la ciudad donde se resida;

- la lucha contra el racismo y la xenofobia así como la prevención de la incitación al odio;

- defender ciudades inclusivas que fomenten la cohesión social y la eliminación de territorios de exclusión;

- salvaguardar los derechos humanos y los principios democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana;

- garantizar el acceso general a los servicios educativos y sociales de modo que se posibilite la inclusión de las personas inmigrantes en las sociedades locales.

Por último, habría que recuperar el Plan Estratégico "Ciudadanía e Integración 2011-2014", aprobado por el Gobierno Zapatero en septiembre de 2011, que recogía políticas de integración para la población inmigrante en un marco de convivencia intercultural, así como actuaciones sobre los servicios públicos y de participación para hacerlos accesibles a los inmigrantes en condiciones de igualdad y sin merma en la calidad.

Aquel Plan Estratégico, en un momento de regresión de las políticas migratorias aplicadas en los años de crecimiento económico, decía que resultaba necesario por cuanto que era un elemento fundamental de la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y autóctonas, porque trata de contribuir al proceso bidireccional fomentando un desarrollo económico, social, cultural e institucional avanzado, plural y duradero para el conjunto de residentes en España, a través de intervenciones equilibradas de los poderes públicos y la sociedad civil.

El Parlamento, la ciudadanía y el conjunto de la sociedad española han de ser conscientes de la dificultad de la tarea, reconociendo que sin una fuerte apuesta de las instituciones todo se quedará en pura retórica y alimentará a los extremistas. Las "otras medidas" por la inclusión, aquí recordadas, no serán un agua milagrosa pero pueden contribuir a rebajar la intensidad del incendio provocado por la exclusión y el fanatismo religioso.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno del Congreso la siguiente PROPOSICIÓN NO de LEY :

                                       "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Complementar las medidas del Estado de Derecho en favor de la seguridad nacional desde el respeto a los principios de la democracia y los derechos humanos, medidas recogidas en el Pacto de Estado para la prevención y lucha contra la amenaza yihadista, con una estrategia sostenible en los planos cultural, educativo y social. Esta implica, también, una respuesta a los discursos xenófobos e islamófobos que azuzan el miedo hacia la inmigración y buscan relacionar la presencia de inmigrantes con la amenaza terrorista.

2- Asumir y aplicar la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, aprobada el 21 de enero de 2015, que propone una acción común en materia de migración y fomentar desde el nivel local un tratamiento intercultural de la diversidad junto a un modelo urbano eficaz de inclusión y cohesión social que elimine las deficiencias hacia las personas inmigrantes.

3- Apoyar a la Red de Ciudades Interculturales en España y extender entre los Ayuntamientos el uso de la Guía práctica del Consejo de Europa, con acciones dirigidas a reforzar los valores democráticos compartidos y los sentimientos de pertenencia que acerquen a todos a una misma condición de ciudadanía para favorecer la inclusión de las personas inmigrantes, con especial referencia a la población de origen musulmán.

4- Establecer un compromiso en favor de constituir una plataforma de concertación y cooperación entre el Estado, las administraciones autonómicas y los poderes locales para avanzar en la construcción de la convivencia democrática desde la igualdad de trato y no discriminación por origen racial o étnico, la interacción y diálogo intercultural entre autóctonos, inmigrantes nacionalizados de diferentes generaciones y extranjeros".

Odón Elorza

Diputado Socialista por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados a 20 de marzo de 2015

Al Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Excmo Sr. Juan Manuel Albendea.

Estimado Presidente:

Hace dos años se reunía la Comisión Mixta formada por representantes ministeriales del Gobierno y las entidades del sector de la cinematográfica española para avanzar en el estudio y la negociación de contenidos sobre un nuevo modelo de financiación para el Cine español.

En ese sentido, el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, avanzó que estaba previsto "concluir la discusión antes del verano de 2013, tras la cual el Gobierno se compromete a redactar un proyecto de ley que será remitido inmediatamente a las Cortes, para que esté en pleno funcionamiento el 1 de enero de 2014". ¡Hasta hoy!

Sin negar la complejidad política de la tarea de búsqueda de nuevas vías de financiación que logren sustituir o complementar el sistema de ayudas vigente, lo cierto es que se han superado todos los plazos sin que se haya producido la presentación del modelo por el Gobierno Rajoy. Tampoco ha habido ni una simple comunicación de su situación al Parlamento.

Vivimos un tiempo nuevo, con otra forma de hacer política, centrada en la necesidad de la transparencia y la participación de la sociedad y de la ciudadana en un Parlamento más abierto, aún a pesar de los límites que todavía impone un Reglamento de la Cámara obsoleto.

Lo anterior va unido al objetivo de contribuir a lograr, también desde un Parlamento entendido como un espacio de diálogo, avances en la plasmación normativa de unas ayudas para impulsar un cine español de calidad y una industria más sólida, competitiva y con capacidad de adaptación a los nuevos modelos de negocio del audiovisual.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado de modo reiterado la comparecencia del Ministro, del Secretario de Estado de Cultura y de la Directora del ICAA para que expusieran en esta Comisión su propuesta de modelo de financiación, así como la situación de la negociación en la citada Comisión Mixta.

Pero no hemos logrado sus comparecencias porque desprecian el papel del Parlamento y se aprovechan de un Reglamento del Congreso que está caduco y no defiende la democracia de los abusos del gobierno.

En consecuencia:

Solicito de la Presidencia y Mesa de la Comisión de Cultura del Congreso que, consultada la Junta de Portavoces, acuerde la invitación a comparecer -en una sesión extraordinaria de esta Comisión y en fecha próxima- a los representantes de las entidades de la cinematográfica española para que expongan su posición sobre el modelo de financiación.

En el Palacio del Congreso a 25 de febrero de 2015

(fecha de registro en la Cámara)

Odón Elorza Vicepresidente de la Comisión de Cultura

Diputado del PSOE