Reforzar la identidad ciudadana frente a la amenaza de la Yihad.

"Corren malos vientos en Europa que dificultan aplicar con tenacidad políticas de inclusión y cohesión social dirigidas a la inmigración para avanzar en la igualdad y la prevención de conflictos"

Los efectos de la crisis sobre el empleo y en la reducción de recursos educativos y asistenciales se suman a los discursos nacionalistas populistas y xenófobos que alientan la desconfianza y rechazo hacia el mundo musulmán, sin distinciones, actitud también alimentada por la propia amenaza de la Yihad islámica a las sociedades occidentales.

Esos factores ayudan a configurar un "caldo de cultivo" que lleva a jóvenes islamistas con raíz migrante de segunda y tercera generación, como habitantes de ghettos de exclusión social y motivados -además- por los conflictos internacionales, a enrolarse vía internet en las filas de Al Qaeda y el Estado Islámico.

De ahí la importancia de tener las ideas claras para desarrollar en las ciudades europeas una estrategia común en materia de migración que permita extender la condición real de ciudadanía a esos millones de personas. Las claves de esta estrategia, aprobada hace años en relación con el tratamiento de la diversidad y la construcción de la convivencia, se llaman: inclusión intercultural, interacción y diálogo entre comunidades y cohesión social. No serán un agua milagrosa pero pueden rebajar la intensidad del incendio del fanatismo religioso.

La realidad es que los recientes atentados de islamistas extremistas en París, los sufridos en ciudades como Londres o New York y la memoria viva de los 192 asesinados y 1858 heridos del 11-M en aquel Madrid trágico de 2004 en el que Aznar y Rajoy intentaron engañarnos, han obligado a los Estados a redefinir las garantías de la seguridad nacional.

Un ejemplo lo tenemos en la reciente firma del Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, algunos de cuyos contenidos -más allá del rechazo a la modalidad de cadena perpetua- provocan reservas porque pudieran dañar a las libertades individuales y al sistema de garantías propias de un Estado de Derecho. Sobre todo si quien tiene que hacer uso del Código Penal es un gobierno del PP.

Son interesantes las críticas y comentarios realizados por la Fundación Alternativas quien el pasado febrero aportó una interesante visión multidisciplinar de cómo combatir el terrorismo yihadista. Parte de la tesis de que "es necesario atacar a largo plazo una de las causas profundas de la radicalización, como es la marginación social, cultural y económica de buena parte de los jóvenes musulmanes que viven en las sociedades europeas, mediante un esfuerzo de integración y mejora de sus condiciones de vida, así como un esfuerzo educativo para contrarrestar la propaganda radical ..."

En todo caso, el Pacto de Estado tuvo su precedente en un plan secreto antiyihadista del Presidente Zapatero, aprobado en junio de 2010. Con él buscaba reconocer a la comunidad musulmana y apoyar planes locales contra la exclusión, combatir la captación de terroristas, neutralizar técnicamente las páginas web yihadistas, actuar contra redes de apoyo y financiación, reforzar la seguridad en espacios públicos de gran afluencia y mejorar el control de fronteras.

Con otra filosofía, en 2011 un pequeño grupo de Alcaldes pusimos en marcha en España la Red de Ciudades Interculturales de la mano del Consejo de Europa, con distintas finalidades: sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la diversidad haciendo realidad el diálogo intercultural e inclusivo para evitar divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales; la interacción entre los migrantes y las sociedades receptoras para fomentar el sentido de pertenencia y valores compartidos; la lucha contra el racismo y la xenofobia así como la prevención de la incitación al odio; defender la cohesión social y eliminar territorios de exclusión; salvaguardar los derechos humanos y los principios democráticos; y garantizar el acceso general a los servicios educativos y sociales de modo que se posibilite la inclusión de las personas inmigrantes en las sociedades locales.

Lo cierto es que no podemos ser ingenuos ante la complejidad del fenómeno yihadista. Por eso la gran mayoría de los españoles, según las encuestas, comparten la necesidad de adoptar nuevas medidas militares, policiales y reformas penales -en el marco de una unidad de acción internacional- que resulten eficaces para detectar y prevenir acciones terroristas que ataquen nuestras libertades.

Pero, a la vez, creo firmemente en la trascendencia de la política migratoria que una red de ciudades europeas viene aplicando con el objetivo de favorecer la convivencia de la diversidad, la interacción cultural y la equidad, la educación inclusiva para autóctonos, inmigrantes nacionalizados de diferentes generaciones y extranjeros y una puesta en valor de vínculos y de sentimientos de pertenencia que nos acerquen a todos a una misma condición de ciudadanía.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy aún no ha establecido un compromiso de cooperación entre el Estado, las administraciones autonómicas y locales para avanzar en los objetivos señalados por el Plan Estratégico "Ciudadanía e Integración", aprobado en septiembre de 2011 -de nuevo- por el anterior Gobierno del PSOE. Tampoco se ha hecho eco de las Recomendaciones del Consejo de Europa adoptadas como acuerdo por el Comité de Ministros de 21 de enero de 2015.

El citado Plan estatal recogía políticas de integración para la población inmigrante en un marco de convivencia intercultural, así como actuaciones sobre los servicios públicos y de participación para hacerlos accesibles a los inmigrantes en condiciones de igualdad y sin merma en la calidad.

Quienes somos conscientes de la dificultad de la tarea, reconocemos que, sin una fuerte apuesta de las instituciones, todo esto se quedará en pura retórica y alimentará a los extremistas.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Publicado en publicoscopia.es el 16 de marzo de 2015