Desde julio, el Congreso y el Senado trabajan en un "código de conducta" conjunto para los parlamentarios. Los secretarios generales de ambas Cámaras refundirán el documento de la Cámara Baja en vigor y un borrador que se elaboró la pasada legislatura en la Cámara Alta.

A finales de septiembre deberá ser sometido al estudio de los Grupos para su evaluación, posterior debate y aprobación por consenso.

El Código se aprobará mediante un proceso de autorregulación, servirá para prevenir la corrupción, garantizar la transparencia y la integridad institucional. Incorporará un apartado de buenas prácticas parlamentarias y un capítulo de sanciones.

Ante este escenario previsto, estos días estoy trabajando diferentes textos y resoluciones de entidades para contribuir en septiembre, con aportaciones, a la redacción del Código Ético. 

Hoy se han constituido la mayoría de las Comisiones del Congreso. Informo de las cinco en las que formo parte:

?Comisión Constitucional / Como Portavoz del Grupo Socialista.

?Comisión de Hacienda.

?Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y de reformas institucionales y legislativas.

?Comisión de Reglamento del Congreso.

?Comisión Mixta de Control de RTVE y sus organismos.

Trataré de informar con transparencia en este blog, en los capítulos de AGENDA PÚBLICA e INICIATIVAS LEGISLATIVAS, de mis propuestas y trabajo en las Comisiones, de las proposiciones legislativas presentadas, debates y resoluciones más importantes que se produzcan.

Esta semana he previsto realizar lecturas y gestiones para conocer, con más precisión, los criterios de aplicación -por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses- de la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado ( 30 de marzo de 2015 ).

Todo ello, a la vista de la polémica suscitada por la concesión de algunas autorizaciones de compatibilidad, siempre en base a los artículos 15 y 16 de la norma.

Son los supuestos conocidos como “puertas giratorias”, para determinados casos de ex Altos Cargos que piden autorización para entrar o volver a trabajar en el sector privado. Algunos de estos casos ponen de manifiesto, en mi opinión, la conveniencia de estudiar si es necesario introducir cambios en la ley.

Se puede mejorar la información pública en el Portal de Transparencia con ocasión de la tramitación de la solicitud y de las resoluciones fundamentadas por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses. También se analizarían algunos aspectos controvertidos de la ley.