Odón Elorza

Odón Elorza

Proposición no de Ley sobre la regulación de los lobbies.

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de los lobbies, para su debate en la Comisión Constitucional.

En el Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 

La regulación de los lobbies y los grupos de interés aparece en todos sus informes como una recomendación recurrente del GRECO (Consejo de Europa) para España. Se trata, sin duda, de una de las lagunas más relevantes que nuestro país debe cubrir para homologarse a las democracias constitucionales de nuestro entorno en materia de calidad democrática.

Que la labor de los grupos de interés se realice con la debida transparencia y regulación sería beneficioso para todos los actores en juego. Para los propios grupos de interés, pues les daría unas pautas claras de cómo deben actuar en su relación con los poderes públicos. Para estos últimos, ya que les serviría para canalizar las demandas de la sociedad civil, lo que les ayudaría en la realización de sus objetivos. Y para la ciudadanía, que podría acceder a una información —la de la relación entre los poderes públicos y los grupos de interés- que ahora permanece en la opacidad.

En la XII Legislatura (2016-2019) se produjo la tramitación de una reforma de Reglamento de la Cámara, que caducó con la legislatura. Se trataba de una reforma cuyo principal objeto era la creación de un Registro público de carácter obligatorio en el que debían inscribirse los representantes de Grupos de interés que mantuvieran encuentros con los Diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.

Esta fórmula, la del Registro en el Parlamento, no ha sido la utilizada, sin embargo, por algunas Comunidades Autónomas, que han optado por la creación de un Registro de grupos de interés en la Administración, que luego, mediante convenio, pudiera ser utilizado también por este último.

Junto a la creación del Registro, en la Administración o en el Parlamento, sería necesario regular, entre otras materias:

- Qué se considera grupo de interés y actividad de influencia.

- El código de conducta que deben cumplir los lobistas que se apuntan al registro.

- Un sistema de control y fiscalización que asegure que se cumple lo establecido por la ley: alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control.

- La publicidad de los contactos mantenidos con grupos de interés durante la elaboración normativa y su participación previa en la elaboración de las normas. Un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley.

Nada de esto existe todavía. La situación actual se resume en que, pese a que determinadas CCAA han comenzado a regular la participación de los lobbies, carecemos todavía de una regulación a nivel estatal.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

 

                                                    PROPOSICIÓN NO DE LEY.

 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política"

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Proposición sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situación de estado de alarma,

                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

 

Odón Elorza González, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre “la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones de excepcionalidad, como la de la COVID-19”, para su debate en la Comisión Constitucional.


Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2020.


EL DIPUTADO - ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

 

                                                EXPOSICION DE MOTIVOS : 

 

La aparición en España del coronavirus produjo también sus impactos en el funcionamiento del Congreso, acordando la Presidenta de la Cámara, el día diez de marzo, un cierre preventivo de actividades a petición del Grupo político VOX afectado por el contagio. A continuación, el día doce, se procedió a suspender Plenos y Comisiones y dictar servicios mínimos para los siguientes quince días a la vez que se garantizaba disponibilidad de la Cámara ante situaciones o procedimientos urgentes. Todo ello de común acuerdo entre los Grupos en la Junta de Portavoces.

Las medidas de paralización quedaron confirmadas con la declaración del estado de alarma acordada por el Gobierno el 15 de marzo, de lo que se informó al Pleno extraordinario por el Presidente el día 18, siendo autorizada su prórroga por otro Pleno del 25 de marzo . En todo el tiempo transcurrido, el Congreso ha permanecido abierto, como corresponde a una actividad pública esencial en un Estado de Derecho por parte de una institución garante de la democracia. En especial, en cuestiones como el respeto al pluralismo político, la función legislativa y el necesario control al Gobierno.

La combinación de actividades presenciales con las telemáticas, por ejemplo en los Plenos, ha sido la opción razonable ante la orden de confinamiento y las normas de protección sanitaria que alcanzan a la generalidad de los diputados. Esa combinación, no ensayada hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien. Lo cual es de importancia para garantizar la calidad de nuestra democracia también en situaciones de excepcionalidad. Se trataría ahora, en caliente, de estudiar la aprobación de una regulación de las fórmulas de funcionamiento a seguir en este tipo de escenarios.

La Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces han buscado con acierto las fórmulas apoyadas en mecanismos tecnológicos, como las aplicaciones para realizar reuniones virtuales y votaciones telemáticas, aprovechando las posibilidades que ofrecen los sistemas de comunicación en internet, para que no se paralizase la función legislativa y de control del Congreso. Se trataba de poder debatir y autorizar en Plenos la convalidación de la legislación de emergencia aprobada por el Gobierno para combatir la pandemia de la COVID, con medidas de actuación en materia de salud, seguridad sanitaria, sociolaboral y económicas.

En concreto, la Cámara ha celebrado distintos Plenos, tanto para autorizar la convalidación de los RDL del Gobierno sobre la declaración. del “estado de alarma” y sus prórrogas -en cumplimiento de los artículos 116 de la Constitución y 162 del Reglamento del Congreso- como para aprobar otras medidas del Consejo de Ministros. Estos Plenos se han desarrollado, inicialmente, con una asistencia simbólica de diputados, utilizando la mayoría no presente el voto telemático y siguiendo su desarrollo desde el Canal Parlamento disponible en la página web del Congreso.

Además, se han celebrado reuniones de diferentes Comisiones con presencia reducida a los portavoces y a los ministros comparecientes. Entre ellas la de la Comisión de Sanidad para el seguimiento de las medidas contra el COVID-19. Todas ellas se han podido seguir desde el Canal de TV Parlamento.

También se ha recuperado, al cabo de un mes, la sesión plenaria de control al Gobierno y de debate de distintas iniciativas, con presencia reducida de diputados para guardar la distancia y según lo acordado por razones de seguridad sanitaria.

Con las medidas de confinamiento en su día adoptadas y la imposibilidad de seguir con la actividad ordinaria del Congreso, la vía del teletrabajo ha servido para dar continuidad a buena parte de las obligaciones de los diputados. La actividad en común de grupos de trabajo ha sido posible por medio de aplicaciones tecnológicas que la Cámara ha puesto a disposición de sus miembros, lo que ha permitido celebrar encuentros virtuales y videoconferencias.

Por cierto, la vía de la videoconferencia ha sido utilizada por el Presidente de Gobierno con los Presidentes de las CCAA en la llamada Conferencia de Presidentes así como por el Ministro de Sanidad con los Consejeros de los Gobiernos autonómicos en la Conferencia Interterritorial de Sanidad.

La crisis provocada por esta pandemia global ha supuesto un reto para todos los Parlamentos del mundo que han tenido que modificar sus normas internas de funcionamiento, priorizar el tratamiento de temas relacionados con la COVID-19 en sus sesiones de Pleno, utilizar el sistema de teletrabajo y hacer reuniones oficiales por videoconferencia para garantizar la continuidad de sus sesiones de trabajo, fijar una distancia personal de seguridad con ocasión de la celebración de reuniones con votación, etc.

Se dispone de una amplia referencia de los cambios de Reglamento, resoluciones y medidas especiales adoptadas a lo largo de marzo y abril por señalados Parlamentos. Entre otros, los de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia o el propio Parlamento Europeo. Los análisis disponibles señalan que esos Parlamentos se han planteado fórmulas y adoptado acuerdos de funcionamiento provisional similares a los del Congreso.

Durante las pasadas semanas y desconociendo cuándo se podrá volver a la plena normalidad en el Congreso, se han producido discrepancias sobre cuál debía ser, mientras tanto, el alcance de su actividad. Por ejemplo, en relación con cuestiones como la posibilidad de intervención virtual en un Pleno, la convocatoria de sesiones de control o el tiempo para dar respuesta a Preguntas. Por otra parte, hay que reconocer el buen funcionamiento del sistema de votación telemática y se debe analizar su uso para la celebración de Comisiones en situación de confinamiento.

En definitiva, contamos con la experiencia del funcionamiento en estas semanas de un Parlamento cuasi virtual, las amplias posibilidades prácticas que ofrecen las tecnologías de la comunicación y las disposiciones que pueden ser contrastadas y que llegan de otros Parlamentos sobre nuevos métodos de trabajo adaptados a un escenario de emergencia.

De ahí la conveniencia de abordar el estudio de una regulación precisa del funcionamiento del Congreso para un escenario excepcional. Esta regulación tendría que recoger el sistema de teletrabajo de los diputados con rendición pública de cuentas, el campo de utilización del voto telemático en los Plenos, las aplicaciones de teleconferencia para celebrar reuniones y Comisiones, incluso con voto telemático, la posible presentación y desarrollo de las diferentes iniciativas parlamentarias, los plazos de las tramitaciones, los servicio mínimos que ha de prestar la Cámara y el aprovechamiento de la página web del Congreso -que incluye el Canal Parlamento de TV- para ofrecer a la ciudadanía información transparente y accesible sobre las actividades, debates y acuerdos de la institución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

 

                                                  PROPOSICIÓN NO DE LEY .

 

"El Congreso de los Diputados acuerda:

1. Manifestar, ante la situación de excepcionalidad que afecta al funcionamiento de la Cámara y en el escenario de un “estado de alarma” que establece la medida sanitaria de confinamiento general para frenar la expansión del COVID-19, que el funcionamiento del Congreso cumple una actividad esencial para la democracia como expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.

2. Estudiar las posibilidades de adaptar el Reglamento de la Cámara a un modelo de funcionamiento del Congreso para un escenario similar al de la crisis de la COVID-19, que incluya un plan de medidas operativas y fórmulas de trabajo que garanticen el mantenimiento de las actividades parlamentarias imprescindibles, que establezca las condiciones para el desarrollo de las sesiones de Pleno y Comisiones así como para el ejercicio de las diferentes iniciativas parlamentarias, señale el papel que en cada actividad desarrollarán los sistemas tecnológicos y telemáticos y fije los servicios mínimos de la Cámara para el cumplimiento de las funciones de la institución y de los Diputados”.

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Enmienda a los Presupuestos 2021 sobre el traslado de los Cuarteles de Loiola, en San Sebastián, para destinar esos terrenos a una operación de vivienda pública.

ENMIENDA SIN CONTENIDO ECONÓMICO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021.

 

Enmienda De Adición 

 

Añadir una nueva disposición adicional al texto articulado del Presupuesto con el siguiente contenido: En el ejercicio 2021 el Ministerio de Defensa estudiará y negociará con el Ayuntamiento de San Sebastián, el Gobierno Vasco y el MITMA, un acuerdo que defina las condiciones y la necesaria financiación que hagan posible el traslado del viejo Cuartel Militar de Loiola-San Sebastián a los terrenos de Antondegi, situados en el polígono 27 de Martutene-San Sebastián. Ello permitiría acometer un Proyecto Piloto de Agenda Urbana centrado en la renovación urbana, con la recuperación racional de un suelo para hacer vivienda pública, preferentemente en alquiler, en un barrio innovador de eficiencia y certificación energética y movilidad sostenible.

 

MOTIVACIÓN:

 

Se trata de abrir, sin más dilación y desde la cooperación entre administraciones, la negociación entre las instituciones implicadas para lograr la reubicación del Cuartel Militar de Loiola en San Sebastián, por infrautilización de sus actuales instalaciones de 17 hectáreas, situadas en un territorio privilegiado, ocupando un suelo urbano y llano, en una ciudad con escasez de suelo. Una operación destinada a promover vivienda pública en su mayor parte, que es una necesidad prioritaria de la ciudad, en el marco de una operación de Agenda Urbana con un modelo de barrio de innovación urbanística, sostenible y de eficiencia energética que pudiera acogerse al Plan de Recuperación del Gobierno de España para la reactivación económica y al Fondo MRR de la UE.

 

Odón Elorza, Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Palacio del Congreso, a 5 de noviembre de 2020.

*Nota: Esta enmienda no fue aceptada. 

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Un gobierno abierto para una Democracia activa.

Una de las mejores vías para luchar contra la desafección ciudadana hacia los incumplimientos políticos, contra el populismo ultra nacionalista, el trumpismo autoritario y la corrupción -que alimenta esos movimientos-, es la aplicación de la filosofía de Gobierno Abierto.

Hablamos de la apertura de un gobierno a la presencia de cuatro principios claves (transparencia y rendición de cuentas, colaboración con la sociedad, participación e integridad) y del uso de las tecnologías para reforzar la democracia y actuar de una forma diferente en la gestión del poder.

Sucede que, aunque casi nadie lo conozca y los medios no hayan mostrado especial interés, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de coalición, organizaciones cívicas y expertos, en el marco de un proceso participativo, se acaba de aprobar el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2030. Se busca activar la democracia desde una estrategia de innovación tecnológica y política.

La Constitución garantiza a la ciudadanía - arts 9.2, 23.1 y 105 - el derecho de participación en las decisiones públicas, directamente o a través de sus representantes. Y establece que todos los poderes públicos tienen el deber de promover y facilitar esa participación en la vida política, económica, social y cultural.

La sociedad española ha venido expresando sus demandas de mayor transparencia en la vida política, más vías de participación, rendición de cuentas por parte de los gobiernos, integridad en el funcionamiento de las instituciones y colaboración en la mejora de las políticas y servicios públicos. En respuesta a estas peticiones, España se sumó en 2011 a la Alianza internacional para el Gobierno Abierto y, desde entonces, se han desarrollado tres planes nacionales con acciones diversas. ( Ver el documento del IV Plan en transparencia.gob.es )

En el marco del Foro de Gobierno Abierto, que reúne a las Administraciones Públicas con las organizaciones de la sociedad civil, en un espacio de diálogo y deliberación se han ido celebrando talleres deliberativos para debatir y priorizar las 130 propuestas de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas, para acordar los objetivos y prioridades de gobernanza democrática para España de cara a los díez próximos años.

El Documento final del IV Plan se acaba de aprobar y se proyecta a cuatro años para el cumplimiento de 10 ambiciosos compromisos que se estructuran en torno a cuatro grandes objetivos: 1. Profundizar en la transparencia, en el acceso a los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas. 2. Impulsar y fortalecer la calidad de la participación en la gestión pública. 3. Fortalecer valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones. 4. Sensibilizar a la sociedad y a las empleadas y empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto.

Para llevarlos a cabo, se contemplan 110 actuaciones concretas así como el impulso de mecanismos de comunicación, gobernanza y evaluación continua. De la cifra anterior 53 son propuestas planteadas por las Comunidades Autónomas y por la FEMP, en representación de los Ayuntamientos, que cuentan con su capítulo propio en el Plan.

Entre los objetivos del IV Plan destacan los siguientes: mejora de los sistemas de Integridad pública, regulación de un registro de lobbies, modificar la ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, protección de las personas denunciantes, Observatorio de buenas prácticas, desarrollo de una plataforma de participación en el Portal de Transparencia, un sistema que informe a la ciudadanía sobre la trazabilidad del proceso de elaboración legislativa o huella normativa, reforma de la Ley de Transparencia, plan de mejora de la transparencia y de la rendición de cuentas posibilitando un seguimiento periódico de cumplimiento dé compromisos, mejora del Portal de Transparencia con ampliación de la Publicidad Activa, configurar una herramienta tecnológica informativa sobre los Presupuestos, crear Laboratorios de innovación para promover la participación en políticas públicas, etc.

El “IV Plan Gobierno Abierto de España 2020-2024” quiere incidir en reformas y nuevos proyectos legislativos, impulsar iniciativas de gobernanza entre las Administraciones Públicas, promover los derechos constitucionales de participación e información veraz y sensibilizar en los valores democráticos. Por ello, debemos establecer un vínculo de relación y colaboración formal entre los responsables gubernamentales del IV Plan y el Congreso que permita el debate y el intercambio de ideas.

De esa manera será posible hacer un seguimiento desde el Congreso que evalúe el grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones contempladas en el Plan para el desarrollo de un  modelo de Gobierno Abierto, lo cual servirá para activar la democracia y favorecer la extensión de buenas prácticas en el Parlamento.

 

Odón Elorza, Diputado y Secretario de Transparencia y Participacion del PSOE.
San Sebastián 9 de noviembre de 2020 / Publicado en InfoLibre el 12-11-20.   


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