A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre un Plan de Medidas y Acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la JUVENTUD, para su debate en PLENO.
Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2021.
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
EXPOSICION DE MOTIVOS :
La Constitución española establece en su artículo 48 que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y laboral. Este mandato, incluido en el Capítulo dedicado a los principios rectores de la vida económica y social, se debe complementar con otros preceptos constitucionales que establecen principios y derechos fundamentales de gran relevancia para los jóvenes, como el artículo 35.1: “ todos los españoles tienen el derecho al trabajo”; el artículo 40.1 :“..los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo”; el artículo 40.2: “los poderes públicos garantizarán la formación profesional”; artículo 47: “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”; artículo 42: “ ... el Estado orientará su política hacia el retorno de los trabajadores españoles en el extranjero”; artículo 27, que reconoce el derecho a la educación; artículo 39, dedicado a la protección de la familia.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, que ya arrastraba un desempleo juvenil estructural, y ahora bajo los efectos de la pandemia, venimos asistiendo a un proceso de precarización general de la juventud, de la generación mejor preparada, que se manifiesta de diferentes formas y aleja la realidad española de la que preveía la CE en los preceptos descritos.
Dicha realidad se concreta en que el sector de la población joven, junto a los parados de larga duración, es uno de los más afectados por la situación de crisis que atraviesa la actividad económica del país tras los acontecimientos derivados del coronavirus.
El notable aumento del desempleo en España, de un empleo juvenil en nuestro país ligado a la precariedad y a la temporalidad, junto a otros elementos como los pasados recortes de servicios públicos, el desprecio a las políticas públicas, la desafección de la sociedad hacia la política ante los casos de corrupción, etc, provocaron el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo así como a cuestionar el funcionamiento del sistema político exigiendo una regeneración de la democracia. El movimiento social más importante fue el denominado 15M en 2011 que surgió, además, por la precariedad de los contratos laborales y por empeorar las condiciones económicas de las clases media y de las más humildes.
En este estado de cosas, la pandemia dificulta aún más la emancipación de los jóvenes al fragilizar el empleo juvenil, perjudica la estabilidad en el trabajo, imposibilita la consecución de una vivienda a precio razonable, impide el desarrollo de una agenda de actividades para la socialización en una etapa de la vida tan necesaria para las personas jóvenes, retrasa la aspiración a crear una familia y ser madres y padres -con su incidencia en las políticas demográficas- e incluso complica tremendamente la aspiración de la gente joven a alcanzar, en el futuro, una pensión digna.
La pandemia ha llegado cuando llevábamos años arrastrando una fragilidad del empleo juvenil, con unos niveles de paro muy elevados. El paro Juvenil se ha incrementado en 2020, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta el 40 % entre menores de 25 años y frente a un tasa de paro en España del 16,1 % , buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan se han quedado fuera del escudo social acordado por el Gobierno con los agentes sociales mediante los ERTES y el Ingreso Mínimo Vital, y otros se ven imposibilitados de acceder al mercado laboral o sometidos a unas condiciones precarias de trabajo.
Este conjunto de problemáticas hace que nos encontremos ante un proceso de precariedad y de supervivencia de muchos jóvenes que les puede llevar a la radicalización. Igualmente, el sistema pone patas arriba algo tan importante como idear proyectos de vida digna. Semejante incertidumbre para los jóvenes, que viene desde la crisis de 2008 y aumenta con la pandemia, va acumulando malestar general y aumenta su desconfianza hacia el sistema y las instituciones.
Podemos estar asistiendo a un punto límite en la desesperanza de una generación que contempla el riesgo permanente de la inseguridad laboral y el precariado, lo que debe llevar al Gobierno a desactivar cualquier válvula de escape que precipite un fenómeno de explosión social como reacción.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la cumbre telemática de Davos, el pasado 25 de enero de 2021, que el desempleo juvenil en España es "inaceptablemente alto". Ante ello, recalcó que es una cuestión clave en la agenda, centrada en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la nueva ley educativa.
Porque el Gobierno, ante la situación, no permanece con los brazos cruzados. De ahí que en el acto de Davos, se comprometió a invertir 750 millones aprovechando el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Así, el Gobierno tiene en agenda acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo, el reforzamiento de la Formación Profesional, priorizar la formación digital, revisar los incentivos para la contratación de jóvenes y reforzar los contratos en prácticas de manera que no se utilicen para disponer de mano de obra barata sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes.
Por otra parte, con los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, los Fondos Europeos con sus 140.000 millones de euros en ayudas y los 11.000 millones de un nuevo Plan de ayudas a los autónomos y pequeñas empresas, el Gobierno aspira no solo a apoyar la recuperación económica tras el hundimiento que ha provocado la COVID-19, sino a llevar a cabo una transformación de nuestro modelo económico, con oferta de recursos a diferentes sectores de la economía del país.
La PRECARIEDAD JUVENIL debe llevar al Congreso a impulsar la acción de gobierno para actuar y revertir las tasas de desempleo juvenil más elevadas de Europa, a fomentar la creación de empleo de calidad y sostenible frente al alto porcentaje de contratos temporales, a promover la vuelta de los jóvenes que salieron de España para buscar un trabajo, a reducir la tasa de fracaso y abandonó escolar, a evitar los riesgos de exclusión y pobreza para una parte creciente de la juventud, a consolidar la moratoria de desahucios en el actual escenario, a modernizar y facilitar el acceso a la Formación Profesional como palanca para acreditar las competencias de preparación y competitividad de personas para acceder al mercado laboral, a promover políticas de viviendas públicas dignas en especial en alquiler para que resulten accesibles a los jóvenes, a incrementar las becas, a revisar los problemas existentes para que algunos jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital y a combatir la pobreza infantil. A incorporar a los jovenes, en definitiva, a una participación activa en la toma de decisiones públicas.
En relación con las actuaciones en política de empleo, es de interés el informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España, Noviembre 2020, aprobado por el Consejo Económico y Social. El CES propone transformar el Plan la Garantía Juvenil con apoyo del Consejo Europeo para combatir el paro entre los menores de 25 años así como incentivar la contratación indefinida de jóvenes y garantizarles un empleo juvenil de calidad. Por otra parte, el CES recomienda blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven. El objetivo es que España no tenga otra “generación perdida”.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY.
“El Congreso insta al Gobierno a garantizar la aplicación efectiva de las previsiones de la Constitución relacionadas con la necesaria promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, económico, laboral y social, impulsando para ello los planes gubernamentales acordados en el marco de la recuperación económica y social, y desarrollando las medidas y acciones específicas de gobierno para hacer frente al proceso de precariedad general que sufre la población joven, situación agravada ahora por la pandemia, de modo que pueda acceder al disfrute de los derechos constitucionales que representa el estado de bienestar”.
