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Diez años después de la derrota de ETA. ¿Cómo se consiguió y qué retos permanecen?
El 20 de octubre se cumplirán diez años del anuncio del cese de la actividad terrorista por parte de ETA. Lo hizo mediante una declaración y como paso previo a un proceso que daba cobertura a su posterior desarme y disolución. Aquel deseado y esperado anuncio se produjo en una coyuntura política de duro acoso de la derecha política y mediática al Gobierno de Rodriguez Zapatero, a quien acusaban de estar negociando con ETA y de vender España.
El Gobierno del PSOE, en los últimos años, había seguido con audacia y convencimiento la estrategia del diálogo para alcanzar el final de la violencia. Merecen un reconocimiento Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Eguiguren, que marcó durante años la línea a seguir.
Frente a posiciones inmovilistas, el Congreso mandató finalmente al Gobierno de Rodríguez Zapatero para desarrollar un proceso dialogado del final del terrorismo sin contrapartidas políticas. Un objetivo que se consiguió en 2011, permitiendo a la sociedad vasca iniciar una nueva etapa de convivencia en libertad y de desarrollo del autogobierno.
En mi opinión, es la oportunidad para que el Congreso reflexione con perspectiva sobre lo que significó aquella fecha, recuerde a las víctimas y extraiga conclusiones rigurosas sobre los largos años vividos entre el terror, el miedo y la coherencia democrática de quienes hicieron frente a ETA y al movimiento abertzale a su servicio.
El final de ETA no contó con una valoración del Congreso ni se solemnizó como lo que fue: una decisión largamente esperada por la ciudadanía en toda España. Un acontecimiento clave al representar la victoria de la democracia sobre el terrorismo de ETA y la resolución del reto más grave y complejo que quedaba pendiente desde la Transición a la democracia española y que pretendía condicionar permanentemente la vida política.
Fueron largos años de sufrimiento y desesperanza, con atentados terribles que provocaron muertos, heridos, damnificados, desestabilización de la vida política española, un periodo de atentados también terroristas del GAL y otros grupos (que acabó en 1987) y que sirvieron para alimentar la estrategia de ETA, tensas controversias entre partidos y una fractura social en Euskadi.
La derrota de ETA pertenece a toda la ciudadanía que creyó en el Estado de Derecho para poner fin al terrorismo. En este sentido, la Cámara del Congreso, el máximo órgano de representación democrática, debe liderar los reconocimientos y hacer una lectura de lo acontecido hasta hoy.
Además de expresar el recuerdo emocionado a todas las víctimas y sus familias, cuyo dolor y sacrificio nunca podrá caer en el olvido, el Congreso ha de revalidar el compromiso de las instituciones del Estado para lograr el esclarecimiento de los cerca de 300 casos de asesinatos de ETA, cuyos crímenes permanecen sin resolver.
Agradecimiento infinito a las personas y organizaciones que se volcaron en la lucha contra ETA. Agradecimiento extensivo a los resistentes que rechazaban el terrorismo, a las FFCCSE, a las instituciones y colectivos ciudadanos. En suma, a todas las personas que defendieron las libertades, la convivencia y los derechos humanos frente a una organización terrorista que quería imponer su ideología y prácticas totalitarias.
Diez años después, debemos decir bien alto que el final de ETA ni tuvo un precio político ni ETA consiguió ninguno de sus objetivos. Sabíamos que la nueva etapa a iniciar ofrecería acciones de provocación a las víctimas, más inmovilismo de las derechas, insuficiencias de la izquierda abertzale y una batalla para consolidar un relato de Memoria democrática sobre el periodo terrorista.
Solo ese relato garantizará una convivencia en paz que respete las reglas y valores de la democracia e impida que la historia se repita ante la pervivencia en el País Vasco y Navarra de reductos anclados en la cultura de la violencia.
Odón Elorza
Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.
San Sebastián 30 de septiembre de 2021. Publicado en El Diario Vasco.
