Odón Elorza

14th Jul
Categoría: Iniciativas parlamentarias

Pregunta parlamentaria al Gobierno sobre el sistema de becas de la Comunidad de Madrid.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA sobre el sistema de becas de la Comunidad de Madrid, para que le sea contestada por escrito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

La decisión política de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 € - para que puedan obtener ayudas de becas públicas para estudiar en la etapa Infantil, FP o el Bachillerato en centros privados, representa un ataque a los valores constitucionales.

En un Estado Social y Democrático, las becas y ayudas públicas al estudio cumplen la finalidad de impedir que aquellas personas que no tengan recursos económicos suficientes para cursar los estudios se vean obligadas a renunciar a ellos. Y no resulta una medida admisible, por injusta, que el reparto de las ayudas públicas vaya en perjuicio de las familias con menos recursos y por tanto con mayor necesidad de acceder a las becas para que sus hijos e hijas puedan estudiar.

La resolución de la Comunidad de Madrid supone retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades.

Las becas han de ser una más de las medidas redistributiva de la riqueza en desarrollo del artículo 9.2 de la Constitución, que dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En definitiva, este principio de acción en favor de la igualdad está conectado con la concepción de España como un Estado Social recogido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Sin embargo, la resolución del Gobierno de la Comunidad de Madrid contraria a los principios señalados en el artículo 9.2 de la CE. Y la discrecionalidad con la que pueden llegar a actuar los poderes públicos, a la hora de articular su sistema de becas y ayudas a la educación para familias de rentas altas, tiene un límite que es el de la arbitrariedad.

Así mismo, la medida defendida por la Sra. Díaz Ayuso es contraria al principio elemental en una sociedad democrática de la equidad, establecida en el artículo 31.2 de la Constitución. En él se expresa que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos ...”.

Por estas razones, sería necesario que el Gobierno del Estado tomase la iniciativa, frente a la resolución anticonstitucional de la Presidenta Diaz Ayuso, de presentar una IMPUGNACIÓN ante el Tribunal Constitucional. Todo ello de acuerdo con los artículos 153 y 161.2 de la CE y 76 y 77 de la LOTC.

En base a las anteriores consideraciones, formulo al Gobierno la siguiente Pregunta:

¿Qué opinion le merece al Gobierno del Estado la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de elevar la cuantía de las rentas de las familias a más de 100.000 €/año para que puedan obtener la ayuda de becas públicas para la educación en la etapa Infantil, Formación Profesional o el Bachillerato en centros privados?

¿Considera que dicha resolución sobre la concesión de becas educativas es contraria a los principios constitucionales señalados en los artículos 1.1, 9.2 y 31.2 de la CE?

¿Tiene intención el Gobierno de presentar ante el Tribunal Constitucional, con urgencia, una IMPUGNACIÓN de acuerdo con los artículos 153 y 161.2 de la CE y 76 y 77 de la LOTC o de desarrollar alguna iniciativa en el marco de sus competencias contra la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid?

En el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2022

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

10th Jul
Categoría: Blog

Debatir sobre el Estado de la Nación para proteger a la ciudadanía.

En un escenario global plagado de incertidumbres e inseguridades me atrevo a sugerir, como diputado socialista, algunas claves de cara a la intervención del Gobierno de Coalición en el largo debate (del 12 al 14 de julio) sobre el estado de la nación. Soy consciente de que la población no estará muy pendiente de su desarrollo por apatía y en mitad de las olas de calor de julio.

El país necesita, ante la desconfianza que se ha extendido sobre la política y el pesimismo creciente de la población, que comparezca un Gobierno unido que exponga con responsabilidad y transparencia los escenarios posibles, económicos y militares, de cara al otoño. Esto ha de venir acompañado de compromisos reales sobre nuevas medidas socio-económicas y de fiscalidad redistributiva para afrontar en los próximos meses la crisis que conlleva una inflación descontrolada.

Pero con ser trascendentales las acciones a emprender desde España y más aún desde la Unión Europea para rebajar la inflación y sus consecuencias, el Gobierno ha de trabajar en los foros de la UE, la OTAN y la ONU en favor de buscar salidas que propicien el final de una guerra provocada por el tirano Putin en Ucrania que amenaza a la Europa democrática.

No es posible dar carta de naturaleza a la opción de una guerra cronificada ni a previsiones de victorias militares alejadas de la realidad ni mucho menos al riesgo de una escalada militar que nos lleve a la locura de desatar una guerra nuclear. No dejemos que intereses económicos y geoestratégicos de las grandes potencias marquen el devenir de Europa y la humanidad.

Los tambores de guerra que sonaron en la reciente cumbre de la OTAN subrayan los compromisos de incrementar el gasto en armamento de los países de la Alianza y de una mayor aportación de armas a Ucrania, como los misiles de última generación para contraatacar. Una cumbre celebrada en Madrid con gran éxito organizativo y de prestigio para el Presidente Pedro Sánchez y las diferentes instancias del Estado.

Pero la estrategia aprobada bajo el liderazgo de USA no debería obviar la imperiosa necesidad de realizar gestiones de alta diplomacia y con mediaciones para encontrar una solución viable para un final de la guerra que sea razonable para las partes.

La izquierda no puede marginar la aspiración y demanda efectiva de paz en el planeta ni olvidar prioridades como la lucha contra las desigualdades y la emergencia climática. Lo digo frente a la proliferación de un discurso militarista que lo desfigura todo. Hay un cambio de prioridades: la UE pierde autonomía ante USA y se abre paso la militarización del pensamiento político, de la economía y de las conciencias, se dispara la inflación, se frena la lucha contra el cambio climático y se instala la desesperanza.

Reforzar la credibilidad del relato del Presidente Pedro Sánchez, en tiempos de encuestas preocupantes, también requiere no abusar del “y tú mas” como respuesta a la irresponsabilidad y la deslealtad del PP y Feijóo en la defensa de los intereses generales de España.

Además, el debate del Congreso es una gran oportunidad para el PSOE y UP de retomar la iniciativa política pensando ya en la vuelta de septiembre. El Gobierno de izquierdas ha de practicar más el diálogo con la oposición -desde el PP a ERC- para abrir vías sobre acuerdos de Estado, establecer un consenso sobre la aplicación de los Fondos Europeos para la recuperación y aprovechar para explicar una oferta abierta sobre el Pacto de Rentas que permita avanzar hacia una cierta paz social con reparto justo de sacrificios.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 10 de julio de 2022 / Publicado en elobrero.es el 11 de julio de 2022

9th Jul
Categoría: Iniciativas parlamentarias

PROPOSICIÓN NO DE LEY instando al Gobierno del Estado a que impugne la resolución de Diaz Ayuso de conceder becas a familias de rentas altas.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de elevar la cuantía de las rentas de las familias -a más de 100.000 €/año- para que puedan obtener la ayuda de becas públicas para estudios, para su debate en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La decisión política de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 € - para que puedan obtener ayudas de becas públicas para estudiar en la etapa Infantil, FP o el Bachillerato en centros privados, representa un ataque a los valores constitucionales.

En un Estado Social y Democrático, las becas y ayudas públicas al estudio cumplen la finalidad de impedir que aquellas personas que no tengan recursos económicos suficientes para cursar los estudios se vean obligadas a renunciar a ellos. Y no resulta una medida admisible, por injusta, que el reparto de las ayudas públicas vaya en perjuicio de las familias con menos recursos y por tanto con mayor necesidad de acceder a las becas para que sus hijos e hijas puedan estudiar.

La resolución de la Comunidad de Madrid supone retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades.

Las becas han de ser una más de las medidas redistributiva de la riqueza en desarrollo del artículo 9.2 de la Constitución, que dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En definitiva, este principio de acción en favor de la igualdad está conectado con la concepción de España como un Estado Social recogido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Sin embargo, la resolución del Gobierno de la Comunidad de Madrid contraria a los principios señalados en el artículo 9.2 de la CE. Y la discrecionalidad con la que pueden llegar a actuar los poderes públicos, a la hora de articular su sistema de becas y ayudas a la educación para familias de rentas altas, tiene un límite que es el de la arbitrariedad.

Así mismo, la medida defendida por la Sra. Díaz Ayuso es contraria al principio elemental en una sociedad democrática de la equidad, establecida en el artículo 31.2 de la Constitución. En él se expresa que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos ...”.

Por estas razones, se hace necesario que el Gobierno del Estado tome la iniciativa, frente a la resolución anticonstitucional de la Presidenta Diaz Ayuso, de presentar una IMPUGNACIÓN ante el Tribunal Constitucional. Todo ello de acuerdo con los artículos 153 y 161.2 de la CE y 76 y 77 de la LOTC.

En base a estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY.

“El Congreso insta al Gobierno a presentar ante el Tribunal Constitucional, con urgencia, una IMPUGNACIÓN contra la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 €/año- para que puedan obtener la ayuda de becas públicas para la educación en la etapa Infantil, Formación Profesional o el Bachillerato en centros privados, por ser dicha resolución contraria a los principios constitucionales señalados en los artículos 1.1, 9.2 y 31.2 de la CE”.

*Nota : Está iniciativa no fue aceptada por la dirección del Grupo para su registro en el Congreso ni tampoco respondida por vía interna.

9th Jul
Categoría: Blog

Las becas clasistas de Diaz Ayuso deben ser impugnadas.

La decisión política de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 € en el caso de tres componentes - para que puedan obtener ayudas de becas públicas para estudiar en la etapa Infantil, Formación Profesional o el Bachillerato en centros privados, pone en cuestión diferentes valores constitucionales.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, las becas y ayudas con dinero público para la educación cumplen la finalidad de impedir que aquellas familias que no tengan recursos económicos suficientes para que sus hijos e hijas cursen estudios se vean obligadas a renunciar a ellos. Y no resulta una medida admisible, por injusta y contraria al principio de igualdad, que el destino de dinero público vaya en perjuicio de las familias más necesitadas, en una España con un 28% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.

La vergonzosa resolución de la Comunidad de Madrid supone, en palabras del Presidente Pedro Sanchez, retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen suficientes niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades.

Las becas han de convertirse en una más de las medidas redistributiva de las rentas y la riqueza. Lo exige el artículo 9.2 de la Constitución, que dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Este principio de acción en favor de la igualdad está conectado con la concepción de España como un Estado Social recogido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Además, la resolución del Gobierno de la Comunidad de Madrid es contraria a los principios señalados en el artículo 9.2 de la CE. Y la discrecionalidad con la que pueden llegar a actuar los poderes públicos, a la hora de articular un sistema de becas y ayudas a la educación, tiene un límite que es la arbitrariedad recogido en el artículo 9.3 de la CE.

Así mismo, la medida defendida por la Sra. Díaz Ayuso es contraria al principio elemental de la equidad en una sociedad que se pretenda democrática y avanzada en lo social, recogida en el artículo 31.2 de la Constitución. En él se expresa que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos ...”.

Por estas razones, considero que se hace necesario que el Gobierno del Estado intervenga y tome la iniciativa política frente a una norma del Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendida por su Presidenta, Diaz Ayuso, que bien pudiera ser anticonstitucional. Esto es, contraria a los principios constitucionales señalados en los artículos 1.1, 9.2 y 31.2 de la CE.

De ahí mi petición para que presente, en coherencia con su línea de acción, una IMPUGNACIÓN urgente ante el Tribunal Constitucional que, de entrada, suspenda los efectos de la resolución de Diaz Ayuso. Una actuación en defensa de los intereses generales de la ciudadanía y de acuerdo con el procedimiento sobre impugnación previsto en los artículos 153 y 161.2 de la CE y 76 y 77 de la LOTC.

Porque una cosa es enarbolar la bandera de la libertad para tomar cervezas -algo ridículo pero sin trascendencia- y otra muy diferente esgrimir la libertad de elección de centros para repartir dinero público de todos en favor de familias de rentas altas con el que paguen la educación de sus hijos en centros privados.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 6 de julio de 2022 / Publicado en InfoLibre el 9 de julio de 2022