A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA al Gobierno sobre “la opacidad del contrato de compra realizado por la Comisión Europea a la farmacéutica Pfizer de un total de 1800 millones de dosis de vacunas anti COVID-19, en mayo de 2021”, para que le sea contestada por escrito.

                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El día 24 de abril de 2021 se conoció, por informaciones de la prensa, que la Comisión Europea estaba negociando un nuevo contrato de compra de 1.800 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech.

Poco después, el 20 de mayo de 2021, los medios se hacían eco de una escueta nota oficial de la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, según la cual “el acuerdo de adquisición anticipada” se concretaba en “un contrato que contempla 900 millones de dosis garantizadas de la vacuna de Pfizer, así como otros 900 millones ‘opcionales’ para su distribución entre 2021 y 2023. Seguirán otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadía la nota sin más precisiones.

Aquella noticia representó, sin duda, un alivio para la ciudadanía europea de cara a combatir el avance de la pandemia. Pero, a la vez, puso sobre la mesa un buen número de preguntas ante la total opacidad de aquel contrato: su proceso negociador y los contenidos de un contrato de enorme envergadura calculado en un importe de hasta 35.000 millones de euros.

Se iniciaba así la controversia en torno al tercer contrato de la Comisión para la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech. Los dos anteriores habían asegurado el suministro de un total de 600 millones de dosis.

El nuevo contrato era muy significativo, tanto en términos de volumen, 1.800 millones de dosis para una población en la UE inferior a 450 millones de personas, como por el elevado precio. Porque atendiendo a los datos filtrados, cada dosis de la vacuna costó, al principio, 15,50 euros y luego el precio subió un 25% hasta los 19,50 euros, según el Financial Times. Esto significa que el nuevo contrato podría suponer un gasto estimado de alrededor de 35.000 millones de euros si se cumpliera en su totalidad.

Por situar el contexto, el acuerdo se produjo en un momento álgido de la pandemia, poco después de que los problemas de producción y distribución del fabricante de vacunas AstraZeneca dejaran a la UE por detrás de EE. UU. y el Reino Unido en la carrera por adquirir vacunas.

Fue en medio de esta crisis cuando la presidenta, Úrsula von der Leyen, intervino. El New York Times, en abril de 2021, ya había informado que la líder de la UE había intercambiado mensajes de texto con Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en el período previo al acuerdo.

Por su parte, a principios de septiembre de 2022, un informe de la Corte de Auditores (Tribunal de Cuentas Europeo) sobre la estrategia de adquisición de vacunas de la UE, planteó dudas sobre el alcance de los compromisos en las conversaciones mantenidas entre la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

El Tribunal de Cuentas ha censurado a la Comisión Europea por negarse a entregar y publicar detalles sobre cómo se negoció el mayor contrato de vacunas con la poderosa farmacéutica estadounidense Pfizer. Se habla de posibles desviaciones producidas durante unas negociaciones que no siguieron el procedimiento fijado en el reglamento comunitario.

En aplicación del principio democrático de Transparencia debiera conocerse el desarrollo de todo el proceso negociador, el importe de esa compra preventiva así como otras cuestiones relacionadas con las entregas y las características de unas vacunas que contemplasen su adecuación a las variantes surgidas de la COVID-19 y que se han producido a lo largo de los veinte meses transcurridos.

Es importante conocer si este contrato recoge, además, cláusulas de condiciones a la farmacéutica Pfizer para lograr un aumento de la producción deslocalizada de vacunas en países del sur.

Para ello, interesa saber si se incluyeron en el contrato Cláusulas que obligasen a Pfizer/BioNTech a nuevas concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías, permiso de exportación a otros Estados y un precio justo. Todo ello para facilitar la producción masiva de vacunas, pensando en los países más pobres, ahora y de cara a futuras pandemias que llegarán.

El pasado 10 de octubre de 2022 la farmacéutica Pfizer debía comparecer en la audiencia de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento Europeo para aclarar el contenido y supuestas irregularidades del contrato de compra de las vacunas para combatir el coronavirus. Sin embargo, la ausencia del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, provocó grandes críticas, al igual que las respuestas evasivas e imprecisas de la representante de la farmacéutica, Jannine Small.

Con tal motivo, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo (S&D) señaló que estaba sorprendido por la decisión de Albert Bourla de cancelar su asistencia a la reunión de la Comisión Especial del EuroParlamento sobre la evolución de la Covid-19. En su opinión, “la transparencia es fundamental cuando se trata de la utilización de dinero público”.

El contrato de vacuna ARNm de Pfizer/BioNTech es un ejemplo de incumplimiento de la obligación de actuar con Transparencia. Aún comprendiendo las dificultades de una operación acelerada por la existencia de una pandemia, ello no puede justificar la opacidad del contrato ni desoír las preguntas del Parlamento Europeo y de la opinión pública.

Por otra parte, el 15 de octubre de 2022 se ha conocido que la Fiscalía de la UE (la EPPO es un organismo independiente) ha abierto una investigación sobre las compras de vacunas por parte de la Comisión Europea.

En el tiempo transcurrido, las conversaciones preliminares, las negociaciones celebradas, el importe y los contenidos del megacontrato entre la Comisión Europea y Pfizer no han sido desveladas. Así lo han afirmado el Tribunal de Cuentas Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la Fiscalía, diferentes grupos del EuroParlamento en la Comisión Especial, expertos en la materia y medios de comunicación que han investigado sobre la opacidad del contrato.

La petición de conocer cuánto ha costado la campaña de vacunación europea contra la COVID-19, no puede ser rechazada como si se tratara de una información confidencial, como alegan las partes. Tampoco pueden serlo los plazos de entrega, la gestión de excedentes, la flexibilidad existente o no -en caso de no necesitar todas las vacunas acordadas- del aludido contrato con Pfizer. Hablamos de una elevada cantidad de dinero público, de miles de millones. También tiene la ciudadanía derecho a saber si el proceso de contratación se hizo conforme al procedimiento establecido en el reglamento.

El gasto público ha sido de tal magnitud que la Comisión Europea debe rendir cuentas y someterse a una evaluación parlamentaria sobre la eficacia y la eficiencia de su gestión ante la pandemia. En un sistema democrático, la garantía de Transparencia debe estar siempre presente en la acción de la Comisión Europea porque fortalece la democracia y aporta credibilidad a las instituciones europeas ante la ciudadanía.

Sin embargo, no resulta admisible que se repita la opacidad de los contratos. Una situación que ya se produjo en la primera operación de compra de vacunas a diferentes empresas farmacéuticas por parte de la Comisión Europea tras estallar la pandemia en 2020.

La ciudadanía española, representada por este Congreso y como parte de la ciudadanía europea, tiene derecho a saber, con total Transparencia, el contenido y el importe total del contrato así como la cantidad que corresponde abonar a España. Por tanto, los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea han de actuar conforme a los principios de la democracia y procurar dar respuesta a las interrogantes que se plantea la opinión pública y el propio Parlamento Europeo.

En base a las anteriores consideraciones, se formula al Gobierno las siguientes PREGUNTAS:

¿Qué explicación da la Comisión Europea a su comportamiento de opacidad en estos contratos, incumpliendo el principio de la Transparencia?

¿A cuánto asciende el coste del contrato de compra -hasta hoy opaco- para el suministro total de 1.800 millones de dosis de vacunas anti COVID-19 (900 opcionales), suscrito por la Comisión Europea con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech en mayo de 2021?

¿Cuál es el importe que corresponde abonar a España del total del contrato, en qué condiciones y por qué conceptos?

¿Cuál es el precio por dosis a coste de producción y el precio de venta que se paga a Pfizer?

¿Se mantiene, en la actualidad, lo que hizo público sobre el contrato la nota oficial de la Comisión Europea de 20 de mayo de 2021, que hablaba del suministro de 1.800 millones de vacunas en dos partes, para su distribución entre 2021 y 2023 o, en el tiempo transcurrido, se han replanteado la cantidad de las dosis, las condiciones del suministro y el precio?

¿Existen en el contrato garantías de que la cuarta dosis de la vacuna y las sucesivas que entregue Pfizer deben estar adaptadas -para ofrecer una protección más amplia y efectiva- a la variante ómicron y a otras variantes del virus que pudieran surgir?

¿Se incluyeron en el contrato cláusulas que obliguen a Pfizer/BioNTech a la deslocalización de la producción mediante nuevas concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías así como permiso de exportación a otros Estados; y todo ello a un precio justo para garantizar, sin más demora, el acceso al medicamento a toda la población del planeta?

En caso negativo; ¿se intentó negociar esta cláusula que supondría la renuncia de Pfizer a los derechos de propiedad intelectual, como acordó el Parlamento, a la vista del inmenso beneficio económico obtenido por Pfizer con los sucesivos contratos?

¿Ha dirigido el Gobierno de España a la Comisión Europea peticiones formales para que dé información completa del contenido del último contrato con Pfizer?

En el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2022

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ 

CONTRATO PFIZER 1800 M–BGF-623-XIV-2022

Las situaciones que degradan la democracia y fomentan la antipolítica se viven con frecuencia en los Plenos del Congreso y exigen que la Presidenta de la Cámara y los Grupos reflexionen sobre las medidas a adoptar. Entre ellas, la reforma de su Reglamento mediante la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista, una iniciativa cuya toma en consideración por el Pleno fue aprobada hace 18 meses.

La activación de esta Proposición permitiría debatir, en Ponencia y con calma, sobre los incidentes que se repiten en las intervenciones y sobre las respuestas que debe aplicar la Mesa. Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la que hemos llegado y que afecta a la calidad de la democracia. Porque utilizando la más alta institución del sistema democrático, hay grupos que promueven en la sociedad la crispación, la polarización extrema y la confrontación como única estrategia. 

Desde octubre de 2020, y después de que instancias europeas como GRECO del Consejo de Europa nos lo reclamaran con insistencia, el Parlamento dispone de un Código de Conducta que enumera seis principios pero no desarrolla pautas de comportamiento de sus señorías en Plenos, Comisiones y en los diferentes ámbitos de la vida parlamentaria. No incorpora sanciones para los comportamientos contrarios a los principios del Código, incumplimiento de algunas obligaciones y de deberes relacionados con la transparencia, porque lo deja como materia propia del Reglamento.

Por otra parte, en mayo de 2021 el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista, en la que se planteaba la regulación con detalle de la actividad en el Congreso de los grupos de interés o lobbies.

Pero, además, con esa Proposición el PSOE pretendía aprovechar la oportunidad para incorporar un apartado al Reglamento que clarifique las reglas a seguir en los debates y en el trabajo parlamentario, así como una ampliación de las sanciones (añadir las de tipo económico y ampliar los supuestos de suspensión del art. 101) para quienes incumplan de modo grave esas reglas de conducta, los deberes establecidos y las faltas de transparencia. También procedería efectuar una mayor concreción del procedimiento sancionador para que sea garantista.

En la actualidad, el Reglamento del Congreso contempla como sanciones (en sus artículos 16, 70.3 y del 99 al 106) la retirada de la palabra, las llamadas al orden, la expulsión del Pleno por una sesión o por más tiempo y la suspensión de funciones. Estas últimas son sanciones “delicadas” porque eliminan por un tiempo el derecho a voto del diputado sancionado. Quizás por ello raramente se aplican.

Sin duda, una revisión de las normas de autorregulación sobre la disciplina parlamentaria debe contar con el consenso y el compromiso político de la inmensa mayoría de la Camara. Se trata de garantizar la supervivencia, por largo tiempo, de lo que se apruebe.

Sin embargo, después de año y medio, la Proposición socialista permanece atascada y aún no ha podido tramitarse para debatir las enmiendas de los Grupos. Es algo inexplicable. Hace falta una labor de mediación para lograr el encuentro de posiciones, en especial entre el PP y el PSOE, que permita que avance la tramitación.

Soy testigo directo de tanta bronca como un ejercicio de la antipolítica que provoca desafección. Son necesarias normas claras y criterios de interpretación que pongan límites a los excesos verbales de los oradores, los discursos de odio, las expresiones de violencia política y los insultos a gritos hacia el interviniente. Y, también, a los incumplimientos éticos.

Es imprescindible un acuerdo compartido por la gran mayoría de la Cámara sobre cómo evitar el desprestigio de la institución por culpa de comportamientos parlamentarios ultras. Un acuerdo que podría recogerse en el actual Código de Conducta. Sin ese acuerdo y sin incorporar los mecanismos precisos de sanción en el Reglamento, a la Presidenta y a la Mesa del Congreso le resultará difícil acertar en la interpretación de los hechos y en la toma de decisiones.

En la reflexión pendiente juega un importante papel el respeto a la libertad de expresión, que ha de ser amplia pero no absoluta. Dicho sin complejos, ha de tener algún límite ante el papel y los valores que debe representar un Parlamento democrático que no puede funcionar como si buscáramos la captación de espectadores ávidos de bronca.

Cuesta admitirlo pero los debates en el Congreso hace tiempo que desterraron los valores del diálogo y el intercambio de ideas. Es continuo el desprecio a la cortesía parlamentaria, no hay respeto al adversario ni el mínimo cuidado en las formas ni un ejercicio de tolerancia. Por eso me rebelo y hablo de la degradación de nuestra democracia.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 31 de noviembre de 2022 / Publicado en eldiario.es

Denuncio un expediente escandaloso cuya responsabilidad es de la Comisión Europea. Se trata de un contrato que no solo mantiene una falta de transparencia sino que, además, su opacidad provoca sospechas sobre posibles irregularidades en su tramitación. Veamos los hechos.

El contrato directo con Pfizer fue muy relevante, tanto en términos de volumen, 1.800 millones de dosis de vacunas para una población en la UE inferior a 450 millones de personas, como por el precio estimado a pagar. Por los datos filtrados, cada dosis se pago, al principio, a 15,50 euros y luego el precio subió un 25% hasta los 19,50 euros, según el Financial Times. Otra cosa sería el coste real de producción. Aplicado al nuevo contrato de suministro de 1.800 millones de dosis supondría un pago estimado a la farmacéutica Pfizer de 35.000 millones de euros.

El día 24 de abril de 2021 se conoció, por informaciones de la prensa, que la Comisión Europea estaba negociando otro contrato con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech. Poco después, el 20 de mayo, los medios se hacían eco de una escueta nota oficial de la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, según la cual “el acuerdo de adquisición anticipada” se concretaba en “un contrato que contempla 900 millones de dosis garantizadas de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, así como otros 900 millones "opcionales" para su distribución entre 2021 y 2023. Seguirán otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadía la nota sin más precisiones.

Aquella noticia representó, sin duda, un alivio para la ciudadanía de la UE temerosa de la amenaza de la pandemia. Pero, a la vez, puso sobre la mesa un buen número de preguntas: sobre el proceso negociador del contrato, sus contenidos y sobre la falta de transparencia. Se iniciaba así la controversia en torno al tercer contrato de la Comisión para la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech. Los dos anteriores habían asegurado el suministro de un total de 600 millones de dosis.

El acuerdo se produjo en un momento álgido de la pandemia, poco después de que los problemas de producción y distribución del competidor AstraZeneca dejaran a la UE por detrás de EE. UU. y el Reino Unido en la carrera por adquirir vacunas. Fue en medio de esta crisis cuando la presidenta, Úrsula von der Leyen, intervino. El New York Times, en abril de 2021, ya había informado que la líder de la UE había intercambiado mensajes de texto con Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en el período previo al acuerdo.

El Tribunal Europeo de Cuentas ha censurado a la Comisión Europea por negarse a entregar y publicar detalles sobre cómo se negoció el mayor contrato de vacunas con la poderosa farmacéutica estadounidense Pfizer. Se habla de posibles desviaciones producidas durante unas negociaciones que no siguieron el procedimiento fijado en el reglamento comunitario.

En aplicación del principio democrático de Transparencia debe conocerse el procedimiento negociador, el importe de esa compra preventiva así como otras cuestiones relacionadas con las entregas y las características de unas vacunas que contemplasen su adaptación a las variantes del virus surgidas de la COVID-19 a lo largo de los veinte meses transcurridos.

También interesa conocer si el contrato recoge cláusulas de condiciones a Pfizer para lograr un aumento de la producción deslocalizada de vacunas en países del sur. Cláusulas que obligasen a Pfizer a concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías, permiso de exportación a otros Estados y un precio justo. Todo ello para facilitar la producción masiva de vacunas, pensando en los países más pobres, ahora y de cara a futuras pandemias que llegarán.

El pasado 10 de octubre de 2022 la farmacéutica Pfizer tenía que comparecer en la audiencia de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento Europeo para responder a las preguntas de sus miembros. Sin embargo, la ausencia del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, causó sorpresa y levantó críticas. En su lugar, la representante de la farmacéutica, Jannine Small, solo aportó comentarios evasivos e imprecisos.

Con tal motivo, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo (S&D) señaló su sorpresa por la decisión de Albert Bourla de cancelar su asistencia a la reunión de la Comisión Especial del EuroParlamento sobre la evolución de la Covid-19. Para este grupo, “la transparencia es fundamental cuando se trata de la utilización de dinero público”.

El contrato de vacuna ARNm de Pfizer/BioNTech es un ejemplo de incumplimiento de la obligación de transparencia. Aún comprendiendo las dificultades de una operación acelerada por la existencia de una pandemia, no se puede justificar, de nuevo, la opacidad de los contratos con farmacéuticas, desoyendo las preguntas del Parlamento Europeo y de la opinión pública.

Por último, el 15 de octubre de 2022 se ha conocido que la Fiscalía de la UE (la EPPO es un organismo independiente) ha abierto una investigación sobre las compras de vacunas por parte de la Comisión Europea. Un anuncio que volverá a centrar la atención en el papel jugado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el tiempo transcurrido, las claves del megacontrato entre la Comisión Europea y Pfizer no han sido desveladas. Así lo han afirmado el Tribunal de Cuentas Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la Fiscalía, diferentes grupos del EuroParlamento en la Comisión Especial, expertos en la materia y medios de comunicación que han investigado sobre la opacidad del contrato.

La Comisión Europea debe rendir cuentas y someterse a una evaluación parlamentaria sobre la eficacia y la eficiencia de su gestión ante la pandemia. La transparencia ha de guiar la acción de la Comisión porque es una obligación democrática y aportaría credibilidad a las instituciones europeas ante la ciudadanía.

La petición de conocer el elevado coste de la campaña de vacunación contra la COVID-19, no puede ser rechazada como si se tratara de una información confidencial, como alegan las partes. La farmacéutica Pfizer sigue obteniendo un inmenso beneficio económico gracias a la pandemia. Inmoral.

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa del PSE-PSOE

Publicado en InfoLibre / 26 de noviembre de 2022

¿Qué diferencia un debate parlamentario de una tertulia gritona y manipuladora en algunos medios de comunicación? ¡Nada!

Es terrible pero las injurias, insultos, descalificaciones personales y la pura consigna sectaria están más presentes en el Congreso que en esos programas que buscan dar “espectáculo político”.

Lo más grave es que nos hemos acostumbrado y ya no nos llama la atención. Cuesta admitirlo pero los debates en el Congreso hace tiempo que desterraron los valores del diálogo y el intercambio de ideas. ¡Qué ingenuidad! Hoy se desprecia la cortesía parlamentaria, el respeto al adversario, el mínimo cuidado en las formas y el ejercicio de la tolerancia.

Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la que hemos llegado y que afecta a las bases de una democracia. Desde la más alta institución política del sistema democrático se promueven, hacia la calle, la polarización y la confrontación sin ningún recato y se alimenta el odio contra quien piensa diferente.

Sí, estamos proyectando odio en una sociedad que vive al límite. Porque la ciudadanía sufre de ansiedad ante la grave crisis económica, crisis de convivencia e incertidumbres que ahogan el planeta como consecuencia de la pandemia, la guerra, la emergencia climática y la supeditación de la política a los intereses de los grandes poderes económicos. No debería extrañarnos tanta desafección.

Las situaciones degradantes para la democracia y la política que vivimos en los Plenos del Congreso exigen que la Presidenta de la Cámara y los grupos activen la reforma de su Reglamento paralizada hace 18 meses. Ello permitirá aprobar un capítulo de sanciones, hoy inexistente, y el desarrollo y reforzamiento del actual código ético. 

Efectivamente, desde octubre de 2020 y después de que las instancias europeas nos lo reclamaran con insistencia, el Parlamento dispone de un código ético que enumera seis principios pero que no dice nada en lo que se refiere al señalamiento de actitudes y comportamiento de sus señorías en Plenos y Comisiones.

Por otra parte, en mayo de 2021 el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista, en la que se planteaba la regulación con detalle de la actividad en el Congreso de los grupos de interés o lobbies. Pero además, aprovechamos la oportunidad para incorporar un apartado que habla de las reglas de los debates y del trabajo parlamentario, así como un procedimiento sancionador y una propuesta de sanciones a aplicar a quienes incumplan dichas reglas.

Sin duda, la autorregulación de las normas de disciplina debe contar con el consenso de una amplia mayoría de la Camara para la supervivencia de lo aprobado por largo tiempo. Sin embargo, después de año y medio, la Proposición permanece dormida y aún no ha podido tramitarse para recibir las enmiendas de los Grupos. Falla de nuevo una labor mediadora para el encuentro de posiciones entre el PP y el PSOE.

Sin los instrumentos precisos, la Mesa del Congreso seguirá imposibilitada para actuar con medidas públicas sancionadoras pues no se contemplan en el viejo Reglamento. Son necesarias normas que impidan los excesos verbales de los oradores, los discursos de odio, las expresiones de violencia política y, también, los insultos a gritos hacia el interviniente.

Estamos de acuerdo en que la libertad de expresión ha de ser amplia. Pero, dicho sin complejos, ha de tener algún límite ante el papel y los condicionantes propios de un Parlamento que no pude funcionar ni con las leyes de la selva ni con criterios comerciales propios de la captación de espectadores ávidos de bronca.

Como diputado testigo diario del ejercicio de la antipolítica y como conocedor de las importantes limitaciones que presenta el Reglamento de la Cámara, por haber trabajado durante años y sin éxito en los cambios que habría que introducir, interpelo a los demócratas de todo color para que hagamos algo. Porque empieza a ser demasiado tarde. 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 26 de noviembre de 2022 / Publicado en El Diario Vasco