¿Sabéis, en un análisis objetivo, a quién puede convenir el descrédito de los partidos y quién podría aprovechar una confrontación entre poderes institucionales para poner en valor su papel moderador?

¿Sabéis quién podría salir reforzado en esta crisis de Estado o a quién puede hacer bueno, sin mancharse en la solución del problema, y ayudar a que la opinión pública olvide “otras historias”?

¿Recordáis quién no se examina ante la ciudadanía cada 4 años ni debe rendir cuentas de lo que hace o no hace ante el Parlamento en favor de la calidad de la Democracia ni someterse a la justicia?

¿Quién podría mejorar su imagen ante la opinión pública sin hacer NADA -todo lo más un discurso distante- ni correr riesgos, aún figurando como Jefe de Estado con las funciones que le asigna el artículo 56.1 de la Constitución, mientras otras instituciones se desgastan, degradan y debilitan?

¿Quién sobrevive en cualquier régimen y seguirá a flote pase lo que pase en esta crisis de Estado?

La monarquia española lleva un tiempo sufriendo el descrédito en boca de casi todos y ahora contempla cómo la vergüenza la sufren otras instituciones y la propia Democracia. Es muy consciente de que lo más importante, por encima de todo, es preservar la institución de la corona.

Así que, visto el contenido del mensaje real de Navidad y considerando que en política no tiene cabida la ingenuidad, … pensadlo bien o mejor pensad mal para acertar en las respuestas.

2023 puede ser el año del resurgir de la monarquia parlamentaria, con una población confusa, cansada de tanta incertidumbre y con miedo ante las graves crisis que nos amenazan. Ojalá no se produzca un resurgir de la corona a costa del vigor de la Democracia y de la coherencia de las izquierdas.  

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 26 de diciembre de 2022

                                        A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA AL GOBIERNO en relación con “los expedientes y sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante las prácticas colusorias y la creación de cárteles restrictivos de la libre competencia entre empresas, en las licitaciones públicas y durante 25 años, por parte de las grandes constructoras”, para que le sea contestada por escrito.

                                                         EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La defensa de la legalidad constitucional, en este caso en relación con el ejercicio de la libertad de mercado y la libre competencia entre empresas contemplada en el artículo 38 de la CE y en las Directivas Europeas; una actitud de vigilancia y control para una mejor administración y un uso eficaz de los fondos públicos presupuestarios del conjunto de las administraciones, con ocasión de las licitaciones de obra pública en infraestructuras; y la aplicación de las normas legales vigentes en cuanto al procedimiento a seguir en las contrataciones convocadas por parte del Sector Público para luchar contra el fraude y la corrupción así como para favorecer la transparencia en los contratos -reglas establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-. Estos son compromisos y acciones de gran trascendencia para el interés público que deben merecer la atención y, en su caso, el debate y pronunciamiento del Congreso.

Sobre estas cuestiones, la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó, el pasado 5 de julio de 2022, resolución en el expediente incoado contra varias empresas constructoras por prácticas colusorias, restrictivas de la competencia contrarías al sentido del artículo 38 de la Constitución, al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En desarrollo del artículo 38 de la CE, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, señala en su artículo 1. sobre las conductas colusorias que “se prohíbe todo acuerdo entre empresas, decisiones o recomendaciones colectivas y prácticas concertadas o conscientemente paralelas, que tenga por objeto, produzca, o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional”.

Pues bien, la CNMC, como culminación de un largo expediente, ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). La razón es haber alterado, en el periodo 1992 a 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Pero el anterior no es un caso aislado. Sucede que lo largo de los años se ha constatado por la CNMC que nos enfrentamos a malas prácticas continuadas por parte de empresas muy relevantes en sectores de actividad relacionados con las obras de fomento. Estas empresas actúan poniéndose de acuerdo para no respetar las normas y procedimientos que defienden la libre competencia y burlar la ley. Su objetivo es obtener el máximo de adjudicaciones de obras en las licitaciones de las Administraciones Públicas. Sus efectos han sido especialmente dañinos para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que afectaron y contaminaron miles de concursos públicos convocados para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.

Entre las diversas Administraciones Públicas afectadas figuran, fundamentalmente, las pertenecientes al ámbito de obras de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas dependientes.

Lo cierto es que, además, se han producido otras resoluciones de la CNMC sancionando a empresas que, en distintos períodos, actuaron contraviniendo las reglas de la libre competencia para copar las adjudicaciones de obra pública. En estos casos se trataba de licitaciones en materia de carreteras; mantenimiento de vías públicas; sistemas de seguridad, comunicación y señalización de la red AVE; electrificación y electromecánica ferroviaria; etc. Así, en los expedientes resueltos en 2019 y 2021, anteriores al caso de la sanción sobre las grandes constructoras, recayeron multas a grupos de empresas por importes de 127,8 Millones de euros, 118 Millones y 61,2 Millones, además de multas a directivos de empresas y solicitudes al Gobierno para que acordase la prohibición de contratar.

Por ejemplo, la CNMC comunicó el 20 de agosto de 2021 que había desmantelado un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El cártel, formado por 12 empresas, consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 con adjudicaciones por importe de 530 Millones. Las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar. El total de las multas ascendió a 61,28 millones de euros y se activó la prohibición de contratar con la Administración.

Por otra parte, se da el caso de las empresas del denominado cártel del AVE. Se trata de quince empresas que en marzo de 2019 fueron sancionadas por la CNMC con 118 millones de euros por repartirse, durante 14 años, los concursos públicos para la electrificación tanto de la red del AVE como de las líneas convencionales. Este grupo de empresas actuaron de común acuerdo para adjudicarse de forma fraudulenta 200 proyectos ferroviarios por valor de 1.000 millones de euros en obras cofinanciadas con fondos europeos.

Como consecuencia de las actuaciones para desmantelar el cártel anterior, la CNMC abrió otro expediente de inspecciones y el 1 de octubre de 2021 impuso una multa de 127,8 millones a las principales empresas de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red del AVE. Se detectaron prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios de suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de seguridad, de control y gestión del tráfico, de comunicaciones y de protección ferroviaria para la red de ferrocarril convencional y de alta velocidad ferroviaria en España.

En este expediente, la Comisión sancionó con 483.000 euros a 10 directivos de las compañías por su responsabilidad en los hechos. Durante 15 años formaron un cártel que se repartió de forma fraudulenta 82 licitaciones convocadas por Adif por valor de más de 4.142 millones de euros. Este fraude impactó de lleno en el erario público ya que las empresas encarecieron el precio a pagar por Adif en este tipo de contratos. Según la CNMC, las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.

Volviendo a las conductas y modus operandi de las grandes Constructoras, cuyo expediente se resolvió el 5 de julio de 2022, ha quedado demostrado en el documento de la resolución que el grupo de empresas -conocido como G7- se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo-, una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas para las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del G7 a empresas o consultoras externas.

En la resolución de la CNMC se pone de manifiesto que las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas.

Las empresas del G7 desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta infractora ahora sancionada. Además, se ha comprobado que en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible; por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.

En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado, la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica. En la Resolución de la CNMC se dice que el hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información estratégica entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.

Las grandes empresas constructoras disolvieron el grupo operativo G7 para realizar las ofertas manipuladas en los concursos, al parecer, en el año 2017. Los acuerdos colusorios, finalmente sancionados, han supuesto una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante.

Las conductas observadas en los expedientes por la CNMC también produjeron efectos negativos sobre las empresas competidoras que concurrieron a las licitaciones públicas en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas. Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas agrupadas, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los ofertantes.

Ha de tenerse en cuenta el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia las prácticas colusorias, debido al gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas del G7, el elevado importe que supusieron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas ilegales.

Los comportamientos abusivos, las maniobras contrarias a la integridad empresarial y a la libre competencia entre empresas, estando en juego miles de concursos públicos convocados, han supuesto un grave perjuicio al erario público en sus gastos presupuestarios, debido a los sobrecostes que han originado, a lo largo de 25 años, dichas prácticas ahora sancionadas.

Estos perjuicios han de llevar al Gobierno a aplicar, una vez que se produzca sentencia firme sobre las sanciones económicas, la medida de la prohibición de contratar con las administraciones a las empresas infractoras. La Junta Consultiva de Contratación Pública, que depende del Ministerio de Hacienda, ya ha recibido diferentes resoluciones de la CNMC en esa dirección para que el Gobierno determine la duración y el alcance de esta otra sanción; la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas para las compañías sancionadas (de entre 2 y 5 años, dependiendo de la gravedad de los comportamientos) como establece la ley desde 2015.

A modo de conclusión, es oportuno recordar lo que dijo la Presidenta de la CNMC, Cani Fernandez, el 17 de marzo de 2022 en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso: “La detección de cárteles para evitar la manipulación de licitaciones en la contratación pública es una prioridad para la CNMC. Si en condiciones normales la contratación pública supera el 10% del PIB, con la gestión de los fondos europeos para la recuperación económica, Next Generation, este porcentaje se verá fuertemente incrementado. Conscientes de los retos que afrontamos, la CNMC ha intensificado la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia”.

En base a las anteriores consideraciones, formuló al Gobierno las siguientes PREGUNTAS:

¿Considera necesario el Gobierno perfeccionar los sistemas de control en los procesos de licitación pública para garantizar el valor constitucional de la libre competencia en el marco de una economía de mercado (art. 38 de la CE)?

¿Ha adoptado el Gobierno medidas en relación con la defensa de la concurrencia y la competencia entre empresas en las licitaciones públicas y mediante la aplicación vigilante de la normativa de España y Europa para impedir prácticas que restrinjan dicha competencia y no afecten al funcionamiento, presupuestos y prestigio de las Administraciones Públicas?

¿Tiene el Gobierno intención de reforzar la CNMC en su trabajo como organismo regulador para incrementar sus recursos materiales y de personal, necesarios para que su función inspectora y sus procedimientos sancionadores sean efectivos y garantistas?

En el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2022.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PE- SANCIONES CNMC CONSTRUCTORAS- BGF-628-XIV-2022

*Nota : Pregunta no aceptada y, por tanto, ni registrada ni tramitada. 

La decisión del Tribunal Constitucional, suspendiendo una votación que le afecta en el Senado, es inmoral e ilegal, ataca la dignidad de la DEMOCRACIA y amordaza ilegalmente la voz del Parlamento. Y lo hace de la mano del PP que viene incumpliendo la Constitución al impedir durante años la renovación obligada del TC y del CGPJ.

Para superar esta grave Crisis de Estado, los demócratas debemos actuar de inmediato en defensa de la Democracia, utilizando los procedimientos legislativos correctos para retomar y aprobar, con las mayores garantías, las reformas legales necesarias que proponga el Gobierno de Coalición para lograr la renovación de los órganos constitucionales.

Por otra parte, en una situación de tanta crispación que hace irrespirable el clima de la vida política en España y que ahonda en la desafección política de la ciudadanía, no podemos caer en ninguna provocación ultra sino actuar con calma pero sin dudas en defensa del Estado de Derecho.

Por cierto, como diputado socialista NO voté en noviembre de 2021 al Sr. ENRIQUE ARNALDO para el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional -a propuesta del PP- por considerar que no se garantizaba su imparcialidad e independencia en el desarrollo de sus funciones en el alto Tribunal. Sin embargo, al intentar ser coherente con mis convicciones democráticas, recibí una sanción económica de mi grupo por romper la DISCIPLINA y pasé al banquillo de suplentes aun siendo Portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

Arnaldo ha servido a los intereses del PP, como me cansé de advertir entonces, al actuar ayer como Ponente del Tribunal. Arnaldo ha actuado como el asesor e ideólogo jurídico del PP que ha informado con descaro a favor de la suspensión de la votación en Las Cortes sobre las reformas legales propuestas por el Gobierno. Reformas que buscan romper el bloqueo y lograr la renovación del TC y del CGPJ que cuentan con “magistrados caducados”.

Sigue siendo una asignatura pendiente el poner fin, de una vez, a un reparto de cuotas absolutamente partidistas. La regeneración democrática nos exige garantizar la independencia de criterio en sus funciones de todas las mujeres y hombres que sean examinados de verdad y nombrados por el PARLAMENTO para formar parte de los diferentes órganos constitucionales.

No puede haber vértigo porque lo anterior es la raíz del problema. Cambiar sería la manera de consagrar la separación de poderes y mejorar la calidad de nuestra Democracia. Todo ello, en tiempos de una pandemia trumpista que amenaza también a España.

Odón Elorza / Diputado y Portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional

Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2022 / Publicado en El Obrero digital. 

Es muy previsible que el Rey introduzca en su mensaje de Nochebuena alguna referencia a la grave crisis de Estado que atravesamos y que degrada nuestra democracia y debilita el Estado de Derecho. La confrontación entre los diferentes poderes guarda relación, de manera especial pero no exclusiva, con el bloqueo interesado del PP a la renovación del Tribunal Constitucional y CGPJ.

Ahora bien, lo que algunos no entenderíamos es que Felipe VI lanzara una reprimenda habiendo permanecido ajeno a este deterioro de la vida política en España. Dicho de forma clara, sin haber realizado la función que le asigna el artículo 56.1 de la Constitución que señala: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, ...”

Soy un diputado republicano pero la crisis de Estado ha llegado estos días a un nivel objetivamente muy peligroso para la democracia y busco desesperadamente salidas. Esto me lleva a reflexionar sobre la posibilidad de algún tipo de mediación del Jefe del Estado en defensa de la democracia y del normal funcionamiento de las instituciones. Por tanto, y subrayando que el Rey carece de un poder real de actuación vinculante y que su labor es simbólica, se trata de evaluar una actuación audaz que no sea tachada de anticonstitucional ni de inoportuna.

Es cierto que se trataría de una intervención del Rey en un terreno resbaladizo y que debiera ceñirse a una tarea respetuosa con el carácter de imparcialidad que se asigna a la monarquia parlamentaria. La lectura de los estudios jurídicos e interpretaciones del artículo 56.1 que he podido consultar de expertos constitucionalistas como Jose María Gil-Robles, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Aragón, Antonio Torres del Moral o Javier Perez Royo, me llevan a formular tres consideraciones:

a) El Monarca puede ejercer el papel de árbitro y moderador que le otorga la Constitución siempre y cuando se realice desde una posición de neutralidad e imparcialidad política y con absoluta discreción, propia de conversaciones confidenciales entre personas con sentido de Estado. Estas condiciones son claves para la eficacia de una hipotética mediación. El Rey no puede trasladar a la sociedad una posición partidista.

b) El Rey ejerce su influencia política no por una vía normativa ni por un inexistente poder de decisión sino desde la persuasión gracias a su auctoritas personal, en encuentros en los que traslade el consejo, el estímulo y la sugerencia hacia los interlocutores.

c) En la función de arbitrar y moderar el buen funcionamiento de las instituciones (conforme a la Constitución y a las leyes), el Rey hace uso de las facultades propias de una monarquía parlamentaria sometida a la Constitución. Esto nos recuerda que no puede decidir en los conflictos de gravedad entre instituciones o entre partidos. Pero sí debiera actuar, con las limitaciones apuntadas, para prevenir o ayudar a resolverlos.

Hay otras opiniones que consideran que las funciones de la corona, recogidas con notable indefinición en el artículo 56.1, no superan lo estrictamente simbólico o lo literario, por lo que no puede intervenir en ningún conflicto político. Bien porque no le corresponde o bien para preservar -digamos- su “prestigio e imagen”.

Sin embargo, existen ejemplos de intervenciones del Rey que han tenido que ir más allá de discursos enfáticos en relación con la pandemia del coronavirus, la crisis económica o la energética. Nos podemos encontrar ante el deber de hacer actuaciones por parte del Rey en coyunturas excepcionales; como ocurrió ante el intento del golpe de Estado en 1981 para restablecer el orden constitucional o tras el referéndum ilegal del 3 de octubre de 2017 sobre la declaración de independencia de Cataluña.

Y ahora ... ¿a que espera el Rey para desempeñar su papel? Porque asistimos a una confrontación institucional nunca imaginada y si no arbitra y modera para proteger la democracia podría ser acusado de irresponsabilidad y resultar prescindible.

Odón Elorza / Diputado y Portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional

San Sebastián, 18 de diciembre de 2022 / Publicado en InfoLibre