San Sebastián no ha escapado de la pandemia especulativa que afecta a muchas ciudades atractivas que han descuidado la protección de su identidad y derechos cívicos como el de la vivienda. Las ciudades son hoy carnaza fácil para los fondos buitre que recompran la propiedad de centenares de viviendas públicas ante el desentendimiento de la administración. Son carnaza para los fondos de inversión que llevan unos años adquiriendo y vaciando edificios enteros, sobre todo en el Ensanche, para abrir hoteles y más hoteles y viviendas de lujo. 

La ciudad está en manos de quienes tienen dinero y compran pisos como una inversión rentable o para dedicarlos a apartamentos turísticos que han alcanzado un volumen importante ante la pasividad del Ayuntamiento. En manos de las franquicias que compran lo que se pone a tiro para abrir más de lo mismo, colonizando la ciudad con sus tiendas. También está en manos de fondos opacos que compran a altos precios grandes locales para abrir más bazares chinos.

Donosti está cambiando, aunque podríamos hablar del caso de muchas otras ciudades. Todas ellas están perdiendo personalidad y patrimonio local para convertirse en ciudades de franquicias y de centros comerciales clonados. Es el signo de los tiempos y van mutando en ciudades temáticas pensadas para el turismo y el consumo.

San Sebastián, también, soporta el maldito fenómeno de la gentrificación con expulsión de vecinos del centro y barrios próximos porque el precio de los alquileres hace tiempo que se dispararon. Donosti lamenta la expulsión de sus jóvenes a otras localidades ante la escasa oferta de vivienda pública en diez años y sin que ninguna institución, en especial su Ayuntamiento, rinda cuentas de semejante inoperancia.

Es la victoria de una especulación galopante, de un consumismo insostenible de ropa y objetos que escapan a la economía circular, de la implantación de grandes supermercados que juegan con los altos precios de los productos de alimentación, de la imparable desaparición del comercio local de proximidad dejando locales vacíos y calles tristes, de la insensibilidad de la autoridad municipal por el mal tratamiento del paisaje urbano, del discurso cínico de los que dicen estar preocupados por la sostenibilidad y montan en bici en días de campaña electoral mientras sus acciones van en dirección contraria al construir, por ejemplo, aparcamientos de rotación en zona de bajas emisiones y desatender la extensión de la red de carriles bici.

La ciudad de San Sebastián observa ensimismada, y aún sin rebelarse, cómo su Ayuntamiento va a eliminar un espacio libre que siempre fue una zona verde en la ladera de San Bartolomé. En su lugar levantarán un hipermercado, otro más, y otro centro comercial. Y lo hará en un sitio que forma parte de un paisaje urbano singular (el cerro de San Bartolomé) que está vinculado a la memoria histórica y a la arquitectura de la ciudad.

Me refiero al conjunto patrimonial formado por convento, iglesia, muro y ladera norte de San Bartolomé, donde se construyó el primer monasterio en el siglo XI. Son elementos sometidos a un régimen de protección en las normas urbanísticas municipales. Sin embargo, el Ayuntamiento no ofrece una justificación de interés general en la memoria de la modificación del plan general.

Porque solo busca obtener más plusvalías urbanísticas, en un territorio ya colmatado por las nuevas edificaciones residenciales, con la venta de dicha ladera a un grupo de inversores. Y aunque esa ladera está considerada en el planeamiento como “zona verde”, tienen la desvergüenza de levantar un artefacto comercial que va a desfigurar, a mutilar, la visión y el disfrute del conjunto protegido. Esto se llama fraude de ley y desviación de poder.

Como muchos donostiarras, estoy preocupado y cabreado. Los malditos especuladores quieren que esta ciudad no pertenezcan a sus gentes, defensores de la diversidad y de una ciudad abierta y sin exclusiones. Aún son recientes los años en los que ETA, a sangre y fuego, condicionaba nuestras vidas y la libre convivencia en la ciudad de San Sebastián. Pero le hicimos frente y la ciudad no se paró.

Ahora la amenaza es otra. Nace con la globalización y ataca la identidad de la ciudad desde diferente frentes. Y también debería ser combatida por una ciudadanía dispuesta a recuperar la ilusión y a no perder la dimensión de los derechos sociales y culturales que conlleva una democracia cívica. Se acercan las elecciones locales y el momento de rechazar a los responsables de la situación.

Odón Elorza / Ex alcalde de Donostia-San Sebastiàn (1991-2011)

3 de mayo de 2023 / Publicado en público.es (actualizado el 10 de mayo)

Se cumplen 25 años de la Proposición de Ley que presentó el Diputado Alfonso Perales, en nombre del PSOE, defendiendo la elección directa del Alcalde por parte de la ciudadanía. El debate no culminó y aunque ha sido una cuestión recurrente, con propuestas sin elaborar, ventajistas e interesadas del PP, acudiremos a las elecciones municipales del 28 de mayo con el viejo sistema.

Sin embargo, es una oportunidad para recuperar la idea desde una perspectiva federal, aportando razones de más democracia en favor de una reforma básica y negociada de la LOREG. Considero que habría que dejar a las Comunidades Autónomas que pudieran optar por legislar sobre esta fórmula y los diferentes modelos en función del volumen de población de sus municipios. La reforma es necesaria en el marco de un proceso inacabado de innovación y refuerzo de nuestra democracia.

La iniciativa socialista quería modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con una fórmula que permitiese una mayor participación de la ciudadanía en la elección de la persona que ocupara la Alcaldía. Una posibilidad contemplada en el artículo 140 de la Constitución que señala: «... los Alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos ...». Este precepto nos recuerda el artículo 9 de la Constitución de 1931 que constituye la primera referencia en nuestro derecho a la elección directa del Alcalde.

Vivimos en España un tiempo difícil para la democracia en un escenario de crispación que favorece el inmovilismo en la legislación electoral, por no hablar de la intocable Constitución. Aparecieron nuevos partidos y movimientos que no han sustituido a los que estaban, sino que se suman a ellos, multiplicando las fuerzas políticas en liza y aumentando la fragmentación de los resultados electorales. De ahí la necesidad de pactos para garantizar la gobernabilidad de las instituciones.

Me parece obligado preguntarse qué cabe hacer para dar un mayor protagonismo democrático a la ciudadanía por encima del cálculo electoral de los partidos ante una deseable reforma. Lo cierto es que existe una crisis de representatividad de los políticos. A su vez, la sociedad reclama una mayor participación en las decisiones de la vida pública, siendo el Ayuntamientos la institución más cercana y sensible, en donde se avanza hacia un modelo de democracia innovadora.

En ese escenario local, se vota a la persona más que a unas siglas. De ahí la conveniencia de deliberar en diferentes foros sobre propuestas de cambio en los procesos electorales. Existen buenas razones para abordar una reforma electoral que permita la elección directa del Alcalde por el electorado:

- profundizar la democracia local y actuar de modo coherente con el principio de proximidad entre la institución municipal y la ciudadanía, reforzando la participación democrática de los vecinos en la elección directa de su Alcalde, como sucede en muchos países de Europa.

- garantizar la estabilidad y gobernabilidad de las ciudades ante las dificultades derivadas de la gran fragmentación electoral. Pero sin depreciar los acuerdos entre partidos que refuercen al Alcalde y un Gobierno de mayoría.

- dar mayor protagonismo y capacidad de decisión a la ciudadanía en la vida municipal. Esto nos llevaría, además, a otros cambios innovadores como las consultas ciudadanas, la gobernanza con procesos de decisión de calidad e interactivos, el papel de las nuevas tecnologías en el acceso a una información transparente y a la participación o la rendición de cuentas sobre los presupuestos y el PAM.

La propuesta, en esencia, supondría una elección municipal en dos urnas y a doble vuelta. Una urna para votar a la persona que ocupe la Alcaldía y la otra para votar a las diferentes listas de concejales.

En la primera vuelta, si alguno de los candidatos obtiene el 45% de votos y saca 10 puntos de diferencia al siguiente, por ejemplo, sería proclamado Alcalde. La urna de votación de las listas servirá para fijar el reparto, en principio proporcional, de las concejalías.

La segunda vuelta está pensada para el caso de que ningún candidato obtenga el poyo suficiente. Su objeto es reagrupar los votos que procuren un mayor apoyo electoral al Alcalde y refuercen su legitimidad popular. Y sólo accederían los dos o tres candidatos con más apoyo y si superan un porcentaje de votos en la primera vuelta.

Este procedimiento, que no elimina la utilidad de pactos, implicaría tener una Alcaldía y un Gobierno local reforzado, así como un Pleno o Parlamento Local que reproduciría el pluralismo político surgido de la votación de las listas en la primera vuelta. Ojalá en la próxima legislatura se aborde, en otro clima político, una reforma que debería contar con la negociación y el consenso entre las fuerzas políticas. Pero no puedo ocultar algunas dudas y controversias, más aún a la vista del dictamen del Consejo de Estado de 2009, que merecerán un análisis riguroso.

De entrada, cabe la opción de adjudicar la mayoría absoluta de concejales a la lista del Alcalde elegido por los vecinos para garantizarle la gobernabilidad (con un bonus) o bien respetar la estricta proporcionalidad y por tanto la distribución de concejalías obtenida en la primera vuelta.

Se debe también valorar la vía de poder presentar una Moción de Censura por parte de una mayoría cualificada de concejales o una consulta sobre la revocación del Alcalde a petición de un mínimo del 30% de vecinos. Otra duda se refiere a si habría que tocar, mínimamente, el actual reparto de competencias para reforzar las atribuciones de Alcaldía sin caer en el presidencialismo y sobre el refuerzo del papel de control e impulso político para el Pleno del Ayuntamiento.

Odón Elorza / Ex alcalde de San Sebastián (1991-2011)

17 de abril de 2023 / Publicado en público.es

AL ARARTEKO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PAÍS VASCO :

Odón Elorza González, con residencia en Donostia-San Sebastián, DNI .... y correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. formula QUEJA ante el Ararteko:

Por medio del presente escrito le hago llegar al Ararteko mi queja como ciudadano donostiarra y la solicitud de amparo, en su condición de titular de la Defensoría del Pueblo del País Vasco, contra la decisión del Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián de acordar la construcción de un hipermercado/centro comercial en la ladera verde de San Bartolomé, elemento protegido en el Catálogo del PGOU.

No consta en el PGOU una justificación basada en el interés general para desarrollar una actuación urbanística meramente especulativa, años después de haber finalizado la ejecución del Plan de Regeneración social y urbana del barrio. Por otra parte, no se respeta el régimen de protección otorgado a la ladera y al muro, junto a un conjunto de edificios como Convento e Iglesia de San Bartolomé, que deben ser protegidos y conservados de acuerdo con las Sentencias y el Catálogo del PGOU sobre el patrimonio local.

Por esas razones presenté escrito ante Alcaldía que registré el pasado 24 de marzo en el Ayuntamiento sin obtener respuesta alguna. Por ello, he vuelto a registrar, con fecha 25 de abril de 2023, un nuevo escrito ampliado con datos, preguntas y peticiones sobre el acuerdo de aprobación del PEOU adoptado por el Ayuntamiento el 26 de enero de 2023, dirigido al Sr. Alcalde de Donostia-San Sebastián, al Ayuntamiento Pleno y a los Grupos Municipales.

Le doy traslado, en su condición de Ararteko, de este segundo escrito que profundiza en la denuncia del anterior así como un anexo de documentos que complementan la argumentación.

Ante las consecuencias perjudiciales para el interés general que se pueden derivar de la actuación urbanística denunciada, también ante falta de transparencia en el proceso que ha conducido a la aprobación de una intervención prevista en la ladera norte de San Bartolomé en pleno centro de la ciudad y ante un incumplimiento manifiesto de las normas urbanísticas municipales de protección del patrimonio local que se citan, hechos por los que podríamos estar ante un caso de “desviación de poder” de la administración:

Le ruego que admita a trámite esta queja, se interese y se dirija al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián al efecto de solicitarle información y respuestas precisas que pudieran servir para aclarar las cuestiones suscitadas y hacerle reconsiderar la decisión a la vista de las consecuencias negativas que provocará la construcción de un hipermercado-centro comercial de 4a categoría en la ladera de San Bartolomé.

En Donostia-San Sebastián, 27de abril de 2023.

Se cumplen 25 años de la Proposición de Ley que presentó el Diputado Alfonso Perales, en nombre del PSOE, defendiendo la elección directa del Alcalde por parte de la ciudadanía. El debate no culminó y aunque ha sido una cuestión recurrente, con propuestas sin elaborar, ventajistas e interesadas del PP, acudiremos a las elecciones municipales del 28 de mayo con el viejo sistema.

Sin embargo, es una oportunidad para recuperar la idea desde una perspectiva federal, aportando razones de más democracia en favor de una reforma básica y negociada de la LOREG. Considero que habría que dejar a las Comunidades Autónomas que pudieran optar por legislar sobre esta fórmula y los diferentes modelos en función del volumen de población de sus municipios. La reforma es necesaria en el marco de un proceso inacabado de innovación y refuerzo de nuestra democracia.

La iniciativa socialista quería modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con una fórmula que permitiese una mayor participación de la ciudadanía en la elección de la persona que ocupara la Alcaldía. Una posibilidad contemplada en el artículo 140 de la Constitución que señala: «... los Alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos ...». Este precepto nos recuerda el artículo 9 de la Constitución de 1931 que constituye la primera referencia en nuestro derecho a la elección directa del Alcalde. 

Vivimos en España un tiempo difícil para la democracia en un escenario de crispación que favorece el inmovilismo en la legislación electoral, por no hablar de la intocable Constitución. Aparecieron nuevos partidos y movimientos que no han sustituido a los que estaban, sino que se suman a ellos, multiplicando las fuerzas políticas en liza y aumentando la fragmentación de los resultados electorales. De ahí la necesidad de pactos para garantizar la gobernabilidad de las instituciones.

Me parece obligado preguntarse qué cabe hacer para dar un mayor protagonismo democrático a la ciudadanía por encima del cálculo electoral de los partidos ante una deseable reforma. Lo cierto es que existe una crisis de representatividad de los políticos. A su vez, la sociedad reclama una mayor participación en las decisiones de la vida pública, siendo el Ayuntamientos la institución más cercana y sensible, en donde se avanza hacia un modelo de democracia innovadora.

En ese escenario local, se vota a la persona más que a unas siglas. De ahí la conveniencia de deliberar en diferentes foros sobre propuestas de cambio en los procesos electorales. Existen buenas razones para abordar una reforma electoral que permita la elección directa del Alcalde por el electorado:

- profundizar la democracia local y actuar de modo coherente con el principio de proximidad entre la institución municipal y la ciudadanía, reforzando la participación democrática de los vecinos en la elección directa de su Alcalde, como sucede en muchos países de Europa.

- garantizar la estabilidad y gobernabilidad de las ciudades ante las dificultades derivadas de la gran fragmentación electoral. Pero sin depreciar los acuerdos entre partidos que refuercen al Alcalde y un Gobierno de mayoría.

- dar mayor protagonismo y capacidad de decisión a la ciudadanía en la vida municipal. Esto nos llevaría, además, a otros cambios innovadores como las consultas ciudadanas, la gobernanza con procesos de decisión de calidad e interactivos, el papel de las nuevas tecnologías en el acceso a una información transparente y a la participación o la rendición de cuentas sobre los presupuestos y el Plan de Actuación Municipal para todo el mandato.

La propuesta, en esencia, supondría una elección municipal en dos urnas y a doble vuelta. Una urna para votar a la persona que ocupe la Alcaldía y la otra para votar a las diferentes listas de concejales.

En la primera vuelta, si alguno de los candidatos obtiene el 45% de votos y saca 10 puntos de diferencia al siguiente, por ejemplo, sería proclamado Alcalde. La urna de votación de las listas servirá para fijar el reparto, en principio proporcional, de las concejalías.

La segunda vuelta está pensada para el caso de que ningún candidato obtenga el poyo suficiente. Su objeto es reagrupar los votos que procuren un mayor apoyo electoral al Alcalde y refuercen su legitimidad popular. Y sólo accederían los dos o tres candidatos con más apoyo y si superan un porcentaje de votos en la primera vuelta.

Este procedimiento, que no elimina la utilidad de pactos, implicaría tener una Alcaldía y un Gobierno local reforzado, así como un Pleno o Parlamento Local que reproduciría el pluralismo político surgido de la votación de las listas en la primera vuelta. Ojalá en la próxima legislatura se aborde, en otro clima político, una reforma que debería contar con la negociación y el consenso entre las fuerzas políticas. Pero no puedo ocultar algunas dudas y controversias, más aún a la vista del dictamen del Consejo de Estado de 2009, que merecerán un análisis riguroso.

De entrada, cabe la discutible opción de adjudicar la mayoría absoluta de concejales a la lista del Alcalde elegido por los vecinos para garantizarle la gobernabilidad (con un bonus) o bien respetar la estricta proporcionalidad y por tanto la distribución de concejalías obtenida en la primera vuelta. Se debe también valorar la vía de poder presentar una Moción de Censura por parte de una mayoría cualificada de concejales o una consulta sobre la revocación del Alcalde a petición de un mínimo del 30% de vecinos. Otra duda se refiere a si habría que tocar, mínimamente, el actual reparto de competencias para reforzar las atribuciones de Alcaldía sin caer en el presidencialismo y sobre el refuerzo del papel de control e impulso político para el Pleno del Ayuntamiento.

Odón Elorza / Ex alcalde de San Sebastián (1991-2011)

17 de abril de 2023 / Publicado en público.es