El desánimo de la juventud por la situación de precariedad laboral e incertidumbres varias que soporta y su desconfianza hacia el sistema y la política institucional son motivo de gran preocupación para el Gobierno. No puede ser de otra manera.
El dato elocuente es que la pandemia y sus consecuencias en la economía retrasan su emancipación hasta los 30 años. Porque la crisis del coronavirus ha pasado factura a los jóvenes de entre 15 y 29 años, como se aprecia en la encuesta de INJUVE recogida en el Informe Juventud en España 2020.
Pero no habrá una explosión de protestas en las plazas, como sucedió el 15-M de 2011, que surgió por la precariedad de los contratos laborales, la austeridad y los recortes de las políticas públicas y por empeorar la situación económica de la clase media y empobrecer a los sectores más humildes.
El 15-M provocó el surgimiento de movimientos socio-políticos con la intención de cambiar el modelo económico y productivo así como el funcionamiento del sistema político, exigiendo una regeneración de la democracia y en particular de los partidos. Entonces, reclamaron a los políticos más democracia y otra forma de gobernar, más justicia social y acabar con la corrupción. Hoy, por culpa de las crisis y la pandemia, la juventud está adoptando una actitud de desconexión total con el sistema para encerrarse en las redes, en sus cuadrillas y en el individualismo del sálvese quien pueda.
Afortunadamente, el informe del Instituto de la Juventud también pone de manifiesto que los jóvenes continúan interesados en la política desde el compromiso con la lucha contra las desigualdades, la violencia de género y el cambio climático. Aunque en este escenario es difícil que los jóvenes se crean que la política institucional va a poner remedio a la gran dificultad de conseguir empleo, un apartamento en alquiler para salir de la casa de sus padres y avanzar en un proyecto de vida con familia, lograr alcanzar el relativo bienestar de sus padres o garantizarse una pensión digna.
La pandemia ha llegado cuando llevábamos años arrastrando una fragilidad del empleo juvenil, con unos niveles de paro muy elevados. El paro juvenil subió en 2020 hasta el 40 % entre menores de 25 años y frente a un tasa de paro en España del 16 %. Además, buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan se han quedado fuera del escudo social acordado por el Gobierno de izquierda con los agentes sociales.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la cumbre telemática de Davos, el pasado 25 de enero de 2021, que el desempleo juvenil en España es "inaceptablemente alto". Ante ello, recalcó que es una cuestión clave en su agenda, centrada en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la nueva ley educativa y pensando, especialmente, en la reforma de la Formación Profesional. Sánchez anunció una inversión de 750 millones aprovechando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos de ayuda de la Unión Europea
El compromiso del Presidente, ante el Pleno del Congreso del pasado 24 de febrero, es acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo, reducir la tasa de fracaso y abandono escolar, facilitar el acceso a la Formación Profesional como palanca para acreditar las competencias de preparación y competitividad de personas para incorporarse al mercado laboral, priorizar la formación digital, revisar los incentivos a las empresas para la contratación de jóvenes y reforzar los contratos en prácticas, de manera que no se utilicen para disponer de mano de obra barata sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes.
Sin olvidar que los gobiernos autonómicos tienen también que actuar en el ámbito de sus competencias, la precariedad que atrapa a gran parte de la juventud obliga al Congreso a impulsar con decisión las medidas anunciadas por el Gobierno.
Los objetivos son compartidos: revertir las tasas de desempleo juvenil más elevadas de Europa, fomentar la creación de empleo de calidad y sostenible frente al alto porcentaje de contratos temporales, revisar los problemas existentes para que algunos jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, promover políticas de vivienda pública -en especial apostando por la inversión del Estado en favor del parque de viviendas en alquiler para que resulten accesibles a los jóvenes-, incrementar las becas y promover la vuelta de los jóvenes que salieron a otros países para buscar un trabajo.
El objetivo es que España no tenga otra “generación perdida”.
Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa
