Odón Elorza

Odón Elorza

Pregunta al Gobierno sobre la puesta en servicio de un tren transfronterizo entre San Sebastián y Bayona.

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA al Gobierno sobre “la puesta en servicio de un tren transfronterizo entre San Sebastián y Bayona”, para que les sea contestada por escrito.

 

                                          EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 

La ausencia de una conexión ferroviaria, sin tener que hacer transbordo, entre las ciudades de San Sebastián en España y Bayona en Francia pone de manifiesto la necesidad de estudiar la puesta en servicio de un sistema de transporte público que cumpla los criterios de movilidad sostenible y eficiencia. San Sebastián y Bayona forman parte de un corredor en la llamada Eurociudad Vasca.

Desaparecidas hace años las viejas fronteras entre Francia y España, la falta de interés de los gobiernos y la existencia de vías de ancho diferente en cada país constituyen una anomalía en el siglo XXI. Sin embargo, en un tiempo en el que debemos hacer frente a la crisis climática ha de existir un tren que comunique de modo competitivo el Territorio de Gipuzkoa con el País Vasco Francés.

En este escenario, las ciudades nucleares de San Sebastián y Bayona, son los extremos de una conurbación europea muy activa en diferentes planos, situadas a una distancia de 54 km y junto a otras localidades de gran atracción. La Eurociudad Vasca agrupa a 600.000 personas que se comunican mediante el uso del automóvil y se enfrentan a problemas de alta saturación del tráfico, en parte debida al volumen de camiones que transitan.

Los colapsos se producen sobre todo en verano, en los peajes de la autopista AP1, en especial, en la antigua frontera de Irún-Behobia. Por otra parte, existen dificultades de acceso, aparcamiento y circulación en las ciudades de Biarritz, Irún, San Sebastián y Bayona con incremento de los niveles de contaminación ambiental.    

El gran número de personas que cruza con frecuencia de un Estado a otro en su coche, por razones comerciales, laborales, culturales o turísticas, justifica la necesidad de disponer de un tren transfronterizo que sea competitivo, regular, sin transbordos, con 6-7 paradas, espacio reservado para llevar bicis y frecuencias diferentes según la época del año.    

La oferta de un tren -que no requiere una nueva inversión en infraestructuras- es una alternativa de movilidad coherente con el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes de los vehículos y contribuir a combatir el cambio climático. La actual opción ferroviaria obliga a hacer transbordo y a esperar en la Estación de Hendaya y, con mucha suerte, emplear dos o tres horas para hacer el viaje.  

El deseado tren transfronterizo Bayona-San Sebastián será posible con el final de unas largas y molestas obras que realiza ADIF para disponer de doble ancho de vía en el tramo Astigarraga - San Sebastián - Irún. Esa actuación incluye la colocación en las nuevas traviesas de un tercer raíl o hilo para salvar así el diferente ancho de vía existente entre Francia y España, así como mejoras del gálibo en túneles como el de Gaintxurizketa, suavizar curvas y mejoras de seguridad.    

El 20 de febrero de 2019, el hoy proponente ya presentó a la Comisión de Fomento del Congreso la siguiente propuesta que fue aprobada por unanimidad: “Gestionar por parte del Gobierno de España ante el Gobierno de Francia, y con la implicación del Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Nueva Aquitania, el análisis de los problemas técnicos, administrativos y comerciales y la propuesta de soluciones que permitan la puesta en servicio de un tren transfronterizo que conecte las localidades situadas en el territorio de la Eurociudad Vasca, Bayona-San Sebastián”.

Pero el acuerdo no ha tenido consecuencias y sigue sin analizarse el pequeño problema de la red de electrificación que es diferente en ambos países pero que se puede solventar adaptando y homologando las locomotoras con sistema bitensión. Así mismo, habría que resolver aspectos de las instalaciones de seguridad de la circulación y el tratamiento de andenes.  

En resumen, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene la posibilidad de promover y negociar las bases de un Convenio internacional, encomendando a ADIF la solución a los problemas técnicos apuntados y a la vez disponer de un estudio sobre la gestión de la nueva línea. Este proyecto podría obtener ayuda de los Fondos Europeos al tratarse de una operación de movilidad sostenible, con la mejora del transporte ferroviario en el corredor transfronterizo hispano-francés de la Eurociudad Vasca en la Europa del Atlántico.

En base a las anteriores consideraciones se formula la siguiente Pregunta:

 

1. ¿Qué opinión le merece al Gobierno la posible creación de un servicio ferroviario transfronterizo entre Bayona y San Sebastián en el ámbito de la Eurociudad Vasca?

 

2. ¿Qué estudios y medidas estaría dispuesto a adoptar el Gobierno para avanzar en la puesta en marcha de este proyecto ferroviario sostenible?  

 

En el Congreso de los Diputados, a 11 de mayo de 2021.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

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Mi denuncia a las quejas y críticas de Urkullu contra Pedro Sánchez por no prorrogar el estado de alarma.

El Lehendakari Urkullu se viene quejando de la decisión del Gobierno español de no haber prorrogado el Estado de Alarma para toda España, pero no dice toda la verdad. Sabe muy bien que, además de las medidas legales que ya dispone el Gobierno Vasco, la Ley Orgánica del Estado de Alarma 4/1981, en su art 5, también contempla una aplicación parcial para un Territorio, si fuera necesaria, ante una situación grave de contagios. De ese modo, se pueden mantener restricciones como el toque de queda y el cierre perimetral para una Comunidad y siempre debidamente justificada.

Ayer tarde hice referencia a esta vía disponible en apoyo a la acción de los gobiernos autonómicos durante el debate suscitado en la Comisión Constitucional sobre el supuesto caos que se está produciendo en el país. El debate político crispado y la disparidad de opinión judicial no deben hacer olvidar la existencia de este mecanismo contemplado en el estado de alarma, pero que ahora su necesidad debe ser valorada en el nuevo marco del avance del proceso de vacunaciones.

La ley indica que basta con que una CCAA interesada, en este caso el Lehendakari vasco, lo solicite formalmente al Presidente Pedro Sánchez para obtener la aprobación del Consejo de Ministros. Sanchez ha afirmado, repetidamente, que aprobará esa petición de prorrogar el estado de alarma para su aplicación en Euskadi durante quince días y que el PSOE lo apoyará en la votación del Congreso si la medida necesitara ampliar ese período de vigencia.

Deben ser “razones contrarias al interés general” las que han llevado a Urkullu a quejarse tanto y sin razón, aunque luego no se haya atrevido a dar el paso que hubiera permitido contar con esa herramienta para frenar, con más garantías, nuestra elevada tasa de incidencia de contagios: más de 500 casos, el más alto en España. Es muy fácil no mojarse y culpar a los demás de los miedos y las incoherencias propias.

Para colmo, me parece llamativo que el coordinador de la comisión técnica LABI, Jonan Fernández (Gobierno Vasco), no rinda cuentas de su responsabilidad sobre la estrategia para frenar la pandemia y se quede tan ancho diciendo que NO sabe por qué tenemos una tasa de contagios en Euskadi, muy por encima de otras Comunidades Autónomas.

¿Pero no saben buscar y analizar las causas de la elevada transmisión del virus en Euskadi durante las pasadas semanas? Es mas fácil echar la culpa a Sánchez de la incapacidad propia.

 

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

Palacio del Congreso, 13 de mayo de 2021.

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Proposición sobre la condena a los discursos de odio y en defensa de la convivencia democrática.

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la condena a los discursos de odio y en defensa de la convivencia democrática que garantiza la Constitución, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

 

La dignidad de la persona (art. 10 CE), el principio de no discriminación (art. 14 CE) y el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE) son derechos fundamentales protegidos por la Constitución y su cumplimento es una de los garantías del orden político democrático y de la paz social.

Una de las mayores amenazas contra estos derechos y valores protegidos en la Constitución es el llamado “discurso de odio”, es decir, los discursos dirigidos contra los que pertenecen a colectivos protegidos por cláusulas específicas de no discriminación. Se trata de los discursos dirigidos contra minorías étnicas, sexuales, religiosas, personas con discapacidad e inmigrantes.

Una manifestación especialmente execrable del “discurso de odio” son los denominados “delitos de odio”, que en nuestra legislación están recogidos en el art. 510.1.a) del Código Penal, que sanciona a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

El Código Penal no sanciona las meras ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión, que debe ser ponderado con el respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la no discriminación.

En este contexto, el delito de odio supone un ataque al diferente, una manifestación de intolerancia incompatible con los elementos que vertebran el orden constitucional y, en definitiva, un ataque frontal al sistema de derechos y libertades propio de una sociedad democrática.

El discurso y las conductas de odio están orientadas a fomentar la violencia, la discriminación y el desprecio a un determinado colectivo de la sociedad, grupo político o a sus integrantes por diferentes razones.

Por ello, el discurso de odio no puede tener el más mínimo resquicio en nuestra sociedad, ya que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y no solamente porque atenta contra la legislación propia y contra Declaraciones y Convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, sino porque pone en peligro la dignidad de las personas y el derecho a vivir en igualdad tanto material como formal.

En palabras del Tribunal Constitucional, hay que distinguir entre un discurso “que pudiera estimular el debate tendente a transformar el sistema político”, del que “persigue desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia” (STC 177/2015, FJ4). Dentro del discurso de odio no cabe solo el que promueve la discriminación de determinadas minorías por sus características étnicas, religiosas, culturales o sexuales; hay que incluir también, según el TC, el que “fomenta el rechazo y la exclusión de la vida política, y aún la eliminación física, de quienes no comparten el ideario de los intolerantes” (STC 112/2016, FJ4).

En la vida institucional, las palabras, campañas y gestos que forman parte del discurso de odio practicado por un partido político ni son gratuitos ni pasan desapercibidos a la sociedad. Al contrario, se proyectan hacia la sociedad, degradan los valores democráticos, extienden la intolerancia y el miedo, atacan el pluralismo y la diversidad y van calando peligrosamente de manera continuada en sectores de la ciudadanía. Hasta que un día estallan —ejemplos hay sobrados en la historia reciente- y sus consecuencias pueden ser demoledoras para el sistema de convivencia democrática; esto es, para la cohesión e integración de nuestra sociedad.

En medio de una pandemia y del ingente esfuerzo que hay que desarrollar en favor de la recuperación social y económica, en una etapa histórica plagada de incertidumbres y retos, la defensa de los principios democráticos y los valores constitucionales debe ser una actitud compartida, taxativa e incondicional por parte de todas las fuerzas democráticas del Congreso.

Por contra, sufrimos una exaltación de posiciones extremistas y de estrategias de división y polarización de la sociedad que fomentan el odio y la confrontación y atacan el clima de convivencia en nuestra democracia. Sin embargo, persiste el discurso del odio y la exaltación de la intolerancia creando el caldo de cultivo para que un grupo extremista o un exaltado lobo solitario puedan cometer un atentado.

En base a estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley:  

                                                  PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

“El Congreso condena las amenazas de muerte que han recibido diferentes cargos públicos, así como los discursos de odio que promueven la violencia, el racismo, la xenofobia, y el desprecio y la intolerancia hacia el adversario político, por atacar el Estado social y democrático de Derecho, principal pilar de la Constitución, y los principios de la democracia. Así mismo, se reafirma en la defensa de los valores y preceptos constitucionales que hacen posible la convivencia democrática y el respeto a la dignidad de las personas”.

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Una valoración autocrítica de los resultados del 4M.

Cuando el PSOE se lanzó junto a C’s a presentar las mociones de censura en Murcia y Castilla y León, algunos estaban convencidos del éxito de la iniciativa. ¿Fue ingenuidad o un error de cálculo no valorar las malas artes que podía utilizar el PP ante un partido en proceso de descomposición? En todo caso, aquella operación de desalojos llevaron a Diaz Ayuso a tomar la delantera y convocar elecciones en la Comunidad de Madrid, conocedora de encuestas favorables.

El resultado final se consumó el 4M y el balance es un desastre. Para el PSOE y para la política democrática. En especial, tras lo ocurrido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid donde el PSOE pierde 13 escaños, pasando de 37 a 24. Siete escaños han ido a parar a las otras izquierdas, produciéndose el increíble y meritorio sorpasso de Más Madrid sobre el PSOE, y otros seis pasan al PP, sin lograr rascar ningún voto de C’s como se pretendía al inicio de la campaña.

La pérdida socialista de 10 puntos (pasa de un 27 al 17% de voto) obliga a una reflexión abierta, sincera y autocrítica sobre las razones de la derrota y los errores concretos cometidos.

La ciudadanía arrastra una fatiga pandémica por los efectos del virus en el empleo y en la vida de las personas por las lógicas limitaciones a la movilidad personal. Pero, además, la contienda electoral se ha producido en un escenario muy polarizado y con una Presidenta nacional populista e irresponsable, acostumbrada a lanzar en tiempos duros los mensajes frívolos que un sector de la población quiere escuchar.

Se ha constatado que valores como el bien común, la fortaleza de lo público, la solidaridad humana, la equidad fiscal, la responsabilidad y una gestión transparente han decaído ante el más puro individualismo y la defensa de una falsa libertad para tomar cañas a cualquier hora y moverse a placer. Hoy, la idea de libertad ha sido ridiculizada y secuestrada por la caverna de Génova, por los liberticidas. Sin embargo, nos han barrido.

En ese escenario, no hemos logrado que el debate en la calle se centrara en la alternativa que ofrecía el PSOE a la ciudadanía de Madrid sobre un gobierno y modelo de sociedad que proteja la vivienda social, la sanidad pública, la educación para todos y una fiscalidad progresiva frente a la política ultraliberal de Ayuso.

La propuesta para mejorar la vida de las personas con políticas públicas quedó desdibujada y oculta entre las ocurrencias y el carisma de Ayuso, la confrontación interesada con Sánchez y el trazo grueso de la forzada disyuntiva “fascismo o democracia”. En definitiva, el marco de juego electoral fue el que interesaba a la extrema derecha y al PP. Es más, si releemos las fallidas previsiones de la encuesta del CIS, realizada con entrevistas telefónicas los días 19 y 20 de abril, la campaña nos ha hecho perder votos.

Son tres cuestiones - una alternativa difusa, la fatiga pandémica y una campaña crispada y con un guión cambiante para los socialistas - las que han podido pasar factura al PSOE con la candidatura de Ángel Gabilondo, un hombre que algunos veían como culto y serio, soso y aburrido. En realidad se trata de un político responsable, honesto y poco amigo de frivolidades y tanganas. Pero es sabido que de la derrota se huye como de la peste. Quizás por ello el donostiarra/madrileño Gabilondo “compareció solo” la noche del 4M.

Tras los resultados, toca analizar con calma lo sucedido y reflexionar sobre los cambios a introducir, contando con la participación activa de la militancia, como recoge el modelo de Partido Socialista aprobado en el 39 Congreso. Para relanzar el proyecto Socialdemócrata, elegir nuevos liderazgos y acordar la estrategia a desarrollar en los próximos dos años. De esa manera, el PSOE de Madrid saldrá más sabio, más cohesionado internamente y en plena interacción con la sociedad.

Estos resultados se producen con una gran participación electoral. Por eso considero que no hemos sabido transmitir lo que estaba en juego ni motivar suficientemente el voto en torno a un modelo de sociedad y de valores democráticos que nos permita combatir las desigualdades, la precariedad y a la vez profundizar en una democracia participativa y recuperar la economía para crear empleo de calidad. Lo cierto es que tampoco hemos podido capitalizar las acciones del Gobierno para crear un escudo social. Pero no nos resignamos.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE

Publicado el 7 de mayo de 2021 en El Obrero.

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