A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la regulación de las patentes de vacunas, para su debate en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2021.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

Los artículos 15 y 43 de la Constitución reconocen el derecho fundamental a la vida y a la protección de la salud. En este sentido y con ocasión de la pandemia que afecta gravemente a España, al igual que al resto del planeta, el Gobierno y el conjunto de las administraciones públicas vienen adoptando, además de acordar un escudo social, todo tipo de medidas sanitarias y preventivas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus entre la población.

Es muy destacable el papel desempeñado por la Unión Europea, y en su seno por la representación de España, al haber tomado, tiempo atrás, la iniciativa de negociar la reserva y efectuar compras adelantadas con las compañías farmacéuticas de importantes lotes de vacunas. El objetivo es cubrir las necesidades de inmunización del conjunto de la ciudadanía de la UE.

A día de hoy, el virus COVID-19 suma más de 2,9 Millones de fallecidos y 136 Millones de personas infectadas. Esta pandemia va a continuar y no será derrotada sin una lucha audaz y sostenida durante los próximos años en los que, previsiblemente, habrá que seguir administrando vacunas.

La estrategia ha de estar basada en la cooperación internacional y en una defensa del derecho universal a la salud. Esto ha de conllevar la consideración de las vacunas como un bien de interés público universal para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población mundial.

Con millones de vidas en juego, la vacuna no puede ser un negocio ni objeto de puja, como pasara al inicio de la pandemia con la compra de los equipos y materiales de protección sanitaria. Los beneficios ilimitados de las farmacéuticas y la falta de transparencia de sus contratos, aprovechando la ansiedad ciudadana y la presión de la opinión pública a modo de demanda rápida de vacunas, no pueden ser aceptados por la representación de los Estados democráticos.

Resulta razonable que, en casos de urgente necesidad para salvar vidas y conseguir una inmunidad de la población que permita avanzar en la recuperación económica y social, los Estados de la Unión Europea, en particular, estudien y promuevan la búsqueda en la esfera internacional de acuerdos y mecanismos extraordinarios de acción para lograr una producción masiva y accesible de vacunas.

Porque sucede que los derechos de exclusividad en la producción de vacunas que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas, no permiten garantizar una producción suficientemente masiva, como se viene constatando ante los incumplimientos de los plazos de entrega por parte de algunas de dichas empresas farmacéuticas y la falta de suministro de vacunas a los países del Sur.

No olvidemos que las vacunas también han de llegar sin dilación a todo las naciones pobres o en vías de desarrollo y que una administración eficaz y adaptada de la vacuna a las nuevas variantes del virus, debe estar garantizada para los siguientes años

En este escenario de grave pandemia, habría que trabajar para que las vacunas sean declaradas como un bien público frente a quienes consideran las vacunas como un bien de mercado u objeto de negocio. Se trata de prever mecanismos que permitan acelerar su producción y distribución a un precio justo para poder inmunizar, a tiempo, toda la población del planeta. Siempre con la consideración de que la pandemia se puede prolongar durante un tiempo y que sea necesario continuar con la administración de la vacuna antivirus para reforzar su efecto.

Ante los anuncios de retrasos en el envío y de reducción de entregas de vacunas, la decisión de la Comisión Europea de controlar las vacunas producidas en su territorio y de bloquear su exportación a terceros países, en caso de incumplimiento de contratos con la UE, es una respuesta necesaria pero insuficiente.

No es cuestión de planteamiento idealistas o utópicos sino de que los Estados más progresistas, de la mano de la OMS, la ONU y otras organizaciones médicas y humanitarias, propongan a la Organización Mundial de Comercio y a otros organismos una nueva regulación internacional sobre los derechos de los titulares de patentes de vacunas o medicamentos ante situaciones de emergencia. Más aún en el caso de que una empresa farmacéutica haya obtenido financiación pública para la fase de investigación, ensayos clínicos o pruebas de las vacunas.

La OMS, muchos Estados y las asociaciones en defensa de la salud pública proponen reformas de las Declaraciones sobre la propiedad intelectual que conllevan las patentes y que son una competencia de la Organización Mundial de Comercio. Reformas que van desde medidas como la suspensión o excedencia de la patente para poder compartir conocimientos y tecnologías de las vacunas, conceder autorizaciones por los Estados para fabricar genéricos, la creación de un banco voluntario de aportación de derechos de patentes y datos de la investigación, hasta la flexibilización de las patentes de modo acordado entre los Estados, la OMC y las farmacéuticas para implicar mediante la concesión de licencias voluntarias no restrictiva a otros laboratorios y garantizar así una producción masiva. La razón es que el intereses público de la salud debe prevalecer por encima del derecho privativo.

La propia Unión Europea lideró en la última Asamblea Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2020 y en respuesta a la COVID, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas en todo el planeta. Ese objetivo persigue el Prograna COVAX patrocinado por la ONU y la OMS. Pero no es suficiente. Frente a una pandemia que se complica con la aparición de variantes más contagiosas del virus, es necesario abordar la introducción de cambios en la regulación de las patentes de vacunas por parte de la OMC. Se trata de primar el derecho a la salud de las personas frente a los derechos exclusivos de propiedad intelectual de las farmacéuticas, no importando su condición ni localización.

Es también posible repensar, como apunta el Consejo de Europa, en un mayor desarrollo del art. 122 del Tratado Fundacional de la UE que podría conceder poderes excepcionales a la Comisión Europea en circunstancias de extrema gravedad para los Estados. Como consecuencia de una pandemia o una catástrofe natural y ante incumplimientos, insuficiencias o abusos en los contratos, amparados por los derechos que otorgan las patentes, las normas tienen que garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de vacunas suscritos por la Comisión Europea, obligando a las farmacéuticas, en esos casos, a compartir o subcontratar una mayor producción con otras empresas del sector.

Por otra parte, como una iniciativa complementaria hay que destacar que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó en septiembre de 2020 una nueva estrategia para la acción contra la pandemia. En ella, sometía a la consideración de los socios europeos la creación de una gran Agencia o Autoridad Europea (HERA) que pueda afrontar, con facultades de coordinación sobre infraestructuras sanitarias, así como con competencias legales y financieras, una respuesta contundente a las grandes emergencias sanitarias en los Estados de la UE. Algo no previsto adecuadamente en el art. 122 del Tratado. Ese nuevo organismo podría incluso “planificar, coordinar y construir” un “ecosistema de capacidades públicas y privadas.

Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                PROPOSICIÓN NO DE LEY.

“El Congreso insta al Gobierno a:

Promover, de la mano de la UE y ante los organismos internacionales competentes, como la OMC, la modificación de la actual regulación de las patentes de las vacunas que se otorgan a las compañías Farmacéuticas para adecuarla a una situación de pandemia, a la vista de los gravísimos efectos de la COVID-19 en toda la población. De modo que se acuerde la consideración de las vacunas como un bien de interés público universal para lo cual hay que garantizar una producción masiva, accesible y asequible a toda la población del planeta con el objetivo de salvar millones de vidas”.

Reuniones y tareas principales.  

Lunes 31

09 h. Entrevista con Gemma Nierga en su Programa “Café de Ideas”. RTVE2 en Cataluña.

16,30 h. Seguimiento del coloquio on-line sobre “La vacuna española’. Organizado por @funalternativas  

Martes 1

12,45 h. en Vitoria. Asistencia al acto de inauguración del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

(Esta semana no se celebra Pleno del Congreso de martes a jueves)  

Miércoles 2

Estudio de la situación de las concesiones existentes en dominio público marítimo terrestre en distintos municipios costeros de Gipuzkoa, a la vista de la aplicación de la Ley de Costas 2/2013.

Jueves 3

Preparación de nueva iniciativa parlamentaria al Congreso sobre las Vacunas. Comprobar el cumplimiento de compromisos anteriores en la web : odonelorza.com / Iniciativas Parlamentarias.

Viernes 4  

Sabado 5

De entrada, una aclaración que ya expresé en su tiempo y que me pasó factura. No aprobé entonces y no compartí las razones de los indultos concedidos a golpistas del 23F, a diferentes implicados en el terrorismo de los GAL, incluidos cargos públicos del PSOE, y a condenados por casos de corrupción. 

Con la misma libertad, doy mi opinión sobre los posibles indultos políticos a los encausados del procés de Cataluña que llevó a las leyes de desconexión en septiembre de 2017. Los indultos son hoy una decisión de riesgo para el Gobierno y una medida muy controvertida entre la opinión pública española, por lo que requieren una explicación muy detallada de su motivación, como corresponde a una democracia plena.

El Gobierno de coalición plantea la medida excepcional de unos indultos parciales, cuya justificación se basa en que ayudarían a crear las condiciones de una concordia necesaria entre la población catalana para reconstruir el diálogo político, afianzar la convivencia democrática y garantizar el respeto al pluralismo y la diversidad en Cataluña. Pero también debieran producir efectos de concordia en el resto de España. Por todo ello, el Gobierno tiene la obligación de explicarse ante la ciudadanía en el Congreso, abiertamente y con celeridad. Porque el debate ha de residenciares en el Parlamento con valentía y no en los medios de comunicación o en las tertulias.

Reconozco que el Gobierno quiere actuar por razones de utilidad pública y equidad, con sentido y responsabilidad de Estado para evitar que se enquiste un largo conflicto. ¿Pero sería suficiente la medida para avanzar en la creación de una nueva dinámica de entendimientos en la relación entre los Gobiernos de España y Cataluña? 

Considero que las penas impuestas por sedición a los líderes del proceso secesionista en Cataluña fueron excesivas; así es. Pero la concesión de indultos requiere un esfuerzo en favor de la concordia también por la otra parte. Sin embargo, los interesados manifiestan que lo volverían a hacer, que están dispuestos, de nuevo, a incumplir la ley y la Constitución y atacar el Estado de Derecho. Y eso no genera sentimiento de concordia entre sectores de la opinión pública española sino un mayor rechazo, además de reforzar las señas del nacionalismo españolista.

Al Presidente Pedro Sánchez estos indultos ni le darían votos ni le garantizan el apoyo de ERC para seguir gobernando en los próximos dos años, un apoyo que tampoco parece imprescindible pero sí conveniente. Lo previsible es que le produzcan un desgaste en este crispado escenario de la política española en el que las derechas van a incrementar su campaña de fake news y acoso al Gobierno, más aún tras los resultados electorales en Madrid. Así como controversias en el interior de un PSOE que necesita reactivarse en su papel ante el excesivo peso de Moncloa.

Cuando hablamos de abrir una fase de concordia, ERC, especialmente, y los todavía presos han de entender que se precisa un diálogo leal, una convivencia respetuosa con la legalidad y una medida de gracia que no puede ser objeto de desprecio. Su actitud y la de todos los partidos secesionistas que apoyaron la DUI no está ayudando precisamente, hasta el punto de situar al Gobierno entre dos fuegos y con problemas de estabilidad. Todo ello con una Europa vigilante y a las puertas de procesos electorales inciertos en Francia y Alemania.

Es indudable que esta previsible decisión del Gobierno -que apoyo- por su riesgo y trascendencia debiera ser compartida con sentido de Estado, como hizo el PSOE con su apoyo leal a la aplicación del artículo 155 de la CE. Aunque ya sabemos que nada se puede esperar de Casado y el PP. En todo caso, confío que el Gobierno haya planificado los siguientes pasos políticos en Cataluña para que la medida de los indultos no se quede en puro voluntarismo.  

No olvidemos que la mejor manera de superar el desgaste en las encuestas y el acoso de PP y VOX residirá en acertar en todo el proceso de decisiones que se refieren a la gestión de los fondos europeos para la recuperación económica. Proceso que ha de basarse en una gobernanza democrática, la transparencia y la rendición de cuentas sobre cada proyecto transformador. 

Esta herramienta inversora, vital para todo el país tras la pandemia y clave para superar las transiciones energética y digital, junto a las reformas sociales pendientes, nos pueden devolver un cierto optimismo a la izquierda. 

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa 

San Sebastián 31 de mayo de 2021 (artículo actualizado)