A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la reforma del Reglamento del Congreso, para su debate en la Comisión de Calidad Democrática. 

Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2020.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS:

La respuesta al déficit de representación que arrastra el sistema democrático en medio de la desconfianza de la ciudadanía o a las amenazas que representan los populismos y los nostálgicos de modelos de sociedad autoritarios no puede ser otra que llenar de más democracia la vida parlamentaria.

Pero, además, las consecuencias que deja en España la dramática crisis del coronavirus, en su dimensión sanitaria, social y económica, va a exigir la puesta en marcha de una dinámica parlamentaria nueva en la que prime la búsqueda de grandes acuerdos entre los Grupos que hagan posible el fortalecimiento de los pilares del Estado de Bienestar, la reconstrucción de nuestra economía y la defensa de lo público.

Todo ello requiere dotarse de un Reglamento del Congreso que perfeccione los mecanismos de la democracia representativa, innove los procedimientos de deliberación y elaboración legislativa, dé respuestas eficientes a los complejos problemas de la globalización y haga posible una mayor relación entre los representantes políticos y los electores, la sociedad civil y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones.

Desde hace años, pero de modo más patente tras la explosión de la crisis económico-financiera y con la avalancha de casos de corrupción, indicadores como el barómetro del CIS y estudios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en favor de la regeneración de la vida pública, coinciden en destacar la desafección y pérdida de confianza ciudadana en los políticos, los partidos y las instituciones. En la actualidad, la democracia representativa ya no se entiende como una simple delegación de voto de los electores en los representantes elegidos cada cuatro años.

En este escenario, el actual Reglamento del Congreso se ha quedado obsoleto y no es el instrumento adecuado para hacer frente a los nuevos desafíos del parlamentarismo ni recoge las potencialidades de las tecnologías de la comunicación ni responde a las demandas de una democracia de más calidad en el siglo XXI. Tampoco ayuda a la recuperación del prestigio perdido las situaciones de parálisis y de confrontación política habituales en el Congreso.

La reforma del Reglamento significa cambiar el funcionamiento del Congreso y forma parte del objetivo de avanzar en la regeneración democrática del sistema institucional en España.

El nuevo Reglamento tiene que servir para contar con un Congreso menos rígido, dotado de mayor agilidad en los debates y dinamismo en el tratamiento de la actualidad, que garantice la calidad y el rigor de la producción legislativa, útil para el ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno y de otros organismos del Estado. Un Congreso abierto a la participación, deliberación e interacción con la ciudadanía y los agentes sociales, transparente en sus actuaciones y usuario de buenas prácticas. En definitiva, un Congreso comprometido con un modelo de Parlamento Abierto.

El Reglamento del Congreso fue aprobado en 1982, y desde entonces solo se ha reformado para aspectos muy puntuales. La espera de una reforma integral se hace larga pero para abordar esta actuación no se parte de cero. A lo largo de los últimos años han sido numerosas las organizaciones, entidades y expertos que han reflexionado sobre las carencias de nuestro sistema parlamentario, analizando de modo contrastado el funcionamiento y el papel del Congreso y del Senado, y presentado alternativas y documentos de gran altura para contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo parlamentario.

Basándose en estos trabajos, en parte realizados, en un plazo breve los letrados de la Cámara podrían aportar a la Comisión de Reglamento y a la Ponencia que se constituya, un Documento como punto de partida que recoja las bases sobre las que consensuar la imprescindible reforma del Reglamento del Congreso. Pero desde un primer momento, debiera iniciarse a su vez un proceso de comparecencias en la Comisión de Reglamento de aquellas organizaciones y expertos que puedan enriquecer el debate previo, aportando sus criterios.

A modo de ejemplo, la reforma puede plantear la incorporación de nuevas disposiciones sobre las siguientes materias, entre otras: la ampliación del calendario de sesiones; la regulación de reuniones y debates telemáticos; ampliar la declaración de bienes y actividades de los parlamentarios para controlar posibles conflictos de intereses; un Código Ético sobre conductas y buenas prácticas parlamentarios así como la regulación de los lobbies; régimen retributivo, recursos de apoyo al trabajo de la Cámara y de los Diputados así como la redefinición de la autonomía y funciones de cada diputado; el perfeccionamiento de los actuales mecanismos para la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre la gestión del Gobierno y de diversos organismos reguladores vinculados al Congreso; utilización de las tics (en especial la nueva página web del Congreso) y de otras metodologías como herramientas para favorecer la participación de la sociedad; la inclusión de la huella legislativa sobre la trazabilidad de las leyes, la evaluación e impacto regulatorio de las leyes; la creación de una oficina de participación y atención ciudadana; las audiencias y comparecencias de organizaciones de la sociedad civil y expertos para que participen en la tramitación legislativa; la transparencia informativa, las agendas públicas y la accesibilidad a toda la información sobre los trabajos, debates y acuerdos del Congreso; el papel de las oficinas parlamentarias de proximidad; la incorporación al Reglamento de cuestiones que hasta ahora vienen regulados por otras fuentes - como acuerdos de la Mesa o resoluciones de la Presidencia -, lo que redundará en un importante incremento de la seguridad jurídica, etc.

En conclusión, el reto consiste en innovar las reglas para adecuarlas a la realidad social del siglo XXI reformando un Parlamento que profundice y perfeccione la democracia representativa, y reconstruya un espacio democrático para la participación mediante la escucha, la deliberación, el consenso y la integración de las demandas ciudadanas. En una sociedad frágil y llena de incertidumbres ante las crisis que nos amenazan y los problemas de la globalización a los que Las Cortes Generales deben dar respuesta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

                                                 PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

“El Congreso de los Diputados acuerda:

1. Manifestar que para avanzar en la regeneración democrática es necesario proceder, con celeridad y desde el consenso, a una reforma del Reglamento del Congreso que ayude a mejorar su funcionamiento, hacer más eficiente su tarea legislativa, atender las demandas de la sociedad sobre el cumplimiento de los principios de transparencia, deliberación, participación, control del gobierno y rendición de cuentas, y aprovechar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías al Congreso.

2. Trabajar en favor de un modelo de Parlamento Abierto que promueva un Congreso conectado con las preocupaciones de la calle, abierto a la relación con la ciudadanía y la sociedad civil organizada para hacerse merecedor de su respeto y confianza, y que responda a los problemas del país y a los desafíos globales que tiene España como parte de la humanidad”.

                             A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales”, para su debate en la Comisión Constitucional. 

Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2020.

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS:

El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El principio democrático, esto es, la premisa de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye, por tanto, uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.

La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar los miembros de diversos órganos constitucionales, como es el caso del Defensor del Pueblo (art. 54 CE), los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) u ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159 CE). Además, está en el origen de que las leyes que regulan la creación de organismos institucionales, especialmente importantes para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, también hayan optado por un sistema de designación parlamentaria.

Es el caso, por ejemplo, del Consejo de Administración de RTVE (art. 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal), de parte de los miembros de la Junta Electoral Central (art. 9 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general), de los consejeros del Tribunal de Cuentas (art. 30 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), de los vocales togados del CGPJ (art. 567 y ss de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) o del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), entre otros.

Además, para que dichos nombramientos reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como estas leyes establecen distintas mayorías reforzadas para proceder a los mismos.Desde la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración de RTVE, hasta la mayoría absoluta necesaria para ratificar al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pasando por la mayoría de tres quintos con la que se debe contar para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, así como del Defensor del Pueblo. El objetivo es que los candidatos nombrados lo sean de consenso, posibilitando por tanto a la minoría parlamentaria la participación en los consensos.

Por tanto, una vez producida una vacante en cualquiera de estos organismos, Las Cortes Generales y, especialmente el Congreso de los Diputados, tienen la obligación constitucional de proveer, mediante el procedimiento descrito, la renovación de la composición de los mismos. Solo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución que establece unos mandatos temporales de los miembros de los órganos constitucionales. Como ocurre con el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (cinco años en ambos casos) o el Tribunal Constitucional (nueve años). A su vez se acata lo señalado por las leyes que regulan la creación de otros organismos institucionales, que también establecen plazos tasados para los mandatos de sus miembros.

Para que una sociedad democrática funcione correctamente es fundamental conseguir que la ciudadanía respete y valore sus instituciones. Se trata de un intangible sin el cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir con las normas que las regulan. Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y acordar las renovaciones en los plazos constitucional y legalmente establecidos.

En numerosas ocasiones en el pasado, el Congreso de los Diputados no ha acertado en el cumplimiento de sus funciones, lo que ha llevado a situaciones de bloqueo para algunos de estos nombramientos. Sin embargo, la reanudación de la actividad parlamentaria tras su práctica paralización como consecuencia del coronavirus, tendría que llevar a impulsar una toma de decisiones presidida por la búsqueda de acuerdos.

En este momento, casi todas las instituciones que necesitan la designación parlamentaria están pendientes, en distintos grados, de renovación desde hace más de un año: El CGPJ desde noviembre de 2018, el Defensor del Pueblo desde junio de 2017, desde enero de 2018 un puesto de vocal del Tribunal de Cuentas, que debe ser designado por el Senado y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde noviembre de 2017. También están pendientes de renovación, desde noviembre de 2019, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Administración de RTVE lleva a su vez desde julio de 2018 pendiente del nombramiento de sus miembros.

La ciudadanía no acepta estrategias políticas basadas en el mero interés partidista y la confrontación permanente cuando hay tanto en juego. Reclama, de nuevo, el esfuerzo de todos los partidos en la consecución de un amplio consenso a la hora de elegir a los hombres y mujeres que formen parte de las instituciones señaladas, vitales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Por ello, ningún grupo político debiera contribuir al bloqueo de la renovación de estos órganos y organismos que por su carácter y funciones hacen posible desde la separación de poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad de las administraciones, hasta el cumplimiento de principios de una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación y la rendición de cuentas.

La sociedad española nos exige, también, que las mayorías reforzadas necesarias para estos nombramientos permitan garantizar que los candidatos y candidatas designadas serán excelentes profesionales y garanticen la neutralidad e independencia de los órganos constitucionales e instituciones controladores y reguladoras. La exigencia de mayorías reforzadas no pueden convertirse en un instrumento para bloquear la gobernanza democrática ni en una pieza más de una agenda partidista.

En base a las siguientes consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                              PROPOSICIÓN NO DE LEY:

"El Congreso manifiesta la urgente necesidad de que se proceda al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los órganos constitucionales y organismos institucionales, proceso en el que tienen una participación decisiva Las Cortes Generales, siguiendo los cauces constitucionales y legales establecidos y haciendo el máximo esfuerzo para lograr un amplio consenso de mayorías reforzadas entre los Grupos Parlamentarios, en torno a personas de mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea.”  


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la aprobación de un Código Ético parlamentario”, para su debate en la Comisión de Calidad Democrática.

Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf -

                                 
                                                EXPOSICION DE MOTIVOS:

Nuestro Parlamento ha reiniciado su marcha en esta XIV Legislatura y, pese a un intento realizado hace un año, aún carece de un Código Ético consensuado entre los Grupos y asumido formalmente su cumplimiento, tras su participación en la redacción, por cada parlamentario.

Este código de conducta viene siendo reclamado al legislativo español por el Consejo de Europa para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) nos pidió en 2013. Es hora de culminar esta tarea sin más dilación, una vez analizada la experiencia desarrollada en otros Parlamentos de Europa y en algunas CCAA de España.

El Código Ético debe recoger un conjunto de principios que establezcan los comportamientos para los parlamentarios en sus relaciones internas y externas, así como una regulación de cuestiones como: el régimen de trabajo y la dedicación exclusiva, las incompatibilidades, los conflictos de intereses, la publicación transparente de la agenda pública, el registro público y control de la actividad de los grupos de intereses o lobbys, las buenas prácticas parlamentarias para una gobernanza democrática, una declaración extensa de rentas y bienes, la declaración de actividades, los viajes, regalos e invitaciones, etc.

Además, el código tiene que fijar las reglas para su aplicación y un sistema de supervisión que evalúa las infracciones a sus disposiciones y las sanciones internas a imponer.

En otros Códigos parlamentarios se citan como principios generales de actuación y para el ejercicio del cargo, los siguientes: transparencia, integridad, honestidad, ejemplariedad, austeridad, objetividad, responsabilidad, rendición de cuentas y defensa del interés público.

El objetivo de un Código Ético es el de lograr conductas ejemplares y transparentes, comportamientos íntegros, asumidos voluntariamente y con compromiso formal de cumplimiento por sus señorías. Se trata de promover una cultura de ética política que contribuya a prevenir y combatir la corrupción, evitar conflictos de intereses, actuar con honestidad, transparencia y respeto a la Ley, mejorar la reputación y formación de los políticos, fomentar la rendición periódica de cuentas ante el electorado, aportar mayor eficacia y actuar con cercanía a los representados.

La Mesa Congreso o la propia Comisión de Reglamento pueden proceder a la elaboración inmediata, pues existen borradores, de este código de conducta que logre el consenso de los Grupos Parlamentarios.

El código es una norma de autorregulación cuyo proceso de elaboración ha de estar abierto, en un momento determinado, a la participación de los parlamentarios. Quienes lo suscriban, de forma pública, se estarán comprometiendo con la aplicación de sus recomendaciones.

El código deberá ser público y estar al alcance de la ciudadanía en la web del Congreso, complementado con un procedimiento para que la ciudadanía pueda expresar quejas por el comportamiento de un parlamentario así como vías de formación y asesoramiento, en caso de duda, a los propios parlamentarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                 PROPOSICIÓN NO DE LEY :

"El Congreso de los Diputados acuerda:

1. Manifestar la urgente necesidad de aprobar un Código Ético parlamentario que forme parte de un nuevo modelo de Parlamento Abierto que permita reforzar su credibilidad y eficacia, mejore la calidad del sistema democrático y garantice una conducta íntegra de los hombres y mujeres que trabajan en la institución que representa a la soberanía popular.

2. Resalta la condición de que el Código Ético sea acordado por consenso entre los Grupos Parlamentarios y que en el proceso de redacción se cuente con la participación de los Diputados y Diputadas para que, finalmente, cada miembro del Congreso pueda comprometerse públicamente a su cumplimiento”. 

De momento, preparan el camino de la desestabilización del gobierno. Y lo hacen tratando de intoxicar a la opinión pública. Por eso, vienen aprovechando los debates del Congreso sobre el COVID-19, de un modo miserable, para realizar todo tipo de juego sucio: utilizando a las víctimas, mintiendo y aprovechando los bulos que lanzan previamente en los medios y redes sociales. Lo hacen sin valorar el alcance irresponsable y desleal de sus actos, en medio de la dramática crisis de emergencia sanitaria, social y económica que padecemos en España provocada por el coronavirus.

Las derechas son especialistas en embarrar la política, sobre todo cuando es más necesaria que nunca la unidad de acción entre los partidos y la máxima cooperación y coordinación entre las administraciones de cualquier color con el objetivo de lograr la eficacia y eficiencia de las acciones para frenar esta pandemia global. Están enturbiando el admirable patriotismo cívico de la población y el trabajo sacrificado de tantos profesionales de la Sanidad y la Seguridad públicas para combatir al enemigo común que es el virus.

Lo hicieron anteriormente, actuando de modo irresponsable, con motivo de episodios trágicos de gran impacto en nuestra historia reciente. En particular, tras los atentados del 11M o a lo largo del proceso final del terrorismo de ETA o con ocasión de la llegada de la crisis económico-financiera mundial en 2008 con Zapatero. Ahora lo hacen con esta pandemia.

Pero no todo vale. Menos aún los bulos orquestados en las redes sociales y las noticias manipuladas en medios de comunicación que siembran el odio al Gobierno. No van a parar de sacar informaciones tendenciosas o inventar encuestas como venimos observando cada día. Quieren convertir una situación dramática, que exige unidad y civismo, en una oportunidad para pasar factura y dinamitar el Gobierno de Coalición.

Olvidan los recortes en la Sanidad Pública por las políticas neoliberales de los gobiernos de la derecha durante los años que siguieron a la crisis de 2008. En estos años, aquellos recortes no habían sido paliados; ni en el dimensionamiento de las plantillas ni en las dotaciones necesarias de plazas de UCIs

Claro que han faltado de inicio equipos de protección para el personal sanitario y material diverso que hubieran ayudado a mejorar las condiciones de trabajo de quienes luchan en primera línea contra el virus. Es cierto, a los mismo problemas se han enfrentado todos los países europeos afectados. Por no hablar de Trump y USA.

Por ello se creará una Comisión en el Congreso que analizará lo ocurrido en el conjunto del Estado y pondrá sobre la mesa posibles errores que puedan haberse producido en la administración pública, en el Gobierno de España y en los de CCAA como Madrid o Cataluña, entre otras.

Pero ahora se trata de avanzar todos en la misma dirección, cómo viene reclamando Pedro Sánchez desde la declaración del estado de alarma. De ahí su empeño en abrir camino a grandes acuerdos con las fuerzas políticas democráticas para afrontar unidos el día después. Se trata de la reconstrucción de España pensando en el interés general, ayudando a la población más vulnerable, ofreciendo ayudas a los autónomos y a las empresas de los sectores más afectados por la recesión y presentando una posición común ante la Unión Europea. 

La reacción, ante la dimensión de una pandemia excepcional y no prevista con antelación, se produjo sin contar con experiencia ni los recursos necesarios y sin un protocolo experimentado de actuaciones ante una situación desconocida. Lo cierto es que los almacenes de los Hospitales en manos de las CCAA no contaban con reservas suficientes de mascarillas homologadas, guantes, trajes de protección para el personal sanitario y servicios de atención en primera línea; lo mismo que PCRs y test rápidos, geles, gafas, respiradores, ventiladores, etc.

Cada CCAA pudo haber hecho sus previsiones y sus compras anticipadas de material. No se hicieron. Luego nos hemos encontrado con un mercado internacional, en parte monopolizado por la producción de China, presionado por la demanda, descontrolado y especulativo. La deslocalización en la producción de materiales sanitarios de protección de carácter estratégico para afrontar estas situaciones,  se empieza a corregir con la producción acelerada desde industrias y empresas españolas.

Es evidente la competencia en Sanidad por parte de las CCAA. De ahí que el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre e Ignacio González, acordó todo un proceso de recortes presupuestarios y de privatización de parte de la Sanidad Pública en 2011, con el argumento de tener que ahorrar. Ahí está la hemeroteca.

Aquel disparate, frenado al final por los Tribunales en enero de 2014, a requerimiento de los profesionales de la Sanidad, los sindicatos, el PSOE y otras fuerzas progresistas, provocó la gran movilización social de la Marea Blanca en las calles y Hospitales de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

¿Qué nos van a contar ahora Diaz Ayuso, Cayetana y Casado - que no sepamos - de la falta de memoria en el PP? Mientras, Aznar sigue “confinado” en los cuarteles de Marbella cultivando el golpe y el género del esperpento de manera coordinada con VOX. 

Odón Elorza / Diputado Socialista del PSE-PSOE por Gipuzkoa.

Versión actualizada / Publicado en La Hora Digital el 25 de marzo.