Tod@s hemos pensado durante estas semanas de confinamiento qué podríamos hacer y qué nuevos compromisos asumir a la vista de las consecuencias de esta pandemia global que puede continuar. Se trata de contribuir a la supervivencia del Planeta, desde un esfuerzo colectivo, y de actuar para frenar el aumento de las desigualdades en medio de una globalización descontrolada que atiende preferentemente a intereses financieros especulativos.

No deberíamos dejar pasar el momento pensando que nada está en nuestras manos. No cabe ni el derrotismo ni la comodidad. Lo cierto es que no podemos esperar más para empezar a cambiar de hábitos en respuesta a la recesión económica que supone la COVID19 y a las amenazas de la emergencia climática.

Nunca serán suficientes las medidas que acuerde el Gobierno de turno ni las ayudas que pudieran llegar de la Unión Europea ni tampoco las reclamaciones de la oposición. La ciudadanía tenemos que asumir nuestra responsabilidad y actuar mediante pequeñas revoluciones personales para que vayan cambiando las cosas.

¿Pero sabemos en concreto qué podemos hacer? He aquí cinco posibles compromisos a la hora de actuar: 

- abordar un cambio de hábitos en nuestra movilidad cotidiana para reducir la contaminación  medioambiental,

- practicar un consumo sostenible que se preocupe por los impactos y residuos que provoca,

- apoyar la compra de proximidad, el turismo interior y os productos de marca nacional para ayudar a nuestra economía local y nacional,

- incorporar como valor la conciencia fiscal y vincular el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la disposición de servicios básicos tan importantes como la sanidad pública,

- ejercer una ciudadanía responsable en favor del interés general, que influya en los partidos para que actúen con empatía social y voluntad de acordar en situaciones tan excepcionales y que defienda los valores de una democracia transparente y participativa.

A partir de ahora, empezar a cambiar las cosas dependerá, también, de cada uno de nosotros. De lo contrario, la grave crisis del coronavirus, con sus consecuencias sanitarias, sociales, políticas y económicas, no habrá servido para sacar enseñanzas de cara a transformar un sistema cada vez más injusto y a cambiar las políticas ineficaces. 

Las duras semanas de confinamiento en los domicilios, consecuencia del coronavirus, han traído una serie de reflexiones sobre nuestros hábitos de vida, las prácticas de compra y consumo poco sostenibles y, a la vez, enseñanzas sobre la necesidad de asumir nuevos comportamientos en defensa de la comunidad de sentimientos e intereses de la que formamos parte.

El escenario provocado por el COVID-19 nos obliga a buscar una salida justa y sostenible a una crisis que, formando parte de las crisis globales interrelacionadas que amenazan el planeta, ha generado graves daños a la economía y un aumento de la precariedad. Llegan tiempos duros para el empleo, la subsistencia de miles de familias y el conjunto de la economía española.

Vivimos un tiempo propicio para que, desde las diferentes administraciones, organizaciones sociales, económicas y empresariales, en una acción concertada, intenten concienciar a la población para que sepa valorar las ventajas de comprar mercancias, productos y alimentos de proximidad y de marca nacional. También es preciso animar a la elección de destinos turísticos en nuestro país para reconstruir un sector clave.

No se trata de dificultar la libre elección de la ciudadanía ni de obstaculizar el libre comercio y los acuerdos internacionales existentes. No se plantea poner sobre la mesa medidas proteccionistas, como establecer restricciones, imposición de aranceles o barreras comerciales. Se trata de fomentar la compra del producto propio y las ofertas en el mercado de nuestras empresas frente a lo que ha sido, hasta ahora, una compra más despreocupada sobre el origen y la marca del producto.

También tiene que haber una respuesta racional ante la poderosa campaña publicitaria de ofertas por parte de grandes plataformas on line, comerciales y tecnológicas, que han incrementado mucho sus ventas a través de internet y que a día de hoy dichas plataformas tributan cantidades anormalmente reducidas a nuestras Haciendas. Porque eluden sus obligaciones fiscales.

En su día, se produjo la deslocalización de empresas en la búsqueda de rebajar el coste de la mano de obra y aumentar los beneficios. Esa tendencia se incrementó con el avance de la globalización que ha aportado ventajas pero también inconvenientes. En ese sentido, con la pandemia global hemos constatado que la producción de equipos sanitarios de protección personal había quedado en manos de países que monopolizan el mercado internacional, con lo que ello supone de inseguridad, guerra de precios y riesgo de desprotección en la defensa de la población. Esta dependencia del exterior ha llevado al Gobierno a gestionar la capacidad de diversificar su producción por parte de fábricas españolas para atender nuestras necesidades urgentes de EPIs.

Hay una buena parte de la ciudadanía que, en materia de consumo, no tienen más opción, por razones de capacidad adquisitiva, que acudir a la compra del producto más económico. No tiene la posibilidad de valorar su origen ni el beneficio que se queda en nuestro país ni la responsabilidad social corporativa de la empresa ni la calidad real del producto ni su condición ecológica o los impactos al medio ambiente.

La marca España tiene la oportunidad de fortalecer sus objetivos para afianzar la calidad del producto, la transparencia de su trazabilidad y la mejora de la competitividad. Pensamos en los productos agroalimentarios de proximidad, ropa, equipamientos personales, mercancias diversas, destinos turísticos o tantos otros ejemplos. En función de la elección se ayudaría a reactivar la economía local y nacional. Esto significa ayudar a los agricultores y productores del territorio así como a las empresas españolas o radicadas en España que pagan con regularidad sus impuestos. Y conviene no olvidar el papel dinamizador que juega en las ciudades el pequeño comercio, acosado por las grandes superficies y la venta por internet.

Por tanto, tenemos que conseguir que sectores más numerosos de la población se habitúen a conocer y buscar en sus compras el origen de los productos y a valorar la compra preferente del producto de proximidad y de mercancías de marcas nacionales. El objetivo ha de ser, también, el de educar en un consumo responsable y sostenible, una enseñanza imprescindible para afrontar el reto de la supervivencia de la humanidad.

Son necesarias campañas de las administraciones para que el consumidor tenga en cuenta más criterios en sus compras, de modo que su elección no se centre únicamente en el precio de las cosas. Ha de ser consciente de que, de esa manera, ayudaría a reactivar la economía local y nacional para crear empleos, manteniendo el pequeño comercio y apoyando el producto de nuestras zonas agrícolas y sector industrial. El COVID-19 nos obliga, además, a adoptar una posición activa en defensa de la sostenibilidad y la reducción de los impactos medioambientales.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 1 de mayo de 2020 / Publicado en InfoLibre el 3 de mayo de 2020.

Emisión del dictamen sobre la idoneidad y la existencia de conflicto de intereses a que se refiere la Disposición adicional tercera de la ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, relativa a la Sra. Gabriela Cañas, propuesta por el Gobierno para presidir la Agencia EFE.

Intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Odón Elorza, en la Comisión Constitucional celebrada el lunes 4 de mayo de 2020: 

Gracias, señora Gabriela Cañas, por comparecer hoy aquí en esta Comisión Constitucional y, sobre todo, porque al Grupo Parlamentario Socialista le ha demostrado su valentía por lo que ha expuesto y por su claridad de ideas para asumir la máxima dirección de esta empresa pública de noticias, la Agencia EFE. Son momentos realmente muy difíciles desde el punto de vista de la competencia entre medios de comunicación y por la crispación existente en el mundo de la política, con la aparición permanente, y eso afecta a los medios de comunicación, de bulos, falsas noticias, intoxicaciones, etcétera.

Además, tiene usted que afrontar, y no es poco, una situación de una empresa pública complicada; complicada ya de antes de la crisis del coronavirus y ahora más todavía con los problemas que tienen algunos de sus clientes como consecuencia de la recesión económica a la que nos ha llevado esta pandemia global.

Nos producen satisfacción los contenidos de lo que usted ha enunciado como parte de su proyecto, especialmente lo que se refiere a activar el consejo de redacción, a la puesta en marcha de ese plan estratégico inconcluso y a los principios generales que ha enunciado como compromisos en cuanto al rigor, la honestidad, la independencia y la rectificación.

Quisiera recordar que la Agencia EFE es una empresa informativa de titularidad pública, propiedad de la sociedad española en su conjunto, y que se regula de acuerdo con los procedimientos de un Estado democrático de derecho. La libertad de expresión y el derecho a una información veraz son dos realidades indisociables en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, y son los principios irrenunciables que inspiran y comprometen el quehacer periodístico de la Agencia EFE.

Es más, la vocación de la Agencia EFE es el servicio público en el ámbito de la información y sus funciones incluyen contribuir al ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a disponer de una información veraz, relevante, de calidad y fiable, no sometida a intereses particulares, ya sean estos de naturaleza política, económica o de cualquier tipo.

Estos son los principios básicos, el enunciado del Estatuto de redacción de la Agencia EFE que usted ha incorporado en su disertación, breve, pero ceñida precisamente a este preámbulo de compromisos. Pues bien, nosotros, en base a lo que usted ha señalado, quisiéramos hacerle cinco consideraciones, a modo de objetivos, que entendemos compartidos y que expresan una preocupación, seguramente común, del Grupo Parlamentario Socialista y de usted como propuesta a la Presidencia de EFe.

Primera consideración: EFE debe abordar las cuentas con transparencia, como corresponde a una empresa pública, y garantizar la sostenibilidad económica. Segunda: EFE debe hacer el esfuerzo, como ha hecho hasta ahora, de garantizar una proyección exterior de España, especialmente en estos momentos tan delicados y sobre todo en lo referido a la lengua, la española, y la realidad plural del Estado, más en estos tiempos. Tercera consideración: les animamos a que consoliden ustedes un estilo propio, el estilo EFE; un estilo centrado como servicio público y volcado al interés general. Cuarta consideración: una línea de pluralismo e independencia que debe ir necesariamente unida al rigor y a la verificación de la noticia. Y, quinta y última consideración: la modernización, que se ha citado aquí repetidamente, que pasa por el rejuvenecimiento de la plantilla —de una media de cincuenta y tres años de edad, con gente muy buena, muy profesional, muy dedicada— y también por ampliar las herramientas tecnológicas para competir mejor con otros medios, con otras agencias, en esta jungla de la comunicación.

Queremos señalar, cómo no, que en este mundo de la información tan competitivo hay una serie de riesgos importantes para la ciudadanía, y nos referimos fundamentalmente a la existencia de una oferta informativa en la que abundan los bulos, las noticias falsas, la crónica amarilla y el nacional populismo.

Todo ello debe ser abordado con rigor, con contraste, para difundir informaciones que sean veraces, que partan de la honestidad de los profesionales y que garanticen su independencia. Son valores que nadie, excepto la empresa pública Agencia EFE, nos podrían garantizar; ningún otro servicio, ningún otro medio privado.

Estamos además en disposición de ratificar aquí que EFE no ha de actuar a disposición de ningún control político del Gobierno de turno, que no debe interferir en la independencia y autonomía de la Agencia EFE. En cambio, EFE, en un Estado democrático, ha de estar en disposición de rendir cuentas, como usted ya ha señalado acertadamente, compareciendo aquí, en el Parlamento, para dar cuenta de cuanto corresponda.

Déjeme que le diga que para certificar su espíritu crítico y su capacidad profesional, me gustaría simplemente hacer referencia a ese artículo, de los últimos que usted publicó, del El País, del día 5 de enero del presente año, titulado “El combate de la investidura”. Es muy sugerente y demuestra que, efectivamente, usted mantiene un espíritu crítico y absolutamente independiente, pese a lo que algunos han querido aquí señalar.

Para acabar, y en relación con un tema de fondo, me refiero, cómo no, a acuerdos que ha habido anteriormente, transaccionados entre los grupos parlamentarios en cuanto a la aprobación de un estatuto jurídico para la Agencia EFE. Habrá oportunidad de continuar ese debate, porque hay PNL presentadas, de entrar a fondo sobre esa cuestión y llegar a un punto de acuerdo que pudiera permitir lo que ahí se plantea y un control más efectivo por parte del Parlamento.

Existe en tal sentido —para tenerlo en cuenta— el Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal, encomendado a la Agencia EFE, y su compensación económica por el Estado. Y contamos, también para este debate de fondo, con el informe que encargó el expresidente Rodríguez Zapatero, el 23 de abril de 2004, en relación con la reforma de la red de medios de comunicación social del Estado. El debate sobre el estatuto jurídico para EFE es de mucho interés y el Grupo Socialista está convencido de que ayudará a que salga adelante lo que se ha expresado aquí por parte de todos los grupos.

Pero, por favor, evitemos que cualquier propuesta nos lleve al desastre, ese del que no hemos conseguido salir aún, y que se llama elección de los vocales del Consejo de Administracion para Radiotelevisión Española. Un proceso en el que llevamos más de dos años y no hemos sido capaces de resolver la paralización existente en la fase de concurso de candidatos.

Gracias, señora Cañas. Tiene usted el apoyo del Grupo del PSOE por su idoneidad profesional y por no existir conflicto de intereses.

Los contratos de emergencia realizados por las administraciones públicas en un estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus y atender las necesidades de la población, tienen como objetivo suministrar equipos sanitarios para la proteccion personal. 

Hablamos de millones de mascarillas, PCRs, respiradores, kits para hacer los test, batas quirúrgicas, guantes, geles, material clínico, ... Todos esos contratos, incluida la contratación de aviones de carga para el transporte, se van publicando desde el día 21 de abril en la web del Portal de Transparencia del Gobierno.

Es preciso dejar claro que el procedimiento de las compras mediante la celebración de contratos por el trámite de emergencia, en un mercado internacional muy presionado y especulativo, viene establecido en el Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID- 19.

En concreto, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) excluye, para los casos de contratos de emergencia, la obligación de tramitar el expediente habitual de contratación y la necesidad de publicar el anuncio previo de licitación y otros trámites de dicho expediente.

Sin embargo, dicha LCSP no excepciona a las contrataciones de emergencia del requisito de la publicidad de los actos de adjudicación y formalización de dichos contratos. Se deben publicar en el perfil de contratante del órgano de contratación, de acuerdo con el régimen de publicidad previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1 de esa Ley de Contratos del Sector Público.

Por razones elementales de transparencia y de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, el Gobierno es el primer interesado en respetar el acceso de la ciudadanía a la información pública. En tal sentido, ya viene trasladando al conjunto de la sociedad los datos y evolución del contagio del coronavirus en España. Aunque es cierto que, en este caso, la publicidad sobre contrataciones de emergencia pudiera limitarse a lo esencial teniendo en cuenta que no se han seguido los trámites habituales en la contratación.

En este sentido y según la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, cobran importancia en su publicación posterior en la Plataforma de Contratación aspectos como la justificación del procedimiento de urgencia utilizado para la adjudicación, la mención del objeto y condiciones del contrato, el importe de la operación de compra y la identidad del contratista.

Como se puede ahora comprobar, frente a las acusaciones de opacidad de grupos de la oposición contra el Ministro de Sanidad, el Gobierno de coalición cumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (arts. 151 y 154) y el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Estos contratos publicados ya pueden ser conocidos por la ciudadanía y sometidos al control parlamentario. Son accesibles entrando en la web del Portal de Transparencia, siguiendo el enlace a Contratos de Urgencia/Emergencia y de ahí a contratación del sector público por parte del Instituto Nacional Ingesa.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 25 de abril de 2020.