Sr. Presidente, Señorías:

Con el equívoco discurso del aumento de la eficiencia tributaria pero manipulando los diferentes costes de la gestión de los tributos por el Estado, VOX ataca la política fiscal que siga una dirección de progresividad. La suya es una actitud reaccionaria.

La Proposición de la ultraderecha es una muestra de impostura y desfachatez. En realidad, plantean con el clásico discurso ultraliberal la rebaja sistemática de impuestos para debilitar el Estado de Bienestar y, por tanto, la viabilidad de las políticas sociales y los servicios públicos.

Dice la extrema derecha en su Proposición que los impuestos son confiscatorios y que suponen una pérdida de bienestar social provocada por el sistema fiscal, ya que los ciudadanos no obtienen contraprestación directa por el pago de impuestos”. Es una lectura populista y muy propia de la ultraderecha decir que el sistema fiscal genera una pérdida de bienestar a la ciudadanía. 

En realidad, lo que ataca la eficiencia y la eficacia del sistema tributario y perjudica el bienestar social, que solo es posible por la vía de una redistribución de rentas mediante una fiscalidad progresiva, son los siguientes problemas e incumplimientos: el fraude fiscal, la economía sumergida, la falta de conciencia fiscal, los patriotas que evaden sus rentas a paraísos fiscales, la elusión fiscal, las bonificaciones descontroladas a sociedades, las trampas con el IVA o la insuficiencia de ingresos para aumentar el gasto público.

Por cierto, en el año 2018, por cada euro invertido en la lucha contra el fraude, según el índice de eficiencia, la Agencia Tributaria recaudó 11,14 euros.

Pero ninguna de esas cuestiones claves es citada por VOX en su propuesta. La demanda en este momento de una Ley de eficiencia fiscal es una forma de ignorar los problemas y retos de una fiscalidad justa en España.

El Grupo Socialista quiere un sistema tributario justo en el que se reflejen los principios claves de igualdad y progresividad del artículo 30 de la Constitución. Y en cuanto a la eficiencia de la política impositiva, prestamos atención tanto a la eficiencia en los costes de la gestión de administración como a la eficiencia redistributiva de unos ingresos que son insuficientes para afrontar un necesario incremento del gasto público. En ingresos seguimos siete puntos por debajo de la media de la UE. 

La evaluación que hace VOX de los costes de EFICIENCIA, CUMPLIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN así como el coste marginal de los Fondos Públicos en la gestión tributaria por el Estado es absolutamente exagerada. Por otra parte, aprovechan este debate para plantear una bajada general de los Impuestos sobre la Renta, Sociedades, Patrimonio o Sucesiones. Se trata para VOX de impedir una política fiscal progresista que es la garantía de contar con buenos servicios públicos.

Los socialistas ponemos el acento en la mejorar la eficiencia del control del gasto, en la eficiencia distributiva y en la optimización del funcionamiento de la administración tributaria. Para VOX la eficiencia impositiva se encuentra en impuestos como el IVA que propone subirlo, aunque sea un impuesto sobre el consumo regresivo que grava a toda la población por igual. Eso es para la ultraderecha la eficiencia.

La Agencia Tributaria actúa conforme a un código ético de valores, recogido en el Estatuto de los empleados públicos, y que son : honestidad e integridad, objetividad y equidad, respeto, transparencia y confiabilidad, responsabilidad y eficacia, y mejora continua.

Entre esos valores que sigue la Agencia Tributaria figura la “mejora continua”, a través de su Plan Estratégico que recoge la formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario y de líneas de actuación para lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que realiza. La misión de la Agencia Tributaria consiste en “favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”. Para ello desarrolla, entre otras, una línea de actuación dirigida a la prevención del fraude mediante la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente para facilitar y minimizar los costes indirectos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

También, en relación con la eficiencia, es destacable el desarrollo de la Agencia Tributaria electrónica que supone avanzar en la superación del modelo de atención presencial, evolucionando hacia un sistema digital que utiliza la inteligencia artificial para la realización de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes, minorando los costes a los que estos se enfrentan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El reto consiste en lograr una nueva relación con los obligados tributarios, basada en la utilización de vías de información, asistencia y tramitación por canales telemáticos, de manera que se puedan realizar todas las gestiones que demanden sin necesidad de desplazarse presencialmente a las oficinas, con la reducción de costes que ello conlleva para el contribuyente.

Otro eje es la reducción de la conflictividad mediante la creación por la Agencia Tributaria de Foros de Grandes Empresas, Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios. Con la implementación de todas estas medidas consigue una reducción de los costes de aplicación del sistema tributario. Me reitero: sin una fiscalidad justa no se puede garantizar un Estado de Bienestar.

Por estas razones votaremos en contra de esta PNL ultra y de la enmienda contradictoria presentada por su socio, el PP.

*Intervención realizada en la Comisión de Hacienda de 29 de septiembre de 2020.

Sr. Presidente. Señorías:

Hoy vamos a debatir en esta Comisión Constitucional la PNL que presentamos en abril y con la que denunciamos una maniobra antidemocrática del PP como es el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales y organismos supervisores.

El PP practica el juego sucio contra la Constitución y ataca el sistema democrático, en un momento de emergencias para España, al impedir la renovación parcial del Tribunal Constitucional, todo el CGPJ, el Consejo de RTVE y para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Presidencia del Consejo de Transparencia, como marca la Constitución y las leyes respectivas. El Sr. Casado juega sucio porque no se resigna a perder el control partidista del poder judicial, porque busca Jueces y Fiscales Patrióticos que sirvan a sus intereses corruptos.

El PP no bloquea para garantizar la independencia judicial, no; ni busca con su actitud el máximo respeto al papel del Tribunal Constitucional ; ni lo hace por garantizar una RTV pública plural , objetiva e independiente; ni por favorecer la transparencia. La derecha tampoco bloquea las designaciones -que exigen una mayoría cualificada de 3/5 , 2/3 o mayoría absoluta- para defender la separación de poderes. ¡No!

Asistimos a una jugada de corrupción política.

Sabemos que no quieren mover ni una sola pieza de la etapa Rajoy en órganos que carecen de legitimidad para seguir tomando importantes decisiones de espaldas a la voluntad del Parlamento. La dirección del PP alienta una crisis del Estado de Derecho con un sofisticado y nuevo tipo de golpismo paralizante, propio de la escuela de Trump, que también juega sucio para nombrar, sin esperar a las elecciones, a quien sustituya a la juez progresista Ginsburg en el Corte Suprema de USA.

Se nota que el PP se juega mucho en los Tribunales ante los sumarios pendientes que les afectan y los casos de corrupción que les amenazan. Como el caso Kitchen que esconde abusos de poder y utilización de instrumentos del Estado.

Para los Socialistas, para los progresistas, este bloqueo que tratan de justificar por la presencia de Iglesias en el Gobierno es un ataque a la democracia, al Parlamento y a la legitimidad de este gobierno de izquierdas.

Tenemos la oportunidad de aplicar en la selección de candidatos criterios de mérito, capacidad, experiencia, prestigio, independencia personal, esto es sin dependencia ni sometimiento partidista.

Se trata de elegir desde el Parlamento a mujeres y hombres de excelencia, INDEPENDIENTES E IMPARCIALES para esas instancias, que prestigien las instituciones claves en una democracia y esenciales para el Estado de Derecho.

Además, para que dichos nombramientos en los órganos constitucionales reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como las leyes establecen distintas mayorías reforzadas para las designaciones por Las Cortes en tiempo y forma. El objetivo es que los candidatos nombrados lo sean de consenso, posibilitando a la minoría parlamentaria la participación en las decisiones.

Para que una sociedad democrática funcione correctamente es fundamental conseguir que la ciudadanía respete y valore sus instituciones. Se trata de un intangible sin el cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir con las normas que las regulan. Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y acordar las renovaciones en los plazos constitucional y legalmente establecidos.

La ciudadanía no acepta estrategias políticas basadas en el mero interés partidista y la confrontación permanente cuando hay tanto en juego. La sociedad nos reclama el esfuerzo de todos los partidos en la consecución de un amplio consenso a la hora de elegir a los hombres y mujeres que formen parte de las instituciones señaladas, vitales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Por todo ello, ningún grupo político debiera contribuir al bloqueo de la renovación de estos órganos y organismos que por su carácter y funciones hacen posible la separación de poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad de las administraciones o el cumplimiento de principios de una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación y la rendición de cuentas.

La exigencia de mayorías reforzadas no puede utilizarse como instrumento para bloquear la gobernanza democrática ni como parte de una estrategia partidista. El objetivo es que los candidatos nombrados lo sean por consenso, posibilitando a la minoría parlamentaria la participación en los consensos.

En base a las siguientes consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista solicita que "El Congreso de los Diputados manifiesta la urgente necesidad de que se proceda al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los órganos constitucionales y organismos institucionales, proceso en el que tienen una participación decisiva Las Cortes Generales, siguiendo los cauces constitucionales y legales establecidos y haciendo el máximo esfuerzo para lograr un amplio consenso de mayorías reforzadas entre los Grupos Parlamentarios ... “

Lo dicho Señorías del PP, son ustedes unos alumnos aventajados de Trump.

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa y Portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso.

Madrid 23 de septiembre de 2020.