Nos acercamos a los 2’4 millones de personas fallecidas a causa de la COVID-19. Y esta pandemia no será derrotada sin una lucha global y sostenida, basada en la cooperación internacional y en la defensa del derecho universal a la salud para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población.

Con millones de vidas en juego la vacuna no debería ser un negocio ni objeto de puja por las grandes farmacéuticas, como pasara al inicio de la pandemia con la compra de los equipos y materiales de protección sanitaria. Los beneficios ilimitados de las farmacéuticas y la opacidad de sus contratos y beneficios, aprovechando la angustia ciudadana, siempre serán indecentes.

Resulta inexplicable que, ante la urgencia por salvar vidas y conseguir la inmunidad de rebaño para avanzar en la recuperación económica y social, los poderes democráticos no hayan acordado mecanismos extraordinarios de acción. Porque la exclusividad en la producción de vacunas que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas, impide garantizar una producción masiva, como se viene constatando ante los incumplimientos de producción y entrega por parte de dichas empresas multinacionales. 

En este escenario, las vacunas tienen que ser declaradas como un bien público prioritario. Pero este objetivo choca con una producción limitada, consecuencia de los derechos exclusivos de producción que dan las patentes a un selecto grupo de empresas que actúan como un oligopolio que marca precios, impide la competencia y considera las vacunas como un bien de mercado.

Como recuerda la OMS, hay fórmulas posibles para que, en circunstancias excepcionales, los Estados liberen, licencien o expropien las patentes y consigan una producción intensiva de vacunas y medicamentos con la colaboración de otros laboratorios que dispongan de instalaciones adecuadas. Se trata de prever vías que permitan acelerar su producción y distribución a un precio justo para poder inmunizar, a toda la población del planeta.

Ante los anuncios de reducción de vacunas y retrasos en el envío, la decisión de la Comisión Europea de controlar las vacunas producidas en su territorio y de bloquear su exportación a terceros países es una respuesta insuficiente. El problema de Bruselas empieza con su aceptación de contratos sin transparencia y con lagunas sobre compromisos claves que no frenan la prepotencia de las farmacéuticas. El problema continúa con la prevención de la UE a revisar la actual regulación del sistema de patentes de vacunas y otros medicamentos para que puedan ser intervenidas en situaciones de extrema necesidad. Estamos en este caso.

Puede sonar a idealismo o a utopía, pero los demócratas debemos movilizarse ante lo que está en juego. Es hora de que los Estados, de la mano de la OMS, la ONU y otras organizaciones médicas y humanitarias, acuerden una nueva regulación internacional de las patentes de medicamentos en situaciones de emergencia, sobre todo si las vacunas han obtenido financiación pública para la fase de investigación.

La OMS y las asociaciones en defensa de la salud pública proponen reformas en las Declaraciones acordadas por la Organización Mundial de Comercio y en los Tratados internacionales que regulan las patentes. Reformas que contemplen medidas como expropiar las patentes, conceder autorizaciones por los Estados para fabricar genéricos, la creación de un banco voluntario de aportación de derechos de patentes y datos de la investigación o la flexibilización de las patentes de modo acordado entre los Estados y las farmacéuticas para implicar a otros laboratorios y garantizar una producción masiva. La razón es que el intereses público de la salud debe prevalecer por encima del derecho privativo.

La propia Unión Europea lideró en la última Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, en mayo de 2020 y en respuesta a la COVID, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global. Pero eso no basta. Frente a una pandemia que se complica con la aparición de variantes más contagiosas del virus, el voluntarismo no sirve ante las farmacéuticas.

Es momento de repensar, como apunta el Consejo de Europa, un mayor desarrollo del art. 122 del Tratado Fundacional de la UE que podría conceder poderes excepcionales a la Comisión Europea en circunstancias de extrema gravedad para los Estados. Como consecuencia de una pandemia o una catástrofe natural y ante incumplimientos, insuficiencias o abusos en los contratos, amparados por los derechos que otorgan las patentes, las normas internacionales tienen que garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de vacunas suscritos por la Comisión, obligando a las farmacéuticas, en esos casos, a compartir o subcontratar una mayor producción con otras empresas del sector.

Como novedad, hay que destacar que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó en septiembre una nueva estrategia de acción para la UE. En ella, somete a la consideración de los socios europeos la creación de una gran Agencia o Autoridad Europea (HERA) que pueda afrontar, con facultades de coordinación sobre infraestructuras sanitarias, así como con competencias legales y financieras, una respuesta inmediata y autosuficiente a las grandes emergencias sanitarias en los Estados de la UE, algo no previsto adecuadamente en el art. 122 del Tratado. Ese nuevo organismo podría incluso “planificar, coordinar y construir” un “ecosistema de capacidades públicas y privadas”. Veremos en qué acaba. 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 1 de febrero de 2021 / Publicado en InfoLibre

Por transparencia, me siento obligado a hacer unas reflexiones en este blog al hilo del nuevo rechazo del PSOE, en la Mesa del Congreso, a la creación de una Comisión de Investigación sobre el uso de tarjetas “black” por parte del rey emérito, Don Juan Carlos, y de otras personas de su círculo.

No creo en los silencios en política sino en la actitud responsable de dar la cara y explicar las razones de cada decisión. Por lo menos aquí explicaré mi posición personal, respetando las demás.

Empezaré con una sencilla pregunta: ¿Hace falta una investigación política para saber que Dn Juan Carlos no puede seguir siendo emérito, con título y honores por supuestos méritos del pasado, cuando ha abusado de su pretendida inviolabilidad para actuar inmoralmente, cuando arrastra con cinismo comportamientos de fraude fiscal y, además, ofrece el mal ejemplo y la mala imagen para España de residir en un país reaccionario y no democrático como son los Emiratos Árabes Unidos? Aunque figuren en la camiseta deportiva de un gran club.

No veo que una Comisión de Investigación política, en la que no comparecerían ni el emérito ni su familia ni los íntimos fuera de utilidad para aclarar nada. Y sí un nuevo factor de bronca, crispación e inestabilidad que promoverían las derechas y los medios a su servicio. 

Es innegable que una Comisión de Investigación en el Congreso, con la batalla de fondo sobre La Corona que buscan algunos grupos, supondría abrir otro frente de crispación en medio de un estado de emergencias, desacuerdos y confrontaciones que desbordan el hartazgo de buena parte de la sociedad. ¿Necesitamos en España abrir más frentes para polarizar y crispar?

Son los jueces y fiscales, sin olvidar a Hacienda, quienes tienen que investigar a fondo, sin interferencias, los comportamientos ilegales en los que pudiera haber incurrido el emérito, persona que ya fue desautorizada y puesta en evidencia por su propio hijo el pasado marzo y mediante nota oficial de la Zarzuela. De no hacerlo, aumentará la desconfianza en las instituciones de la democracia. 

Tengo desde hace meses un tuit fijado en mi perfil de twitter - @odonelorza2011 - donde expongo hasta tres articulos publicados con propuestas concretas sobre cómo resolver, desde un planteamiento democrático, las controversias que afectan a Dn. Juan Carlos, el Rey, la Familia Real y La Corona. Siempre en respuesta al debate sobre la existencia en la Constitución de la inviolabilidad para el Rey -solo en sus actuaciones como Jefe de Estado- y sobre la ausencia de la necesaria transparencia pública de los patrimonios de cada miembro de la Familia Real.

Hablo como socialista y republicano sin ningún complejo, expresando mi sincera opinión y pensando en el terrible escenario en el que vivimos hoy y en cuáles han de ser las prioridades de la acción política. Sin embargo, no desprecio otras opiniones, como la de UP.

Por cierto, el hecho ahora conocido de que Patrimonio Nacional pague los sueldos y viajes del personal de apoyo desplazado a los Emiratos para asistir al rey emérito, debe explicarse sin dilación y con total transparencia. Con la que está cayendo por culpa de las informaciones que provocan los negocios y comportamientos fiscales del emérito, me resulta inmoral que el país tenga que correr con esos gastos. ¿No debería pagarlos de su bolsillo?

El Trumpismo empezó como un fenómeno populista, nacionalista, supremacista y autoritario. Una mezcla reaccionaria que fue degenerando para acabar en actitudes de violencia y rechazo a las reglas de la democracia.

Los acontecimientos finales vividos en el Capitolio demuestran que el Trumpismo es la expresión de un nuevo fascismo en la era digital. La falsa acusación de Trump de un fraude electoral se ha convertido en el eje de una estrategia de FASCISMO DIGITAL basado en la desinformación, las fake news y la manipulación de la opinión pública. El móvil y Twitter han sustituido a las pistolas y las crónicas golpistas.

Trump, que aún no ha reconocido su derrota y niega legitimidad a un Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, es el inductor y, por tanto, el responsable penal del asalto violento al Capitolio de USA. Ha sido la culminación de una campaña premeditada de crispación y confrontación creciente para desestabilizar las bases de la democracia americana.

Pero lo que es más grave aún es que 74 millones de electores hayan apoyado con su voto a Trump y sus tesis, como demostración de que no creen en la democracia y apuestan por liderazgos autoritarios que reinventan a un enemigo exterior a quien culpabilizar de nuestros males.

Todo ello supone un aviso para las viejas democracias que sobreviven en nuestro Planeta. Porque se impone una reflexión a fondo para recuperar la credibilidad del sistema institucional democrático en medio de una pandemia imparable que ha acelerado las crisis y una globalización que, junto a los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial, provoca incertidumbres sociales y miedos a millones de personas en todo el mundo.

El mismo discurso Trumpista se utiliza por una extrema derecha en Europa que constituye una amenaza para la DEMOCRACIA y deben ser objeto de aislamiento, como todo tipo de extremismos. La respuesta consiste en el reforzamiento de la democracia y en un ejercicio de la política desde la ética y la búsqueda de la igualdad y la justicia social.

En España, digámoslo claro, el trumpismo tiene sus “representantes”. Están en partidos de la derecha extrema, en sectores nostálgicos del franquismo y entre los profesionales del periodismo que desprecian una información veraz e inyectan odio en sus escritos e intervenciones.

Sin embargo, para Pablo Casado el responsable de lo que está sucediendo en USA es ... el Espíritu Santo. El PP, socio de VOX, no ha realizado una condena expresa de la actitud de Trump y en sus comentarios de lo acontecido se va por los cerros de Úbeda. Bueno, eso estos días. En breve echará la culpa de todo a Pedro Sánchez, al Gobierno ilegitimo social-comunista y a las izquierdas bolivarianas o chinas. Mentiras de la escuela de Trump.

Odón Elorza / Diputado del PSOE / Publicado en infoLibre 

San Sebastián 7 de enero de 2021

Vivimos tiempos de desafección y apatía ciudadana hacia el sistema político, a la vez que la democracia se siente amenazada por el nacionalismo autoritario y el trumpismo. De ahí la necesidad de trabajar para recuperar la confianza en las instituciones y en la acción política. Esto exige, entre otras actuaciones, desarrollar iniciativas innovadoras que mejoren y complementen la democracia representativa liberal mediante la creación de mecanismos de democracia participativa y el buen uso de herramientas tecnológicas que sirvan para fortalecer la legitimidad de la democracia y combatir las campañas de desinformación, las fakes news y las injurias.

En una sociedad global y cada vez más compleja, plagada de incertidumbres para la población y de riesgos para el planeta, en medio de una extendida crisis de la economía y la política, promover la participación activa de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad en la vida del Parlamento, en especial en los procesos de deliberación legislativa, ayudará a mejorar la calidad de la democracia, el resultado de la función legislativa y el prestigio del parlamentarismo.

Estos objetivos deben conllevar cambios significativos en el funcionamiento de instituciones como el Congreso, donde reside la soberanía popular y actúa como centro de referencia de la vida democrática en España. Pero funcionar como un Parlamento Abierto requiere una estrategia -ademas de un plan de comunicación- para incrementar los mecanismos de información, control, deliberación y participación en la toma de decisiones, propiciando así el acercamiento y un mayor diálogo entre representantes y representados.

Por tanto, para avanzar en la aplicación de los principios de buen gobierno y de las buenas prácticas parlamentarias, el Congreso ha de plantearse un mejor reflejo en su web de la huella legislativa así como la incorporación formal a su Reglamento de procedimientos de participación en la tramitación parlamentaria de los proyectos y de las proposiciones de ley. Con mayor razón aún en el caso de las iniciativas legislativas populares.

Con tal finalidad y de acuerdo con el mandato de los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución, es preciso impulsar en la vida parlamentaria una fase de audiencia pública. Así se permite la comparecencia de expertos independientes y representantes de diferentes entidades, plataformas y colectivos implicados para que el Congreso escuche sus opiniones y reciba aportaciones que enriquezcan el debate legislativo de cara a la posterior decisión de los parlamentarios. La implementación de un procedimiento de participación deliberativa no tiene por qué significar un retraso ni un obstáculo para una tramitación legislativa ágil, sino una garantía de mayor eficacia de la ley resultante y una mayor legitimación social.

Como respuesta, un Parlamento Abierto tiene que profundizar en esa vía que consiste en la comparecencia, ante la Comisión correspondiente y en un periodo acotado de tiempo, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate la propuesta de ley. Esta audiencia ha de producirse en la forma que determine la Mesa y los Portavoces de la Comisión concernida, mientras no quede debidamente regulado el procedimiento a seguir mediante una reforma del Reglamento del Congreso, a la vista de la insuficiencia del contenido del artículo 44.4.

Las comparecencias se producen ante la Comisión o Ponencia correspondiente y con carácter previo a que finalice el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto o Proposición de Ley. Dichas comparecencias han de estar motivadas y permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones externas al Parlamento que serán enriquecedoras para que los Grupos Parlamentarios se formen un mejor criterio.

Esta vía de participación deliberativa, promovida de forma ordenada por el poder legislativo, complementaría las consultas y reuniones de trabajo que ya realiza el Gobierno con diferentes expertos, entidades y organizaciones en la fase de redacción de los anteproyectos de ley. El extenso plan normativo o calendario legislativo presentado por el Gobierno de coalición daría pie a un proceso intenso de audiencias y comparecencias en el Congreso. Todo un difícil reto ante el clima de crispación y confrontación que domina la vida parlamentaria.

Por otra parte, el Congreso, de acuerdo con la Declaración Internacional de Transparencia Parlamentaria de 2012, ha de perfeccionar su relación con una realidad social en la que el mundo de internet es clave y considerar que las herramientas digitales - en concreto el sitio web oficial congreso.es recién renovado - deben servir para promover la participación online y exponer una información accesible y transparente. Las TIC son una oportunidad para dar a conocer el funcionamiento y el trabajo del Parlamento a la sociedad, facilitar los procesos de rendición de cuentas, aumentar el nivel de transparencia y crear un marco digital para el control público sobre las actividades del Gobierno y los trabajos de los diputados. De ese modo se logrará despertar el interés y la implicación progresiva de la ciudadanía, empoderándola en los procesos de toma de decisiones públicas.

Así mismo, las TIC tienen que hacer más accesible la información sobre las actividades y acuerdos que se generan en el Parlamento y facilitar a la ciudadanía la comprensión del sentido de cada ley, haciendo posible el seguimiento de la tramitación legislativa que se realiza en la Cámara al incorporar la huella legislativa para poder conocer su trazabilidad. Las TIC permiten, también, la creación de un Foro parlamentario digital que promueva el debate y la deliberación sobre sus tareas, en un espacio dirigido a recoger la opinión ciudadana y donde se interactúe con los diputados y diputadas.

Por lo demás, es cierto que, en el marco de una regeneración de la democracia que permita repensar la forma de gobernar, son también precisas otras medidas que garanticen la independencia de los órganos constitucionales, organismos reguladores y supervisores para hacer efectiva la separación de poderes. Así como garantizar en la acción política los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad; en este caso, mediante la aprobación de códigos éticos efectivos para los cargos públicos y nuevas normas contra la corrupción.

En conclusión, el Congreso debiera afrontar la reforma de su desfasado Reglamento para incluir una regulación que garantice el desarrollo de procesos legislativos abiertos que permitan la participación activa de las organizaciones de la sociedad conforme a las buenas prácticas parlamentarias. Además, tiene que efectuar su reconversión en un Parlamento Abierto que represente la mejor escuela de democracia, un espacio abierto al diálogo para promover un modelo de democracia más transparente, inclusiva y deliberativa.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

Publicado en ethic.es el 30 de diciembre 2020.