Hemos superado los tres millones de muertos y ciento cuarenta millones de personas contagiadas del virus COVID-19. La pandemia ha provocado un escenario de emergencia planetaria inimaginable y su erradicación llevará tiempo. Porque inmunizar con celeridad a toda la población del planeta exige trabajar con una estrategia de solidaridad humanitaria y cooperación global por parte de los Estados y  Organizaciones Internacionales como la OMS y la OMC.

Esta pandemia y sus consecuencias en la salud y la economía se verán mitigadas en los países occidentales si se cumplen las previsiones de las campañas de vacunación. Pero esto no basta porque más allá de la razonable prisa de los Estados más fuertes por inmunizar a su población, el  VIRUS SOLO SE CONTROLARÁ cuando todos los países accedan masivamente y sin demoras a las vacunas. No olvidemos que en los próximos meses y años, ante la aparición de nuevas variantes más agresivas del virus en cualquier rincón del planeta o para reforzar la eficacia de las anteriores vacunas, ya dicen que habrá que seguir administrando miles de millones de vacunas de segunda generación.

Debe quedar claro que acelerar la derrota del coronavirus requiere una producción masiva de vacunas, lo que exige la colaboración de las grandes farmacéuticas, hoy preocupadas por evitar la menor competencia y acogiéndose para ello a los derechos de exclusividad de producción y de propiedad intelectual que les otorgan las patentes reguladas por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Con millones de vidas en juego, la vacuna no puede convertirse en un bien de negocio ni en objeto de puja, como sucedió al inicio de la pandemia con la compra de los equipos de protección para personal sanitario, respiradores y materiales de protección para la población. En situaciones de pandemia los intereses de la salud pública deben prevalecer sobre los derechos exclusivos de producción que conllevan las patentes. Si bien, la normativa de la OMC también contempla medidas de acción como la concesión de licencias obligatorias por cada Estado a terceras empresa para ampliar la producción de vacunas y cabe también una suspensión temporal de los efectos de las patentes.

En este escenario, el lobby farmacéutico, que funciona como un oligopolio, no está respondiendo con actitudes claras de colaboración a las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es el caso del programa solidario COVAX para recibir vacunas y financiación de los Estados más fuertes y de las farmacéuticas con el fin de acelerar el suministro gratuito de vacunas seguras y eficaces a los países del Sur.

Con la creación de un “banco voluntario” o C-TAP la OMS quiere recoger información voluntaria sobre tratamientos, tecnología de las vacunas, datos de los ensayos, etc; en definitiva,  conocimientos que aporten las farmacéuticas así como otros laboratorios, investigadores y universidades. De ese modo podrían ser accesibles y compartidos por todos los países que necesiten y tengan infraestructura para producir vacunas con garantías de calidad.

La OMC es partidaria de una flexibilización de los derechos de producción exclusiva que otorgan las patentes. Supone una tercera vía que prima los acuerdo entre los Estados y las farmacéuticas para aumentar el mecanismo de la cesión de licencias voluntarias (que no sean restrictivas y excluyentes hacia otros países necesitados de vacunas), incluida la transferencia de tecnologías, a todos los laboratorios capacitados en países del Sur. Se trata de utilizar toda la capacidad de fabricación global existente y la posterior exportación de vacunas a otros países incapaces de producir vacunas por sí mismos.

Las farmacéuticas, en medio del drama de la pandemia, no pueden seguir buscando su beneficio y protegiendo con celo la exclusividad de la producción. Esa actitud miserable puede desencadenar el mecanismo legal de la concesión de licencias obligatorias, con indemnización a las farmacéuticas titulares de las patentes. Ún vía legal, posible pero lenta, contemplada en el artículo 35 de los acuerdos ADPIC de la OMC sobre propiedad intelectual.

Mientras, crece un fuerte movimiento en favor de una medida más radical pero con riesgos. Lo apoyan un gran número de países en vías de desarrollo, personalidades con premio Nobel, ex altos mandatarios políticos y las más importantes organizaciones humanitarias. Solicitan a Biden, a la Unión Europea y a los Estados miembros de la OMC que suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las patentes para permitir copiar y conseguir la máxima producción de vacunas. Añaden, además, que destacadas farmacéuticas ya obtuvieron importante financiación pública para las fases de investigación y ensayos de las vacunas y ahora siguen firmando contratos monopolísticos. Pero ese proceso de suspensión de patentes no es nada sencillo de materializarse si las farmacéuticas se cierran a compartir todos los conocimientos.

Por cierto, el nuevo contrato de compra de 1.800 millones de dosis de Pfizer que ha negociado -por un importe desconocido- la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, debiera ser absolutamente transparente y recoger cláusulas de condiciones a las farmacéuticas que garanticen aumentar la producción mediante nuevas concesiones de licencias con transferencia de conocimientos, permiso de exportaciones a las terceras empresas productoras en los Estados del Sur y un precio justo.

Si la solución consiste en una producción masiva de vacunas, la disyuntiva no puede estar entre negociar con las farmacéuticas o confrontar mediante la suspensión temporal de las patentes. Tiene que haber una estrategia acordada en la OMC que combine diferentes líneas de acción. Esto es; la denuncia pública de las ONG’s, la presión de los Estados y la negociación con las farmacéuticas sin ceder en premisas básicas . Y si esta combinación no fuera posible a corto plazo, optar por la aplicación de medidas drásticas que requieren el consenso en la OMC de los Estados más fuertes y luego un tiempo para desarrollar con garantías el proceso de producción de genéricos.

Nos enfrentamos a un reto para toda la humanidad, un esfuerzo y compromiso real de solidaridad que resulta obligado. De lo contrario, la historia juzgará duramente a la UE y USA. 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 25 de abril de 2021 / Publicado en El Diario Vasco / Actualizado el 8 de mayo. 

La extrema derecha y un PP trumpista practican una estrategia de provocación a la libre convivencia democrática, depreciando los valores y preceptos de la Constitución. Y lo hacen con campañas de desinformación en las redes, anuncios electorales xenófobos, discursos de odio y una ausencia rotunda de condena a las amenazas y expresiones de violencia.

Ahora se ha podido comprobar con ocasión del envío de cartas que contenían balas y amenazas de muerte. Suponen una inadmisible amenaza que forma parte de la más deleznable tradición terrorista y merecían una condena contundente de todas las fuerzas parlamentarias. VOX no lo ha hecho. Tampoco son aceptables las declaraciones contemporizadoras ni los rechazos ambiguos como ha sido la reacción de Ayuso quien aspira a formar gobierno con los ultras. 

El discurso de odio y la crispación que practica VOV son el caldo de cultivo para que un grupo extremista o un exaltado lobo solitario pudieran cometer una agresión o un atentado. Fue VOX  quien dijo en el Congreso que “son de los nuestros” aquellos militares retirados que sueñan con fusilar a “26 millones de hijos de puta.”

Parece que no nos damos cuenta de que vivimos un claro proceso de ataque a la democracia. Y eso debe tener como consecuencia una estrategia compartida por todas las fuerzas democráticas. 

La condena, el rechazo al neofascismo y la defensa de la democracia dependen hoy de la ciudadanía madrileña, participando en la mayor movilización popular posible: la de las urnas del 4M. Mientras, la policía y la fiscalía deben investigar a fondo y detener a los autores de las amenazas.

Nada mejor para la Democracia y para el bienestar del Pueblo de Madrid que el aislamiento político de la extrema derecha y la derrota de la derechita acomplejada en las urnas del 4M.

La disyuntiva en un asunto tan complejo y en el que se entremezclan tantos intereses -algunos son contrarios a la ética política y al derecho a la salud- como es la producción masiva de vacunas para salvar millones de vidas en todo el planeta, no puede estar entre negociar con las farmacéuticas o confrontar mediante la suspensión temporal de las patentes. Tiene que haber una estrategia más audaz a seguir que combine diferentes líneas de acción; esto es, denunciar, presionar y negociar con las farmacéuticas hasta donde sea posible, antes de acordar por los Estados medidas drásticas de trazo grueso que, más allá de su simbolismo, deberían ser posibles de ejecutar. Ahí empiezan las dudas.

1. Son ya tres millones de muertos y ciento cuarenta millones de personas contagiadas por culpa del virus COVID-19. Una pandemia que ha provocado una situación inimaginable de emergencia en el planeta y cuya erradicación llevará tiempo y exigirá respuestas audaces y una estrategia de cooperación global, solidaria y sostenida por parte de los Gobiernos y las Organizaciones Internacionales.

Esta pandemia y el sufrimiento que conlleva va a continuar, aunque controlada en algunos países si se cumplen las esperadas campañas de inmunización. Sin embargo en zonas muy extensas del planeta las vacunas no llegan. No olvidemos que en los próximos años, ante la previsible aparición de nuevas variantes del virus, habrá que seguir administrando miles de millones vacunas de segunda generación. Acelerar su derrota requiere la colaboración de las grandes empresas farmacéuticas que no son, precisamente, Hermanitas de la Caridad y que hoy siguen buscando el maximo beneficio y la menor competencia, acogiéndose a los derechos que amparan las patentes.

2. Pero los gobiernos de progreso, organizaciones humanitarias y movimientos cívicos saben que hay que presionar para negociar con el lobby farmacéutico el objetivo básico de un aumento sustancial en la producción de vacunas. Se trata de conseguir que los próximos grandes contratos de suministro que realice la UE y USA sean transparentes en relación con el precio y las responsabilidades ante posibles efectos en la salud; y que incluyan la condición de que las farmacéuticas concedan licencias voluntarias a empresas capacitadas radicadas en países en vías de desarrollo para escalar y diversificar en muchos más Estados la producción.

Además, las farmacéuticas deben hacer grandes aportaciones gratuitas de vacunas al programa COVAX de la OMS y participar en un intercambio abierto y global de datos y tecnologías COVID-19 para el programa C-TAP. De lo contrario no quedaría más remedio que acordar por cada Estado interesado la concesión de licencias obligatorias (un proceso lento) con pago de royalties a las farmacéuticas titulares de las licencias o decidir, con el consenso de los Estados miembros de la OMC, una suspensión temporal de los efectos de las patentes.

Con millones de vidas en juego, la vacuna contra el coronavirus no puede convertirse en un bien de negocio ni en objeto de puja, como pasara al inicio de la pandemia con la compra de los equipos de protección para personal sanitario, respiradores y materiales de protección para la población. En situaciones de pandemia los intereses de la salud pública han de prevalecer sobre los derechos comerciales que otorgan las patentes. Unos beneficios incontrolados de las farmacéuticas, una producción insuficiente para atender las necesidades de la población de todo el planeta y una falta de transparencia sobre el contenido de los contratos, aprovechando la ansiedad ciudadana y la presión de una opinión pública que demanda un suministro inmediato de vacunas, no pueden ser aceptados por ningún gobierno democrático.

Lo cierto es que la recuperación de una economía mundial interdependiente requiere una vacunación universal a la mayor velocidad posible. Mientras esto no suceda la recuperación estará muy condicionada en todos los países y la aparición de variantes del virus más agresivas reducirá la eficacia de las vacunas, en especial de “las menos fiables”. El aumento del paro, la desigualdad, la precariedad, la pobreza y otras secuelas de tipo sanitario que dejará el virus en millones de personas, llevarán años de fuertes inversiones y ayudas públicas junto a políticas de cooperación internacional.

3. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) propone, como solución, incentivar las licencias voluntarias como alternativa a las licencias obligatorias que pueden aprobar los Estados según su legislación (art. 95 de la Ley de Patentes en España) y que están contempladas en el artículo 31 de la Declaración ADPIC de la OMC sobre las patentes. Con ello, busca el objetivo de extender la producción de las vacunas a más empresas que las titulares de las patentes, aunque de momento no ha obtenido resultados significativos. Esta tercera vía requiere buscar y provocar la colaboración activa de las poderosas farmacéuticas.

4. Es destacable el papel desempeñado por la Unión Europea -y en su seno el de la representación del Gobierno de España- al haber tomado, con previsión y recursos aunque sin transparencia, la iniciativa de negociar la reserva y compra de importantes lotes de vacunas con diferentes compañías farmacéuticas para cubrir las necesidades de inmunización del conjunto de la ciudadanía de la UE.

Pero para acabar con la pandemia es imprescindible seguir promoviendo una estrategia global basada en la cooperación internacional entre los Estados y en un compromiso de la UE hacia los países más pobres en apoyo práctico al derecho universal a la salud. En las actuales circunstancias, es obligado defender la regulación de las vacunas como un bien público global para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población mundial. Y ese es el discurso patrocinado por las autoridades e instituciones de la Unión Europea. Otra cosa serán los resultados.

Más allá de la lógica prisa de los Estados más fuertes por inmunizar a su población, la pandemia sólo se controlará cuando todos los países accedan masivamente a las vacunas anti COVID-19. En un escenario de crisis sanitaria global, los Estados miembros de la UE actúan para conseguir la inmunidad de rebaño y avanzar en la recuperación social y económica. Para ello, además, la UE manifiesta que son necesarios acuerdos en el ámbito internacional y la puesta en marcha de diferentes mecanismos para una producción masiva de vacunas.

5. Lo cierto es que los derechos de exclusividad en la producción de vacunas durante los próximos 20 años que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas, como titulares, no están permitiendo garantizar una producción ágil y masiva. De ahí la carta abierta dirigida al Presidente Biden y suscrita por más de un centenar de Premios Nobel y ex altos mandatarios planteando: “la aprobación de una exención o suspensión temporal de las reglas de las patentes sobre las tecnologías médicas para prevenir y combatir la Covid-19 ante el lento progreso en la ampliación del acceso a las vacunas por los países más pobres, que tendrán que esperar a 2024 para lograr la inmunización masiva de la COVID-19”. Esta medida es también reclamada por muchos países ante la OMC, con India y Sudáfrica a la cabeza.

No estamos ante una exigencia absurda o de un planteamiento idealista o utópico. Se trata de que los países más progresistas, con España* a la cabeza, de la mano de la OMS, la ONU y las organizaciones médicas y humanitarias, se posicionen ante la OMC y otros organismos en favor de aplicar una regulación sobre los derechos de propiedad intelectual de patentes de vacunas y otros medicamentos esenciales, de modo coherente con una situación de emergencia global a causa del virus. Más aún si se tiene en cuenta que muchas empresas farmacéuticas han obtenido importante financiación pública para las fases de investigación y pruebas de las vacunas. También habría que valorar los beneficios que ya obtienen y que obtendrán en los siguientes contratos por el suministro a precio comercial de un bien vital.

La OMS, ONUSIDA, OXFAM Internacional, Medicos Sin Fronteras, Amnistia Internacional, Fundaciones profesionales, asociaciones en defensa de la salud pública y cientos de entidades cívicas proponen, desde hace meses a los miembros de la OMC, liberar o suspender temporalmente el derecho de exclusividad del titular de las patentes. De ese modo se busca permitir la producción por parte de terceros que tengan capacidad para fabricar un producto tan complejo como la vacuna. Esta ambiciosa operación sería posible interpretando adecuadamente, en base a un acuerdo muy amplio de los Estados en la OMC, la Declaración sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC) que regula las patentes. Cada día que pasa sin intentar ampliar la capacidad de producción de vacunas es un día perdido. Sin embargo, prevalece el modelo de negocio de la industria farmacéutica consistente en blindar su monopolio y obtener amplios beneficios durante años.

6. La Unión Europea lideró en la importante Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en mayo de 2020 y en respuesta a la COVID-19, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global así como otras medidas. Ese mismo objetivo persigue la plataforma de solidaridad COVAX patrocinada por la ONU y la OMS. Pero su avance es lento y necesita recursos adicionales porque no hay suficiente capacidad de producción de vacunas a escala global y la mayoría han sido acaparadas por los países más desarrollados.

Para hacerse una idea de la posición de la Unión Europea, es de interés conocer la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Estrategia de salud pública para la UE después de la COVID-19, aprobada el 10 de julio de 2020.

Esta Resolución se dirige a los Estados miembros y a los socios mundiales pidiéndoles: “que garanticen un acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo a las futuras vacunas y tratamientos contra la COVID-19 tan pronto como estén disponibles; que apoyen formalmente la puesta en común de acceso a la tecnología en relación con la COVID-19, a fin de hacer posible la máxima puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos relativos a las tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19, en beneficio de todos los países y todos los ciudadanos”. Así mismo, el Parlamento Europeo “aboga por el diálogo y la cooperación con terceros países e insta a todos los Estados miembros a que emitan licencias obligatorias en caso de que terceros países no compartan vacunas o terapias o los conocimientos pertinentes”.

7. Por otra parte, sería el momento de repensar, como apunta el Consejo de Europa, el contenido del art. 122 del Tratado Fundacional de la UE que debería profundizar con más claridad en la concesión de poderes excepcionales al propio Consejo Europeo en circunstancias de extrema gravedad para los Estados. Como consecuencia de una pandemia o una catástrofe natural, o ante incumplimientos, insuficiencias o abusos en los contratos de suministro de medicamentos, amparadas las empresas por los derechos que otorgan las patentes, el Tratado ha de contemplar, por ejemplo, intervenciones excepcionales por parte de la UE y los Estados para garantizar el cumplimiento ágil de los contratos de suministro de vacunas, obligando a las farmacéuticas, en esos casos, a compartir o subcontratar con otras empresas del sector para una mayor producción.

8. Así mismo, como una propuesta surgida a raíz de la pandemia, debe darse respuesta a la iniciativa que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó en septiembre de 2020 y que significa una nueva estrategia de cooperación para la acción contra esta y futuras pandemias. En ella, sometía a la consideración de los socios europeos la creación de una gran Agencia o Autoridad Europea (HERA) que pueda afrontar, con facultades de coordinación sobre infraestructuras sanitarias así como con competencias legales y financieras para inversiones, una respuesta contundente a las grandes emergencias sanitarias en los Estados de la UE. Algo no previsto adecuadamente en el art. 122 del Tratado. Ese nuevo organismo podría incluso “planificar, coordinar y construir un ecosistema de capacidades públicas y privadas”.

Y 9. En resumen, a la vista de las graves consecuencias que provoca la pandemia de la COVID-19, los Estados y las farmacéuticas deben comprometerse con el programa de cooperación global COVAX de la OMS destinado a dotar de vacunas a los países con menos recursos. Mientras, la Unión Europea ha de promover una estrategia solidaria ante la Organización Mundial del Comercio para acordar los mecanismos que garanticen la producción masiva, rápida y a bajo coste de las vacunas para que sean accesibles a la población de todo el planeta. Además, como otra vía disponible, los Estados pueden acordar licencias voluntarias a negociar con las farmacéuticas, que vengan acompañadas de la transferencia de tecnología de las vacunas.

Ante la imposibilidad o insuficiencia de las anteriores medidas, no se puede olvidar que los Estados que lo precisen puedan optar por la concesión de licencias obligatorias, siempre y cuando cuenten con empresas nacionales que tengan capacidad logística para producir vacunas o bien por la importación de medicamentos genéricos. Por último, aunque no está expresamente recogida por la OMC, se viene planteando un acuerdo entre los Estados en la OMC de cara a una suspensión o exención temporal de las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales y ante una cerrazón de las farmacéuticas.

La cuestión es acertar en la estrategia frente a un problema complejo que no se resolverá con grandes declaraciones de trazo grueso sino construyendo -desde la convicción por los Estados de que hoy la vacuna anti COVID-19 debe ser considerada como un bien público universal- acuerdos sólidos que permitan avances reales para que las vacunas lleguen con urgencia a todos los rincones del planeta.

NOTA FINAL : * Me parece de gran interés incorporar al texto la intervención del Presidente Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana del 21 de abril de 2021. En ella, el Presidente expresó una serie de compromisos sobre la dificultad de acceder a las vacunas por parte de muchos países y el problema que suponen los derechos de propiedad intelectual que otorgan las patentes. Los reproduzco a continuación: 

“ Desde el punto de vista sanitario, sí quisiera decir que el Gobierno de España está profundamente comprometido con la región en la lucha contra la pandemia y el acceso a las vacunas, debe ser equitativo y universal. Y por ese motivo España adoptó en enero un plan de vacunas solidarias.

Y en este sentido me gustaría hacerles un anuncio. Y es que el Gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año.

Este compromiso se va a llevar a cabo a través del mecanismo multilateral COVAX, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que va a distribuir regionalmente los viales según las necesidades de cada país estimadas por esta organización. España va a poner en marcha este compromiso al llegar al umbral del 50% de la población española vacunada, considerando además la preparación de los países receptores para recibir y poder hacer uso de estas dosis recibidas.

Por otro lado, quisiera hacer alusión a un tema que está cobrando especial relevancia y es el de la eliminación de las patentes de las vacunas. Y quiero decir que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. Y en este sentido, España está dispuesta a impulsar esta discusión, especialmente entre nuestros socios europeos, también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para analizar las opciones que nos permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible en la lucha contra la COVID-19.”

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa y secretario de Democracia Participativa y Transparencia de la CEF del PSOE

San Sebastián 22 de abril de 2021 / Publicado en ethic.es