Interpelación al Gobierno sobre sus actuaciones para esclarecer las denuncias de bebés robados y adopciones ilegales.

                                                   A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y al amparo del articulo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tengo el honor de dirigirme a la Mesa para presentar la siguiente INTERPELACIÓN URGENTE al Gobierno sobre sus actuaciones concretas para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante numero de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales.

                                                                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El caso de las denuncias sobre bebés robados en España, desde los 40 a los años 90, es un escándalo social de grandes dimensiones que ha venido aflorando recientemente y que requiere un compromiso cierto de los poderes públicos para avanzar en la investigación y el deseable esclarecimiento de los hechos hasta que se haga justicia.

Hasta 1950, el robo de recién nacidos fue un método atroz y poco conocido en el marco de la represión en la dictadura franquista. Las víctimas eran herederas de los republicanos vencidos de la guerra, personas que no podían hacer valer sus derechos, ni protestar.

Cuando ya no quedaron más niños que robar a madres republicanas en las cárceles, las desapariciones continuaron en Hospitales y Casas Cuna de distintas ciudades españolas hasta bien entrada la democracia. Según "SOS Bebés Robados", Gipuzkoa es uno de los Territorios que agrupa un mayor número de afectados, con 126 casos de los mas de 200 que está tramitando el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco.

Precisamente en esa Comunidad el Gobierno Vasco ha creado una Comisión interdepartamental con el fin de colaborar con los afectados y sus asociaciones. Los padres de niños robados no imaginaban que los menores por los que pagaban procedían de una madre a quien le dijeron que su hijo había muerto. Según "SOS Bebés Robados", la única hipótesis que se plantea es que estos niños fueron dados por muertos y vendidos a terceras personas.  

Gracias a la Ley de Adopción de 1987 el Gobierno puso orden y acabó prácticamente con la red de adopciones ilegales. Pero durante más de cincuenta años el robo de niños se ha desarrollado con absoluta impunidad y no ha sido objeto de la más mínima investigación. En la actualidad hay madres y padres, familiares, que piden que se aclare qué sucedió con aquel bebé que presuntamente nació muerto o fue dado en adopción. Aunque el paso del tiempo ha hecho que muchas de aquellas madres hayan fallecido sin haber logrado encontrar a su hijo.  

El robo de miles de niños, vendidos a otras familias provocan que madres y padres, familias, lloren la pérdida de sus hijos y que muchas mujeres y hombres hoy desconozcan su origen y sus raíces. La asociación Anadir señala que hay 894 casos en manos de la Fiscalía, mientras que en 169 el juez ha abierto diligencias por encontrar indicios de delito. Anadir alega que tiene sobre la mesa 1.800 expedientes y, la mayoría de ellos, corresponden a casos de mujeres que dieron a luz en un Hospital en el que le comunicaron que el recién nacido había muerto.

Es sabido que, desgraciadamente, alrededor de dos de cada tres afectados por el presunto robo de bebés, entre las décadas de los 40 y los 80, no pueden elevar una denuncia porque carecen de documentación suficiente que respalde sus sospechas. En ciertos casos, el centro médico en el que vino al mundo el bebé, carece de papeles que certifiquen su nacimiento; en otros la búsqueda de los legajos de aborto resulta infructuosa e, incluso, se carece de constancia de su enterramiento.

Para avanzar en las investigaciones se han realizado exhumaciones con el resultado sorprendente de encontrar féretros vacíos. Pero además, estas exhumaciónes abren la puerta a que se puedan autorizar nuevas intervenciones y, con ellas, un posible análisis de ADN para su contraste dentro del Banco de ADN que pusiera en marcha el anterior Ministro de Justicia de acuerdo con los afectados.

Según señaló el anterior Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el mes de noviembre del año pasado, la Fiscalía estaba investigando cerca de mil casos de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia en España. Reconoció que las pesquisas son muy complicadas debido a la antigüedad de las pruebas, a la falta de las mismas en otros casos, a las prescripciones y al hecho de que cada expediente tiene una naturaleza muy distinta.

La desaparición de archivos tampoco facilita encontrar pruebas documentales que supongan indicios suficientes para que los jueces puedan avanzar en su tarea. No obstante, en marzo de 2011, el Gobierno del PSOE y mas en concreto el Ministerio de Justicia, designó un interlocutor o enlace permanente con las asociaciones y puso en marcha un Protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprendía apoyo psicológico e información legal.

El objetivo del Protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses era el de favorecer la identificación genética en los casos de adopciones irregulares y sustracciones de recién nacidos en el conjunto de España.

En septiembre de 2011 el presidente de Anadir presentaba en el Congreso una propuesta para crear una Comisión que investigue los casos de adopciones irregulares. Sin embargo, las Cortes ya se habían disuelto por la convocatoria de elecciones.

Las asociaciones de afectados, Anadir, SOS Bebés Robados y Aberoa han anunciado la presentación de firmas ciudadanas y un documento dirigido al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, donde se le solicita, fundamentalmente, el cese de los archivos de denuncias sin haber practicado las mínimas actuaciones y la apertura de nuevas investigaciones por la policía judicial.

En relación con el apoyo a las denuncias y con los procesos de colaboración con los afectados, desconocemos la disposición y apoyo de los actuales Ministros de Justicia e Interior, al igual que de la Fiscalía General, para atender las demandas de las asociaciones de afectados y dar continuidad a las actuaciones iniciadas por el Gobierno anterior.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente INTERPELACIÓN URGENTE al Gobierno sobre su política de actuaciones, en colaboración con las asociaciones de afectados, para dar continuidad a las investigaciones y avanzar, con diligencia, en el esclarecimiento del importante numero de denuncias presentadas en toda España sobre los presuntos casos de bebés robados y de adopciones ilegales.

En el Palacio del Congreso, a 13 de febrero de 2012

Por el Grupo Parlamentario Socialista : El Diputado, Odón Elorza