A Pedro Sánchez : es una cuestión de confianza.

El emisario del Presidente ante Puigdemont en Ginebra ha caído arrastrado por un caso de corrupción que agrava la agonía del PSOE y la debilidad gubernamental en una legislatura bronca y tóxica.

La trascendencia de la defenestración de Santos Cerdán, no sabemos aún si como colofón del caso Koldo y tras siete años de delinquir según el informe de la UCO, es muy grave. Lo es porque explota en la línea de flotación de la ética democrática PSOE, su gran principio, y porque tiene mucho simbolismo al haber participado en un asunto de Estado por el que sangra el Presidente y del que saca tajada Junts. De manera que por ahí y por la relación con las adjudicaciones ilegales de obras en un gran Ministerio también afecta al Gobierno.

Considero que ahora no valen paños calientes, no basta pedir perdón (me acuerdo de las disculpas culpables de Rajoy y del emérito inviolable) ni contraatacar con la abundante munición de corrupción que arrastra el PP de Feijóo y Ayuso, la colega de Milei y del trumpismo. Hoy, la situación de descrédito del Presidente, objeto de una campaña de acoso que se inició cuando presentamos, con razones sobradas, la Moción de Censura contra M. Rajoy, no permite dilación en la toma de decisiones.

Ni siquiera dispone el Presidente de los cinco días de gracia que se dio en abril de 2024 -de una manera impropia en democracia- para reflexionar sobre su continuidad, la regeneración de la vida política y la desinformación a raíz de la campaña desatada contra Begoña Gomez que tanto le afecta. Además, los socios buenos, los amigos leales hasta ahora y los apoyos extraños y costosos de otros, manifiestan duras críticas, empiezan a distanciarse, a dudar y piden reacciones de fondo.

Es ahí donde se precisa retomar la iniciativa política y romper los planes del PP para forzar la dimisión de Sánchez. La respuesta ha de ser pensando en la democracia española, en la continuidad de un gobierno de progreso que ha realizado una política socioeconómica muy positiva y en la necesidad de estar a la altura como estadista europeo de la izquierda. Y esa respuesta consiste en plantear una cuestión de confianza al Parlamento y rendir cuentas a las exigencias de responsabilidad política tras los acontecimientos.

No será fácil articular esta iniciativa constitucional porque ya no existen garantías de casi nada. Pero no queda otra opción que pueda servir -con dudas- para mantener la legitimidad del Gobierno, demostrando que cuenta con apoyo mayoritario y que quiere afrontar en estos dos años un Plan de Regeneración pendiente que sea riguroso, valiente y trabajado y acordado con otros grupos.

Este mecanismo (artículo 112 de la CE, 173 y 174 del desfasado Reglamento del Congreso) se habilita con el acompañamiento de un programa en el que debiera adquirir relevancia el Plan de Regeneración o mediante una Declaración Política y Ética sobre un tema grave y sobrevenido. La Cuestión de Confianza está pensada para el caso de un Gobierno en posición de debilidad que quiere continuar y necesita reforzar su legitimidad ante la ciudadanía y ante el Congreso como maximo representante de la soberanía popular.

Nada puede haber mejor que dar la palabra y llevar el debate -de frente- al Parlamento. Lo que supone que Pedro Sánchez está obligado a presentar una Cuestión de Confianza. El miedo no puede atenazar la capacidad colectiva de reflexionar y de ser autocríticos en una organización que ha sufrido todo tipo de revueltas y tragedias a lo largo de su larga historia.

Podemos perder el Gobierno; el poder real es otra cosa. Podemos sufrir un castigo electoral en un tiempo de avance del autoritarismo y las fuerzas reaccionarias. Pero no tenemos ningún derecho a dañar gravemente la credibilidad del PSOE y amenazar su supervivencia.

Odón Elorza / Ex Diputado y ex miembro de la CEF del PSOE / San Sebastián 16 de junio de 2025

Publicado en agendapublica.es

Noticia sobre el Recurso presentado por la Plataforma Ciudadana contra el PGOU de 2015 para San Bartolomé y la concesión de la Licencia de obras para construir un centro comercial y aparcamiento en la ladera -zona verde- de San Bartolomé.

Ni el Ayuntamiento ni la parte codemandada (el fondo de inversiones) se han opuesto a nuestra petición de Suspensión del curso de los autos hasta conocer en qué se traduce el anuncio de intenciones de Goia efectuado el 11 de abril sobre el centro comercial y tras defender esa barbaridad urbanística durante 12 años. 

El Juzgado ha acordado ayer la Suspensión de su tramitación, por un plazo de 60 días. Veremos si en ese tiempo el Ayuntamiento donostiarra toma alguna decisión en firme o si el Alcalde Goia acuerda con la Sociedad Mixta San Bartolomé Muinoa la no ejecución del centro comercial y el Pk. Mientras, el Recurso que hemos presentado sigue vivo a la espera de acontecimientos.

Ya dijimos que las palabras de Goia no eran en absoluto suficiente y que queremos hechos concretos y acuerdos que garanticen que el centro comercial y el aparcamiento no se ejecutarán y que la ladera tendrá el uso que habíamos decidido en 2010, antes de las modificaciones que concedieron a las constructoras los alcaldes Izagirre y Goia, con el apoyo del PSOE y el PP; esto es, queremos un uso de la actual ladera recuperada como Parque urbano, público, accesible y con un arbolado de excelencia.

La rectificación del Alcalde Goia (PNV), el pasado viernes 11 de abril, dando marcha atrás en la operación ilegal de levantar un centro comercial arrasando la ladera verde de San Bartolomé, se tomó en un batzoki. No en el Ayuntamiento. Ante el miedo a los recursos presentados en el juzgado y el desgaste que le venía encima a Goia, el PNV le ha obligado a renunciar a la polémica actuación.

La clave ha estado en la movilización ciudadana, consciente de que había que defender el interés general de la ciudad frente al urbanismo especulativo. Suya es esta victoria. También de la Plataforma Ciudadana que habíamos constituido y que deberá  continuar su trabajo cívico hasta conseguir recuperar el suelo de la ladera de San Bartolomé para ofrecer un Parque urbano público, accesible y con un arbolado de excelencia. Por ello, trabajamos en una propuesta participativa concreta que desarrolle la que ya remití al Alcalde en marzo de 2023 y que no mereció la respuesta del Ayuntamiento.

Fue en 2008 cuando iniciamos la regeneración urbanística del barrio de Amara Zaharra-San Bartolomé, situado en el centro de Donostia, que suponía la construcción de más de 500 viviendas, equipamientos y realojos. Se puso en marcha bajo mi responsabilidad como Alcalde y tras acordar, en una larga negociación con el Ministerio de Interior, el traslado del cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta al Paseo del Urumea. También logramos un complicado crédito de cien millones firmado con cinco bancos, entre ellos Kutxabank, para iniciar las obras de derribo y urbanización general, así como para atender realojos e indemnizaciones de 160 familias.

En 2012, tras el cambio producido en la Alcaldía en 2011, las cuatro constructoras que formaban parte junto al Ayuntamiento de la Sociedad Mixta encargada de gestionar el desarrollo urbanístico, creyeron ver las orejas al lobo con ocasión de la crisis inmobiliaria general y empezaron a presionar al inexperto Alcalde Izagirre (Bildu) y a los Grupos de la Corporación, hablando de un riesgo de quiebra para la Sociedad. De modo que reclamaron a la Sociedad Mixta crear nuevas plusvalías urbanísticas para asegurarse los beneficios que habían previsto.

La respuesta del PNV, Bildu, PSOE y PP fue la aprobación de cinco reformas de transcendencia que les llevó a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habíamos acordado y pusimos en marcha en 2008. Esas modificaciones consistieron en el incremento de 17.000 m2 para usos terciarios (entre ellos un nuevo centro comercial), otro edificio residencial en la calle Easo 22, un hotel no previsto en el viejo colegio, el cambio en la ordenación de calles y edificios, con incremento del tamaño de los pisos, y otras 400 plazas de parking. Esas fueron las concesiones que hicieron a las constructoras.

Esto ocurría en San Sebastián, una ciudad que antes, en 2014, ya empezó a recuperarse de aquella crisis del mercado de la vivienda y que contaba y cuenta con el precio medio de la vivienda más caro en España. Lo que afirmo se recoge en los Informes de Gestión y Cuentas de la citada Sociedad Mixta correspondientes a los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, donde se habla de previsiones optimistas de los resultados y de la reactivación de la venta de viviendas sobre plano. ¿Cómo se explica si no que el Consistorio haya reconocido en un Informe del Interventor sobre los Presupuestos Municipales para 2022 que ingresa 32 millones limpios del conjunto de las operaciones en el barrio? Las constructoras habrían ingresado 45 millones.

Quiero denunciar, a continuación, las falsedades de los dos Alcaldes que no supieron defender el interés general y que ahora, cuando se ven obligados a rectificar, recurren a la misma mentira para justificar sus decisiones en favor de garantizar los ingresos de ls inmobiliarias y, de paso, no asumir sus responsabilidades políticas.

Seré muy preciso en una cuestión clave. En la página 3 del Estudio de Viabilidad Económico Financiera del Plan General que modificaron Izagirre y Goia en 2015, se recoge que el precio medio estimado por la anterior Alcaldía para la venta de las viviendas a construir en Amara Zaharra era de 6000 €/m2, de acuerdo con el valor de la vivienda en el Centro en el año 2010 y reajustado por la crisis. Contrariamente a las falsedades de Goia e Izagirre, la cifra con la valoración de 6000 €/m2 -nunca la de 9000 como ellos afirman- también se encuentra en el Texto Refundido del PGOU de 25-06-2010, Documento 4, Estudio de Viabilidad Económico, página 33. 

Por tanto, no se hicieron en mi etapa como Alcalde ni declaraciones ni estimaciones ni cálculos técnicos en el Plan General que supusieran un riesgo de quiebra o ruptura del equilibrio económico para la Sociedad Mixta San Bartolomé Muinoa en el tiempo que duró la crisis del mercado inmobiliario en San Sebastián.

La decisión de construir un centro comercial y un parking, sin una justificación de intereses general ni necesidad, suponía eliminar una zona verde, incumpliendo el Decreto del Gobierno Vasco de 2012 sobre los estándares locales mínimos de espacios libres y zonas verdes que debía tener el barrio de Amara Zaharra e incumpliendo las dos Sentencias en favor de proteger el patrimonio local y el Plan Especial de Protección de bienes culturales existentes en el ámbito de San Bartolomé. 

De ahí vino la creación de una plataforma cívica, plural y apartidista como respuesta, la presentación de un Recurso ante Alcaldía por la concesión de licencia de obras para el centro comercial concedida a un fondo de inversiones. Y, después, la interposición de un Recurso Contencioso al entender que la citada Modificación del Plan General de 2015 era manifiestamente ilegal. En la web plataformasanbartolome.com ofrecemos toda la información sobre esta barbaridad urbanística, documentación explicativa, noticias y numerosas fotos.

Con la rectificación de Goia se evita una herida a un paisaje natural de la ciudad; se recupera una ladera para ordenar un Parque urbano singular, de 4000 m2 y en pleno Ensanche Romántico de Cortazar; y se evita un parking de rotación, precisamente en una zona de bajas emisiones. Además, vecinos y comercios próximos no sufrirán las complejas obras de cuatro años con los impactos de una excavación en roca de 50 metros, el cierre de calles y las afecciones al transporte público y privado, así como una pérdida -aún mayor- del patrimonio cultural de la ciudad.

Odón Elorza / Ex Alcalde de San Sebastián (1991-2011) y miembro de la Plataforma Ciudadana San Bartolomé.

San Sebastián, 15 de abril de 2025. 

En 2014 y 2015, bajo la iniciativa de los Alcaldes, Izagirre (Bildu) y luego Goia (PNV), se aprobaron los tres pasos que requiere una modificación del Plan General de Urbanismo; en este caso para el ámbito de Amara Zaharra - San Bartolomé, un barrio central donde se había previsto construir más de 500 nuevas viviendas, con realojos y diversos equipamientos.

Entonces, tras el cambio de Alcaldía en 2011, se aprobaron por el PNV, Bildu, PSOE y PP los 5 cambios de transcendencia en un Plan urbanístico diferente al que habíamos acordado y pusimos en marcha en 2008. Las importantes modificaciones -entre ellas el incremento de 17.000 m2 para usos terciarios y otras 400 plazas de aparcamiento- fueron algunas de las concesiones a las 4 constructoras que, con el Ayto donostiarra, formaban parte de una Sociedad Mixta de gestión.

En 2012 creyeron ver las orejas al lobo, con ocasión de la crisis inmobiliaria, y las constructoras reclamaron, precipitadamente en la Sociedad Mixta, nuevas plusvalías especulativas para asegurarse los beneficios iniciales. Esto ocurrió en una ciudad que empezó ya en 2014 a recuperarse de aquella crisis y que cuenta con el precio medio de la vivienda más caro en España.

Es sabido que el Ayto ha obtenido más de 32 millones de ingresos limpios en el global de las actuaciones en ese barrio. Ante la falta de transparencia y la decisión de levantar otro centro comercial arrasando una zona verde, lo que consideramos un fraude de ley por incumplir las normas urbanísticas del Gobierno Vasco y el propio plan municipal de protección de bienes culturales, se ha creado una plataforma cívica como respuesta.

En la web plataformasanbartolome.com ofrecemos toda la información sobre esta barbaridad urbanística del artefacto comercial en la zona verde de San Bartolomé, numerosas fotos, noticias y documentación.

La ciudad de San Sebastián puede reaccionar apoyando a la Plataforma Ciudadana y el Recurso que queremos presentar en el juzgado contra la licencia de obras para impedir un centro comercial que es ilegal, innecesario e insostenible.

Odón Elorza / Ex Alcalde de San Sebastián (1991-2011) y miembro de la Plataforma Ciudadana San Bartolomé.