Odón Elorza

Odón Elorza

PREGUNTA PARLAMENTARIA al Gobierno sobre actuaciones de la UME en Gipuzkoa durante el estado de alarma.

                           A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

 

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA para que le sea contestada por escrito.

 

                                        EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 

Como consecuencia de la crisis provocada en España por la COVID19 y en un marco de colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones del Estado para luchar conjuntamente, en base a las medidas acordadas, contra la expansión del contagio de la pandemia global, formulo al Gobierno la siguiente PREGUNTA para su respuesta escrita:

 

- ¿Cuáles han sido las funciones y actuaciones prioritarias de la UME y las Fuerzas Armadas en el Territorio Foral de Gipuzkoa durante el estado de alarma?

- ¿Ha participado la UME o las Fuerzas Armadas en la desinfección de instalaciones diversas, hospitales, centros de atención médica o residencias de mayores y personas dependientes en el Territorio de Gipuzkoa?

- ¿En cuáles, cuándo y en qué municipios?

- ¿Han surgido problemas o interferencias para desarrollar esos trabajos u otros?

- ¿Se ha solicitado el despliegue de la UME para realizar trabajos relacionados con la lucha contra la COVID-19 por parte del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa o Ayuntamientos?

 

En el Congreso de los Diputados, a 6 de mayo de 2020

 

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ


PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35/bgf

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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la actualización de la normativa sanitaria vigente para adecuarla a las necesidades de una lucha eficaz contra la pandemia global”,

                             A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la actualización de la normativa vigente para adecuarla a las necesidades de una lucha eficaz contra la pandemia global”, para su debate en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2020.

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

 

                                          EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó la situación de emergencia de salud pública, ocasionada por el COVID-19 en diferentes países de todo el planeta, como una pandemia internacional.

Desde entonces, la rápida evolución del contagio del coronavirus, a escala nacional y planetaria, ha requerido la aprobación de medidas urgentes y eficaces para hacer frente a un escenario dramático y desconocido en el campo sanitario para proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía, frenar la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de sanidad pública.

En España, el Gobierno, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, acordó como respuesta la declaración del estado de alarma, conforme al artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que fue prorrogada posteriormente en diversas ocasiones con la autorización del Congreso, conforme al art. 6.2 de la citada Ley Orgánica. Esta ley le habilita a declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

Es constatable que la gravedad de la situación exigía la adopción, sin demora, de importantes medidas temporales para contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico en la sociedad española.

El conjunto de las administraciones públicas se han tenido que enfrentar a una situación no previsible y por tanto desconocida en su alcance y en la gravedad de sus consecuencias. Y han sido necesarias acordar, sobre la marcha, decisiones muy complejas.

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, no prevé todas las necesidades de actuación en un escenario tan complejo como el que vivimos en el siglo XXI para combatir eficazmente la COVID-19. Dicha ley, en su artículo 11 recoge un conjunto incompleto de medidas y supuestos.

Por otro lado, en su art. 12, habilita a las autoridades a adoptar las medidas recogidas en otras normas vigentes de diferente rango para la lucha contra las enfermedades infecciosas en España, que son las siguientes:

- Reglamento para la lucha contra las Enfermedades Infecciosas, Desinfección y Desinsectación, aprobado en julio de 1945.

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3. indica: “la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos (…) así como las que considere necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en el artículo 26.1 habilita a las autoridades sanitarias a adoptar “las medidas preventivas que estimen pertinentes”, entre las que enumera expresamente algunas de estas posibles actuaciones, “y cuantas otras se encuentren sanitariamente justificadas”.

Tras las enseñanzas obtenidas en estas semanas, las citadas normas, aprobadas todas ellas hace más de treinta años, son susceptibles de actualización y adaptación para mejorar el principio de seguridad jurídica, evitando lagunas e imprecisiones en lo que se refiere a las medidas que necesiten aplicar las autoridades responsables para afrontar, en un estado de alarma, una pandemia como la que estamos sufriendo.

Sería necesario recoger con más precisión las medidas preventivas y de protección a seguir, así como incorporar nuevos protocolos y procedimientos de actuación en régimen de cogobernanza entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos.

Se trata de medidas y actuaciones relacionadas con el confinamiento de las personas en sus casas, la limitación del uso de la vía pública, el cierre de centros educativos, la paralización -por fases- de la actividad económica en empresas, servicios y locales comerciales no esenciales, la aplicación de protocolos sanitarios para la mejor defensa de la salud de la comunidad, la compra por procedimientos de emergencia en el mercado internacional de equipos de protección personal y diverso material sanitario, decisiones y acuerdos para promover la producción nacional de equipos y material sanitario, instrucciones sobre colaboración entre administraciones, criterios sobre hospitalización y protección de las personas, actuaciones sobre suministros farmacéuticos y distribución, regulación de la actividad de recursos en instalaciones de titularidad privada -hospitalaria y residencial- , etc ..

 

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

 

                                                  PROPOSICIÓN NO DE LEY. 

 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar las reformas y mejoras precisas en la normativa vigente para que, en un régimen de cogobernanza entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, se incorporen las medidas, protocolos y actuaciones más adecuadas para un escenario de lucha contra una pandemia global”.

 

Nota: PNL registrada el 17 de junio de 2020. 

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PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre “la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19”.

                                A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre “la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19”, para su debate en la Comisión de Calidad Democrática, contra la corrupción y reform.inst.yleg.


Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2020.

 

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ.

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

               
                                           EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La aparición en España del coronavirus produjo uno de sus impactos iniciales en el Congreso, acordando el diez de marzo la Presidenta un cierre preventivo de actividades a petición de un Grupo político afectado por el contagio. A continuación, el día doce, se procedió a suspender Plenos y Comisiones y dictar servicios mínimos para los siguientes quince días a la vez que se garantizaba disponibilidad ante situaciones o procedimientos urgentes. Todo ello de común acuerdo entre los Grupos en la Junta de Portavoces.

Las medidas de paralización quedaron confirmadas con la declaración del estado de alarma acordada por el Gobierno pocos días después. En todo el tiempo transcurrido, el Congreso ha permanecido abierto, como corresponde a una actividad esencial en un Estado de Derecho por parte de una institución garante de la democracia. En especial, en cuestiones como el pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.

La combinación de actividades presenciales con las telemáticas, por ejemplo en los Plenos, ha sido la opción razonable ante la orden de confinamiento y las normas de protección sanitaria que alcanzan a la generalidad de los diputados. Esa combinación, no ensayada hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien. Lo cual es de importancia para la calidad de nuestra democracia también en situaciones de excepcionalidad. Se trataría ahora, en caliente, de plantear la aprobación de una regulación de las fórmulas de funcionamiento a seguir en este tipo de escenarios.

La Mesa y la Junta de Portavoces han buscado con acierto las fórmulas apoyadas en mecanismos precisos, aprovechando las posibilidades que ofrecen los sistemas tecnológicos de comunicación, para que no se paralizase la función legislativa del Congreso. Se trataba de poder debatir y autorizar en Plenos la convalidación de la legislación de emergencia aprobada por el Gobierno para combatir el coronavirus con medidas de actuación en el campo sanitario, sociolaboral y económico.

En concreto, la Cámara ha celebrado distintos Plenos, tanto para autorizar la convalidación de los RDL del Gobierno sobre la declaración. del “estado de alarma” -en cumplimiento de los artículos 116 de la Constitución y 162 del Reglamento del Congreso- como para aprobar otras medidas del Consejo de Ministros. Estos Plenos se han desarrollado con una asistencia simbólica de diputados, utilizando la mayoría no presente el voto telemático y siguiendo su desarrollo desde el Canal Parlamento disponible en la página web del Congreso.

Además, se han celebrado reuniones de diferentes Comisiones con presencia reducida a los portavoces y a los ministros comparecientes. Entre ellas la de la Comisión de Sanidad para el seguimiento de las medidas contra el COVID-19. Todas ellas se han podido seguir desde el Canal Parlamento. También se ha recuperado la sesión plenaria de control al Gobierno y de debate de distintas iniciativas, con presencia reducida de diputados según lo acordado.

Con las medidas de confinamiento y la imposibilidad de seguir con la actividad ordinaria del Congreso, la vía del teletrabajo ha servido para dar continuidad a parte de las tareas cotidianas de los diputados. La actividad en común de grupos de trabajo ha sido posible por medio de aplicaciones tecnológicas que la Cámara ha puesto a disposición de sus miembros, lo que ha permitido celebrar encuentros virtuales y videoconferencias. Por cierto, la vía de la videoconferencia ha sido utilizada en las conferencias semanales del Presidente de Gobierno con los Presidentes de las CCAA o para las del Ministro de Sanidad con los Consejeros de los Gobiernos autonómicos.

La crisis provocada por la pandemia global ha supuesto un reto para todos los Parlamentos del mundo que han tenido que modificar sus normas internas de funcionamiento, priorizar el tratamiento de temas relacionados con la COVID-19 en sus sesiones de Pleno, utilizar el sistema de teletrabajo y hacer reuniones oficiales por videoconferencia para garantizar la continuidad de sus sesiones de trabajo, fijar una distancia personal de seguridad con ocasión de la celebración de sesiones con votación, etc.

Se dispone de una amplia referencia de los cambios de Reglamento, resoluciones y medidas especiales adoptadas a lo largo de marzo y abril por señalados Parlamentos. Entre otros, los de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia o el propio Parlamento Europeo. Los análisis disponibles señalan que esos Parlamentos se han planteado fórmulas y adoptado acuerdos de funcionamiento provisional similares a los del Congreso.

Durante las pasadas semanas y desconociendo cuándo se podrá volver a la plena normalidad en el Congreso, se ha producido alguna discusión sobre cuál debía ser, mientras tanto, el alcance de su actividad. En todo caso, podemos reconocer el buen funcionamiento del sistema de votación telemática y se deberá analizar la conveniencia de su uso para la celebración de Comisiones en situación de confinamiento.

En definitiva, contamos con la experiencia del funcionamiento en estas semanas de un Parlamento cuasi virtual, las amplias posibilidades prácticas que ofrecen las tecnologías de la comunicación y las disposiciones que llegan de otros Parlamentos sobre nuevos métodos de trabajo adaptados a un escenario de emergencia.

De ahí la conveniencia de abordar el estudio de una regulación precisa del funcionamiento del Congreso para un escenario excepcional. Esta regulación tendría que recoger el sistema de teletrabajo de los diputados con rendición de cuentas, el campo de utilización del voto telemático en los Plenos, las aplicaciones de teleconferencia para celebrar reuniones y Comisiones, incluso con voto telemático, la posible presentación y desarrollo de las diferentes iniciativas parlamentarias, los plazos de las tramitaciones, los servicio mínimos que ha de prestar la Cámara y el aprovechamiento de la página web del Congreso para ofrecer a la ciudadanía información transparente y accesible sobre las actividades, debates y acuerdos de la institución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

                                               PROPOSICIÓN NO DE LEY.

"El Congreso de los Diputados acuerda:

1. Manifestar, ante la situación de excepcionalidad que afecta al funcionamiento de la Cámara y en el escenario de un “estado de alarma” que establece la medida sanitaria de confinamiento general para frenar la expansión del COVID-19, que el funcionamiento del Congreso cumple una actividad esencial para la democracia como expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.

2. Estudiar las posibilidades de adaptar el Reglamento de la Cámara a un modelo de funcionamiento del Congreso para un escenario similar al de la crisis de la COVID-19, que incluya un plan de medidas operativas y fórmulas de trabajo que garanticen el mantenimiento de las actividades parlamentarias imprescindibles, que establezca las condiciones para el desarrollo de las sesiones de Pleno y Comisiones así como para el ejercicio de las diferentes iniciativas parlamentarias, señale el papel que en cada actividad desarrollarán los sistemas tecnológicos y telemáticos y fije los servicios mínimos de la Cámara para el cumplimiento de las funciones de la institución y de los diputados”.

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Reconstruir nuestra democracia a tiempo.

Una ciudadanía amenazada por incertidumbres vitales -desde el coronavirus al desempleo y continuando por la emergencia climática- ; una sociedad descreída de la política y en alerta permanente por los fallos del sistema y el peligro de algunos dirigentes pandémicos mundiales; y una opinión pública confusa ante los desafíos que plantea una globalización ajena a las reglas democráticas, configuran un escenario ideal para engordar la crispación que promueven las fuerzas populistas ultraliberales y autoritarias. La degradación de la política y las crecientes desigualdades conllevan la desafección ciudadana a la democracia.

La respuesta consiste en acordar fórmulas innovadoras para acercar la política a la calle y ganar la confianza ciudadana en sus instituciones. Por eso hay que desarrollar iniciativas, más necesarias tras la crisis provocada por la COVID-19, que complementen la democracia representativa con buenas prácticas políticas y la aplicación de herramientas tecnológicas en favor de la democracia participativa.

La situación reclama cambios en el funcionamiento y eficacia de las instituciones, especialmente del Congreso que es el centro de la vida democrática y donde reside la soberanía popular. Subrayo, por otra parte, la imperiosa necesidad de transformar un sistema económico cada día más injusto y de regular una globalización que no responde a pautas democráticas, cuestiones que erosionan la credibilidad y calidad de la democracia. Planteo aquí cinco objetivos:

1- El Parlamento, como escuela de democracia, ha de promover nuevas actitudes de regeneración que garanticen la renovación y la independencia de los órganos constitucionales, organismos reguladores y supervisores, la separación de poderes, la eliminación del voto rogado, el desarrollo de una Gobernanza participativa y la búsqueda de Pactos de Estado. Esto conlleva la aplicación en la acción política de los principios de diálogo, transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad. En este caso, mediante la aprobación de códigos éticos para los cargos públicos y nuevas medidas contra la corrupción.

2- La tarea de la reconstrucción social y económica de España debe avanzar de la mano de una reconstrucción de la democracia. Las grandes políticas democráticas para reforzar lo público, como la Sanidad, y lograr un crecimiento justo y sostenible tienen que apoyarse en el consenso entre fuerzas políticas y con la sociedad. Por ello, en el marco de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción se ha incluido la comparecencia de entidades y expertos, además de la recogida de propuestas de organizaciones ciudadanas a través del nuevo canal de participación o buzón de correo electrónico. Todas las aportaciones deben ser publicadas para socializar el debate.

3- De acuerdo con los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución, el Congreso tiene que abrirse a la participación plural de expertos y organizaciones representativas de la sociedad en la tramitación de las leyes y antes de iniciar la fase de enmiendas. Lo que significa formalizar en el Congreso la audiencia o comparecencia de entidades interesadas, por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley, para escuchar sus opiniones y recibir aportaciones escritas que enriquezcan el debate legislativo. Al actual procedimiento se añadiría una fase de participación deliberativa, algo que no significa un obstáculo para una tramitación legislativa ágil, sino una garantía de mayor eficiencia de la ley resultante y una mayor legitimación social.

4- El Congreso ha de apostar por la utilización de las tecnologías de comunicación que han permitido su funcionamiento virtual/presencial durante el confinamiento. Y aprovechar las herramientas digitales, como la página web oficial, poniéndolas al servicio de la participación online y de una información transparente y accesible. Las TIC son la vía para dar a conocer el trabajo del Parlamento a la sociedad, incluida la huella legislativa, y permiten un mayor control ciudadano. Es la forma de despertar el interés de la sociedad en los procesos democráticos abriendo mecanismos de interacción en la toma de decisiones públicas.

5- Los esperados Fondos de la UE para la recuperación económica frente a los efectos devastadores de la pandemia global, deberán servir para crecer de otra manera, con valores democráticos y con un plan de reformas estructurales del modelo productivo y energético basado en los ejes de las transiciones: la digital para formar a personas y crear empleo de calidad, y la climática en favor de una economía verde y la supervivencia del planeta. Pero la concreción del plan y el control, la fijación de objetivos, aplicación interna de fondos y su gestión, requieren un acuerdo participativo de gobernanza democrática que sea transparente, leal, cooperativa y corresponsable. Una gobernanza compartida entre las diferentes administraciones y agentes socioeconómicos.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 16 de junio de 2020 / Publicado en infolibre.es

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