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El PP ataca al Estado de Derecho al bloquear la renovación de los Órganos Constitucionales.
Pablo Casado ataca la Constitución y las bases de la democracia al bloquear la renovación de los órganos constitucionales con la excusa de que Unidas Podemos está en el Gobierno. Es una posición descaradamente irresponsable y provocadora, una venganza cayetana y una estrategia extremista para competir con la Moción de VOX. Con ello impide el normal funcionamiento del Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Consejo de Transparencia, Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central y Consejo de RTVE. Es más, el PP desprecia el papel clave de estos organismos y lo hace violando la Constitución.
Son precisamente estos órganos vitales para la democracia los que por su naturaleza y funciones hacen posible la grandeza de un Estado de Derecho que debe garantizar desde la separación de poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad de las administraciones, hasta el cumplimiento de otros principios en una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación, el control y la rendición de cuentas. ¿Qué cabe pensar de un PP que bloquea la elección de magistrados y vocales sabiendo que un acuerdo y sus votos son decisivos para alcanzar en Las Cortes las mayorías cualificadas exigidas de tres quintos?
La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar los miembros de diversos órganos constitucionales. Como es el caso del Defensor del Pueblo (art. 54 CE), los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) u ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159 CE). Además, las leyes que regulan la creación de organismos especialmente importantes para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, también han optado por un sistema de elección parlamentaria frente a sistemas de nombramiento corporativo.
Para que dichos nombramientos por el Congreso y Senado reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como las leyes establecen distintas mayorías reforzadas. Desde la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración de RTVE, hasta la mayoría absoluta necesaria para ratificar al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pasando por la mayoría de tres quintos con la que se debe contar para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, así como del Defensor del Pueblo. El objetivo es que los candidatos elegidos lo sean por consenso, posibilitando a la minoría parlamentaria la participación en los consensos.
Una vez producida una vacante en estos organismos, Las Cortes, especialmente el Congreso de los Diputados, tienen la obligación constitucional de proveer, mediante el procedimiento descrito, la renovación de su composición. Solo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución que establece unos mandatos temporales de los miembros de los órganos constitucionales. Como ocurre con el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (cinco años en ambos casos) o el Tribunal Constitucional (nueve años). A su vez se acata lo señalado por las leyes que regulan la creación de otros organismos institucionales, que también establecen plazos tasados para los mandatos de sus miembros.
Para que una sociedad democrática funcione de modo ejemplar es fundamental conseguir que la ciudadanía respete y valore sus instituciones. Se trata de una condición sin la cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir con las normas que las regulan. Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y acordar las renovaciones en los plazos constitucional y legalmente establecidos.
En este momento, casi todas las instituciones que necesitan la designación parlamentaria están pendientes, en distintos grados, de renovación desde hace más de un año: El CGPJ desde noviembre de 2018, el Defensor del Pueblo desde junio de 2017, desde enero de 2018 un puesto de vocal del Tribunal de Cuentas, que debe ser designado por el Senado y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde noviembre de 2017. También están pendientes de renovación, desde noviembre de 2019, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Administración de RTVE lleva a su vez desde julio de 2018 pendiente del nombramiento de sus miembros.
Ante la actitud de bloqueo del PP, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en mayo una Proposición para que el Congreso proceda, sin más dilación, al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los órganos constitucionales y en organismos de control y supervisión. Para ello, los partidos han de hacer el máximo esfuerzo para lograr el consenso de mayorías reforzadas en torno a personas de mérito y capacidad demostrada, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia e imparcialidad en el desarrollo de sus tareas. Por tanto, el procedimiento a seguir ha de ser profundamente democrático, alejado de un mero reparto de cuotas y de nombramientos subordinados a los partidos, lo que impediría la separación de poderes y la independencia de aquellos órganos.
Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa
San Sebastián, 6 de septiembre de 2020 / Publicado en InfoLibre.es
