Odón Elorza

Odón Elorza

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Aportaciones sobre el modelo de Rendición de Cuentas y sobre los Proyectos de Inversión acogidos a los Fondos de la UE para su inclusión en el IV Plan Gobierno Abierto.

Las dos consideraciones que explico a continuación las he presentado como alegaciones por la vía del Portal de Transparencia en esta segunda fase de consulta pública, en octubre de 2020, para intentar mejoras y concreciones en el Documento del IV Plan Gobierno Abierto, promovido por el Ministerio de Política Territorial y cuyo contenido me resulta positivo y ambicioso.

1. En primer lugar, pido mayor concreción y un reforzamiento en el IV Plan de los mecanismos sobre Rendición de Cuentas del Gobierno de coalición. Es muy importante que esos mecanismos permitan conocer, seguir y evaluar el estado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno incluidos en su Programa de legislatura, así como en el Plan Normativo y de los Proyectos de inversión que se presenten para ser financiados por los fondos de la UE en su MRR.

Entiendo que el IV Plan debería añadir el compromiso de colaborar con el Gobierno para que dé a conocer, en la web oficial lamoncloa.gob.es y en el Portal de Transparencia, su Programa así como los grandes objetivos estratégicos y actuaciones comprometidas. Una comunicación pública que tendría que estar tratada, ser rigurosa y resultar accesible, transparente y reutilizable por la población.

Es necesario impulsar la publicación en internet, por la Administración General del Estado (AGE), de un cronograma de ejecución de los grandes objetivos con un sistema que permita su evaluación con indicadores que se actualicen y muestren el estado de los compromisos recogidos en el Programa de Gobierno y demás Planes.

Se requiere una información clara que ponga en relación las actuaciones del Gobierno con las partidas vinculadas en los Presupuestos Generales del Estado. Una información que vaya recogiendo los problemas u obstáculos que surjan en el camino del cumplimiento de Planes y Programas y que explique las razones de los cambios de objetivos que se acordaran por el Gobierno.  

Además, las web citadas tienen que ofrecer un espacio para interactuar, un espacio de participación a modo de foro deliberativo que permita formular preguntas, propuestas o hacer comentarios con garantía de respuesta por parte de los responsables del IV Plan Gobierno Abierto 2020-2024 para España y de quienes forman parte del Foro.

 

2. La segunda aportación que planteo se refiere a los Proyectos de Inversión que el Gobierno de España presentará, cumpliendo las condiciones, a las ayudas financieras del Fondo MRR de la Unión Europea.

Los Proyectos de inversión que se presenten por el Gobierno de España al Fondo de la UE de Recuperación Next Generation, formarán parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y debieran ser contemplados, como otros planes y programas de gobierno, con determinación de compromisos específicos en el IV Plan de Gobierno Abierto, 2020 - 2024.

Para recibir apoyo financiero en el marco europeo del MRR, España presentará Proyectos relacionados con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Actuaciones sobre reformas que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyan a avanzar en las transiciones verde y digital, promover la creación de empleo, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades.

Por bien, el IV Plan Gobierno Abierto, hoy en fase de nueva consulta, tiene la oportunidad de incorporar a los compromisos del Gobierno los Proyectos de Inversión que se presenten a la UE. Se trata de facilitar su conocimiento, reflejando de modo claro sus contenidos en una página específica o espacio diseñado en el Portal de Transparencia y en el Portal de Moncloa. También debe permitir el seguimiento público de los mismos y de sus incidencias para permitir una rendición de cuentas periódica por parte del Gobierno.

Para ello, hay que poner a disposición de los anteriores objetivos recursos tecnológicos innovadores e instancias de participación en los que se sustenta el IV Plan, en especial el Portal de Transparencia.

Por tanto, corresponde al IV Plan de Gobierno Abierto incorporar un mecanismo de información sobre el proceso de selección, elaboración, aprobación, aplicación, seguimiento de cada Proyecto, así como de evaluación periódica de los impactos y efectos logrados por las inversiones. Todos ellos habrán de cumplir con los principios de transparencia, participación, integridad, control y rendición de cuentas.

Así mismo, el IV Plan de Gobierno Abierto ha de implicar a la AGE en el buen funcionamiento de los mecanismos que permitan una GOBERNANZA óptima de cada uno de los Proyectos, lo que implica el cumplimiento de los cinco principios antes señalados.

Odón Elorza / Secretario Federal del PSOE de Transparencia y Democracia Participativa.
San Sebastián 15 de octubre de 2020.

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Intervención en la Comisión de Presupuestos en defensa de las partidas de gasto para Presidencia-Moncloa.

Presidenta, Señorías, estimado Subsecretario de Estado compareciente:

Un Presupuesto siempre es algo discutible por la oposición y más si ofrece un incremento - aunque contenido al 5,9 % - de las partidas de gasto y se refiere, como es el caso, a los medios con los que se dota a la Presidencia del Gobierno y Relaciones con Las Cortes. En democracia, la crítica y el control sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado es un ejercicio obligado.

Esta Sección 25 del PGE’21, recoge los recursos para que funcione con garantía la maquinaria central, el laboratorio de ideas, el espacio de análisis, de estrategias, elaboración de planes y dirección del sistema del Gobierno de coalición. Me refiero a Moncloa.

Pero, de entrada, hay algo que sus Señorías no pueden perder de vista: un Presupuesto no es un conjunto de cifras frías. Debe ser un instrumento en favor de una democracia social, un Presupuesto ha de ser una herramienta para forjar una democracia más justa.

Por tanto, no olvidemos la coyuntura de profunda crisis sanitaria, social y económica en la que debe operar este Gobierno para hacer frente a las emergencias, a las transformaciones y reformas estructurales, a las transiciones digital y ecológica o retos propios del siglo XXI, para hacer avanzar las políticas de igualdad y para la preparación y gestión de los proyectos del Plan de Recuperación que contarán con ayudas condicionadas del Fondo Europeo. Así como para cumplir una agenda internacional de presencia y protagonismo activo del Presidente en la UE y otras instancias en defensa de los intereses del país.

Además, el Gobierno tiene que preparar y sacar su Plan Normativo, un plan legislativo a cuatro años, muy ambicioso, a presentar en Las Cortes. Pues bien, todo ello requiere el apoyo de un equipo humano fuerte y capacitado, medios y recursos a disposición de la Presidencia de Gobierno.

A cambio de esas dotaciones es razonable que la ciudadanía y la oposición exijan que las tareas anteriores se ejecuten con acierto, eficiencia, agilidad y con la complicidad y participación - mediante procesos de GOBERNANZA - con otros gobiernos y administraciones en España. Y desde un modelo de Gobierno Abierto, transparente, íntegro, que rinda cuentas del cumplimiento de sus planes y compromisos a la ciudadanía y al Parlamento.

Unos PGE como estos, en esta situación de pandemia, desafección hacia la política, recesión económica e incertidumbres para buena parte de la ciudadanía, dará respuestas a las demandas de la sociedad española y legitiman la democracia. También han de actuar como una herramienta para reforzar esa democracia amenazada por el populismo ultra y los discursos del trumpismo.

Por último, contaremos con un presupuesto -algo que aquí no se valora- que proyecta VALORES. Un Presupuesto debe proyectar valores acordes con el logro de una democracia más justa. Los valores de un Presupuesto en una situación de crisis triple, como la que atravesamos, deben ser valores de empatía social en defensa del interés general, de solidaridad, de igualdad, de aspiración a transformar un modelo productivo para hacer que este país prospere y tenga un futuro. Y este Presupuesto, además de legitimar la DEMOCRACIA, ha de ser democrático en sus objetivos en busca de la justicia social para toda la ciudadanía española.

Muchas gracias.

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Intervención en la Comisión Constitucional en defensa de una Ley para la Protección de denunciantes y alertadores de casos de corrupción.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

COMISIÓN CONSTITUCIONAL. - Núm. 183 20 de octubre de 2020. Pág. 25

SOBRE «LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA RELATIVA A LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DENUNCIANTES DE CASOS DE CORRUPCIÓN». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000927). 

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.o del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trasposición de la Directiva europea relativa a la protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción. Para su defensa, tiene la palabra el señor Elorza Gonzalez, Portavoz Socialista en la Comisión Constitucional.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, dice el poeta Blas de Otero —bilbaíno, por cierto, señor presidente—, en unos versos muy conocidos, aquello de: España, camisa limpia de mi esperanza y de mi palabra viva. Luego se hizo una canción por parte de Víctor Manuel.

Esta es una PNL que presentamos ya en mayo y que no tiene ningún ánimo de confrontación con ninguna fuerza política, sino que lo que pretende básicamente es conseguir generar ya una voluntad política de consenso, de concordia, para que cuando el Gobierno —que está en ello, como explicaré— presente su proyecto de ley, podamos saldar una deuda que tiene el Parlamento con aquellas personas denunciantes, alertadores, que están sirviendo con su testimonio a la causa de la lucha contra la corrupción, a la causa del combate y de la prevención contra la corrupción en España.

Se lo debemos, son personas que lo están pasando muy mal, conocemos casos por sus testimonios y, por tanto, tenemos que saldar esa deuda. Ha habido algunas iniciativas, es verdad, pero entendemos que no se ajustaban realmente a las normas establecidas, normas mínimas, de esa directiva europea del año pasado.

El Gobierno tiene un año, ciertamente un poco más, para hacer realidad esa trasposición de la directiva y convertirla en proyecto de ley. Se está iniciando ya ese trabajo, aparte de por el Gobierno, por el Ministerio de Justicia, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo oficial, que es la Comisión de Trabajo de Codificación, que presentará un documento al ministerio.

Ese trabajo ya iniciado se está realizando además en contacto en reuniones que serán inmediatas con colectivos, con asociaciones conocidas como Transparencia Internacional, Corruptil, etcétera, que permita presentar un documento, habiendo escuchado en el trámite de consulta al Gobierno la opinión de las partes.

¿Qué pretendemos con esta iniciativa, con esa proposición, como digo, de concordia?

En primer lugar, reiterar el compromiso del Gobierno y de los grupos que le apoyan en el sentido de instar a la presentación de una ley tan necesaria que proteja a denunciantes, alertadores de casos de corrupción, de casos que atentan o atacan normas internas en España.

En segundo lugar, pretendemos el reconocimiento a las personas, como he citado, que están jugando y deben jugar un papel todavía más importante en la denuncia de estos casos y que sufren acosos, amenazas o represalias de todo tipo. Hay que aportarles garantías.

En tercer lugar, como decía, esta llamada al consenso, a la voluntad de los grupos políticos sobre el texto, que estoy convencido de que se presentará con buen talante y que será una ley más o menos amplia e integral que vaya más o menos avanzada respecto de las normas básicas que establece la directiva europea.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, como he dicho antes, trabaja ya sobre esta materia porque la lucha contra la corrupción, con esta ley en concreto, persigue atacar los efectos que provocan en la credibilidad de la democracia los casos de corrupción y, por tanto, reconocemos que su necesidad es perentoria e inmediata.

La directiva europea establece unas normas básicas, mínimas, que luego pueden ser desarrolladas y ampliadas, en cada caso, por los Estados nacionales de la Unión Europea, y para eso tenemos como fecha límite de aprobación de esa trasposición y de esa nueva ley, como saben ustedes, diciembre del año 2021. Confiemos, por tanto, en que ese texto sea un texto completo y sea un texto que cumpla satisfactoriamente con la realidad de la situación.

Como se dice también en la propuesta de votación, queremos que ese proyecto de ley venga ya al Parlamento trabajado en un proceso —dice la PNL del Grupo Socialista— de participación y deliberación. Corresponde, como es normal en la elaboración de cualquier ley, que haya procesos de consulta pública en su tramitación para que no solamente los grupos parlamentarios, sino también la sociedad española, sus entidades más representativas y más concernidas en este caso en la materia de la lucha contra la corrupción, se sientan, de alguna manera, implicadas y se sientan partícipes de ese texto que aquí se va a presentar.

Repito que no queremos sino generar ya conciencia a favor de la ley y recordar que no se ha olvidado el Gobierno, que es uno de los compromisos que tiene en su programa de gobierno, que este año 2020 no está en su plan de actuaciones legislativas, pero que lo estará para el año 2021, como he dicho, porque la Comisión General de Codificación ya está trabajando. Gracias, presidente. Muy amable.

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¿A donde van los abrazos que nos perdemos?

La pandemia está produciendo un daño emocional incalculable en las personas de edad más avanzada al provocarles un miedo real por su vida y un gran dolor por no poder disponer del tiempo que les queda de existencia para disfrutar de maravillosas cosas pequeñas y habituales, realmente imprescindibles. Como los abrazos que se dejan de dar a las amistades o a los nietos. Porque, en la actual situación, no hay certidumbre de que lo podrán hacer el año que viene.

Cuando resulta muy patente que el tiempo de vida es finito, perder un año tiene un valor incalculable. Un año sin poder disfrutar de los colores, olores y sensaciones de la primavera por estar confinados, de los encuentros y vivencias con la familia o amigos en los días largos del verano por las obligadas precauciones, de las visitas a personas queridas ingresadas en residencias o de las citas imposibles entre personas mayores para pasar el rato con la duda de si el encuentro será de nuevo posible. ¡Y qué decir del triste panorama que se presenta con un Otoño que no podremos apreciar en el monte o con las dificultades para celebrar las reuniones familiares en la próxima Navidad!


Las incertidumbres provocadas por el virus, el cambio radical de hábitos y las restricciones que acompañan a la pandemia de la COVID-19 provocan un estado de ansiedad y angustia a la sociedad. Además, hay sectores en la población joven que, habiendo interiorizado que el virus no les afecta en igual medida, no acaban de aceptar renuncias temporales a su modelo de ocio. Pero  no deberían olvidar los efectos tan negativos que provocará un contagio prolongado en sus proyectos personales y en la salud de sus mayores.

Esta crisis amenaza la salud física y psíquica de las personas, los empleos y negocios, la economía del país, las relaciones familiares y sociales, el disfrute del ocio y la vida cultural. Y, sin duda, afecta a aspectos de la libertad personal que se ve sometida a restricciones y sacrificios necesarios en el marco de un estado de alarma para salvar vidas.

Pasamos por una emergencia inimaginable hace ocho meses. Son muchas las razones por las que la ciudadanía exije a quienes estamos en política un acusado sentido de responsabilidad y empatía social, medidas eficaces acordadas con rigor, comportamientos éticos y la defensa coherente del interés general, dejando aparcado el sectarismo partidista. A su vez, también es imprescindible reclamar a la sociedad una actitud de responsabilidad, solidaridad y disciplina colectiva para luchar juntos contra esta pandemia.

No vivíamos antes en un mundo feliz, ni justo ni igualitario. Pero la nueva realidad nos sitúa en un estado de emergencia y nos vuelve a todos más vulnerables e insignificantes, por lo que deberemos prepararnos para superar como colectivo todo tipo de adversidades.

Mientras, los Gobiernos han de fortalecer la sanidad pública, aplicar medidas para salvar vidas en el marco del estado de alarma y prepararse para gestionar, con agilidad y un sistema de gobernanza, los proyectos de inversión para hacer viable la recuperación económica. 

Ahora toca armarnos de resiliencia y empatía para frenar el contagio hasta la llegada de vacunas efectivas, como un ensayo de cara a afrontar los otros retos de la supervivencia del planeta. Y no lo conseguiremos si permitimos que la antipolítica, el populismo y el trumpismo ganen la batalla del poder político a los valores de la democracia.

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Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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