Quienes siendo muy jóvenes luchábamos en España por ganar la democracia, en los últimos años de la dictadura franquista, lo hicimos con la enorme ilusión que despertaba la conquista de las libertades y los derechos básicos. Luego llegó la esperanza que movilizó a gran parte de la sociedad en favor de la transición democrática por encima de limitaciones e imposiciones.
Superado el intento de golpe militar franquista del 23F, nunca hasta ahora tuve una sensación tan clara de la vulnerabilidad de la democracia. El reciente asalto al Capitolio y sus antecedentes como demostración del avance del populismo nacionalista y la extrema derecha; la valoración creciente que se otorga al factor seguridad en detrimento de otros principios ante fenómenos como el terrorismo, la inmigración y los refugiados, las pandemias o la crisis climática; así como la extensión de la corrupción y los abusos de poder, son ejemplos de realidades que constatan las amenazas a la democracia en el planeta y muestran que no está garantizada.
Nuestro sistema democrático contempla un conjunto de valores supremos que tendrían que impregnar a la sociedad desde la escuela, la política, los medios y los cuarteles. Esos valores se apoyan en la arquitectura que ofrecen una Carta Magna o Constitución y unas instituciones al servicio del pueblo que han de ordenar la convivencia en base a los principios de igualdad, solidaridad y libertad así como resolver los conflictos. Pero tiene que ser un sistema político en movimiento que evite la atrofia de la democracia en un mundo dominado por la revolución tecnológica y que busque su mejora permanente. Un proceso creativo que nunca se dé por acabado porque, además, debe adaptarse a los tiempos y a las nuevas demandas ciudadanas.
La pervivencia y fortalecimiento de la democracia dependerá de la capacidad de reinventarse y evolucionar hacia una democracia más comprometida con la justicia social, la igualdad, la transparencia, la ética, la deliberación y participación de la sociedad y la ciudadanía en la toma de decisiones, más aún a la vista de las potencialidades que ofrece internet. Pero su regeneración dependerá de la acción política que promuevan la sociedad (dentro de ella destaco el papel de los medios de comunicación), la ciudadanía organizada y, en especial, del compromiso de los agentes políticos.
Se viene discutiendo, en medio de una desestabilizadora tensión política, sobre la calidad de la democracia en España. En este punto, debemos evitar una polémica simplista, desenfocada y carente de la necesaria reflexión colectiva para lograr que el debate público resulte riguroso y productivo.
Precisamente, la creciente desafección ciudadana hacia la política y los políticos, sumada a los recientes acontecimientos en USA que desembocaron en el asalto al Capitolio, como una tentativa golpista del trumpismo, ha de animarnos a impulsar ese debate sosegado en las viejas democracias. Debate sobre la salud de la democracia, sus debilidades y amenazas con el objetivo de afianzarla, huyendo tanto de la autocomplacencia de algunos como del derrotismo interesado de quienes lo ven todo negro.
Resulta decisiva, para la credibilidad y el apoyo ciudadano a la democracia, la forma de entender y ejercer el poder y la política por los políticos y los partidos. En medio del malestar social, son los comportamientos viciados de la actividad política los que atacan las bases del sistema democrático.
Me refiero a comportamientos que debilitan la democracia porque desprecian principios como la imprescindible separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley y la justicia; actitudes que se vinculan al rechazo a la práctica del diálogo parlamentario y que utilizan la estrategia antipolítica de la desinformación, las verdades alternativas y las Fake News como armas de intoxicación a la sociedad; partidos que efectúan una gestión institucional ineficiente de los bienes y servicios públicos; líderes que mantienen una actitud condescendiente con la corrupción y con el todo vale para hacerse con el poder o practican discursos de odio y confrontación para polarizar aún más la sociedad.
No conozco ninguna democracia en el mundo que sea perfecta y no aspire a mejorar su funcionamiento y resolver sus carencias. Aunque se podría hablar de grados en la calidad de la democracia no deja de ser un terreno resbaladizo porque los parámetros y evaluaciones que utilizan las entidades en sus estudios no son las mismas. Sus conclusiones no siempre coinciden con la percepción que tiene la sociedad de la democracia ni resultan suficientemente objetivas y aclaratorias.
Hablamos con ligereza de democracia plena, democracia consolidada, democracia imperfecta, democracia autoritaria, anormalidad democrática, etc. Pablo Iglesias fue quien abrió una reciente polémica diciendo que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”. ¿Es eso cierto?¿Cómo interpretarlo?
Por ejemplo, el semanario británico The Economist en su informe “democracy index” de 2020 sitúa a España en el puesto 22 entre 167 países valorados, con 8,12 puntos (bajando seis puestos respecto del año 2019) y dentro del bloque que esta publicación considera como “democracias plenas”. Llama la atención que a partir del puesto 23, con solo 0,10 décimas menos, se inicia el bloque de las llamadas “democracias imperfectas”(52) que incluye, entre otros países, a Francia, Portugal e Italia. ¿Se perciben las diferencias? Luego se encuentran en su evaluación los países con regímenes híbridos (35) y, por último, los países con regímenes autoritarios (57).
Los resultados de The Economist se basan en sesenta indicadores diferentes agrupados en cinco grandes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
Por su parte, la Fundación Alternativas en su Informe de 2019 realizado con las opiniones de 300 expertos sobre el índice de la democracia en España, otorga una puntuación de 6,1/10 a una democracia que considera “consolidada formalmente pero con fallos estructurales”, advirtiendo que tiene un largo recorrido en el terreno de los aspectos sustanciales y señalando diferentes debilidades. Veremos qué dice el informe correspondiente a 2020 que tendrá en cuenta los efectos de la pandemia en el debate político, la vida y la economía del país y la población.
[https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/d994940308e236897d22a70475c6fefb.pdf ]
Cuestión diferente es la percepción ciudadana. Así, el CIS recogía en su encuesta de mayo de 2019 el grado de satisfacción por parte de los españoles -en una escala de 0 a 10- con el funcionamiento de la democracia, con un 32% de insatisfechos, un 45% de satisfechos y un 19,5% que se situaban en el valor 5, a mitad de la escala.
En otra encuesta del CIS, en septiembre de 2018, el grado de satisfacción alcanzó el 42,6% mientras que la insatisfacción de las personas encuestadas era de un 54,8%. Sin duda, se producen opiniones cambiantes y resultados diferentes en cada encuesta en función de la realidad política y económica del momento.
Estoy convencido de que los demócratas españoles queremos seguir perfeccionando el funcionamiento de las estructuras del Estado de Derecho y de los gobiernos y parlamentos. Por ejemplo, mediante la reforma de la Constitución y otras leyes orgánicas, la reducción del nivel de confrontación de la vida parlamentaria y la recuperación de la capacidad de grandes consensos entre partidos de diferentes bloques.
De esa manera, aumentaría la confianza de la sociedad en gobiernos que tienen que servir para ordenar mejor nuestra convivencia, lograr la redistribución de la riqueza por la vía de la fiscalidad, organizar la defensa de los intereses generales y garantizar la vigencia de los principios propios de un Estado de Derecho. Especialmente en este periodo en el que vamos a abordar una nueva transición, decisiva para una recuperación social y económica sostenible, que sería la consecuencia de una gestión ágil, eficiente, transformadora del modelo económico y transparente de los fondos europeos.
Por eso necesitamos fortalecer la democracia cada día, conscientes de que su credibilidad está vinculada a la capacidad y acierto del Estado con todas sus administraciones -incluída la Justicia- para resolver conflictos y atender buena parte de las demandas y necesidades ciudadanas en un tiempo de crisis y desesperanza. En plena pandemia y hablando de salud no vendría mal una vacuna que inocule en el cuerpo social los valores de una ética democrática que cree suficientes anticuerpos para imposibilitar la corrupción.
Sin duda, una valoración positiva de la ciudadanía hacia el sistema democrático guarda relación con la aplicación de políticas de progreso que mejoren la calidad del empleo y combatan las desigualdades, que amplíen los derechos y libertades de un Estado Social, que supongan nuevas iniciativas legales para prevenir y castigar la corrupción, que moderen la confrontación partidista y promuevan la creación de nuevos cauces para la participación, el control y la rendición de cuentas, la integridad en el ejercicio de la política y la transparencia. En sentido contrario, una gestión de la crisis económica que se traduzca en más empleo precario, salarios indignos, recortes de derechos sociales y de libertades provocan, en buena parte de la ciudadanía, una disminución de la confianza en la democracia y sus instituciones.
El mundo vive un siglo XXI sometido al fenómeno de la globalización desregulada y pendiente de los avances tecnológicos en manos de unos pocos. Un tiempo lleno de incertidumbres y nuevos desafíos como la llegada de pandemias y grandes catástrofes naturales derivadas de la crisis climática, el poder incontrolado de los fondos de inversiones y de los gigantes digitales con sus privilegios fiscales o la revolución tecnológica que puede sustituir o influir, con el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial, en el pensamiento y las decisiones de la población.
Todo ello nos obliga a repensar la vieja democracia liberal y a construir una Gobernanza democrática de dimensión planetaria que permita articular instrumentos normativos de control y regulación. Es necesario responder a los problemas y efectos negativos de la globalización, replanteando y reforzando el papel de las instancias y organismos internacionales de carácter multilateral, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, El Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio.
En este escenario adquiere pleno sentido fijar la mirada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es esencial que los derechos del hombre y la mujer sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
Ante semejante panorama, nada puede unir más a la humanidad que la bandera de la democracia para poner en valor sus convicciones y principios. Como conclusión, no olvidemos nunca que defender la democracia exige fomentar un activismo colectivo para innovarla y, a la vez, para responder a cualquier intento de involución, de asfixia desde las redes y a la amenaza autoritaria que representan el populismo trumpista y las fuerzas ultranacionalistas.
Estos movimientos avanzan con una amplia representación en toda Europa. En España, la antipolítica populista se llama VOX, un partido ultra que está apretando el espacio electoral de sus socios, la otra derecha.
Odón Elorza. Diputado por Gipuzkoa y responsable federal de democracia participativa y transparencia del PSOE.
San Sebastián 6 de marzo de 2021 / Publicado en Ethic.es
