Abramos bien los ojos y actuemos.

Ahora que casi todo el mundo político, así como la ciudadanía, dicen defender la sostenibilidad y la mejora del medio ambiente, aquí, en Donostia, estamos a punto de sufrir una barbaridad urbanística. En Amara Zaharra - San Bartolomé se eliminará una zona verde que estaba destinada a la creación de un Parque público accesible de 4000 m2.

En ese lugar, el fondo de inversiones construirá un centro comercial ilegal, que precisa una obra de excavación de 50 metros con el vaciado de la ladera de San Bartolomé, un suelo público calificado como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Sebastián. Esa parcela municipal, respetada durante siglos como entorno de un cerro vinculado a destacados episodios de la historia y memoria de la ciudad, va a desaparecer. Borran así un paisaje que está protegido por dos Sentencias y un Plan de Protección de bienes culturales locales.

Es una decisión equivocada del Ayuntamiento que arranca con la modificación del PGOU en 2015, se revalida en 2023 con un Plan Especial para el desarrollo del centro comercial y obedece a un objetivo no confesado por la Alcaldía, cuál es la obtención desmedida de plusvalías urbanísticas. Todo ello, innecesario e insostenible, se hace sin debate público y sin transparencia.

Muchos imaginan que el artefacto comercial, un proyecto de 24.000 m2 que representa un urbanismo especulativo y que les lleva a levantar un edificio de diez plantas con una “capa verde” encima de sus paredes, se construiría, como por arte de magia, bajo la ladera.

Pero no hay magia posible; se producirá un arrasamiento previo de la ladera e incluso de la memoria. La herida al paisaje natural; la renuncia a recuperar dicha ladera para ordenar un Parque urbano singular en pleno Ensanche Romántico de Cortazar, accesible y con arbolado frondoso; la creación de un parking de rotación, precisamente en una Zona de Bajas Emisiones; las complejas obras de cuatro años con impactos para el vecindario y el comercio del entorno; las afecciones al transporte público y privado; así como la pérdida de un patrimonio cultural. Y va a ocurrir si no lo remediamos de modo cívico desde una plataforma ciudadana, plural y apartidista.

La imagen del vaciado, que no quieren enseñar, tiene que servir para abrir bien los ojos a muchos donostiarras y -en una manifestación de ingenuidad por mi parte- a quienes gobiernan la ciudad. Obsérvala y reflexiona. Pero, además, difúndela con ganas.

Odón Elorza / Donostia-San Sebastián 22 de marzo de 2025
Ciudadano adherido a la plataformasanbartolome.com 

El polémico centro comercial que el Alcalde Goia (PNV) quiere levantar en la ladera protegida de San Bartolomé -que es parte de un bien cultural-, ha conseguido una licencia de obras que, en mi opinión, es ilegal. Lo es por estar vinculada a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana 2015 que incumple la dotación mínima de espacios libres y zonas verdes. Veamos la razón.

El cambio en el planeamiento del barrio de Amara Viejo-San Bartolomé, objeto de una regeneración urbanística que inicié como Alcalde en 2009, NO CUMPLE las determinaciones que establece el artículo 6 del Decreto 123/2012 del Gobierno Vasco sobre cómo se debe realizar el cómputo de las dotaciones sobre espacios destinados a parques, jardines, plazas y zonas peatonales.

El citado Decreto, que regula los estándares de dotaciones públicas, NO PERMITE computar como espacios libres aquellos en cuyo subsuelo se establezcan aprovechamientos lucrativos de titularidad privada y, por tanto, se hayan convertido en bienes no demaniales. Este es el caso de buena parte de los suelos que, aún no siendo computables, se recogen como dotacionales en la reforma del Plan General que hizo en 2015 el Alcalde Goia y otros grupos de concejales para el barrio de Amara Viejo. Grave error.

Lo cierto es que bajo esos suelos se han construido aparcamientos privados. De ahí, por ejemplo, que la nueva calle Alto de San Bartolomé, computada como espacio peatonal, no tenga arbolado. Por otra parte, lo que llaman parque (sin árboles) a situar en esa ladera de San Bartolomé, tampoco puede ser dotacional porque el simulacro de mancha verde está sujetada a las paredes verticales o inclinadas del edificio comercial, que es un aprovechamiento patrimonial privado de un fondo de inversiones.

El Plan Especial que aprobaron ocho años después, en enero de 2023, ha sido recurrido por diferentes entidades ciudadanas ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco. Por tanto, el Ayuntamiento se mueve en este expediente con una gran inseguridad jurídica.

Quienes intentan quitar importancia a las denuncias que está provocando el centro comercial olvidan que estamos, además, ante un proyecto insostenible fruto de un urbanismo especulativo que no aporta nada a la ciudad y perjudica al pequeño comercio local.

No debería extrañar a nadie que, siendo miembro del PSE-PSOE, use mi libertad personal y la condición de ciudadano donostiarra para denunciar una operación urbanística que cuenta con el apoyo de los concejales de ese partido. Ya expresé con mucha antelación, internamente y sin obtener respuesta, mi discrepancia absoluta. Con mayor motivo en los tiempos que corren, un partido no puede ser una secta ni debe funcionar sobre un eje disciplinario.

Llama la atención que ante las tres peticiones formales que he planteado a la Alcaldía para acceder a documentación del expediente, se me haya negado ese derecho recogido en la Ley de Transparencia y reconocido en las tres resoluciones favorables que he obtenido del Ararteko.

Mientras, se siguen cerrando comercios locales en pleno Ensanche Cortazar de San Sebastián y se multiplican las franquicias y los supermercados. No pensemos que “las cosas pequeñas” de la vida municipal no afectan a la credibilidad de la democracia y no hacen necesario activar el valor de la participación ciudadana. Pese a todo, confío en que al final todo se sabrá, aunque vivamos en un tiempo en el que la desinformación y la mentira se imponen.

Odón Elorza / Ex Alcalde (PSOE) de San Sebastián, 1991-2011.
18 de febrero de 2025.

Con la toma de posesión de Donald Trump, sus anuncios provocadores y la frívola fiesta posterior, la Humanidad ha vivido otra jornada negra de su historia. Sus decretos suponen una condena para la Humanidad y el Planeta aunque ellos los han vivido como una explosión de fuegos artificiales.

Ante la plutocracia y sus caudillos ultras no cabe la resignación. El magnate Trump, Musk -señor X- y el séquito de personajes ultraliberales forman una aristocracia populista y falsamente antisistema que, mediante el uso de la mentira y los bulos, el secuestro del significado de la libertad, el desprecio a los valores de la Democracia, busca acumular más poder y más riqueza.

¡Algo hemos hecho muy mal cuando sectores crecientes de la juventud y de sectores humildes de la población apoyan con su voto la narrativa trumpista! Los demócratas debemos acertar en la respuesta movilizadora, con ideas y un nuevo relato que se contraponga al discurso populista y de antipolítica que hace la extrema derecha. Esa respuesta nos debería llevar a la defensa de cuatro principios universales que pueden unir a los demócratas en un ejercicio de activismo :

1º. El interés general de la Humanidad es “lo primero”, como garantía de libertad real para la ciudadanía y frente a los intereses particulares de una plutocracia política.

2º. La Regeneración de esta Democracia herida es una urgencia, por ser el mejor sistema de gobernanza participativa que puede garantizar transiciones justas ante los retos globales y la deriva autoritaria y privatista del trumpismo.

3. Necesidad de una regulación global sobre los usos de la IA y de las herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de las necesidades de las personas y no del beneficio del Sr. X y los gigantes tecnológicos.

4. Promover la reforma de la ONU para una mejor defensa de la paz, la supervivencia del planeta y los bienes comunes globales frente a su apropiación privada.

Nada está garantizado en tiempos de enorme complejidad, incertidumbres, polarización y desafección hacia la política. Me refiero a los derechos y libertades fundamentales de las personas y a la pervivencia de la Democracia representativa. Trump y la extrema derecha cuentan con herramientas tecnológicas que les garantizan un control político absoluto; son las redes y la desinformación apoyada en la utilización de los algoritmos y la inteligencia artificial.

La llegada de un ciclo ultra y reaccionario de la política nos recuerda los años treinta del pasado siglo, cuando el fascismo pretendió la liquidación de la Democracia y provocó millones de muertos y sacrificios. Ahora, la inacción de las sociedades democráticas y de sus representantes así como el largo retraso que llevamos en la regeneración del sistema democrático nos conduce al suicidio. Vamos tarde, aunque debemos reaccionar, resistir y luchar, desde la épica y la ética, para frenar esta marea negra.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado del PSOE por Gipuzkoa (2012-2022)

Publicado en El Diario Vasco el 31 de enero de 2025

La desinformación, con noticias falsas y bulos, discursos de odio y otros contenidos ilícitos o peligrosos discurren sin control por plataformas digitales y redes sociales que son la fuente en donde se informan, sin garantía de rigor y veracidad, un número creciente de personas, especialmente jóvenes. La manipulación de las herramientas digitales, al servicio de las posiciones ultras y trumpistas, las ha convertido en una amenaza para la Democracia. Y la situación empeora tras las decisiones de X y Meta de restringir su moderación de contenidos, a pesar de la reciente regulación europea que los gigantes tecnológicos no están cumpliendo.

La historia se repite y la comunicación juega un papel clave en la pervivencia de la Democracia. Ahora, el canal de la información es digital como consecuencia de la revolución tecnológica y al perder influencia y capacidad de intermediación los medios clásicos de prensa, radio y tv. En una sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas en las plataformas, gracias a la aplicación de logaritmos y de la inteligencia artificial. Lo hemos visto con ocasión de la pandemia y las vacunas; en las elecciones de EEUU, Rumanía, Brasil, Alemania y otros países; durante la DANA, sobre su origen y el número de fallecidos; con el ensalzamiento de una dictadura franquista de 40 años; o con la actual campaña de Elon Musk pidiendo el voto en favor de la extrema derecha alemana.

La Democracia representativa no es eterna ni está garantizado que pueda resistir la estrategia de desinformación y mentiras que promueven sus enemigos y los errores y vicios que arrastra el propio sistema. Si no regeneramos y perfeccionamos la Democracia, sin demora, la perderemos. Olvidamos que su defensa costó millones de vidas y sacrificios el pasado siglo. Ahora, el asedio a la Democracia del populismo ultra es más sutil. No precisa de golpes de estado militar pero cuenta con otras armas con las que ganan elecciones y debilitan el sistema democrático. Entre ellas, las herramientas tecnológicas, la mentira como estrategia y una narrativa populista y antisistema.

En el siglo pasado, las fuerzas totalitarias -el nazismo alemán y después el comunismo soviético- eliminaron la Democracia en media Europa. Se utilizaron el terror, la propaganda política y los bulos racistas. También tenían en sus manos la mayor parte de los medios de prensa.

Hoy, las redes sociales están invadidas por la desinformación porque los gigantes tecnológicos no respetan la regulación europea y solo les importa ganar poder y obtener más beneficio económico. Por eso permiten contenidos ilegales, bulos y amplifican noticias falsas de gravedad desde cuentas falsas y robotizadas, sin retirarlas con rapidez ni suspender las cuentas de los autores. Por todo ello, se precisan respuestas efectivas de la UE para que se regule, con concreción, una desinformación que acelera la polarización de la sociedad. También debería la UE promover  un modelo democrático de redes sociales con vocación de servicio público y transparente.

Las grandes plataformas digitales de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer su oligopolio. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, pasa por encima del interés general de la ciudadanía, de la ética digital y de la regulación europea que trata de ordenar su funcionamiento en un Estado de Derecho.

Los gigantes tecnológicos no garantizan el acceso a una información veraz (un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución), el respeto al honor de las personas y a la privacidad de sus datos, la comunicación y el debate en libertad en sus redes. Por ello, la Comisión Europea decidió regular la actividad de las plataformas digitales para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, así como para garantizar los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y un funcionamiento transparente y controlado del ecosistema de servicios digitales.

El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento, así como el Código de buenas prácticas contra la desinformación -una norma de autorregulación a seguir por las plataformas digitales-, constituyen la normativa en el ámbito de la Unión Europea. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram y Amazon.

Sin embargo, con ser un avance, el citado Reglamento resulta insuficiente porque la DSA no establece la responsabilidad de las plataformas por los contenidos ilegales o peligrosos cuya difusión permiten y amplifican, ni la obligación de aplicar filtros éticos y realizar una moderación de aquellos contenidos con carácter preventivo. 

Necesitamos una ley que identifique y tipifique aquellos casos de desinformación ilegal cuya falsedad sea verificable, que se efectúen con clara intención de engañar y causen perjuicios muy graves. Esta tarea, en desarrollo del Reglamento de la UE, se deja en manos de los Estados miembros mediante una ley nacional que respete los criterios que fija el Reglamento. Un proceso legislativo que requiere un consenso parlamentario amplio y plural, que será complejo y resbaladizo porque el resultado de una regulación de la desinformación no puede colisionar o afectar al ejercicio de la libertad de expresión ni servir para practicar la censura política.

La nueva ley tendría que hacer especial referencia a las campañas de desinformación que provienen de cuentas tóxicas organizadas y automatizadas con empleo de bots que buscan desestabilizar las instituciones de la Democracia y provocar graves alteraciones de la convivencia.

A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación de un Reglamento muy garantista es un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea a la vista de la actitud de Musk, Meta y TikTok. La clave reside en actuar con firmeza y voluntad política real de supervisar y democratizar el funcionamiento de las redes y hacerlo desde los Estados miembros sin dilación, desde la autoridad administrativa y la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE (2012-2022).


San Sebastian 26 de enero de 2025. / Publicado en ethic.es