La fiscalidad de las grandes plataformas del comercio online.

En un mundo globalizado, las plataformas de comercio electrónico vinculadas a la economía digital han ido ganando cuota de mercado en España. En la actualidad las compañías gigantes de venta y distribución online han alcanzado un gran volumen de negocio que merece varias reflexiones. De entrada, nos enfrentamos a una situación de descontrol fiscal que debía haberse previsto y que ha cogido a las administraciones sin las necesarias normas reguladoras del nuevo fenómeno.

La manera de comprar se ha revolucionado en esta era digital y la población utiliza la vía de internet por las ventajas que ofrece a los consumidores: la accesibilidad a un gran número de ofertas detalladas, la rápida atención al cliente, los mejores precios en comparación con los que se encuentran en los sistemas de compra tradicional y la pronta distribución del producto hasta el hogar o negocio.

Pero junto a los beneficios indudables de la venta online, conviene que el Gobierno evalúe y valore los impactos y lagunas que conlleva la actividad de empresas como Amazon, un gigante del comercio electrónico. Por ejemplo: provoca el cierre de muchos pequeños comercios en las ciudades que no pueden resistir aquella competencia y que produce un cambio en lo que ha sido uno de los atractivos de los núcleos urbanos: el urbanismo comercial, la vida y la compra por las calles. El comercio tradicional no puede competir con los precios de los numerosos productos y servicios ni con una organización rápida de distribución de las compras, algo que ofrece Amazon y otras plataformas de venta online. Ese comercio necesita, con la colaboración de las autoridades, una urgente adaptación a los tiempos de la revolución tecnológica para sobrevivir.

De ahí que corresponda a las administraciones públicas, como defensoras del interés general, garantizar que en la competencia de estas operadoras gigantes frente al pequeño comercio se respetan los principios de aplicación habitual a los sectores de actividad económica. Me refiero al respeto a los derechos humanos en los paises de producción en origen, a las normas de la competencia, a la contratación laboral, a niveles salariales dignos y, en especial, al cumplimiento de las obligaciones fiscales sin tratamiento privilegiado. .

Los complejos entramados societarios ligados a la ingeniería fiscal de las grandes compañías tecnológicas, la elusión fiscal y la evasión fiscal son prácticas a combatir si se quiere conseguir el pago efectivo de los impuestos. Esto exige disponer de las normas adecuadas en cada Estado para acabar con los fraudes, en base a directivas previas armonizadoras desde las instancias de la UE, así como la práctica de políticas de transparencia fiscal internacional que muchas países no cumplen.

Por otra parte, las fórmulas de compra a los productores y fabricantes de origen y los comportamientos empresariales en las redes, tendentes a monopolizar el mercado por parte de las plataformas de comercio online, pueden resultar contrarias a las leyes de la competencia. Todo ello exige su regulación, control y sanción de los comportamientos ilegales como lo intenta la Comisión Europea.

Desde su implantación, existen problemas en la tributación de estas poderosas e influyentes empresas, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes retos del presente para España y la Unión Europea. La idea de partida es que estas grandes corporaciones tecnológicas paguen sus impuestos allí́ donde obtienen sus beneficios por las operaciones que realizan, más allá de donde tengan fijada su sede social. 

Se ha publicado que la Comisión Europea estima que la tasa impositiva efectiva de las empresas digitales que operan en la UE llega a ser de casi un tercio de la que soportan las empresas  tradicionales. La realidad es que la normativa actual del Impuesto de Sociedades fue diseñada antes de la explosión del comercio en internet y se ha visto sobrepasada. Es urgente acordar los criterios para fijar una base imponible común.

Lo cierto es que la novedad del sistema y la existencia de reglas fiscales no homogéneas, demuestran que la solución no se puede abordar desde un país en solitario, sino a nivel europeo. Nuestro marco fiscal ya no sirve a la vista del desarrollo de la economía digital y los nuevos modelos de negocios. Algunos Estados miembros de la UE quieren gravar los enormes beneficios generados por la actividad económica de las plataformas digitales en cada país. Y no que paguen la factura fiscal en Luxemburgo o Irlanda, países que además les conceden ayudas públicas y ofrecen baja presión fiscal a las grandes empresas.

Por eso se requiere una solución de armonización fiscal en el ámbito de la UE que acuerde reglas claras para esas empresas y para los inversores en el mercado único. Asistimos a un problema global que analizan organismos internacionales como la OCDE, el G-20 o la propia Comisión Europea para aprobar unas nuevas reglas fiscales. Deben determinar cuestiones como dónde se crea el valor y dónde se grava o qué genera el derecho de un Estado a gravar a las empresas de la economía digital para conseguir que paguen sus impuestos en los territorios donde realmente obtienen sus beneficios y no los trasladen a países con una fiscalidad rebajada, como ha venido sucediendo.

En el marco de esta transición fiscal -hasta que se apruebe en Europa y España un marco normativo integral y definitivo- y en el ejercicio de la transparencia, el Gobierno debería dar a conocer datos relevantes. Como cuál es el régimen tributario que se aplica para determinar el volumen de beneficios y la base imponible sobre la que Amazon, Apple, Google, Facebook, etc, deben pagar el Impuesto de Sociedades o la manera de controlar las transacciones comerciales online realizadas para que liquiden el IVA correspondiente. 

Son preguntas que he formulado en el Congreso al Ministro Montoro, el del secretismo de su amnistía fiscal. Igualmente he presentado otras para saber desde cuándo los gigantes del comercio electrónico pagan el Impuesto de Sociedades y el IVA en España -si es que los pagan- y de qué cuantías hablamos, desglosadas en el periodo 2012-2018. Ya sabemos que la transparencia no es el fuerte del Gobierno Rajoy.

San Sebastián a 12 de marzo de 2018

ODÓN ELORZA , Diputado Socialista por Gipuzkoa y miembro de la CEF del PSOE.

Publicado en eldiario.es